El Sistema de Administración de Puertos (SIAP) de la Administración de Servicios Portuarios – Bolivia (ASP-B) reportó este viernes que el volumen de movimiento de carga en el puerto de Matarani (Perú) se incrementó en 19% entre 2023 y 2024.

Según el reporte, el movimiento de carga por ese puerto pasó de 193.928 toneladas métricas en 2023 a 239.550 toneladas métricas en 2024.

El informe destaca el crecimiento a pesar de los “desafíos globales que afectaron al comercio marítimo en los últimos años”.

“El puerto peruano ha mantenido un crecimiento sostenido en el movimiento de carga; debido a las mejoras en las operaciones de la empresa Terminal Internacional del Sur (TISUR) y la presencia estratégica de la ASP-B que viabilizaron el fortalecimiento del comercio internacional hacia nuestro país”, señala el informe.

Asimismo, se destaca que entre los principales productos importados por Matarani están el hierro y sus derivados, como bobinas, planchas, tubos y perfiles. Además, se paletas de cemento asfáltico.

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Matarani

El reporte indica, además, que las condiciones operativas y logísticas optimizadas en el puerto de Matarani y la labor de la ASP-B han sido claves para el incremento en el movimiento de carga.

Y remarca, que el personal de la ASP-B, que opera en el puerto de Matarani, trabaja las 24 horas, los siete días de la semana para realizar los despachos de toda esta carga de importación; con el objetivo de cumplir con los plazos establecidos para facilitar el comercio exterior.

“Este crecimiento sostenido en el movimiento de carga consolida al Puerto de Matarani como una pieza fundamental en el comercio internacional de Bolivia; ofreciendo una alternativa eficiente y segura para la importación de diversos productos que demandan las empresas estatales y privadas del país”.

El mayor flujo de comercio exterior de Bolivia se realiza por los puertos de Chile; sin embargo, el puerto de Matarani se convirtió en una alternativa para el manejo de diferentes cargas bolivianas y tiene las condiciones adecuadas para la recepción, transferencia, acopio, almacenamiento y despacho.

Jorge Pérez, abogado defensor de Evo Morales, cuestionó este viernes la disposición del juez que declaró en rebeldía al exmandatario y asegura que su defendido es “inocente y perseguido político”, por lo que anunció que presentará una acción de libertad a favor de su defendido.

Asimismo, criticó el actuar del juez Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujeres Quinto de Tarija, Nelson Rocabado, a quien-dijo- iniciará un proceso disciplinario.

“Vamos a presentar la acción de libertad y le he iniciado un proceso disciplinario (al juez) por sus actos discriminatorios”, dijo Pérez a los medios de comunicación.

Proceso

Este viernes, Morales se no presentó por segunda vez consecutiva al juzgado para responder por la acusación de trata de personas que lo involucra. El juez Rocabado emitió la declaratoria de rebeldía y emitió la orden de aprehensión; sin embargo, el abogado defensor asegura que el proceso está viciado; pues primero el magistrado debió resolver el incidente de recusación que presentó.

Además, Pérez afirmó que Morales fue evaluado por un médico especialista y un subespecialista; y señaló que también se hizo un análisis de laboratorio para determinar el estado de salud de Morales.

Lamentó que el juez no valorará esos informes y se dedicará a buscar en Internet la afección que figura en el documento.

“Dice que la dolencia de miocardía (bradicardia), lo que él buscó en Google, tiene que ser menor de 40 latidos por minuto. Y la certificación del especialista y subespecialista acreditan que tiene entre 40 y 46 latidos por minuto. Entonces, yo busqué en Google en ese instante; y dice que esta patología se presenta ya cuando hay debajo de 60 latidos por minutos. Es decir que importó más lo que buscó en Internet, el señor juez”, manifestó Pérez.

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Morales

Aseguró que los certificados médicos son pruebas valederas. Respecto a por qué Morales no fue evaluado por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), como ordenó el juez en la primera audiencia; el abogado dijo “si no lo hacen ellos es su responsabilidad; nosotros hemos solicitado”.

Para el abogado, el caso es ilegal y el juez ya no debiera proseguir porque ya está recusado.

Criticó, también la actitud de “rechazo y odio” que muestra el juez hacia el denunciado Evo Morales.

Morales es investigado por trata de personas con agravante, por supuestamente haber mantenido una relación con una adolescente en 2015; cuando ejercía la Presidencia de Bolivia.

Este viernes, el juez Nelson Rocabado declaró en rebeldía a Morales y dispuso su arraigo; la anotación de bienes y ordenó su aprehensión.

Rocabado fundamentó su decisión en los artículos 87 y 89 del Código de Procedimiento Penal; que estipulan la declaración de rebeldía ante la incomparecencia injustificada de un imputado.

Luego de la declaratoria en rebeldía de Evo Morales por no asistir a su audiencia cautelar en el caso de trata y tráfico que lo involucra, los seguidores del expresidente del Estado determinaron reforzar la seguridad en Lauca Ñ, en el Trópico de Cochabamba, para evitar su aprehensión.

Asimismo, se declaran en estado de alerta y advierten con paralizar todas las carreteras de Cochabamba y del país para defender “con sus vidas” al expresidente.

“Existe persecución. No vamos a permitir que quieran atrapar, querer detener y enviar a Estados Unidos (a Evo Morales). Al contrario, queremos declarar al Gobierno y al ministro de Gobierno, no se equivoquen; tocan al hermano Evo, tocan al pueblo. Vamos a reforzar más la seguridad”, dijo Isidro Auca, secretario general Federación Única Centrales Unidas del Trópico, en radio Kawsachun Coca.

Aseguró que están firmes para “defender al hermano Evo, así sea con nuestras vidas”.

Asimismo, cuestionó a la Fiscalía de Tarija por actuar sin “ética” y remarcó que los evistas no tienen “miedo” al Gobierno; que busca “eliminar a Evo Morales de los comicios generales de 2025”.

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Evo Morales

El dirigente indicó que están en estado de alerta contra el Gobierno y ante cualquier llamado las organizaciones sociales responderán y paralizarán las carreteras hacia Cochabamba y si es necesario de todo el país.

“Estamos atentos a todo lo que pueda pasar. Todas las organizaciones sociales vamos a paralizar los caminos a Cochabamba y por qué no de todo el país, todos estamos alertas con el pueblo”, complementó.

Este viernes, el juez Nelson Rocabado, del juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de Tarija, declaró en rebeldía a Morales y dispuso su arraigo; la anotación de bienes y ordenó su aprehensión.

El líder cocalero es investigado en relación con el presunto embarazo de una adolescente de 15 años cuando era jefe de Estado, en 2016. El Ministerio Público lo imputó en octubre de 2024 por el presunto delito de trata agravada de personas.

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Alarcón presentó el jueves un proyecto de ley para la derogatoria de la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, cuestionada por diversos sectores productivos, empresariales y gremiales.

“Ayer (jueves) presenté el proyecto de ley para la derogatoria de la disposición adicional 7 de la ley del presupuesto 2025. Ahora que el gobierno instruya a sus diputados aprobarla con dispensación de trámite”, escribió Alarcón en su cuenta de X.

La disposición séptima del PGE se ha convertido en centro de polémica entre el Gobierno y diversos sectores; que exigen su abrogación pues ésta da lugar al decomiso de productos.

Varios sectores ya se pronunciaron en contra y el Gobierno comenzó a socializar la norma en reuniones; sin embargo, aún no halla consenso para su reglamentación.

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Disposición

Ante los reclamos, el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, dijo el jueves que el Órgano Ejecutivo no puede modificar la ley del PGE 2025; y que está en manos de la Asamblea Legislativa hacerlo. Tras esas declaraciones, el diputado Alarcón respondió y presentó el proyecto de ley.

“No es que no queramos atender, el presidente Luis Arce no tiene atribuciones para derogar, eliminar una ley, esto es competencia exclusiva del Legislativo”, dijo Silva en Unitel.

Alarcón dijo que ya entregó la norma en el despacho del presidente de la Cámara Baja, Omar Yujra.

La disposición establece que las entidades competentes podrán activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos; a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos.

Asimismo, indica que todo actor de la cadena productiva de alimentos esenciales, debe declarar información de producción, transformación y comercialización, conforme a la reglamentación aprobada por Resolución Biministerial emitida por los ministerios de Desarrollo Rural y Tierras y de Desarrollo Productivo y Economía Plural.

La Cámara Nacional de Comercio (CNC) manifestó su asombro por la indiferencia del Gobierno ante las demandas y pronunciamientos de los representantes de los sectores y gremios afectados por la aplicación de la disposición séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025. La entidad asegura que esa norma “violenta” los derechos constitucionales.

“Reiteramos que las empresas que se dedican al comercio formal no podemos ser sindicadas o calificadas como sospechosas; por ilícitos relacionados con el agio y la especulación dolosa”, dice el comunicado enviado por la entidad.

Y asegura que esta disposición los expone a que funcionarios públicos secuestren “mercadería de manera arbitraria si consideran que el inventario almacenado puede ser vendido a precios mayores de los que ellos consideran justos”.

Asimismo, indican que la disposición séptima del PGE no fue consensuada previamente con el sector empresarial “que es el más afectado y vulnerable”; y que esa norma “violenta los derechos constitucionales a la libertad de empresa y a la propiedad privada y no puede, ni debe sostenerse en un Estado de Derecho”.

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Disposición séptima

Además, demandan al Gobierno a que responda al pronunciamiento planteado por el presidente de la CNC la semana pasada con una inmediata modificación consensuada y en coordinación con todos los representantes de los sectores afectados. “Ya que es, sobre las empresas comerciales que pesan las amenazas; y a las que comprende con mayor sensibilidad el alcance del problema”.

La disposición séptima generó rechazo en varios sectores productivos que exigen al Gobierno su inmediata abrogación.

El jueves, el Gobierno y representantes de la Cámara Nacional de Industrias (CNI) se reunieron para tratar justamente sobre esta disposición; sin embargo, no se llegó a ningún acuerdo.

Al igual que la CNI y la CNC, existe rechazo en la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO); la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), la Confederación Nacional de Agricultura de Bolivia (Confeagro); y las cámaras de transporte.

El Gobierno dijo que la disposición está en pausa; y no entrará en vigencia hasta que se realice la reglamentación consensuada.