Corte Suprema debate política de Biden sobre expulsión de migrantes
Estados Unidos vive una crisis migratoria debido a los cientos de miles de migrantes, la mayoría latinoamericanos, que intentan entrar en el país a través de la frontera con México.
Migrantes haitianos cruzan el Río Grande hacia Estados Unidos bajo la vigilancia de la policía fronteriza estadounidense en Ciudad Acuna (México) el 23 de septiembre de 2021. Foto: AFP.
La Corte Suprema de Estados Unidos examina este martes la política del gobierno de Joe Biden sobre la expulsión de migrantes en situación irregular. La medida da prioridad a los que representen una amenaza para la seguridad del país.
El gobierno del presidente demócrata dio instrucciones al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en septiembre de 2021. Se instruyó centrarse en los extranjeros que representaran una amenaza (terrorista o criminal) o que hubieran llegado recientemente a territorio estadounidense.
Se estima que en Estados Unidos viven más de 11 millones de migrantes en situación irregular. Ante ello, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) «no tiene los recursos para detener y expulsar a cada uno de estos no ciudadanos». Así lo afirmó el titular de esta cartera, Alejandro Mayorkas.
Estas directrices son muy diferentes a las de la administración del expresidente republicano Donald Trump. El magnate era partidario de la expulsión a todos los migrantes sin tener en cuenta si están integrados en la sociedad.
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Nuevas consignas
Las nuevas consignas migratorias de Biden, como todas las que adopta en este ámbito, tropezaron con la férrea oposición de estados dirigidos por los republicanos. Éstos aducen que suponen más gastos en educación, policía y servicios sociales.
Algunos de estos estados las impugnaron en los tribunales, que emitieron veredictos contradictorios.
Hasta que en junio un juez federal de Texas bloqueó las nuevas directrices migratorias del gobierno de Biden, ante lo cual este apeló a la Corte Suprema para poder aplicarlas.
En julio, la Corte Suprema se negó a pronunciarse por la vía de urgencia, lo que hizo que las consignas se quedaran en letra muerta. Sin embargo accedió a examinar el fondo del caso, que será lo que haga este martes por la mañana durante una vista judicial en Washington.
Tras escuchar los argumentos del gobierno federal y del estado de Texas pronunciará un veredicto antes de finales de junio.
Amenaza
Estados Unidos vive una crisis migratoria debido a los cientos de miles de migrantes, la mayoría latinoamericanos, que intentan entrar en el país a través de la frontera con México.
Hasta ahora las autoridades bloqueaban a la inmensa mayoría en la frontera invocando una norma sanitaria anticovid heredada de la época de Trump y conocida como Título 42. Pero luego, un juez dictaminó que se usaba de forma «arbitraria y caprichosa» y dejará de aplicarse el 21 de diciembre a medianoche.
Más de 227.000 migrantes fueron interceptados en septiembre en la frontera con México y las oenegés estiman que la cifra aumentará en cuanto se levante el Título 42.
De todos modos, las directrices del gobierno de Biden solo se aplicarían a los extranjeros que entraron en el país clandestinamente antes del 1 de noviembre de 2020.
El gobierno de Donald Trump nunca ha llevado a cabo la expulsión masiva de migrantes que el expresidente solía prometer. Aunque estos migrantes han permanecido bajo amenaza durante todo su mandato y esperan que la Corte Suprema traiga un poco de tranquilidad a sus vidas.
Veredicto
La trascendencia del veredicto va más allá, puesto que podría influir en la relación entre el gobierno federal y los 50 estados del país.
En un argumento enviado a la Corte, el gobierno demócrata defiende que cualquier «política federal puede tener un impacto indirecto en los gastos, recursos o actividades de un estado». Ante esto, Texas no se ha visto perjudicado hasta el punto de tener que presentar una demanda.
Según el Ejecutivo, dar la razón a Texas «permitiría a cualquier estado demandar al gobierno federal por prácticamente cualquier política» y entorpecer el funcionamiento de la administración.
La jurista Amy Mason Saharia afirmó ante el centro Cato Institute, que las cuatro magistradas de la corte discreparon de la mayoría y estaban de acuerdo con el gobierno. Se trata de las tres progresistas y la conservadora Amy Coney Barrett.
