El economista Omar Velasco sugirió al Banco Central de Bolivia (BCB) que analice la posibilidad de crear un criptoactivo nacional para diversificar las alternativas en divisas.

“Que el BCB evalúe tener un criptoactivo boliviano atado con algún activo nacional, como el oro o litio”, dijo en entrevista con La Razón Radio. Aseguró que, por ejemplo, China y Europa están trabajando en prototipos de dinero virtual para tener criptomonedas en parte de sus reservas internacionales.

La semana pasada, el BCB, en coordinación con la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) y la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), levantó las restricciones al uso de activos virtuales que fueron establecidas en diciembre de 2020.

Los criptoactivos son un tipo de activo basado en la criptografía que, a diferencia de otros activos (monedas y billetes), no son tangibles (palpables). Su valor no lo determina una entidad centralizada, sino el propio mercado.

En la transmisión, Velasco explicó que el dinero está en constante transformación y que Bolivia no puede quedar rezagada del desarrollo del modelo financiero. No obstante, admitió que las criptomonedas son más volátiles, debido a la falta de regulación y reglamentación.

Admitió que el Gobierno levantó las medidas de restricción de los activos virtuales para alivianar las necesidades de la economía frente al periodo de escasez de dólares por el que atraviesa el país hace un año.

Aunque destacó que las operaciones con criptomonedas son más rápidas y de reducción de costos transaccionales, dijo que, entre las desventajas, está la excesiva fluctuabilidad de algunos criptoactivos, falta de regulación por una autoridad financiera y que son vehículos para cometer fraudes, lavado de dinero u otros ilícitos.  

“No hay control en estos medios de pago, (por ello) amerita reforzar la regulación”, añadió.

De ese modo, recomendó a la población a hacer un uso responsable y recibir educación financiera para la implementación del dinero virtual en la vida cotidiana.

Por otro lado, el lunes, el economista Jaime Dunn afirmó que se trata de un “avance importante”. Contó que cuando hubo la primera prohibición, en 2014, Bolivia quedó rezagada en el desarrollo de los actos financieros.

“Bolivia quedó como uno de los siete países en el mundo que mantenía esa prohibición. Fue tan terrible como si hubieran prohibido el internet”, reclamó.

Explicó que, a pesar de las restricciones, los ciudadanos vieron formas de acceder a estos activos y que, actualmente, existen más de 254.000 cuentas que usan criptomonedas. “Era un secreto a voces”.

Respecto a las ventajas de uso de criptomonedas, dijo que son muchas, entre ellas, la rapidez, el abaratamiento de costos y seguridad en las transacciones. “Ayudan a satisfacer las necesidades de los usuarios”.

Por su parte, Velasco dijo que es una “buena noticia” que la población utilice medios digitales para hacer transacciones bancarias como el pago por QR o la billetera móvil. “Se ve que los bolivianos mejoraron sus hábitos en términos financieros y se han adaptado a los cambios tecnológicos”.

Por ello, recomendó dar pasos más adelante como la inmersión al mundo del dinero virtual con educación financiera.

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La senadora de Comunidad Ciudadana (CC) Silvia Salame denunció que existe un “alto nivel de corrupción” detrás de la paralización del proceso de preselección de candidatos a las elecciones judiciales.

El lunes, la Sala Constitucional Segunda de Beni paralizó una vez más el proceso de preselección para los altos cargos del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y demás instancias del Órgano Judicial, debido a que la Comisión Mixta de Justicia Plural no emitió una resolución contra la inhabilitación del abogado Charles Mejía.

“Resuelve: otorgar la medida cautelar solicitada disponiendo: La paralización del cronograma de toma de exámenes dentro de la convocatoria pública a postulantes para la preselección de candidatos a las elecciones judiciales”, dice parte de la resolución.

El examen oral para los postulantes del TCP iba a iniciar a las 18.00 del lunes; sin embargo, la actividad no arrancó por la disposición de la Justicia.

En entrevista con La Razón Radio, Salame lamentó el estancamiento del proceso y aseguró que se trata de una “cadena” que impide proseguir con este trabajo. Contó que, a las 16.00, ingresó un memorial de queja interpuesto por un vocal que también es postulante. 

“En este caso, el vocal que resolvió la medida cautelar también es postulante al Tribunal Supremo de Justicia”.

Develó que el sujeto hace que, inmediatamente, se notifique en dos horas a la Comisión Mixta de Justicia Plural para detener el cronograma de evaluaciones orales. “A las 18.00, ya estaban notificando con un auto que concedía medidas cautelares”.

“Nunca un juez puede emitir una medida cautelar en un recurso de queja”, explicó.

Indicó que esa sala constitucional debió haber conminado a Asamblea a cumplir con sus deberos o, de lo contrario, presentar una denuncia ante el Ministerio Público. “Nunca debió hacer que se paralice este proceso”.

“Lo que puedo decirle a la ciudadanía, sin temor a equivocarme y así tenga que ser sometida a un proceso penal, es que detrás de todo esto hay un gravísimo estado de corrupción”, sentenció.

Indicó que ya existe la prueba de que los magistrados prorrogados y, “en especial, la sala de los abogados Gonzalo Hurtado e Yván Espada”, están luchando para que no se realicen las elecciones.

Ambos magistrados fueron elegidos en las elecciones judiciales de 2017, luego de ser preseleccionados en la Asamblea controlada entonces por los dos tercios del Movimiento Al Socialismo (MAS). En 2019, Hurtado fue quien comunicó públicamente el comunicado del TCP que avalaba la sucesión presidencial de Jeanine Añez.

Salame consideró que ya no es un tema político, sino que los abogados están “peleando” por su “pan de cada día”. “No es por el sueldito que ganan, aquí se trata de coimas”.

Finalmente, no descartó presentar una acción penal contra todas las personas que han causado daño al proceso de preselección.

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El periodista del rotativo Clarín de Argentina Pedro Gianello consideró que el presidente de su país Javier Milei “se colgó” del tuit del expresidente Evo Morales para emitir un comunicado que repudia la “falsa denuncia de golpe de Estado” del presidente Luis Arce.

La polémica se intensificó en el país nuevamente, luego de la toma militar de la plaza Murillo, de La Paz, el 26 de junio. Ese miércoles, las tanquetas del Ejército y miembros de la Policía Militar se apostaron en el epicentro político del país y causaron incertidumbre y miedo en la población.

Cuatro días después del asalto militar liderado por el general Juan José Zúñiga, el exmandatario y jefe nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, subió el tono contra el presidente Luis Arce.

“Lucho mintió, engañó al pueblo boliviano y al mundo entero con este golpe o autogolpe”, escribió en su cuenta de X.

En medio de las dudas sembradas por Morales y la oposición tradicional sobre el discurso del “golpe de Estado fallido”, Arce acusó a Morales de poner en duda esto “por sus aspiraciones políticas personales”.

“Evo Morales, ¡no te equivoques una vez más! Claramente lo que ocurrió el 26 de junio fue un Golpe Militar Fallido en Bolivia. ¡No te pongas del lado del fascismo que niega lo ocurrido! Los responsables que buscaron tomar el poder por las armas, están siendo procesados y serán juzgados, como fue el caso de los golpistas de 2019”, respondió Arce a Morales.

En Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, Gianello develó que el comunicado se originó después del mensaje de un periodista argentino que toma el tuit de Morales. “Lo que pone es: ‘a los que critican que Milei se demoró en su pronunciamiento sobre intento de golpe de Estado en Bolivia’”.

Contó que, a ese mensaje, Milei respondió: “usted si que la ve” en una forma de darle la razón en sus afirmaciones y horas después sale el comunicado de la Oficina del Presidente de la República Argentina (OPRA).

“La Oficina del Presidente repudia la falsa denuncia de golpe de Estado realizada por el gobierno de Bolivia el día miércoles 26 de junio y confirmada como fraudulenta en el día de la fecha”, publicó la OPRA el domingo.

En criterio del periodista, el gobierno argentino “se agarró” de lo que dijo Morales para decir que fue una alarma falsa. “Se toman de (la publicación de) Evo para decir que el golpe fue falso y una falsa denuncia”.

“Es raro porque Milei no está de acuerdo para nada con Evo Morales”, cuestionó.

A través de un comunicado de la Cancillería de Bolivia, el Gobierno rechazó las declaraciones de Milei acerca del “fallido golpe de Estado”.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia rechaza enérgicamente las inamistosas y temerarias declaraciones vertidas por la Oficina del Presidente de la República Argentina (OPRA), en su comunicado de fecha 30 de junio, en referencia al golpe de Estado militar fallido ocurrido el 26 de junio de 2024”, dice el comunicado.

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El economista Jaime Dunn afirmó que, en Bolivia, existen más de 254.000 cuentas de personas que utilizan activos digitales y criptomonedas, pese a la prohibición —levantada recientemente— para su circulación en el país.

La semana pasada, el Banco Central de Bolivia (BCB), en coordinación con la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) y la Unidad de Investigación Financiera (UIF), levantó las restricciones al uso de activos virtuales que fueron establecidas en diciembre de 2020.

Los criptoactivos son un tipo de activo basado en la criptografía; lo cual significa que, a diferencia de otros activos (monedas y billetes), no son tangibles (palpables). Su valor no lo determina una entidad centralizada, sino el propio mercado.

En entrevista con La Razón Radio, Dunn afirmó que se trata de un “avance importante”. Contó que cuando hubo la primera prohibición, en 2014, Bolivia quedó rezagada en el desarrollo de los actos financieros.

“Bolivia quedó como uno de los siete países en el mundo que mantenía esa prohibición. Fue tan terrible como si hubieran prohibido el internet”, reclamó.

Explicó que, a pesar de las restricciones, los ciudadanos vieron formas de acceder a estos activos y que, actualmente, existen más de 254.000 cuentas que usan criptomonedas. “Era un secreto a voces”.

Respecto a las ventajas de uso de criptomonedas, dijo que son muchas, entre ellas, la rapidez, el abaratamiento de costos y seguridad en las transacciones. “Ayudan a satisfacer las necesidades de los usuarios”.

“El envío de recursos al exterior es muy barato, prácticamente es gratis. Simplemente son minutos para hacer ese tipo de transacciones”, destacó.

Sin embargo, todavía existe mucha controversia sobre el uso de activos digitales, debido a que se han reportado robos y fluctuaciones repentinas, por lo que, los usuarios perdieron grandes cantidades de dinero en poco tiempo.

Aparte de la controversia sobre sus funciones como dinero, las criptomonedas representan otros riesgos que han hecho más difícil su aceptación estandarizada. Su aceptación se basa completamente en la confianza de los usuarios, al no existir ninguna institución que centralice su emisión y transferencia.

No obstante, Dunn destacó que los activos digitales son los activos más “encriptados y seguros” que existen. “Cuando se escuchan estafas son generalmente por hechos de que son engañados por una tercera persona. Se hacen robar claves y caen en fraudes digitales”.

Develó que, de acuerdo a estadísticas mundiales, en 2023, el número de estafas por criptomonedas son de $us 24.000 millones al año. “Se establece que las estafas que se dan por tarjetas y medios tradicionales supero los 4 trillones de dólares al año”. 

Es decir que, al menos, el 98% de las estafas se dan por los medios de pago tradicionales. Con los criptoactivos la cantidad de estafas es mucho menor”.

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El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Juan José Jáuregui, informó que esta jornada, a las 18.00, empezará la fase de evaluación para los postulantes paceños a la preselección de candidatos a las elecciones judiciales.

“Ya tenemos la notificación a los postulantes del departamento de La Paz por la proximidad. Tendríamos desde las 18.00 el inicio de las evaluaciones orales para que mañana procedamos con el resto de los postulantes y concluir en un plazo de seis días”, dijo en entrevista con La Razón Radio.

El entrampado proceso de preselección a las elecciones judiciales parece, por fin, seguir su camino. Las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural retomaron sus actividades con la resolución de amparos constitucionales interpuestos postulantes inhabilitados disconformes.

Jauregui explicó que esta jornada concluirán con las resoluciones a los amparos presentados. Se prevé que esa actividad concluya hoy mismo. Después de ello, comienza el trabajo de evaluación y, luego, la elaboración del informe de la comisión que debe ser aprobado por 2/3 para ser remitido al pleno de la Asamblea Legislativa.

“Con la aprobación en el pleno, inmediatamente se remite al conocimiento del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para la organización del proceso”, añadió.

La preselección se vio estancada en la Asamblea desde el 2023, producto de diferentes tropiezos como los amparos presentados ante la Justicia y falta de acuerdos en las tres fuerzas políticas del primer órgano del Estado.

La etapa de evaluaciones debió iniciar a mediados de abril; no obstante, un amparo constitucional en Santa Cruz detuvo el procedimiento. Días después, el 30 de abril, una acción popular dejó en fojas cero todo el proceso, debido a que una Sala Constitucional en Pando determinó que la Ley 1549, de Elecciones Judiciales, violaba los derechos de las mujeres indígenas.

Ya, el 23 de mayo, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) revocó el fallo y determinó que las comisiones podían seguir con su trabajo. No obstante, las comisiones solo reinstalaron sesiones luego de la polémica sesión del 6 de junio en la Asamblea, cuando se emitió una resolución para dar continuidad a la preselección.

Al respecto, Jáuregui lamentó que la preselección de postulante a las elecciones judiciales estaba con vía libre desde el 23 de mayo, cuando ya no había ningún impedimento jurídico que impida el avance del proceso. El proceso no avanzó, debido a que los legisladores no proponían una salida única al estancamiento.

Indicó que, de los 39 amparos presentados, 17 fueron interpuestos por “gente allegada” y familiares de primera línea del expresidente Evo Morales. “Vemos que sí existe razón en muchos casos, pero también vemos una intensión perversa por parte de sectores políticos”.

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