Un tribunal salvadoreño condenó al expresidente Mauricio Funes (2009-2014), quien vive asilado en Nicaragua, a ocho años de cárcel por lavado de dinero, informó este miércoles la Fiscalía General de la República (FGR).

«Mauricio Funes ha sido condenado a ocho años de cárcel por el delito de casos especiales de lavado de dinero y activos», anunció la Fiscalía en la red social X.

«Funes favoreció a una empresa guatemalteca para que le adjudicara la construcción del puente de San Isidro sobre el río Lempa», en el norte del país, aseguró la Fiscalía.

«A cambio de ese beneficio a la empresa constructora, Funes recibió una avioneta como dádiva», aseguró el ente de justicia.

Según la Fiscalía, Funes y el empresario José Miguel Menéndez realizaron «una negociación ilícita» al adjudicarle a la empresa guatemalteca Servicios Calificados de la Construcción dos proyectos de construcción en carreteras del país, sin que esta tuviera «capacidad» para realizar la obra.

El requerimiento fiscal contra Funes y Menéndez se inició en febrero de 2022. El empresario quedó condenado a 8 años de cárcel en agosto de 2022.

Expresidente salvadoreño

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En El Salvador se permite desde septiembre de 2022 juicios con imputados ausentes.

Tras quedar acusado de malversar $us 351 millones, entre otros cargos de corrupción durante su gobierno, Funes huyó a mediados de 2016 a Nicaragua, donde recibió asilo. En julio de 2019, el gobierno de Daniel Ortega le concedió la nacionalidad nicaragüense.

Otros dos exmandatarios salvadoreños afrontan procesos judiciales también por casos de corrupción.

El expresidente derechista Elías Antonio Saca (2004-2009) guarda prisión desde 2016. Purga desde 2018 una condena de 10 años de cárcel por lavado de dinero y otros actos de corrupción por 301 millones de dólares durante su gestión.

También el exgobernante Salvador Sánchez Cerén (2014-2019) afronta cargos de corrupción por malversar 350 millones de dólares. Antes de quedar detenido también huyó y se asiló en Nicaragua, donde se nacionalizó.

Un 80,5% de los salvadoreños asegura que el bitcóin les ayudó «poco» o «nada» a mejorar su situación económica, tras se declarada en 2021 como moneda de curso legal, según una encuesta de la Universidad Centroamericana (UCA) divulgada este miércoles.

Ante la pregunta «¿qué tanto cree que el bitcóin ha ayudado a mejorar su situación económica familiar?», un 66,6% respondió que «nada», un 13,9% «poco», un 5,9% algo, y solo un 4,9% dijo que mucho. No respondió o no sabe un 8,7%.

La encuesta, con un margen de error del 2,7%, fue realizada del 20 de mayo al 4 de junio con una muestra de 1.266 personas en todo el país con el fin de evaluar la decisión del gobierno del presidente Nayib Bukele de dar curso legal al bitcoin.

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Btcóin

«Sin duda el bitcóin es la medida más rechazada por la población desde el inicio. En eso han sido consistentes las encuestas, la gente no acepta el bitcóin», declaró el vicerrector de la UCA, Omar Serrano, tras presentar los resultados del estudio.

Por iniciativa de Bukele, el 7 de septiembre de 2021, El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en poner a circular legalmente el bitcóin en la dolarizada economía salvadoreña.

Bukele inició su segundo mandato el 1 de junio.

El equipo de abogados del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha trasladado este miércoles al tribunal de Jerusalén que lleva el caso por corrupción de su cliente que solo podrá declarar en marzo de 2025 debido a la guerra.

«En la situación actual, en la que se requiere que la defensa prepare al primer ministro para testificar en medio de la guerra, el período de tiempo necesario para hacerlo de una manera que no comprometa sus derechos y su defensa es significativamente más largo», ha justificado la defensa de Netanyahu.

En ese sentido, la defensa ha asegurado que incluso en situaciones no tan extremas como la actual, «los preparativos para escuchar el testimonio de un acusado a tal escala requieren de un período de tiempo importante», recoge el diario ‘The Times of Israel’.

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Netanyahu

Como consecuencia de los ataques de Hamás del pasado 7 de octubre de 2023, el Ministerio de Justicia ordenó parar casi cualquier causa que no fuera considerada urgente. No obstante, a principios de noviembre tuvo lugar la primera vista del caso contra el primer ministro israelí en el Tribunal de Distrito de Jerusalén.

El primer ministro está señalado en tres causas por una batería de delitos, acusado por ejemplo de fraude o de aceptar sobornos; si bien él siempre ha denunciado que todo forma parte de una persecución política. De hecho, logró volver al poder para un sexto mandato ya con los procesos abiertos, a finales de 2022.

Bolivia vivió este miércoles horas dramáticas y de incertidumbre después de que tropas militares ocuparan la plaza Murillo y autoridades bolivianas alertaran «movilizaciones irregulares (..) que atentaban contra la democracia, la paz y la seguridad del país». Posteriormente, el presidente Luis Arce denunció ante el país y la comunidad internacional un “golpe de Estado” contra su gobierno.

A raíz de la tensa situación en La Paz, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, condenó “firmemente” los atentados e intentos de derrocar al gobierno “democráticamente elegido”. 

“La Unión Europea apoya a las democracias. Expresamos nuestro firme apoyo al orden constitucional y al Estado de derecho en Bolivia”, dijo la presidenta.

En la misma línea, la Unión Europea hizo llegar su solidaridad con el gobierno y pueblo boliviano tras el intento de «derrocamiento» y de «quebrantar el orden constitucional».

“La Unión Europea condena cualquier intento de quebrantar el orden constitucional en #Bolivia y derrocar a gobiernos elegidos democráticamente”, afirmó Josep Borrell Fontelles, Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, mediante un mensaje en redes sociales.

En un mensaje en la red social X, el presidente de España, Pedro Sánchez, trasladó su condena rotunda a los «movimientos militares en Bolivia» y realizó un llamamiento a respetar la democracia y el estado de derecho en el país.

A la par, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la “insubordinación militar en Bolivia”. Además, llamó al respeto de la democracia y a la protección de los derechos humanos.

“Conforme a la Carta Democrática Interamericana, es fundamental que todas las instituciones estén subordinadas a la autoridad civil legalmente constituida”, indicó la comisión.

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Intento de ‘golpe’ en Bolivia

Por su parte, Estados Unidos «llamó a la calma» en Bolivia tras la denuncia de intento de golpe del presidente Luis Arce, según recogió la AFP.

«Estados Unidos está siguiendo de cerca la situación» en el país latinoamericano, añadió la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional después de que Arce pidiera al pueblo boliviano que «se organice y se movilice en contra del golpe de Estado».

Tras horas de incertidumbre, el Gobierno de Bolivia sofocó el intento de golpe de Estado. Las tropas militares se retiraron poco después que el presidente Arce posicione al nuevo alto mando de las Fuerzas Armadas.

La justicia de Estados Unidos sentenció este miércoles al expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández a 45 años de prisión, tras haber sido hallado culpable de tráfico de drogas y armas el pasado 8 de marzo.

En una audiencia en Nueva York, el juez Kevin Castel condenó a Hernández, de 55 años, a una multa de $us 8 millones y a 5 años de libertad vigilada cuando cumpla su condena.

La pena es un poco superior al mínimo estipulado 40 años por los tres cargos, que reclamaba la defensa, pero inferior a la cadena perpetua que solicitó la fiscalía.

Vestido con uniforme de presidiario, Hernández escuchó de pie la sentencia del juez, en una sala abarrotada de hondureños que se acercaron al tribunal del distrito sur de Manhattan para asistir a este día histórico.

Expresidente de Honduras

Su abogado defensor Renato Stabile anunció que apelará la sentencia con el fin último de «anular la condena» y «celebrar un nuevo juicio», como había reclamado infructuosamente hasta ahora. 

Con este motivo, pidió que su defendido permanezca de momento en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, para sorpresa del juez, ya que es famoso por sus pésimas condiciones.

«El papel de Juan Orlando Hernández fue utilizar su poder político como presidente del Congreso y como presidente de Honduras para limitar el riesgo de los narcotraficantes a cambio de dinero», justificó el juez al leer la sentencia. Dicho dinero le habría servido para llegar a la presidencia, donde permaneció dos mandatos, de 2014 a 2022, según la fiscalía.

El mandatario ha tratado de hacer valer ante el juez lo que presenta como logros durante sus dos gobiernos en la lucha contra el crimen organizado, y su colaboración con los gobiernos y agencias estadounidenses especializadas de lucha contra la droga.

Pero desde Washington, el fiscal general, Merrick Garland, envió un mensaje a navegantes: «El departamento de Justicia exigirá responsabilidades a todos aquellos que se dediquen al tráfico violento de drogas, independientemente de lo poderosos que sean o del cargo que ocupen». 

Fiel colaborador del gobierno del republicano Donald Trump (2017-2021), Hernández llegó a jactarse de los elogios de Washington por la labor de su gobierno en la lucha contra el narcotráfico.

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«Mal sabor de boca»

Para la activista hondureña de derechos humanos Lida Perdomo, la sentencia deja «un mal sabor de boca», pues esperaba que le impusieran «al menos dos cadenas perpetuas».

En su turno de palabra, el acusado, que llegó caminando con ayuda de un bastón debido a un accidente jugando al fútbol, clamó ante el juez: «soy inocente y me acusan de forma injusta e indebida».

Hernández arremetió contra la «justicia selectiva de los fiscales» que basaron su acusación «en testimonios» de narcotraficantes interesados en obtener beneficios para su situación carcelaria y «no presentaron ninguna evidencia».

«Apelo al sentido común: ellos (los narcotraficantes) que testificaron en el juicio van a salir libres y yo preso de por vida», dijo tras señalar que eso socava «la credibilidad del sistema judicial» estadounidense.

Desde Honduras, su esposa y sus hijas, que no pudieron acompañar a su esposo porque sus visados quedaron revocados, denunciaron «el linchamiento mediático y judicial» contra el condenado.

«400 toneladas de cocaína»

La fiscalía acusó a Hernández de crear un «narco-estado» y de convertir a Honduras en una «súper autopista» por la que pasaba buena parte de la droga procedente de Colombia.

Entre 2004 y 2022 -desde sus cargos de diputado, presidente del Congreso y luego presidente de la República-, Hernández participó y protegió a una red que envió más de 400 toneladas de cocaína a Estados Unidos, con un valor en el mercado local de 10.000 millones de dólares, según la fiscalía.

A cambio, habría recibido millones de dólares de los cárteles de la droga, entre ellos del narcotraficante mexicano Joaquín «Chapo» Guzmán, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos.

Extraditado en abril de 2022 a Estados Unidos, tras dejar la presidencia, a Hernández se le atribuye la famosa frase: «Le vamos a meter la droga a los gringos en sus narices y no se van a dar ni cuenta», según un testigo en un juicio.

Otros inculpados en la misma causa, entre ellos su hermano Tony Hernández o el colaborador cercano de éste Geovany Fuentes, ya quedaron condenados a cadena perpetua en Nueva York.

También en la misma causa, el exjefe de la policía hondureña Juan Carlos Bonilla, conocido como «El Tigre», y el policía Mauricio Hernández Pineda, se declararon culpables de narcotráfico, evitando sentarse en el banquillo de la justicia con el exmandatario.

Desde 2014, medio centenar de hondureños acusados de narcotráfico resultaron extraditados o se entregaron voluntariamente a la justicia de Estados Unidos.