Iniciamos la gestión educativa 2025 con las interrogantes sobre las conclusiones del Congreso Educativo de noviembre de 2024. Al finalizar el anterior año, el balance gubernamental, se centró en el cumplimiento parcial del calendario escolar (que incluyó un mes de vacaciones extraordinarias) y el pago del Bono Juancito Pinto. Sin embargo, no dijeron nada en relación con el congreso ni a las transformaciones educativas estructurales que la educación necesita.

Este nuevo año nos enfrenta a preocupaciones generales sobre el futuro del país. ¿Qué rumbo tomarán las crisis política, económica y social? ¿Cómo impactarán en la educación? El panorama educativo no escapa a esta incertidumbre. Al igual que el calendario escolar, parece configurarse un calendario de conflictos que inevitablemente incidirán en la gestión educativa.

El Ministerio de Educación, por su parte, inicia la gestión con la aprobación de la Resolución 001/2025, que regula la gestión educativa con normas que, en su mayoría, repiten y mejoran lo establecido en años anteriores. La atención mediática, como es habitual, se centra en aspectos tradicionales: fechas de inscripción, inicio de clases, vacaciones de invierno, pago del Bono Juancito Pinto y cierre de la gestión. No obstante, también resurgen los conflictos recurrentes: la prohibición del aumento de pensiones en colegios privados, rechazada por el sector, y las demandas de los maestros urbanos, quienes han abandonado el diálogo y amenazan con movilizaciones.

Se esperaba que este inicio de gestión fuera diferente tras el Congreso Plurinacional de Educación. En teoría, este evento abordó temas estructurales y definió estrategias para el 2025. Sin embargo, a pesar de la inversión de recursos públicos y tiempo, las resoluciones del congreso permanecen en la incertidumbre, sin una clara hoja de ruta para su aplicación. A ello se suma la ausencia de propuestas innovadoras de parte del Ministerio de Educación que resuelvan temas pendientes en materia de derecho a la educación, reducción de brechas estructurales, fortalecimiento de propuestas productivas orientadas a una educación de calidad, pertinente y contextualizada.

Siendo un año de elecciones generales, los discursos resaltarán las críticas y fracasos del modelo educativo, y enaltecerán las virtudes de las propuestas de cada candidato que, seguramente, se disputará la “calidad educativa” como prerrogativa de su exclusividad. Por ello, resultaba imprescindible orientar la gestión con referentes de acción más profundos y sólidos que la reglamentación tradicional.

Ante la ausencia de una propuesta educativa gubernamental que trascienda lo meramente reglamentario, es crucial que, como sociedad y actores educativos, exijamos condiciones que garanticen el derecho a la educación. Esto implica, en primer lugar, garantizar el acceso universal a la educación y la permanencia de los estudiantes en el sistema. El Estado tiene la responsabilidad de designar oportunamente a los maestros, asegurar infraestructura adecuada, mobiliario suficiente y sistemas de agua y saneamiento dignos en las unidades educativas. Sin estas condiciones básicas, es imposible hablar de educación inclusiva y digna.

Sin embargo, no basta con garantizar estas condiciones. El Estado y la sociedad deben promover condiciones que impulsen una educación de calidad, el desarrollo de programas de formación continua y posgraduales para los maestros y una educación que fomente el pensamiento crítico, la innovación y la construcción de una sociedad sustentada en la justicia social.

Es fundamental, además, reducir las brechas de desigualdad, priorizando a las poblaciones más vulnerables: comunidades rurales, indígenas y zonas urbanas marginales. Solo con políticas educativas que enfrenten estas desigualdades podremos avanzar hacia un sistema más equitativo y justo.

En conclusión, aunque iniciemos el 2025 con las mismas reglas y conflictos, no debemos olvidar que la educación es un derecho fundamental y una herramienta clave para construir una sociedad más justa, equitativa e inclusiva. Es momento de exigir no solo promesas, sino acciones concretas que materialicen un verdadero cambio en la educación.

Roberto Aguilar Gómez es docente investigador de la UMSA y exministro de Educación.

Frente a la frustración de no poder continuar con la aprobación de los informes provenientes de las mesas de trabajo, el Presídium del Congreso Plurinacional de Educación decidió clausurar la plenaria final del evento. Esta clausura implicó dar por aprobados los informes de las comisiones sin realizar un análisis exhaustivo ni cumplir con el paso fundamental de cualquier congreso: reunir, sistematizar y coordinar las conclusiones en un documento final.

Las plenarias de conclusiones no son simples actos formales. Por el contrario, representan un espacio esencial para dar coherencia a las propuestas que, en muchos casos, se presentan de manera dispersa, desordenada o incluso contradictoria durante las discusiones temáticas realizadas en las comisiones. Omitir una plenaria integral que examine y articule los aportes temáticos equivale a reducir las conclusiones a una mera sumatoria de partes inconexas o, en su defecto, permitir que el Presídium asuma unilateralmente la responsabilidad de redactar el informe final según su propio criterio.

La frase “Se salvó el congreso”, pronunciada por el presidente del Presídium durante la conferencia de prensa de clausura, resonó como un intento de justificación por parte de la directiva y las autoridades ministeriales. Fue una declaración que evidenció la incapacidad para prevenir y resolver un conflicto sindical que, en lugar de ser abordado mediante el diálogo, terminó siendo sofocado con intervención policial y culminó en la abrupta clausura de la plenaria final.

El objetivo formal del congreso estaba centrado en diagnosticar, analizar y construir respuestas concretas a las problemáticas educativas del país. Sin embargo, el evento no debía limitarse a un seminario o acto académico, donde las ideas y propuestas se presenten ante un público interesado que luego extrae sus propias conclusiones. El Congreso Plurinacional de Educación, como máximo espacio de discusión del Sistema Educativo, tiene la misión de diseñar políticas educativas surgidas del diálogo entre todos los actores involucrados en la educación.

Era indispensable que el congreso respondiera con resultados tangibles, viables y consensuados a las expectativas, esperanzas y demandas de la sociedad, que aspira a una educación que represente el derecho universal y una conquista social. No hay lugar en la historia para celebrar que “se salvó el congreso” cuando la educación permanece estancada por la falta de innovación creativa, voluntad política, renovación de políticas públicas y el compromiso real de preservarla como lo establece la Constitución Política del Estado: la educación como función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado.

Las expectativas generadas por los organizadores del congreso y el Gobierno defraudaron a los diferentes sectores educativos. Los discursos inaugurales quedaron, una vez más, como meras expresiones demagógicas o compromisos vacíos frente a las urgentes necesidades del sistema educativo. Del entusiasmo inicial, se pasó al notorio silencio e invisibilidad de las autoridades del Ministerio de Educación, con un ministro ausente y viceministros que se limitaron a ser espectadores indiferentes ante los conflictos que socavaron el congreso.

La educación no necesita ser “salvada” de forma circunstancial, como se intentó hacer con el Congreso Plurinacional de Educación. Es imprescindible repensarla desde su base, entendiendo que es un derecho humano universal. Esto exige la creación de espacios de diálogo y participación democrática donde los sectores más necesitados y excluidos puedan alzar su voz, para exigir al Estado que cumpla con su responsabilidad. Es tiempo de que los eventos educativos prioricen la participación de los excluidos, comunidades, representantes de base como delegados, reemplazando a las autoridades, directores y funcionarios públicos que, en esta ocasión, llenaron las delegaciones con el objetivo de convertir el evento en un acto político gubernamental más.

Es imprescindible concluir exigiendo que los responsables rindan cuentas por los errores cometidos desde el inicio: la falta de capacidades técnicas y organizativas, la ausencia de las autoridades ministeriales, la carencia de previsión ante los conflictos, y la falta de criterios claros y orientadores. Pero, lo más lamentable, es la responsabilidad de haber defraudado a la sociedad, especialmente a quienes, con esperanza, anhelan ver a sus hijos e hijas construir un futuro mejor y proyectarse plenamente en la vida.

Roberto Aguilar Gómez es docente investigador de la UMSA y exministro de Educación.

Después de revisar diversos medios de comunicación, redes sociales y la página web del Ministerio de Educación, es evidente que no se encuentra ninguna información temática o documento que permita dar seguimiento a las conclusiones de los más de 293 eventos distritales y 9 departamentales. Resulta preocupante que las 2.852 actas de mesas de trabajo no se conocen ni están disponibles para el acceso público en ningún medio.

Desafortunadamente, la carencia de información oficial (transparencia) provoca una percepción de reserva en torno al Congreso Plurinacional de Educación 2024. Al revisar las notas de prensa en el sitio web del congreso, solo hallamos 16 noticias: 13 enfocadas en Potosí, 1 sobre el Beni y 2 relativas a Pando. Los medios de comunicación han cubierto los actos inaugurales, pero no el desarrollo de los eventos. 

La única información proporcionada por el Ministerio de Educación, es una resumida información estadística, entre las que se encuentra la distribución de los participantes en los eventos departamentales: 66% son delegados de las Instituciones Educativas, 22% representan Organizaciones Sociales Sindicales, 7% provienen de Instituciones del Estado, 3% son Invitados Especiales y 2% pertenecen a Organizaciones Indígenas Campesinas. Estos porcentajes generan una sensación desalentadora, al observar que los sectores más necesitados de soluciones educativas ocupan los últimos lugares en representación, incluso por detrás de los invitados especiales (Iglesias, ONGs y Cooperación).

Es preocupante que las organizaciones indígenas campesinas, históricamente excluidas del acceso a la educación, sean relegadas a un papel tan secundario en estos espacios. Su limitada participación no solo pone en duda la equidad de representación en un evento que pretende ser inclusivo, sino que también plantea interrogantes sobre la verdadera voluntad de abordar los problemas estructurales relacionadas con el derecho universal a la educación.

Un evento de tanta importancia para el ámbito educativo requiere abrirse a la sociedad, involucrarla y hacerla partícipe, generando espacios de diálogo para convertir un evento de representantes en un amplio debate colectivo, participativo, comunitario y de intercambio. En este sentido, era necesario que las instancias técnicas del Ministerio de Educación hubieran previsto una plataforma virtual con las conclusiones distritales y departamentales para convertir los documentos finales en insumos de análisis y seguimiento para la sociedad en general. No difundir los resultados de los congresos regionales, lleva a dar un carácter reservado al congreso educativo, le quita la posibilidad de ser un espacio participativo y lo reduce, como en la época neoliberal, a un evento tecnocrático.

Asimismo, construir el futuro de la educación debe ser un proceso continuo de cuestionamiento y reflexión, similar a lo que se logró con los Encuentros Pedagógicos, organizados anualmente. Estos encuentros facilitaron un debate constante sobre la implementación de la Ley 070. Por tanto, es crucial entender que el congreso no debería considerarse como un evento aislado o final, sino como el comienzo de un nuevo proceso de búsqueda de soluciones a las problemáticas educativas, que, por su naturaleza, son intrínsecamente dinámicas.

Para que el Congreso Plurinacional de Educación cumpla con su propósito, es fundamental que se garantice un acceso abierto y transparente a la información relacionada con los eventos distritales y departamentales. La publicación de las actas de las mesas de trabajo debe ser una prioridad para fomentar el análisis público y permitir un seguimiento adecuado de las propuestas educativas.

Roberto Aguilar Gómez es docente investigador de la UMSA y exministro de Educación.

Después de revisar diversos medios de comunicación, redes sociales y la página web del Ministerio de Educación, es evidente que no se encuentra ninguna información temática o documento que permita dar seguimiento a las conclusiones de los más de 293 eventos distritales y 9 departamentales. Resulta preocupante que las 2.852 actas de mesas de trabajo no se conocen ni están disponibles para el acceso público en ningún medio.

Lea: Educación y desarrollo: una mirada holística

Desafortunadamente, la carencia de información oficial (transparencia) provoca una percepción de reserva en torno al Congreso Plurinacional de Educación 2024. Al revisar las notas de prensa en el sitio web del congreso, solo hallamos 16 noticias: 13 enfocadas en Potosí, 1 sobre el Beni y 2 relativas a Pando. Los medios de comunicación han cubierto los actos inaugurales, pero no el desarrollo de los eventos. 

La única información proporcionada por el Ministerio de Educación, es una resumida información estadística, entre las que se encuentra la distribución de los participantes en los eventos departamentales: 66% son delegados de las Instituciones Educativas, 22% representan Organizaciones Sociales Sindicales, 7% provienen de Instituciones del Estado, 3% son Invitados Especiales y 2% pertenecen a Organizaciones Indígenas Campesinas. Estos porcentajes generan una sensación desalentadora, al observar que los sectores más necesitados de soluciones educativas ocupan los últimos lugares en representación, incluso por detrás de los invitados especiales (Iglesias, ONGs y Cooperación).

Es preocupante que las organizaciones indígenas campesinas, históricamente excluidas del acceso a la educación, sean relegadas a un papel tan secundario en estos espacios. Su limitada participación no solo pone en duda la equidad de representación en un evento que pretende ser inclusivo, sino que también plantea interrogantes sobre la verdadera voluntad de abordar los problemas estructurales relacionadas con el derecho universal a la educación.

Un evento de tanta importancia para el ámbito educativo requiere abrirse a la sociedad, involucrarla y hacerla partícipe, generando espacios de diálogo para convertir un evento de representantes en un amplio debate colectivo, participativo, comunitario y de intercambio. En este sentido, era necesario que las instancias técnicas del Ministerio de Educación hubieran previsto una plataforma virtual con las conclusiones distritales y departamentales para convertir los documentos finales en insumos de análisis y seguimiento para la sociedad en general. No difundir los resultados de los congresos regionales, lleva a dar un carácter reservado al congreso educativo, le quita la posibilidad de ser un espacio participativo y lo reduce, como en la época neoliberal, a un evento tecnocrático.

Asimismo, construir el futuro de la educación debe ser un proceso continuo de cuestionamiento y reflexión, similar a lo que se logró con los Encuentros Pedagógicos, organizados anualmente. Estos encuentros facilitaron un debate constante sobre la implementación de la Ley 070. Por tanto, es crucial entender que el congreso no debería considerarse como un evento aislado o final, sino como el comienzo de un nuevo proceso de búsqueda de soluciones a las problemáticas educativas, que, por su naturaleza, son intrínsecamente dinámicas.

Para que el Congreso Plurinacional de Educación cumpla con su propósito, es fundamental que se garantice un acceso abierto y transparente a la información relacionada con los eventos distritales y departamentales. La publicación de las actas de las mesas de trabajo debe ser una prioridad para fomentar el análisis público y permitir un seguimiento adecuado de las propuestas educativas.

(*) Roberto Aguilar Gómez es docente investigador de la UMSA y exministro de Educación

A menos de dos meses para la realización del Congreso Plurinacional de Educación, el Ministerio de Educación se encuentra inmerso en el desarrollo de eventos distritales y departamentales. En estos encuentros, basados en un temario previamente establecido por el ministerio, los delegados regionales analizan diversas temáticas centradas principalmente en el ámbito de la educación regular.

Entre los aspectos más destacados de esta etapa preparatoria se encuentran: 

Falta de documentación oficial accesible: No se han publicado documentos oficiales por parte de las autoridades educativas, o bien, no son accesibles al público.

Ausencia de un diagnóstico sólido: No se cuenta con una propuesta base del Ministerio de Educación que incluya estadísticas, indicadores e información sustancial para realizar un diagnóstico del estado actual de la educación. 

Incertidumbre sobre la Ley 070: No hay claridad sobre las propuestas para modificar, ajustar o profundizar la Ley 070, mucho menos en lo que respecta a los aspectos curriculares. 

Desigual participación de actores educativos: La participación de los diversos actores educativos es dispar. Predominan los representantes del magisterio urbano y rural, mientras que la representación de los pueblos y naciones indígena originario campesinos, padres de familia, estudiantes de Formación de Maestros, y otros sectores, como la sociedad civil e iglesias, es limitada. 

Ausencia de las universidades públicas y autónomas: A pesar de que el Ministerio de Educación ha señalado la participación del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, la ausencia de las universidades públicas y autónomas en estos eventos preparatorios es notoria.

Esta última ausencia es especialmente preocupante, ya que es inconcebible plantear un congreso educativo sin la participación del sistema universitario público y autónomo, dada su responsabilidad en la educación superior dentro del Estado Plurinacional de Bolivia. De la misma manera que es fundamental considerar la opinión de maestros, estudiantes, familias, comunidades, organizaciones indígenas y otros sectores sociales, es imprescindible incluir a las instituciones que se encargan de la formación profesional, la investigación y el desarrollo científico y tecnológico.

Cabe destacar que la falta de participación universitaria no solo preocupa por su ausencia, sino también por el aparente desinterés del propio sistema universitario respecto al Congreso Plurinacional de Educación. No se ha encontrado evidencia de participación de autoridades universitarias ni de representantes de las carreras de educación, mucho menos de otras áreas académicas esenciales para articular la educación regular con la formación universitaria.

En años anteriores (UMSA), se promovieron eventos que buscaban integrar el nivel universitario en la revisión, evaluación y propuesta curricular del nivel secundario. Otro ejemplo fue el aporte de la UMSS en el desarrollo de prácticas de laboratorio adaptadas para su aplicación en unidades educativas de secundaria en áreas rurales.

Una de las experiencias más valiosas en estos esfuerzos de integración educativa fueron las Olimpiadas Científicas, que, siendo una iniciativa universitaria, se expandieron a todo el nivel secundario, involucrando a más de 400.000 estudiantes. Este evento sirvió como un mecanismo para promover las ciencias en la educación secundaria. Sin embargo, esfuerzos de este tipo, aunque valiosos, corren el riesgo de quedar en el olvido si no se proyectan como políticas públicas sostenidas y progresivas.

La ausencia de las universidades públicas y autónomas en los eventos preparatorios del Congreso de noviembre, así como el aparente desinterés del sistema universitario en generar espacios de discusión tanto internos como externos sobre la educación, sugieren que la desconexión entre la educación regular y la superior podría persistir, en detrimento del desarrollo de la educación plurinacional. Hasta ahora, esta desconexión ha presentado una educación fragmentada y dispersa, en lugar de una estructura articulada, continua y coherente que favorezca, de manera imprescindible, la comprensión integral del sistema educativo boliviano.

Roberto Aguilar Gómez es docente investigador de la UMSA y exministro de Educación.