Thursday 12 Dec 2024 | Actualizado a 06:16 AM

La falacia del vacío de poder

/ 9 de noviembre de 2024 / 23:17

A cinco años del Golpe de Estado, Julio Peñaloza cuenta la historia y explica por qué fue inconstitucional la presidencia de Jeanine Áñez.

La primera presidenta de Bolivia, Lidia Gueiler Tejada, llegó al cargo por sucesión constitucional. Era presidenta de la Cámara de Diputados. Gracias a la resistencia popular contra el golpista y responsable de la masacre de Todos Santos (noviembre, 1979), Gral. Alberto Natusch Busch, quien había sido ministro de Asuntos Campesinos y Agropecuarios de la dictadura del Gral. Hugo Banzer Suárez (1971-1978), Gueiler asumió el gobierno de Bolivia luego de una dilatada trayectoria: primero en el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), más tarde en el Partido Revolucionario de Izquierda Nacional (PRIN) de Juan Lechín Oquendo, para luego volver a su casa de origen, a la que había representado en el apogeo de la revolución nacional de los 50 como diputada nacional. También fue representante diplomática en Alemania, lo que completa una carrera pública caracterizada por la militancia, la lucha política y la responsabilidad pública.

La segunda presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, hizo carrera política luego de hacerse conocida como presentadora de televisión en su natal Trinidad (Totalvisión). Haber sido asambleísta constituyente representando a Poder Democrático y Social (PODEMOS), liderizado por el delfín del dictador Banzer, Jorge «Tuto» Quiroga, marca el inicio de una vida pública (2006) vinculada a la actividad partidaria opositora al gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), que continuó con su candidatura a Senadora por el departamento del Beni en representación de Plan Progreso para Bolivia-Convergencia Nacional (PPB-CN), encabezado por Manfred Reyes Villa (2009-2014).

En las siguientes elecciones, cuando Bolivia ya se había convertido en Estado Plurinacional, Áñez continuó en la actividad parlamentaria como Senadora, esta vez (2015-2020) en representación de Unidad Demócrata (UD), coalición electoral encabezada por el entonces gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas (Movimiento Demócrata Social MDS, «demócratas» o «verdes»), y el empresario Samuel Doria Medina (Unidad Nacional UN).

En su condición de Senadora por el Beni, Áñez ejercía la segunda vicepresidencia de la Cámara de Senadores, cargo que le corresponde a la minoría parlamentaria. Su perfil político se fue labrando en función de una rabiosa retórica cargada de adjetivos y odio contra Evo Morales y el Movimiento al Socialismo (MAS). A diferencia de Lidia Gueiler, que militó en el partido de la revolución del 52, Áñez circuló en reductos desde los que se había edificado un sistema político de pactos, sustentado en un programa neoliberal que tuvo vigencia entre 1985-2005, tiempo político en que los revolucionarios del MNR de los 50-60 terminaron sellando acuerdos y sociedades políticas de distribución del poder con quienes se colaron por la puerta de la democracia a la política luego de haber encabezado dictaduras militares (1964-1982). De esta manera, tenemos como único caso en el continente a un militar como Banzer que pasó de dictador de los 70 a demócrata desde los 80.

A partir de esta cronología se puede comprender que el ala movimientista jefaturizada por Víctor Paz Estenssoro (el MNR se fragmentó en varias facciones a lo largo de su vigencia de por lo menos cuatro décadas) hizo sociedad política con líderes militares con los que gobernó en dictadura (Frente Popular Nacionalista FPN, conformado por el propio MNR, Falange Socialista Boliviana FSB y las Fuerzas Armadas) y también en democracia, participando en el golpe de Natusch Busch del 79, que generó dos centenares de muertos y 125 desaparecidos (James Dunkerley, «Rebelión en las venas», 1987) y la renuncia del mismo a los quince días de haber asaltado la presidencia de la República y utilizado efectivos militares y tanquetas en la plaza San Francisco de La Paz para acabar con las vidas de trabajadores que salieron a combatir el golpe asestado contra el Presidente Wálter Guevara Arce.

El MNR de Paz Estenssoro y Acción Democrática Nacionalista (ADN) de Banzer, fundada precisamente en 1979, sellaron en 1985 el Pacto por la Democracia, que consolidaría la dictación del Decreto Supremo 21060 con el que se regiría la política económica de Bolivia en las siguientes dos décadas. Fue el primer y único acuerdo entre partidos de la nueva era política boliviana que no supuso cuoteo de cargos o repartición de la administración del aparato público. Paz Estenssoro había respaldado al Banzer dictador (1971-1974) y el Banzer demócrata, en reciprocidad, devolvía gentilezas para apuntalar un programa diseñado desde afuera, desde el Consenso de Washington, con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) tutelando la economía nacional. Diez años después, cuando Banzer ingresaba a la presidencia en democracia, consta en archivos de prensa que el representante del FMI en Bolivia, Eliahu Kreis, participaba de las reuniones de ministros en el gobierno «democrático» del ex dictador (1997-2001).

En síntesis, la política boliviana con el tutelaje e injerencia de los Estados Unidos y los organismos crediticios multilaterales estuvo marcada por la influencia ejercida por Paz Estenssoro-Banzer desde la Revolución de 1952 hasta 2001, cuando el exdictador reciclado a demócrata falleció por cáncer y generó la sucesión constitucional de Jorge «Tuto» Quiroga, quien luego de militar en ADN terminó fundando su propia agrupación, Poder Democrático y Social (PODEMOS), de la que formaría parte Jeanine Áñez, quien en 2006 como asambleísta constituyente trabajó incesantemente por evitar la consolidación de un proyecto que conducía a la puesta en vigencia de una nueva Constitución Política del Estado promovida por el MAS y las organizaciones sociales que en primer lugar fundaron el Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos (IPSP), finalmente aprobada a través del voto popular a principios del año 2009 y que dio lugar a que Bolivia adoptara la nueva cualidad de Estado Plurinacional con la incorporación y reconocimiento de derechos ciudadanos a las naciones y pueblos indígena originario campesinos.

Jeanine Áñez es políticamente el producto de lo que Carlos Montenegro llamaría la antinación («Nacionalismo y coloniaje», 1944), caracterizada por la sumisión y el entreguismo a la geopolítica imperial de los Estados Unidos, y es por ello mismo declarada enemiga ideológica de Evo Morales y el Movimiento al Socialismo-Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) que hasta 2019 ya llevaba gobernando durante tres lustros consecutivos y había desmontado el aparato de poder de la democracia de pactos partidarios y el neoliberalismo.

De los 90 presidentes que Bolivia ha tenido desde su fundación en 1825, solamente dos han sido presidentas: Lidia Gueiler Tejada (1979-1980) por sucesión constitucional y, 39 años después, Jeanine Áñez (2019-2020) a través de una sucesión inconstitucional que en términos clásicos se llama Golpe de Estado y que tanto ella, como todos quienes fueron parte del derrocamiento del presidente Evo Morales, niegan terminantemente, argumentando que ante un fraude electoral perpetrado en favor de la candidatura oficialista del MAS-IPSP, lo que correspondía era una sucesión transitoria que abriera las puertas hacia un nuevo proceso electoral que debía llamarse en un máximo de noventa días, pero que finalmente se dilató durante once meses y 25 días.

Para que Jeanine Áñez llegara a la Presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia se violó el artículo 169 de la Constitución Política del Estado que dice expresamente: «En caso de impedimento o ausencia definitiva de la Presidenta o del Presidente del Estado, será reemplazada o reemplazado en el cargo por la Vicepresidenta o el Vicepresidente y, a falta de ésta o éste, por la Presidenta o el Presidente del Senado, y a falta de ésta o éste por la Presidente o el Presidente de la Cámara de Diputados. En este último caso, se convocarán nuevas elecciones en el plazo máximo de noventa días. II. En caso de ausencia temporal, asumirá la Presidencia del Estado quien ejerza la Vicepresidencia, por un periodo que no podrá exceder los noventa días.»

A partir de esta disposición constitucional, Áñez no tenía posibilidades de acceso legal a la presidencia debido a que era la segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores en representación de la minoría parlamentaria y esto queda terminantemente confirmado con el artículo 35 del Reglamento de la misma Cámara Alta: «Composición y Elección de la Directiva Camaral. Para cada legislatura, la Cámara elegirá de entre sus miembros una Directiva, conformada por un presidente Electivo, dos Vicepresidentes y tres Secretarios. Esta elección se realizará en votación secreta y por mayoría absoluta de los presentes. La directiva así constituida durará en sus funciones un año y se reunirá obligatoriamente por lo menos cada quince días para conocer, coordinar y resolver los asuntos de régimen interno de la Cámara […] Para asegurar la participación y pluralidad política, la Directiva de la Cámara estará conformada, mínimamente, por dos miembros del Bloque de la Minoría Camaral. El Presidente, el Primer Vicepresidente, el Primer y Tercer Secretario corresponderán al Bloque de Mayoría; el Segundo Vicepresidente y el Segundo Secretario al Bloque de la Minoría.»

Correspondía entonces que ante la renuncia de Adriana Salvatierra a la presidencia del Senado se eligiera una nueva directiva, para que de ella surgiera constitucional y reglamentariamente el presidente o presidenta que sustituiría en la presidencia a Evo Morales. Eso nunca sucedió. No se instaló la que debía ser ineludible sesión para tratar las renuncias del propio Morales, del Vicepresidente Álvaro García Linera y de la también renunciante Salvatierra, y se procedió en una irregular sesión que no contaba con el quorum correspondiente a elegir, sin la participación de los senadores de la bancada mayoritaria, la del MAS-IPSP, a Jeanine Áñez como presidenta del Senado y de inmediato a «designarla» presidenta del Estado, cargo que asumió en un salón del Palacio Quemado, recibiendo la banda presidencial de un oficial de las Fuerzas Armadas. Ni siquiera se había intentado cuidar las formas protocolares que exige el Ceremonial del Estado: los presidentes democráticamente elegidos habían jurado desde 1982 (Hernán Siles Zuazo) en el hemiciclo del antiguo edificio del Congreso Nacional.

Un segundo argumento con el que los golpistas a la cabeza de Áñez han querido justificar la toma de facto de la presidencia del Estado es que se producía un vacío de poder debido a que Evo Morales había renunciado, lo mismo que el Vicepresidente Álvaro García Linera y que por instrucciones del mismo Evo, obraron de la misma manera Adriana Salvatierra, presidenta del Senado (también lo hizo Rubén Medinacelli, primer Vicepresidente), y Víctor Borda, presidente de Diputados, quien había sido amenazado y la casa de su hermano en Potosí había sido incendiada por agitadores del Comité Cívico a la cabeza de Marco Pumari, que fueron parte de las movilizaciones empeñadas en la defenestración del Presidente Constitucional. El criterio de Evo estaba basado, precisamente, en la idea de que los golpistas «se quedaran con su golpe».

Debido a ese supuesto vacío de poder, el servicial abogado de «Tuto» Quiroga, Luis Vásquez Villamor, recordado por haber expulsado a Evo Morales de la Cámara de Diputados en su condición de Presidente (2002), inventó la figura de la sucesión ipso facto valiéndose de un comunicado de prensa emitido por el Tribunal Constitucional que, como bien afirmó oportunamente el Magistrado Petronilo Flores, «no tiene valor legal y no es vinculante». El comunicado con el que se «habilitó» la presidencia de Áñez pretendía sustentarse en la jurisprudencia de la Declaración Constitucional 0003/01 del 31 de julio de 2001 con la que Jorge «Tuto» Quiroga sucedió constitucionalmente al fallecido Gral. Hugo Banzer Suárez.

Para quienes no están informados o solamente suelen leer los titulares de las noticias debe quedar claro que no hubo vacío de poder en Bolivia entre el 10 y 12 de noviembre de 2019 debido a que la Presidenta en ejercicio de la Cámara de Diputados, Susana Rivero, que sucedió al renunciante Víctor Borda, decidió permanecer en el cargo como presidenta en ejercicio a pesar de la instrucción terminante de Evo. Rivero consideraba que con su presencia era necesario tener el argumento para rebatir con los hechos la versión-pretexto del vacío de poder con la que se iba a tomar la presidencia por la fuerza, omitiendo la Constitución y el procedimiento camaral para la recomposición de las directivas de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Acerca de estos hechos, la Red Compañera Mundo, entre otros medios de comunicación, publicó la siguiente noticia en marzo de 2021:

La Paz, 26 de marzo de 2021 (RC). – El presidente del Estado, Luis Arce, indicó la mañana de este viernes que fue un error el haber reconocido que el gobierno de Jeanine Áñez era constitucional y que desconocía las normas de cómo tendría que haber sucedido y sostuvo que Susana Rivero del MAS debió asumir la presidencia interina […] «A mí particularmente, como a muchos, nos han hecho creer que era un gobierno constitucional […]. No soy todólogo, entonces puedo cometer errores, no tengo ningún problema en reconocer que nos podemos equivocar en dar alguna precisión, que tal vez a insistencia de los propios periodistas, porque yo di mi respuesta muy clara esa noche, está en los videos que lo demuestran así», argumentó Arce.

Arce explicó que junto a juristas, especialistas y constitucionalistas evaluó aspectos que «no había tomado en consideración», como «el reglamento de debates de la Cámara de Diputados que se debería haber optado (utilizado) para la designación de quien debería haber sido el ‘sucesor’ dada la renuncia del presidente (presidenta) del senado».

«Yo no conocía ese reglamento, no conocía esas normativas como muchos de los bolivianos; y nos damos cuenta de que debería haber presidido la hermana Susana Rivero, que estaba en la Cámara de Diputados. Y cosas así que cuestionan profundamente lo que hasta ese momento los medios de comunicación nos habían informado», agregó.

Le puede interesar: Abogado Nelson Cox dice que demandarán a miembros del TCP por inhabilitación de Morales

Entre el miércoles 13 y el jueves 14 de noviembre, cuando Áñez ya se había autoproclamado presidenta y se había instalado en el despacho del antiguo palacio de gobierno, cumpliendo con su anuncio televisivo (Unitel) del domingo 10 hacia el final de la tarde desde Trinidad, un poco después de que Evo Morales hiciera pública su renuncia, la presidenta en ejercicio de la Cámara de Diputados, Susana Rivero (1), conforme al reglamento correspondiente, dirigió y concretó la recomposición de la directiva con Sergio Choque elegido como Presidente y había sucedido lo mismo con la Cámara de Senadores, en la que Eva Copa asumió la presidencia. En los dos casos, luego de vulnerarse la Constitución y los reglamentos parlamentarios para consumar la autoproclamación presidencial de Jeanine Áñez, se cumplía con lo estipulado reglamentariamente: los presidentes de ambas cámaras surgían de las bancadas mayoritarias del MAS-IPSP que se vieron obligadas a lidiar con el gobierno de Áñez durante casi todo el año 2020. En determinado momento corrió la versión de que el gobierno de facto tenía pensado cerrar la Asamblea Legislativa Plurinacional. El vicecanciller, Manuel Suárez Ávila, le dijo categóricamente a este periodista: «Jamás haríamos algo así».

  • Susana Rivero formalizó su renuncia a la directiva de la Cámara de Diputados como Vicepresidenta el 20 de noviembre de 2019 y renunció a su diputación el 06 de enero de 2020, aduciendo que no continuaría en el cargo durante la gestión de un gobierno golpista. A través de la ley Nº 1270 del 20 de enero de 2020 se promulgó la “Ley excepcional de prórroga del mandato constitucional de autoridades electas hasta la posesión de nuevas autoridades para el período 2020 – 2025”. De esta manera, senadores y diputados que debían concluir sus mandatos el 22 de enero de 2020, fueron prorrogados en sus cargos hasta noviembre de 2020 cuando se produjo la posesión de nuevas autoridades democráticamente elegidas, producto de los comicios realizados el 18 de octubre.

Crisis institucional y democracia en riesgo

El manoseo de las instituciones, por parte de los actores políticos, deja al descubierto fracturas profundas en el tejido estatal que requiere urgentes reformas estructurales.

/ 7 de diciembre de 2024 / 22:22

La crisis institucional en el país, que se manifiesta claramente en la situación del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), es uno de los temas más urgentes y controvertidos en la agenda política actual. La autoprorrogación de los magistrados, cuyo mandato concluyó el 31 de diciembre de 2023, plantea serias dudas sobre las decisiones que emite esta instancia. Abordar esta cuestión es fundamental para entender el deterioro del sistema judicial.

La continuidad de estos magistrados no es un hecho aislado; refleja un problema estructural más profundo que requiere atención. Habla de desajustes en el modelo estatal mismo, tal cual está planteado en la actual Constitución Política del Estado. La disputa política sin cuartel ha contribuido a que se manosee y perfore la institucionalidad, que debería ser un patrimonio de la ciudadanía boliviana. La Asamblea Legislativa Plurinacional no cumplió con la convocatoria en los plazos a elecciones judiciales, entre otras cosas.

Sin un sistema judicial transparente e independiente, el país enfrenta una amenaza constante de manipulación política y vulneración de los derechos ciudadanos.

Días atrás, Claudia Benavente, directora de La Razón, entrevistó en Piedra, Papel y Tinta a tres figuras clave que ofrecen perspectivas complementarias sobre esta situación: Eduardo Rodríguez Veltzé, expresidente de Bolivia; Jerges Mercado, diputado del Movimiento al Socialismo (MAS); y Luis Adolfo Flores, senador del mismo partido. Rodríguez Veltzé aporta un análisis jurídico y político sobre la ilegalidad de la prórroga del TCP, mientras que Mercado y Flores exponen las tensiones internas dentro del MAS y la falta de consensos que agravan la situación institucional. Sus declaraciones revelan un panorama complejo, donde las disputas políticas y las decisiones cuestionables del TCP han exacerbado la crisis, afectando no solo la confianza en las instituciones, sino también la estabilidad del país.

Eduardo Rodríguez Veltzé 

El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé presenta una visión crítica y detallada sobre la actual crisis del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), destacando la ilegalidad en la que operan los magistrados cuya gestión debería haber concluido el 31 de diciembre de 2023. Para él, la continuidad de estos magistrados no solo carece de fundamento legal, sino que representa una amenaza directa al orden democrático del país. «Los magistrados autoprorrogados ejercen funciones de manera ilegal y abusiva, lo que constituye una violación clara de la Constitución», sostiene

La Constitución boliviana estipula que los mandatos judiciales son improrrogables y cualquier acto realizado fuera de ese marco carece de validez. Según Rodríguez Veltzé, la extensión del mandato de los magistrados del TCP es una decisión arbitraria que vulnera principios fundamentales del Estado de Derecho. “No solo es nulo cualquier acto que realicen, sino que están usando recursos públicos de manera indebida, lo cual debería ser objeto de una auditoría gubernamental”, afirma

Este uso indebido de recursos es, según él, un síntoma de una crisis más profunda, donde la falta de control gubernamental ha permitido que instituciones clave actúen al margen de la ley.

Crisis institucional

La exautoridad destaca que la actual situación del TCP no es un fenómeno aislado, sino el resultado de una serie de maniobras políticas diseñadas para consolidar el poder. Rodríguez Veltzé sostiene que existe una “maquinación orquestada” entre el Ejecutivo, especialmente desde el ala arcista y el gobierno de Luis Arce con ciertos sectores del sistema judicial. Esta alianza, explica, ha manipulado el proceso de elección judicial, bloqueando cualquier intento de renovación legítima de los magistrados. “El proceso fue saboteado desde el principio con recursos de amparo que frenaron la convocatoria. Estos recursos no eran simples errores legales, sino parte de un plan deliberado para mantener el control del TCP”, denuncia.

Uno de los aspectos más preocupantes para Rodríguez Veltzé es la percepción de que el TCP se ha convertido en un “suprapoder” que interviene en todos los ámbitos de la vida política del país. “El Tribunal Constitucional fue creado para garantizar los derechos fundamentales, no para convertirse en el árbitro supremo de la política boliviana”, subraya.

Esta concentración de poder ha erosionado la confianza pública en la justicia y ha generado un clima de incertidumbre, donde las decisiones del TCP son vistas como instrumentos de manipulación política en lugar de garantías de legalidad.

El expresidente también critica la falta de acción por parte de los órganos de control, como la Contraloría General del Estado y el Ministerio de Economía. “Me sorprende que no se haya activado un control gubernamental interno o una auditoría que cuestione los salarios que reciben estos magistrados ilegítimos. Hay un vacío de responsabilidad que permite que esta situación continúe”, afirma.

Crisis en la justicia

Según señala, esta omisión es indicativa de un problema estructural en la administración pública boliviana, donde las instituciones carecen de la independencia y la fortaleza necesarias para hacer cumplir la ley.

La solución, según Rodríguez Veltzé, pasa por un proceso de renovación legítimo y transparente del sistema judicial, acompañado de una reforma profunda que garantice la independencia de los tribunales. “No se trata solo de reemplazar a los magistrados, sino de cambiar la forma en que se conciben y se gestionan las instituciones judiciales en Bolivia. Es necesario recuperar la confianza pública y establecer un sistema de justicia que realmente sirva a los ciudadanos”, asevera.

Además, hace un llamado a las autoridades del Ejecutivo, Legislativo y del sistema electoral para que coordinen esfuerzos y enfrenten la crisis con responsabilidad. “Los líderes políticos deben dejar de lado sus diferencias y trabajar juntos para restaurar el orden constitucional. El país no puede seguir en este estado de incertidumbre”, insiste.

El análisis de Rodríguez Veltzé revela no solo las fallas estructurales del sistema, sino también la responsabilidad del gobierno en perpetuar una situación que pone en riesgo la democracia boliviana.

Jerges Mercado 

Desde la perspectiva del diputado Jerges Mercado, la crisis institucional se agrava por la falta de legitimidad de la actual directiva de la Cámara de Diputados. El legislador denuncia que la elección de Omar Yujra como presidente de la Cámara Baja fue un proceso irregular, marcado por la violación de normativas internas. “Hubo una usurpación de funciones flagrante. Se posesionó una directiva con apenas 30 o 35 votos, cuando se requerían 66”, explica.

Mercado señala que estas irregularidades han generado un ambiente de inestabilidad y bochornos constantes en la Asamblea, lo que impide alcanzar consensos necesarios para aprobar leyes clave. “Sin legitimidad ni consensos, cualquier decisión perjudica al país. Esta situación solo refuerza la división y paraliza la gestión legislativa”, sostiene. Además, el diputado hace notar la falta de autocrítica dentro del gobierno de Arce, especialmente en temas económicos como la escasez de dólares y combustible, que afectan directamente a la población.

La división interna del MAS es otro factor que, según Mercado, contribuye a la crisis. «Es normal que no todos pensemos igual, pero las diferencias deben resolverse respetando las normas. Lo que vemos ahora es una lucha de poder que pone en riesgo la estabilidad del país”, advierte. Esta división entre «evistas» y «arcistas» ha debilitado la capacidad del gobierno para enfrentar los desafíos económicos y sociales.

Luis Adolfo Flores 

El senador Luis Adolfo Flores, por su parte, ofrece un diagnóstico aún más crítico. Acusa al gobierno de Luis Arce de proteger a los magistrados autoprorrogados del TCP, creando un sistema de “protección mutua” que perpetúa la crisis institucional. “El arcismo ha copado las instituciones y protege a los autoprorrogados. Existe una alianza que impide cualquier fiscalización real”, denuncia. Flores sugiere que esta alianza ha generado una impunidad que erosiona la confianza en el sistema judicial y en las instituciones democráticas.

En cuanto a la economía, Flores destaca que el gobierno no ha tenido la capacidad de abordar los problemas estructurales que afectan al país. Denuncia una falta de transparencia y diálogo, lo que ha llevado a una situación crítica. “Hace tres años que advertimos sobre una crisis económica inminente, pero el gobierno ha ignorado nuestras propuestas”, afirma. Según el senador, esta crisis no solo se refleja en la escasez de dólares o combustible, sino también en la inflación y la reducción de la producción agrícola. “El gobierno debe ser honesto con la población y buscar soluciones consensuadas. De lo contrario, estamos condenados a una situación insostenible”, advierte.

Tribunal Constitucional Plurinacional 

Un punto en el que coinciden los tres entrevistados es la necesidad de restablecer la legitimidad del Tribunal Constitucional Plurinacional. Rodríguez Veltzé enfatiza que “el TCP fue creado para ser un garante de los derechos fundamentales, no para decidir quién gobierna o bajo qué condiciones”. Esta injerencia ha generado tensiones adicionales con el Tribunal Supremo Electoral y la Asamblea Legislativa, debilitando aún más la confianza pública en las instituciones.

Flores también critica la actuación del TCP, señalando que sus decisiones han favorecido a ciertos sectores políticos en detrimento del interés nacional. “El TCP actúa bajo presión y con intereses políticos claros. No hay independencia judicial, y eso es lo más peligroso”, sostiene. Según él, la única solución pasa por un proceso de renovación legítimo, acompañado de una reforma estructural del sistema judicial.

A pesar de las diferencias en sus enfoques, los tres entrevistados coinciden en la necesidad urgente de un diálogo nacional. Rodríguez Veltzé hace un llamado directo al presidente Luis Arce y a los líderes de los otros poderes del Estado para que prioricen el bienestar ciudadano sobre las disputas partidarias. “Es hora de coordinar esfuerzos, dejar de lado las peleas políticas y enfrentar los problemas con sentido común y responsabilidad pública”, subraya.

Mercado y Flores también insisten en la importancia de alcanzar consensos reales. Para Mercado, la clave está en respetar las normas y recuperar la legitimidad de las instituciones. “Sin consensos ni respeto a la ley, no hay solución posible”, afirma. Flores, por su parte, advierte que el país no puede permitirse más divisiones internas. “Necesitamos un acuerdo nacional que incluya a todos los sectores, de lo contrario, la crisis solo se profundizará”, concluye.

Le puede interesar: Andrónico dice que no es candidato ‘de nadie’ y agradece las proclamaciones

Comparte y opina:

¿Por qué Zavaleta es un clásico boliviano?

Una mirada al pensamiento y el legado del destacado sociólogo y político orureño a cuarenta años de su partida.

/ 7 de diciembre de 2024 / 22:07

Zavaleta es un clásico boliviano. Existe un montón de razones para adjetivarlo así. De un modo quizá algo técnico, digamos que su influencia en la cultura ha sido tan profunda que muchas personas de varias generaciones han estado interesadas en interpretar su obra de diversas maneras, inclusive una que revele lo que Zavaleta quiso hacer cuando escribió lo que escribió, que es una definición a la Quentin Skinner de la “historia intelectual”. O, para usar otra definición, la de Michael Foucault en La arqueología del saber, sobre la historia de las ideas y el pensamiento: porque resulta interesante y valioso –para un grupo, algunos individuos o in extremis una sola persona– investigar cuáles fueron las discontinuidades que Zavaleta provocó al introducir dentro del discurso boliviano ciertos enunciados singulares creados por él.

El fervor interpretativo que acabamos de postular como índice del clasicismo de un discurso se prueba por la nutrida bibliografía que existe sobre/contra Zavaleta. El editor de sus Obras completas, Mauricio Souza, señala con acierto que ”son pocos, muy pocos, los autores que en la historia de nuestra cultura han merecido –como él– tal sostenida atención y perseverancia exegética (devota u hostil, poco importa). Este interés por Zavaleta Mercado se distingue además porque ha provocado, con una frecuencia inusual para Bolivia, la real lectura de su obra”.

En parte, el fervor exegético que despierta Zavaleta se ha debido al conjunto de nociones que creó, tales como “abigarramiento”, “momento constitutivo”, “paradoja señorial”, “forma primordial”, “crisis como forma de conocimiento” y otras, que han sido adoptadas por las ciencias sociales bolivianas, aunque no siempre de forma consistente, como instrumentos propios para el análisis del país.

Una buena excavación histórica encontraría que ninguno de estos conceptos es completamente suyo, pero también que están marcados por su impronta, es decir, que son singulares en el sentido de Foucault. Esta singularidad los ha tornado fundamentales para la interpretación historicista de la formación social boliviana (es decir, para la interpretación de la trayectoria, de largo plazo, de esa síntesis estructural de determinaciones económicas, sociales y políticas que lleva el nombre de Bolivia).

Zavaleta no solo es clásico por lo mencionado, que, de forma más sencilla, podría anotarse como su influencia sobre los demás escritores del país. También lo es por algo menos fácil de cuantificar y clarificar: el efecto de sus dos libros fundamentales –El desarrollo de la conciencia nacional, de 1967 y Lo nacional-popular en Bolivia, póstumo, de 1986– sobre los lectores bolivianos en general.

A veces se cree, en el nivel de la recepción popular, y de oídas, que ambos son libros de “historia de Bolivia”. Estos malos entendidos son frecuentes con todo clásico. La irradiación de una obra –y, en el caso de Zavaleta, también de un puñado de conceptos– sobrepasa ampliamente los límites de la audiencia educada que está en condiciones de decodificarlos como parte de una tradición, de un “tema” o de una unidad discursiva preestablecida.

Existen otras clases de malos entendidos también. Por ejemplo, se confunden los usos de un autor clásico con este autor en sí mismo. Aquí hay que decir que los usos no académicos de Zavaleta han sido muy amplios: tras su obra se ha parapetado varios grupos políticos, últimamente algunos relacionados con el “proceso de cambio”. En algún momento incluso fue tratado como a un intelectual de Estado, como Marx en los países del “socialismo real”. En este aniversario de su fallecimiento se ha tratado de atacarlo por esta razón. Muchas otras veces ha sido convertido en una efigie izquierdista, tanto por quienes lo defendían como por quienes lo atacaban por esta razón. Esto también forma parte de su transformación en un clásico.

La Bolivia no empírica

En los libros zavaletianos que he mencionado sin duda hay historia y está Bolivia, pero no está la historia de los conceptos empíricos sobre el país –como que Belzú fue el undécimo presidente de la república o que combatimos dos grandes guerras internacionales– sino otra cosa: la historia de una Bolivia que no es empírica.

La Bolivia que aparece en El desarrollo de la conciencia nacional es una Bolivia expresionista, aderezada a la manera romántica, que Zavaleta ubica dentro de una trama narrativa de orden mítico-épico. La nación es la heroína –es decir, un personaje con el destino preestablecido– lanzada fuera del paraíso; una heroína abandonada y acosada por uno o varios adversarios metafísicos –dragones, leviatanes, reyes tiranos– que se confabulan en su contra y buscan aplastarla. Como toda heroína, la nación comienza débil y con el tiempo va fortaleciéndose mediante un aprendizaje o entrenamiento por el que tiende a volverse consciente de sí misma; este es, justamente, el desarrollo de la conciencia nacional. Como se ve, Zavaleta saca a relucir una filosofía de la historia, la del nacionalismo. O, para decirlo igual que Lyotard (La condición posmoderna), acude a un meta-relato, que deriva de las luchas históricas del país y de Carlos Montenegro y su Nacionalismo y coloniaje, para estructurar dentro de él, dentro de tal meta-relato, los conceptos empíricos de la historia boliviana. Así organiza al mismo tiempo que legitima el conocimiento sobre el país.

Los meta-relatos son ideológicos. Saltemos entonces de Lyotard a Althusser (Ideología y aparatos ideológicos de Estado). Las ideologías interpelan a los individuos y los convierten en sujetos, en este caso en sujetos nacionalistas. “Sujetos” en tanto protagonistas y “sujetos” en tanto “seres sujetados” por los aparatos ideológicos (o, para decirlo como Foucault, por los “dueños del discurso”). Zavaleta es uno de los “dueños del discurso” nacionalista, el mismo que interpeló a amplias capas de la población boliviana en los años 40 y 50.

En la medida en que es interpelante, la eficacia de un meta-relato tiene siempre que ver con su fuerza narrativa, en el sentido de virtud literaria. Hay un elemento artístico en la producción ideológica. Por sus dotes intrínsecos, Zavaleta destaca especialmente en este tipo de legitimación. Debemos incluir El desarrollo de la conciencia nacional entre los más bellos ensayos bolivianos, es decir, es poseedor también de una grandeza formal.

Zavaleta, un historicista

La concepción historicista del nacionalismo es expresada por Zavaleta en muchos lugares de su obra inicial. En una ocasión, por ejemplo, señaló que “La lucha histórica se libra en último término entre la nación, que es el pueblo nuestro a través del transcurso del tiempo, y el invasor u ocupante a quien también se llama –debidamente– antipatria. La contradicción esencial se libra entre la nación y la antinación…”.

El rasgo historicista de este planteamiento reside en la siguiente afirmación: “La nación, que es el pueblo nuestro a través del transcurso del tiempo”. Zavaleta va a llevar este historicismo desde su etapa nacionalista hasta su ulterior etapa marxista. Esta es la razón por la que, dentro de esta última corriente, se hará partidario y se sentirá más cómodo con el teorizar historicista de Gramsci que con los marxismos lógicos y formalistas, estructuralistas como el de Louis Althusser, que tuvo gran influencia en los años 70, década en la que Zavaleta produjo casi toda su obra marxista. De todas formas, Althusser no pesó tanto entre los latinoamericanos, que, después de un primer periodo althuseriano (por ejemplo, Jaime Paz Zamora fue althusseriano a fines de los 60), se inclinaron decididamente por Antonio Gramsci apenas este fue suficientemente conocido en los principales países de la región, sobre todo en México, donde había una mayor libertad de expresión. Y el que más Zavaleta, que no por casualidad estaba exiliado en México.

Zavaleta fue historicista desde sus orígenes como escritor nacionalista o, quizá sea mejor decir, como escritor de la “izquierda nacional”, ya que nunca comulgó con las posturas nacionalistas conservadoras que postulaban una construcción nacional desde arriba, a partir de la prédica ideológica de una élite guardiana de la tradición colectiva.

Además, Zavaleta, como era característico de la izquierda nacional, encarnaba en general al enemigo del sueño nacional, a la antipatria, en la figura del imperialismo estadounidense y no en la del comunismo o el clasismo obrero. Solo hay algunas excepciones a esto en su obra temprana.

Zavaleta era progresista porque era un hijo de la Revolución Nacional y al mismo tiempo, por así decirlo, un entenado del movimiento minero; provenía de muchas maneras de las poderosas minas bolivianas del siglo XX, llenas de luchadores radicales y de igualitarismo.

Lo nacional-popular en Bolivia

Lo nacional-popular en Bolivia también es un libro de historia de Bolivia, pero no de sus conceptos empíricos, sino de Bolivia en tanto objeto abstracto de estudio o, para enfatizar el aspecto marxista de su metodología, de Bolivia como “totalidad concreta”, es decir, como reconstrucción por parte del pensamiento abstracto de las interrelaciones materiales e ideales, estructurales y superestructurales, que constituyen y causan la formación social boliviana en el tiempo. 

Aquí Zavaleta también opera con algo que en la clasificación de Lyotard es un meta-relato, el “materialismo histórico”. Pero en este caso la capacidad legitimadora de este meta-relato depende menos del arte de la narración, pues ya no evoca los mitos antiguos, sino un mito moderno, la ciencia.

Aun así, la forma sigue teniendo mucha importancia: el carácter barroco de Lo nacional-popular en Bolivia forma parte del marxismo de Zavaleta de forma indisoluble. Por eso, así como no hay que acudir este libro para aprender historia de Bolivia, tampoco hay que hacerlo para aprender marxismo.

Todo lo contrario, diría que es imprescindible llegar a Lo nacional-popular en Bolivia sabiendo ya la historia del país y, algo aún más radical, sabiendo ya marxismo (lo que no quiere decir comulgando con él). De lo contrario, no se podrá comprender que lo que Zavaleta hace es tensar, doblar, malear el marxismo para que le permita hablar de la formación social y la historia del país.

Esto nos remite una vez más a la historia intelectual. Una interpretación de historia intelectual de Lo nacional-popular en Bolivia y de otros escritos de Zavaleta en su mayor madurez exigiría o al menos se comunicaría con la necesidad de una hermenéutica del marxismo latinoamericano de los 60, 70 y 80, y de la forma en que este, a su vez, tomó la tradición leninista, trotskista, a los innovadores de los años 20 y 30, como Lukács y Gramsci, al marxismo de la Segunda Internacional y, finalmente, a los propios Marx y Engels. Tal cosa sería más necesaria en la medida en que el marxismo, tal como se lo concebía como en el siglo XX, es decir, con una fuerte orientación de pragmática política, ya no existe más.

Esto significa que leer en serio a Zavaleta es, al fin y al cabo, una labor sin término, infinita. Lo que también confirma su definición como un clásico.

Comparte y opina:

Crisis: cuando el negacionismo hace aguas

El modelo económico actual está agotado, exigiendo urgentes transformaciones. Más allá de los números, se necesita reconstruir la vida social.

/ 7 de diciembre de 2024 / 21:59

“Es cierto que muchas cosas cambiarán a causa de la crisis. El regreso a un mundo anterior a la crisis está excluido. ¿Pero estos cambios serán profundos, radicales? ¿Irán incluso en la dirección correcta? Hemos perdido el sentimiento de urgencia y lo que hasta ahora ha ocurrido proyecta un mal augurio sobre el futuro». Esta aseveración, que en las primeras sensaciones pareciese que describe nuestro transitar por el momento de crisis económica, política e institucional corresponde, en realidad, al premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz. Están anotadas en el libro que publicó en el año 2010 y al que tituló “Caída libre: América, los mercados libres y el hundimiento de la economía mundial». 

Stiglitz, conclusivamente, recomienda la necesidad de avanzar hacia economías más sostenibles, introducir reformas centradas en la creación de empleo y establecer una suficiente regulación de los mercados para prevenir crisis financieras. Ello permite colegir que estas tienen, finalmente, un efecto transformador, profundo y duradero, en la economía y la sociedad, pues la afirmación de que «el regreso a un mundo anterior a la crisis está excluido» sugiere que las condiciones previas a la crisis ya no son alcanzables. Si pensamos en Bolivia podemos afirmar, siguiendo la línea de pensamiento de Stiglitz, que el Modelo Económico Social Comunitario Productivo, afectado por la pérdida de su fuente de financiamiento ha dejado de ser sostenible, siendo previsible que enfrenta su final o cuanto menos una necesaria e ingeniosa transformación. Nada será como antes en términos económicos, pues el final del ciclo político del proyecto social popular cierra consigo también un ciclo económico.

Crisis en la economía

“El desenvolvimiento de la actividad económica no se realiza de una forma equilibrada y sin alteraciones. Por el contrario, las perturbaciones de las variaciones económicas se suceden de forma recurrente. A una fase de expansión en la que se incrementa la producción, los beneficios, los salarios, el consumo, etc., le sigue, luego de haberse producido una crisis de la fase anterior, otra de contracción (recesión) en la que las características experimentadas por las variables en el momento expansivo se ubican en una situación inversa y comienzan a declinar. Esta marcha de la economía y las etapas disímiles en que se desenvuelve su actividad conforman los ciclos económicos”.

“A una fase de alza le sucederá, luego de una etapa de transición, otra de baja que, una vez concluida, señalará el punto de partida hacia la iniciación de un nuevo ciclo. El desarrollo de los ciclos económicos se compone de cuatro fases: 1.) fase de iniciación de un nuevo ciclo (recuperación); 2.) fase de prosperidad (expansión); 3.) fase de crisis (interregno que conduce a la recesión); 4.) fase de depresión (recesión)”. La economía boliviana está transitando el último tramo de la de la fase de crisis para ingresar al tiempo y momento más complejo y crítico: la recesión económica.

El momento de la crisis

Hoy, la fase de crisis, el momento del interregno, exhibe indicadores de alta criticidad sin medidas que la contradigan, un incremento constante del déficit fiscal; la ruinosa situación de las reservas internacionales que evidencia el Banco Central; la carestía dramática de dólares y en consecuencia la falta de combustible en provisiones normales en el país. Déficit comercial, inflación cercana a los dos dígitos y una credibilidad en caída libre de las expectativas sobre si desde la presidencia del Estado se está en condiciones de resolver el atasco económico. Todo ello nos colocará en la cuarta etapa profundizando la molestia social y colapsando la economía.

Lo que suena es la palabra crisis, lo que se escucha es un hay que cambiar el modelo y la conclusión repetida es que el modelo está agotado. El negacionismo intransigente de no reconocer que el modelo económico ha perdido definitivamente su solvencia impide pensar e implementar políticas que puedan reconducirlo. Esta obsesión incomprensible facilita la instalación de economicismos radicales que razonan sobre la idea de un Estado mínimo y una economía desregulada y de pleno mercado.

Entrados ya prematuramente en el tiempo electoral, los presidenciables, sus equipos y el mundo opinador y analítico van de la mano de un cuantitativismo liviano, donde lo estadístico y la economía es lo único que define la vida de un ciudadano. Esta crisis económica, que la separan de la sociedad y su integralidad de problemas complejos para convertirla en un festival de números y ofertas insustanciales e intimación electoral, ¿en qué ha convertido las esperanzas y la vida social de los bolivianos?

Buscando una salida

Hay que superar la crisis tantas veces desmentida, por supuesto que con soluciones económicas, pero fundamentalmente, rehaciendo la vida social, la política, las convivencias sanas, acudiendo sin temores al principio universal de la autodeterminación, ese que debe dar paso a nuevas formas de organización institucional, gobernabilidad y transformaciones sociales que amparen la dignidad de todos los bolivianos y bolivianas.

Las crisis económicas son el espacio donde se desarrollan los autoritarismos, algunos, en distintos actores políticos, ya empiezan a manifestarse en sus rasgos primeros. Si el final del ciclo económico ha coincidido en la misma temporalidad que el fin de ciclo político, estamos obligados, con sentido de urgencia, a comprender la necesidad del cambio social, y exige a su vez, saber y tener conciencia de que cualquier retroceso al periodo anterior a la crisis, no es más que la vía atropellada de preparación de otro tiempo de nuevas criticidades.

Comparte y opina:

Momento constituyente

La FES Bolivia presentó su libro más reciente con el reto de transitar de la crisis a la reforma necesaria.

/ 7 de diciembre de 2024 / 21:49

¿Estamos en la antesala de un nuevo momento constituyente en Bolivia? ¿En qué condiciones? ¿Con qué temporalidad? ¿Cuál es el balance de la Constitución vigente desde 2009? ¿Cómo se caracteriza la actual crisis en el país? ¿Es una crisis de gestión, del régimen político, de Estado, del proyecto plurinacional popular? ¿Es viable, en el presente, una reforma constitucional? ¿Con qué resultados? En su caso, ¿cuál es la agenda de cambios? ¿Y quién sería el ‘sujeto constituyente’? Como dice el buen José Saramago: “si no hubiera preguntas, no habría respuestas”.

Estas y otras cuestiones, en clave de ensayos analíticos, son abordadas por ocho autorxs en el libro colectivo Momento constituyente. De la crisis a la reforma necesaria, que acaba de ser presentado por la Fundación Friedrich Ebert (FES Bolivia). En un tiempo donde predominan las disputas diminutas, nada más necesario que hacer un alto en el camino y mirar el horizonte de futuro. En un escenario de regresión e incertidumbre, nada más valioso que imaginar oportunidades, buscar salidas, trazar propuestas. Es lo que se propone esta publicación.

Un largo recorrido

El libro es resultado de un largo recorrido. Como toda iniciativa colectiva, nació como una buena idea que, muy pronto, se convirtió en desafío. Luego se fue tejiendo con diversos hilos, varias manos, muchas voces. Y hoy es una realización que, a su vez, implica un nuevo comienzo. Momento constituyente es una invitación a pensar el presente y, en especial, a divisar nuestro futuro como país en un escenario recargado de crisis, polarización, desconfianza e incertidumbre. No es poco.

La buena idea surgió en una reunión en la FES con el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé, en enero de este año, donde comentó que el escenario de crisis institucional era una oportunidad para pensar reformas constitucionales y que los hechos producidos desde 2016, en especial la coyuntura crítica de 2019, podían ser una suerte de antesala de un momento constituyente en Bolivia. El desafío fue inmediato: le pedimos que escribiera un documento de trabajo al respecto.

Reflexiones sobre el momento constituyente

En las siguientes semanas, el desafío se convirtió en un primer texto, que fue presentado en diferentes espacios de intercambio plural. Para empezar, lo discutimos en el Grupo de Reflexión y en el Foro de Análisis Político de la FES. Luego, las “semillas para iniciar diálogos y reflexiones conducentes a una reforma constitucional” fueron expuestas en el Primer Congreso Prospectivas del Derecho: Estado de Derecho e instituciones democráticas, realizado en la Facultad de Derecho de la umsa, con alrededor de medio millar de participantes, en especial alumnos y docentes de varias carreras de derecho de diferentes universidades del país.

Por último, la semana pasada tuvimos un valioso encuentro sobre el tema en el ámbito del Foro Regional de Análisis Político en Tarija. Y este martes, el libro fue presentado en un grato y bien concurrido evento en el salón auditorio de la FES en La Paz. La buena idea convertida en realización es un buen insumo/pretexto para impulsar la reflexión y el debate en diferentes espacios. A eso va.

Un libro, voces diversas sobre lo constituyente

Diversos hilos, varias manos, muchas voces. A partir del documento ajustado escrito por Rodríguez Veltzé (“Momentos constituyentes, crisis institucional y protesta ciudadana. Apuntes para reflexionar las reformas constitucionales necesarias”), se pidió a otros siete analistas y académicos que, en diálogo con el texto base, escribieran sobre el tema. La idea era pasar del documento de trabajo de un autor a un libro con varias voces que, desde la pluralidad, expresaran diferentes lecturas sobre la idea de momento constituyente. Y así se hizo.

 ¿Qué encontrarán las y los lectores en el libro? Luego de la Presentación institucional, un texto de Prólogo y el artículo de referencia, Farit Rojas escribe sobre “Momento constitucional, momento constituyente”. Por su parte, Luciana Jáuregui reflexiona sobre “La espiral de la crisis en el fin de ciclo”. Le sigue Armando Ortuño, con un texto sobre “Las posibilidades políticas de las reformas constitucionales”. Después está el análisis de María Teresa Zegada, que se pregunta: “¿Reforma o transformación? Una mirada a la crisis y a la Constitución vigente”. Por su parte, Fernando García discurre sobre “Gobernanza y democracia en Bolivia, tres momentos”. A su vez, Pablo Mamani indaga: “¿Será posible refundar lo refundado? Entre nuevo momento histórico y el otro poder”. Por último, Ricardo Sotillo realiza un recorrido en torno a “Reformas constitucionales para un Estado Plurinacional en crisis: Justicia, autonomía y control presidencial”. El volumen cierra con un Epílogo escrito a seis manos.

Superar el momento destituyente

El libro Momento constituyente está precedido de un valioso espíritu deliberativo que nutrió sus contenidos. Y, con el mismo espíritu/apetito, anhela contribuir al debate en el complejo e intenso 2025 que le aguarda al país, año electoral que llega –como fue señalado– marcado por un contexto de crisis recargada, renovada polarización más fragmentación, elevada desconfianza y desencanto con incertidumbre.

En conjunto –como se señala en la Presentación–, el volumen impulsado por la FES Bolivia ofrece un análisis muy valioso de balance y en torno al rumbo del país en su estatalidad, la caracterización de la crisis, el proceso de democratización, la debilidad institucional, el esquivo cumplimiento de la Constitución a casi 16 años de su vigencia. Todo ello tiene que ver con la provocadora idea de “nuevo momento constituyente”, puesta en debate.

¿Por qué hablar de un camino/espíritu de reformas cuando lo que predomina hoy en el país es más bien una suerte de momento destituyente o, como se plantea en el Epílogo, un “Estado de Cosas Inconstitucional”? Justamente por eso. Asumimos la noción de crisis como momento de oportunidad. Si bien en rigor no estamos todavía en la antesala de un momento constituyente (no está en la agenda de demandas de ningún actor relevante), es fundamental situar el tema en la conversación pública. La premisa, que encuentra abundante reflexión e ideas en el libro, es la necesidad de trazar una ruta (re)constructiva del Estado Constitucional de Derecho en democracia, hoy degradado y pervertido por acciones a la carta de dos magistrados de una Sala Constitucional.

Las “semillas constituyentes” están servidas para el debate plural. El libro está disponible en bolivia.fes.de o: https://library.fes.de/pdf-files/bueros/bolivien/21649.pdf

Le puede interesar: El TSE inhabilita a cuatro candidatos al TSJ por Cochabamba, Santa Cruz y Oruro

Comparte y opina:

Cambio social y cambio político en Bolivia

Una conversación con Marité Zegada y Yerko Ilijic sobre las transformaciones sociales en el país y su impacto en la disputa política.

/ 23 de noviembre de 2024 / 22:25

El cambio social en Bolivia durante las últimas dos décadas ha sido profundo y multifacético. Este proceso, caracterizado por la inclusión de sectores históricamente excluidos, ha reconfigurado las dinámicas sociales, económicas y políticas del país. A medida que Bolivia se acerca a las elecciones de 2025 y a su Bicentenario, estas transformaciones presentan desafíos y oportunidades para el sistema político, que debe adaptarse a una realidad cada vez más diversa y compleja.

Para reflexionar sobre este tema, conversamos con Yerko Ilijic, abogado y analista político con estudios en Alemania, y Marité Zegada, socióloga y académica de renombre, quienes han dedicado años a estudiar los procesos sociopolíticos del país. Ilijic aporta una perspectiva crítica sobre la evolución de la democracia boliviana y la identidad popular, mientras que Zegada analiza los cambios estructurales que han modificado el tejido social y cultural. Ambos coinciden en que Bolivia vive un momento de transición crucial.

El futuro político del país depende de cómo los actores políticos y sociales comprendan y respondan a estos cambios. La consolidación de la identidad popular indígena, el desencanto con los partidos tradicionales y las tensiones internas del Movimiento al Socialismo (MAS) configuran un panorama en el que los errores del pasado y los desafíos del presente se entrelazan. En este contexto, las elecciones de 2025 podrían marcar un punto de inflexión para el país.

Audiovisual

Cambio social y cambio político

Cambio social y cambio político

Cambio social

El cambio social boliviano, descrito por Ilijic como una aceleración de procesos que antes tomaban un siglo, ha derivado en una sociedad que redefine constantemente su identidad. “En un cuarto de siglo hemos vivido lo que se vivió en todo el siglo XX”, afirmó el analista, quien subraya que la democracia boliviana aún es “muy infante, de unos cinco o seis años”, y necesita madurar para responder a las demandas ciudadanas.

Para Marité Zegada, el proceso constituyente marcó un antes y un después en la historia del país: “Este nuevo horizonte que se traza Bolivia a inicios de siglo es una conquista de la larga lucha de los pueblos indígenas”. La socióloga enfatizó cómo, por primera vez, el Estado reconoce las identidades étnico-culturales y la plurinacionalidad, un hito que ha permitido la incorporación de sectores históricamente excluidos al ámbito público. Un cambio sustancial.

Audiovisual

Cambio social y cambio político

Cambio social y cambio político

Cambios e identidades en tensión

Uno de los fenómenos más destacados del cambio social en Bolivia ha sido la emergencia de una identidad popular indígena urbana, que hoy se perfila como uno de los actores más influyentes en la política y la economía del país. Yerko Ilijic describió a esta identidad como una combinación única de informalidad, emancipación y conservadurismo, acompañada de un profundo nacionalismo. Según el analista, estas características han moldeado una sociedad que, aunque inserta en procesos globales, mantiene firmes sus raíces culturales. “Somos informales, emancipatorios, pero también conservadores y profundamente nacionalistas”, afirmó Ilijic, enfatizando que esta identidad no solo se manifiesta en el ámbito cultural, sino que tiene un impacto directo en la economía y la política.

Marité Zegada también abordó este fenómeno, subrayando cómo las migraciones internas del campo a la ciudad, particularmente desde finales del siglo pasado, han dado lugar a un tejido social híbrido. Este grupo, que exprsa el cambio y que combina elementos tradicionales con prácticas modernas, se ha consolidado como un motor económico a través del comercio, los servicios y la producción local. “Estos sectores, lejos de alejarse de sus identidades étnicas, han creado una coexistencia con el mundo moderno”, explicó la socióloga. Ejemplos emblemáticos de esta interacción son las ferias comerciales en ciudades como El Alto, La Paz y Santa Cruz, donde los comerciantes no solo manejan capital significativo, sino que también invierten en tradiciones como las fiestas del Gran Poder, reafirmando su identidad cultural.

Sujeto político y cambio

Este sujeto político y social, que Zegada describe como “nacional popular, pluriclasista y pluricultural”, no se limita a las categorías tradicionales de lo indígena o lo campesino. Por el contrario, representa un amplio espectro que abarca capas urbanas y periurbanas. Sin embargo, la fuerza de esta identidad no se limita al ámbito cultural o económico. Su influencia política es indiscutible y se refleja en elecciones recientes, donde estos sectores han demostrado su capacidad de organización y movilización. A pesar de su inicial asociación con el MAS, su autonomía ha quedado clara en casos como la victoria de Eva Copa en El Alto, que ocurrió incluso en oposición al partido oficialista.

El reto, según Ilijic y Zegada, radica en que ni el MAS ni los partidos opositores han logrado canalizar plenamente las demandas de este grupo emergente. Ilijic señaló que “la estatalidad moderna del MAS no siempre ha sido compatible con las necesidades emancipatorias de este sector”, mientras que Zegada destacó el desencanto de estas poblaciones con los partidos tradicionales. Esta tensión entre una identidad consolidada y un sistema político que no la representa completamente plantea interrogantes clave para el futuro del país, especialmente en un contexto electoral tan decisivo como el de 2025.

Representación política

Si bien el MAS fue el vehículo que canalizó las demandas de inclusión en el pasado, hoy enfrenta desafíos internos y externos que complican su rol como representante de este sector. Según Zegada, el MAS no ha sabido adaptarse a las transformaciones sociales recientes: “Hay una sensación de desencanto. El MAS ya no es la representación idónea de estos intereses”.

Ilijic agregó que las disputas internas entre el “evismo” y el “arcismo” han debilitado al partido, dificultando su capacidad de consolidar una narrativa política que abarque a toda la población. Sin embargo, ambos coincidieron en que la identidad popular indígena sigue siendo una fuerza política resiliente. “En 2020, el MAS ganó con un 55% de los votos, demostrando que esta identidad persiste independientemente de Evo Morales”, señaló Zegada.

A pesar del desencanto con el MAS, Zegada subrayó que las fuerzas opositoras no han logrado captar el apoyo de estos sectores. “Ninguna fuerza política está sabiendo interpelar a esta gran masa de sectores populares”, afirmó. Esto se debe, en parte, a un desconocimiento de la realidad social emergente y a un historial de exclusión que dificulta la construcción de puentes entre las élites tradicionales y los sectores populares.

Ilijic fue tajante al señalar la desconexión de la oposición con la realidad popular: “Hay una aversión histórica hacia lo urbano, popular e indígena”, que ha perpetuado lógicas de confrontación.

2025, el Bicentenario

Ambos analistas coincidieron en que las elecciones de 2025 serán una oportunidad para redefinir el pacto social boliviano. Ilijic planteó que este periodo debe ser visto como un “gobierno de transición” hacia un modelo más inclusivo y representativo. “El Bicentenario debería ser un momento de enmiendas, de reflexión sobre los errores del pasado”, propuso.

Zegada destacó la importancia de la gobernabilidad en un país profundamente fragmentado. “Necesitamos un pacto social que permita trascender los conflictos y construir consensos a largo plazo”, afirmó. Sin embargo, advirtió que, sin una representación política adecuada, el desencanto podría derivar en una mayor inestabilidad.

El futuro

En el horizonte, Ilijic visualiza una Bolivia tecnológica y conectada con el mundo, pero profundamente arraigada en sus identidades locales. “El futuro del indígena boliviano es altamente tecnológico y con empoderamiento en sus territorios. Lo indígena futurista será clave”, afirmó. Este proceso, añadió, dependerá de la capacidad de los líderes políticos para construir alianzas identitarias y económicas con lo popular boliviano, la identidad dominante del siglo XXI.

Por su parte, Zegada enfatizó la necesidad de que los actores políticos comprendan y se adapten a esta nueva realidad. “Este es un país en el que lo popular indígena ya no está en los márgenes, sino en el centro del escenario. La política debe responder a esta transformación”, concluyó.

De cara al Bicentenario, Bolivia enfrenta el desafío de construir una nación que reconozca su diversidad, supere las fracturas históricas y abrace las oportunidades del futuro. La tarea no será sencilla, pero los cambios sociales recientes ofrecen una base sólida para imaginar un nuevo pacto social en el siglo XXI.

Comparte y opina: