La excandidata presidencial peruana Keiko Fujimori se sentó en el banquillo este lunes en la apertura del juicio que enfrenta por lavado de activos dentro del escándalo Odebrecht, y por el que podría ser condenada a hasta 30 años de prisión.
Durante los últimos seis años, el equipo especial de fiscales «Lava Jato» investigó a la hija del anciano expresidente Alberto Fujimori, quien quedó indultado en diciembre de 2023 cuando cumplía una pena por violaciones de derechos humanos.
«Declaró instalado el juicio», dijo la presidenta del tribunal la jueza Juana Caballero tras más de seis horas de audiencia donde se desestimó diversos pedidos de nulidad del juicio.
El juicio continuará este martes a las 09h00 (14h00 GMT) con la presentación de los alegatos de la fiscalía. La primera audiencia contó con la presencia de Keiko en la sala.
Juicio a Keiko Fujimori
«Mi nombre es Keiko Sofía Fujimori Higuchi (…) trabajo como Presidenta del partido Fuerza Popular y gano 14.000 soles mensuales (alrededor de $us 3.600)», dijo la influyente política al ser requerida por el tribunal.
El juicio, en el que están citados unos 1.500 testigos, podría tardar más de un año. El fiscal del caso, José Domingo Pérez, llegó a la audiencia con chaleco antibalas y bajo fuerte resguardo.
La fiscalía peruana concluyó que Fujimori financió sus campañas de 2011 y 2016 con dinero de Odebrecht que no declaró.
Según la acusación, la constructora brasileña le entregó $us 1,2 millones a Fujimori dentro del esquema de sobornos que montó alrededor de América Latina a cambio de contratos.
En las afueras de la sede judicial, se congregaron unos 80 simpatizantes al grito de «¡justicia sí, venganza no! Keiko es inocente».
«Venimos a defender la inocencia de nuestra lideresa Keiko Fujimori, este juicio carece de seriedad», dijo a la AFP Sadith López, de 57 años.
La policía intervino para evitar choques con un pequeño grupo de opositores de la dirigente.
La trama del escándalo de corrupción de Odebrecht en Perú ha salpicado también a cuatro expresidentes del país, entre 2001 y 2016.
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«Intencionalidad política»
De 49 años y líder de Fuerza Popular, el principal partido de derecha de Perú, Fujimori siempre proclamó su inocencia. Durante las investigaciones, cumplió 16 meses de prisión preventiva.
Keiko Fujimori está imputada por lavado de activos, crimen organizado, obstrucción a la justicia, falsedad y declaración falsa en un procedimiento administrativo.
Aunque para la época estaban permitidos los aportes a las campañas de empresas extranjeras, la fiscalía la procesó por no haber declarado el ingreso de dinero de Odebrecht.
La fiscalía pide 30 años y 10 meses de prisión para la tres veces excandidata a la presidencia peruana.
«La actitud de los fiscales ha sido con una intencionalidad política, de afectar mi imagen, porque pidieron suspender el partido Fuerza Popular», sostuvo Fujimori el domingo entrevistada por canal N.
En la misma causa hay otros 45 acusados, entre ellos su exesposo, el italoestadounidense Mark Vito Villanella y exdirigentes del partido fujimorista.
Si se la halla culpable y el juicio concluye antes de 2026, Keiko Fujimori no podrá postular a las elecciones de ese año.
«Este caso no tiene futuro jurídico, va a terminar en una absolución», aseguró Giulliana Loza, abogada de Fujimori.
La defensa alega que el dinero por el que pretenden sancionar a Fujimori es de origen lícito, por lo que «no representa lavado de activos», según Loza.
Expresidentes investigados
Exjefes de Odebrecht dijeron haber repartido millones de dólares a políticos peruanos, entre ellos Fujimori y cuatro expresidentes: Pedro Pablo Kuczynski (2018-2016), Ollanta Humala (2011-2016), Alan García (1985-1990 y 2006-2011) y Alejandro Toledo (2001-2006).
Cuando iba a ser detenido dentro de las investigaciones, el expresidente García se suicidó con un arma de fuego.
Con instituciones débiles y partidos políticos en crisis, Perú es el país más golpeado por el escándalo de Odebrecht, después de Brasil.
Actualmente la justicia peruana procesa en paralelo a los expresidentes Humala y Toledo.
El fiscal del caso había pedido en 2020 que Fuerza Popular fuese proscrito como partido político, alegando que se trataba de una «organización criminal».
La justicia lo rechazó, lo que le permitió competir en las últimas elecciones generales de 2021 y ganar 24 escaños en el Congreso de un total de 130.
El fujimorismo es la principal fuerza en el fragmentado Congreso, que controla junto a otras agrupaciones derechistas.
El partido de Keiko Fujimori se ha opuesto a los pedidos de la oposición para que la presidenta Dina Boluarte quede sometida a juicios de destitución.
