Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) informó que una comisión técnica evalúa las propuestas de empresas internacionales para el desarrollo de proyectos y tecnología para el aprovechamiento de recursos evaporíticos en siete salares bolivianos.

Asimismo, el comunicado publicado en las redes sociales de la estatal explica que la Comisión Técnica usa el método de escala TLR (Nivel de Preparación Tecnológica, por su sigla en inglés), para establecer el nivel de madurez tecnológica de las propuestas.

El plazo que tienen los miembros de esa comisión es de 50 días calendario, desde la fecha límite para la presentación de los sobres, es decir, la primera semana de junio. Esa fase culminará con informe, que recomendarán la pertinencia o no de la firma de convenios. Luego de eso, se entrará en la fase de negociación.

Propuestas

Esta convocatoria fue lanzada el 26 de enero de este año, con el objetivo de implementar proyectos piloto de desarrollo de los recursos evaporíticos en los salares de Coipasa, Uyuni, Pastos Grandes, Capina, Cañapa, Chiguana y Empexa, y “demostrar la viabilidad tecnológica, económica y financiera de plantas a escala industrial”, cita el informe.

Se trata de la convocatoria que es resultado del interés que manifestaron “numerosas empresas internacionales” que pidieron al Gobierno nacional, según una nota de ABI, participar en la industrialización de los recursos naturales de Bolivia.

La primera convocatoria fue lanzada por YLB en abril de 2021.

Franklin Alborta, el fiscal que lleva adelante la investigación sobre el «fallido golpe de Estado» del 26 de junio, informó que la cifra de personas investigadas ascendió a más de 30 y que aún “falta mucho” por indagar.

“De manera preliminar informar que son más de 30 personas las que se encuentran ya formalmente ampliadas en este proceso de investigación. Falta mucho por realizar en la investigación. Estamos haciendo los esfuerzos necesarios”, dijo Alborta a los periodistas en La Paz.

Indicó que la comisión de fiscales que lleva adelante el caso está conformada por cuatro miembros y que “es un caso bastante complejo”.

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GRUPO DE ÉLITE

Entre los más de 30 investigados en el «fallido golpe de Estado» está el comandante del grupo de élite F10 de las Fuerzas Armadas, Vladimir Lupa Salamanca, aprehendido en Cochabamba y trasladado a La Paz, para que preste su declaración.

“Se está recopilando bastante información que se está procesando, se está analizando, tiene que seguir ese conducto de análisis. Oportunamente y de manera responsable también va a ser informada”, añadió.

Los principales investigados en este caso son Juan José Zúñiga, excomandante general del Ejército; Marcelo Zegarra, excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB); y al excomandante de la Armada, vicealmirante Juan Arnez Salvador.

Hasta el momento se supo de la aprehensión de 22 personas: 10 se encuentran encarceladas y 11 con detención domiciliaria. El último fue Lupa, cuya situación jurídica será definida por un juez.

Cuatro militares de Inteligencia del Ejército denunciaron al excomandante general del Ejército Juan José Zúñiga por obligarlos a participar en la revuelta militar del miércoles 26 de junio que el Gobierno lo calificó como un “fallido golpe de Estado”.

“En fecha 26 de junio de 2024, en inmediaciones del Estado Mayor ubicado en la Av. Saavedra, Zona Miraflores, aproximadamente a horas 15:00 el Ex Comandante General del Ejército de Bolivia, Juan José Zúñiga Macías, nos ordena acompañarlo, como equipo de seguridad, no nos encontrábamos armados, para una actividad que él tenía, no refiriéndonos con exactitud cuál era la misma y dejándonos en incertidumbre” (Sic), señala la denuncia, citada por el diario cruceño El Deber.

Se trata de dos coroneles y dos capitanes, miembros de un grupo de inteligencia creado por el general Zúñiga dos meses antes del hecho. La denuncia data del 28 de junio ante la Fiscalía.

«Golpe»

La denuncia la hicieron los coroneles Luis Balanza Gerónimo, jefe de personal, y Miguel Iriarte Sandoval, segundo comandante de Inteligencia. Mientras que los capitanes son Waldir Mamani Hidalgo y Leonel Sanjinés Rada, ambos oficiales de inteligencia.

Los cuatro militares son parte de los 30 investigados en este proceso y tienen detención domiciliaria.

En la denuncia, los uniformados afirmaron que desconocían los “hechos punibles que pretendía perpetrar el Ex Gral. Juan José Zúñiga Macías” (Sic).

“Sin embargo, de manera clara se puede establecer que nosotros simplemente obedecimos una orden superior, para estar presentes en la plaza Murillo en calidad de equipo de seguridad”, agregaron.

Militares

Hasta el momento, hay 22 personas aprehendidas, entre civiles y militares, por su implicación en el hecho. Los familiares y abogados de los uniformados aseguraron que ellos “solo cumplían órdenes” aquel 26 de junio.

El “fallido golpe” fue criticado por varios actores políticos y sectores de la sociedad, que expresaron su apoyo al presidente Luis Arce, aunque también fue calificado como “autogolpe” por parte de los expresidentes Carlos Mesa, Evo Morales y Jeanine Áñez.

Lo mismo pasó con presidentes de otros países de la región. Por ejemplo, el presidente de Argentina, Javier Milei, calificó el hecho como una “falsa denuncia” de golpe de Estado, pero lo recriminó su par venezolano, Nicolás Maduro, que, en claro apoyo a Arce, calificó el comunicado argentino como “repugnante”.

El empresario boliviano José Luis Camacho Miserendino fue reelecto como presidente de la Cámara Binacional Boliviano Paraguaya (CBBP) para el periodo 2024-2026. La vicepresidenta de esa organización es Karem Dita Roca Coca, que también acompañó al titular en el periodo 2022-2024.

Camacho preside el Grupo Nacional de Inversiones Nacional Vida con presencia en Bolivia y en Paraguay, mientras que Karem Roca es gerente general de Ferroviaria Oriental.

José Luis Camacho

Además, el directorio quedó conformado de la siguiente manera: Claudia Maldonado Roca, gerente de negocios de Insertec SRL, como secretaria general; Pablo Moscoso Roure, gerente de Arreglos Express, como tesorero; y como vocales, Sergio León, de Eco Inversiones, y María Teresa Camacho, de Yellow Tree SRL.

“El proceso electoral se llevó a cabo simultáneamente en Santa Cruz, La Paz y Asunción, bajo la supervisión de un comité electoral presidido por el empresario paraguayo Arsenio Sánchez”, destaca la nota de la CBBP.

En ese proceso, Camacho obtuvo el 66% de la votación, respecto de su oponente, Mónica Dupleich, a quien invitó a sumarse a su gestión, subrayando el compromiso de trabajar en beneficio de todos los asociados y fomentar el crecimiento de esa institución.

En el periodo 2022-2024, señala la nota, el directorio liderado por Camacho impulsó “importantes avances en la creación de una agenda bilateral”, con la inclusión de varios gremios empresariales de Bolivia y Paraguay. Asimismo, generó el establecimiento de contactos estratégicos con los gobiernos de ambos países. “Entre los logros más notables se encuentra la reciente visita del presidente paraguayo, Santiago Peña, que reforzó los lazos entre ambas naciones”.

CBBP

“Las prioridades serán fortalecer la agenda de trabajo con los gremios empresariales y los contactos con ambos gobiernos, así como ampliar los lazos con instituciones públicas y privadas. Además, se enfocará en impulsar misiones empresariales anuales, incrementar el número de asociados, renovar los estatutos y reglamentos, y diversificar los servicios ofrecidos por la CBBP para proporcionar mayores beneficios a sus miembros”, dijo el reelecto titular de la CPBB, citado en la nota de prensa.

La CBBP cuenta con más de 100 asociados de diversos sectores, incluidos construcción, salud, seguros, farmacia, bienes raíces, tecnología, banca, textiles, minería, reciclaje, energía, comunicaciones, logística y transporte.

Cerca del 80% de los asociados son empresas bolivianas, mientras que el 20% restante son paraguayas. En 2023, las inversiones bolivianas en Paraguay aumentaron un 20% en comparación con el año anterior, reflejando el creciente interés y compromiso empresarial entre ambos países.

El expresidente Evo Morales cuestionó que Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos (OEA) se hayan pronunciado respecto del “fallido golpe de Estado” contra el gobierno del presidente Luis Arce y no contra el “golpe”, como lo llama el líder cocalero, de 2019.

“Durante el golpe de Estado de noviembre de 2019, intentaron matarnos, nos persiguieron, no solo a mí, sino a otras autoridades, ministros, gobernadores, alcaldes, dirigentes, quemaron casas, asesinaron a muchos hermanos. Todo eso contó con la complicidad y el apoyo de los Estados Unidos y Luis Almagro, (secretario general de la OEA)”, escribió Morales en su cuenta de X.

Morales es el principal actor político que puso en duda la veracidad de la acción militar liderada por el excomandante general del Ejército, Juan José Zúñiga, que ingresó a la plaza Murillo, en La Paz, en una tanqueta militar y con efectivos militares fuertemente armados.

El exjefe militar intentó ingresar al Palacio Quemado, pero el presidente Arce detuvo su paso en la puerta de ese edificio y le ordenó que repliegue a su personal, pero el uniformado se negó.

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Poco después, en un acto en Casa Grande del Pueblo, Arce removió al Alto Mando Militar; inmediatamente, Zúñiga y sus seguidores abandonaron el Kilómetro Cero de la sede de Gobierno; militares y tanquetas dejaron el centro político.

El Gobierno calificó ese hecho como “un golpe de Estado fallido”.

“¿Por qué en esta oportunidad tanto la OEA como los Estados Unidos condenaron la acción militar? ¿Si hubiesen estado detrás de la asonada militar no hubieran respaldado a Zúñiga?”, reclamó Morales en su publicación.

GOLPE DE ESTADO VS ‘AUTOGOLPE’

Desde ese día, el presidente Arce recibió el apoyo de varios sectores y políticos del país; también de otros mandatarios de la región. Sin embargo, otros advirtieron de un “autogolpe” organizado y coordinado entre el Gobierno y el excomandante Zúñiga, ahora detenido preventivamente en el penal de El Abra, en Cochabamba, por disposición de la Fiscalía.

Esa medida cautelar, dispuesta por la Justicia, también alcanzó a Marcelo Zegarra, excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), y al excomandante de la Armada vicealmirante Juan Arnez Salvador.

Aparte de ellos, otras 19 personas fueron aprehendidas por ese acto; el último fue el comandante de las Fuerzas Especiales F10, Vladimir Lupa, en Cochabamba.

“Es necesaria una investigación seria, transparente e imparcial en este caso. El pueblo tiene derecho a la verdad”, ratificó Morales.