Las dudas en torno a los sucesos del 26 de junio, cuando el excomandante Juan José Zúñiga protagonizó una ‘intentona de golpe de Estado’, deben ser esclarecidas con investigaciones internacionales, para mayor transparencia, afirmó el senador evista Leonardo Loza.

“Estamos en nuestra obligación y responsabilidad constitucional. Hemos enviado no solo peticiones de informe, sino todo lo que nos encomienda nuestro reglamento y Constitución (…), estoy planteando que no solo se pueda investigar a nivel local, sino que puedan venir algunos organismos internacionales”, explicó el legislador.

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Autogolpe

El ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS), liderada por el expresidente Evo Morales, sostiene que los sucesos del 26 de junio fueron un ‘autogolpe’.

Inclusive, el exmandatario pidió disculpas a la comunidad internacional, debido a que la mayoría de los países de la región mandaron su apoyo y solidaridad a la gestión del presidente Luis Arce.

Asimismo, el gobierno de Argentina, presidido por el ultraderechista Javier Milei, calificó como una ‘farsa’ a los sucesos del pasado miércoles.

En tanto, la oposición agradeció la postura del presidente argentino y sostienen que se trató de un ‘teatro armado’.

“Estoy segurísimo, no nos van a dar importancia, porque los ministros no quieren transparentar”, criticó Loza.

El Gobierno rechazó rápidamente las versiones del ‘autogolpe’ y apuntaron que poner en entredicho lo sucedido es atentar contra la democracia. Inclusive, el presidente Arce pidió a Morales que deje de lado esa ‘versión fascista’ de lo ocurrido.

“(una investigación) para esclarecer esta situación. Ojalá se nos pueda atender”, insistió el senador del MAS.

Con ese fin, dentro del Senado se conformó la semana pasada una comisión especial para realizar las pesquisas correspondientes en relación a lo que sucedió el 26 de junio. Sin embargo, Loza considera que, para mayor transparencia, este proceso deben realizarlo organismos internacionales.

El presidente de la Comisión Mixta de Constitución, el senador Miguel Rejas (MAS), informó este martes que fueron notificados con otros dos amparos de Pando y La Paz, empero, aclaró que, a diferencia del recurso de Beni, estos no paralizan la preselección para las judiciales.

“Hoy teníamos prevista la sesión para poder avanzar con las resoluciones, concluir con todo y dejar en limpio para lo que sería ingresar a las preguntas (para los postulantes), sin embargo, nos llegan dos amparos y van a seguir llegando, queriendo entorpecer la preselección”.

Rejas aclaró que los nuevos recursos buscan una habilitación. “Estos señores han presentado los amparos en contra de la Comisión Mixta de Constitución porque no han sido habilitados y, por ende, quieren que se los habilite, de manera que la Sala Constitucional pueda obligarnos, en el pleno de la comisión, a poderlos habilitar”.

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Añadió que fueron transparentes en la revisión y que las notas de calificación que recibieron fueron de acuerdo con la documentación presentada. “No podemos darles más nota de la que tienen. No cumplen con los requisitos, en ese sentido han quedado inhabilitados muchos. Más allá que puedan presentar un amparo constitucional, que es un derecho, sin embargo, acá es un perjuicio al proceso de preselección porque hay más de 300 postulantes en carrera”.

El legislador indicó que más allá que la Sala Constitucional se pronuncie de manera individual, se debe tener en cuenta que la Asamblea cumple con su trabajo y sus atribuciones para cumplir el mandato de preselección con miras a los comicios judiciales.

El lunes, un nuevo amparo constitucional paralizó el proceso de preselección, que se encuentra en la fase de exámenes orales, tras el recurso presentado por el abogado Charles Mejía.

La determinación judicial perjudicó el reinicio del proceso, ya que el jurista solicitó que “pese (a) habérsele concedido la tutela de acción de amparo constitucional contra su inhabilitación como postulante a la preselección… se ha continuado con el cronograma de dicha convocatoria, señalando fecha de toma de examen a los postulantes y en dicho cronograma de toma de examen no se encuentra el accionante”. (sic) señala la resolución del fallo.

Tras haber prestado su declaración ante la comisión de fiscales que indaga el asalto militar del miércoles 26 de junio a la plaza Murillo, el mayor Vladimir Lupa, comandante del grupo de élite F10, espera la audiencia cautelar que definirá su situación judicial en el caso Zúñiga.

El Ministerio Público indaga lo sucedido bajo el paraguas de dos delitos: terrorismo y alzamiento armado contra la seguridad y la soberanía del Estado. Este martes indicó que hay más de 30 implicados en el zafarrancho protagonizado por el general Juan José Zúñiga.

Ese miércoles, Zúñiga irrumpió en el epicentro del poder político, con efectivos armados, vehículos blindados y tanquetas. En una conferencia en puertas del Palacio Quemado, anunció su intención de “tomar” la Casa Grande del Pueblo de la ciudad de La Paz.

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Al ingresar al Palacio de Gobierno, fue abordado por el presidente Luis Arce, ante quien se insubordinó. No obstante, no pasó a mayores; ya que el entonces comandante del Ejército abandonó la plaza a las 17.27 y hora y media después fue aprehendido por la Policía.

Caso Zúñiga

Según las investigaciones, bajo el mandato de Zúñiga se trasladó a integrantes del grupo de élite F10 de Cochabamba. Se logró el transporte por avión de cinco “francotiradores” y se pretendió que en otro vuelo del Hércules se traiga a La Paz otros 14 efectivos.

El lunes, se llevaron a cabo operativos en guarniciones castrenses de Cochabamba, donde Lupa fue aprehendido y trasladado a la sede de gobierno. Según el viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, se secuestraron documentos clave, como el libro de novedades del F10.

Al mediodía de este martes, Lupa se enfrentó a la comisión del Ministerio Público y luego fue trasladado nuevamente a celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC); a la espera de su audiencia de medidas cautelares, para ve si se defiende en libertad o encarcelado.

Tras los sucesos del ‘fallido intento golpe de Estado’, del pasado 26 de junio, el Gobierno del presidente Luis Arce, al igual que la comunidad internacional, festejaron la ‘defensa de la democracia’ y el fracaso de la toma del poder por parte de un grupo militar.

Sin embargo, el expresidente Evo Morales criticó esta ‘defensa a la democracia’, cuando el país atraviesa, en su criterio, un ‘golpe al Órgano Legislativo’.

“¿Cómo se puede hablar de defender la democracia, cuando se propicia un golpe judicial al Órgano Legislativo para evitar elecciones judiciales o interpelación de ministros del ejecutivo?”, criticó. 

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Proceso estancado

Este lunes debían retomarse las evaluaciones orales y escritas a los postulantes a los altos cargos del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

No obstante, al igual que en abril, cuando debía concluir esta etapa, el proceso se detuvo. Ahora debido a una medida cautelar, presentada por el postulante Charles Mejía Cardozo, del departamento de Beni, quien denunció que no se encontraba en el cronograma de las evaluaciones.

Asimismo, el presidente de la Comisión Mixta de Constitución, Miguel Rejas, informó que existen otros recursos que se presentaron en La Paz y en Pando.

Denunció que son las salas constitucionales las que pretenden entorpecer nuevamente el proceso de elecciones judiciales.

‘Autoprorrogados’

“¿De qué democracia se habla en un país donde los magistrados deciden autoprorrogarse en acuerdo con el gobierno nacional?”, insistió Morales.

Dentro del ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) se afirma que Arce pretende llegar a las elecciones presidenciales del 2025 con los magistrados y consejeros prorrogados.

Ante esta posibilidad, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) convocó a una cumbre con las alianzas políticas de la Asamblea, los partidos de alcance nacional, presidentes de las Cámaras de Diputados y Senadores, y un representante del Ejecutivo.

El objetivo de la reunión será poner en discusión la anulación de las elecciones primarias para este año; puesto que, por normativa, no se pueden realizar dos procesos electorales en simultaneo. De esta forma, se priorizaría las elecciones judiciales.

Asimismo, el exmandatario criticó la gestión en materia económica del presidente Arce.

¿”Cómo se garantiza estabilidad económica con escasez y racionamiento de combustibles dañando la producción?”, cuestionó Morales.

Días antes de los hechos del 26 de junio, el país atravesó movilizaciones y bloqueos de varios sectores, que denunciaban una falta de combustible. La demanda se incrementó durante el ‘intento del golpe fallido’, pero la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) ratificó que la distribución es estable.

La Justicia determinó que el excomandante de la Armada, vicealmirante Juan Arnez, sea trasladado de la cárcel de Chonchocoro hacia el penal de San Pedro de La Paz. El exjefe militar es catalogado como el segundo al mando en la toma militar de la plaza Murillo del pasado 26 de junio.

“Se ha recibido la orden (judicial), corrigiendo de los tres privados de libertad que teníamos en el penal de Chonchocoro (Juan José Zúñiga, Arnez y Edison Irahola) que en principio la Justicia ha determinado. Se ha rectificado y determinó que uno se quede en Chonchocoro, de uno ya hemos tomado la decisión y que la Justicia también ya ha ratificado, del excomandante Zúñiga que está en (el penal) de El Abra y ahora el privado de libertad Juan Arnez que lo acabamos de ingresar al centro penal de San Pedro”, informó Juan Carlos Limpias, director de Régimen Penitenciario.

El sábado la Justicia determinó que el excomandante del Ejército Juan José Zúñiga y los otros dos excomandantes sean trasladados al penal de Chonchocoro, por el asalto militar del 26 de junio a la plaza Murillo y que el Gobierno lo calificó de “intento fallido de golpe de Estado”.

Entonces, el Juzgado Quinto Anticorrupción definió que Zúñiga; Arnez e Irahola sean remitidos a la cárcel de Viacha por seis meses, mientras duran las investigaciones. Son acusados por los delitos de terrorismo y alzamiento armado contra la seguridad y la soberanía del Estado.

Limpias señaló que los tres privados de libertad ya están con las órdenes judiciales corregidas por la autoridad competente y a los tres se los separó.

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“Solo uno se ha quedado en Chonchocoro y los tres ya están separados. Desconocemos la situación jurídica, solo estamos dando cumplimiento a esta corrección que ha hecho la autoridad competente”, dijo el titular de Régimen Penitenciario.

Indicó que los tres se encuentran sin problemas de salud, pero, además se realiza un monitoreo a su salud, como las valoraciones constantes. “Ninguno de los privados tiene problemas de salud, es decir que obviamente se tiene la responsabilidad de precautelar su salud, la vida de cada uno de ellos”.

Limpias manifestó que aún no se determinó en que sección de las cárceles de Chonchocoro y de San Pedro serán puestos Irahola y Arnez. Sobre el caso del general Zúñiga señaló que está en el bloque C de El Albra que es de máxima seguridad.

“Faltan unos días más (del aislamiento), unos cuatro a cinco días va a tener todavía tiempo la parte de seguridad para ver en qué espacio del centro penitenciario de Chonchocoro (se le colocará), no tiene dificultad de pasar la detención preventiva en cualquier espacio. Acá en el penal de San Pedro lo mismo, hoy ha ingresado el privado de libertad, va a estar algunos días en aislamiento e igual el director del centro penitenciario con todo su equipo de seguridad tiene que ver en qué espacio va a estar el privado de libertad”.