Luego del conato de golpe de Estado, que ha dado, y seguirá dando, tema para la conversación pública y privada, fue una gran noticia saber, el viernes pasado, que el trabajo de selección de postulantes para las elecciones judiciales se reanudaría el lunes; mas un nuevo recurso de amparo puso en suspenso, nuevamente, el proceso. Sin embargo, todo parece estar solucionándose.

Fue a iniciativa de un abogado que se creyó injustamente inhabilitado, que la Sala Constitucional Segunda de Beni nuevamente paralizó el proceso de preselección para los altos cargos del Tribunal Constitucional Plurinacional y demás instancias del Órgano Judicial, debido a que la Comisión Mixta de Justicia Plural no había emitido una resolución al respecto.

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Ayer, en cuestión de pocas horas ese problema fue resuelto. La Comisión de Justicia Plural decidió habilitar a uno de los postulantes antes descartados y ratificar la inhabilitación de otros cinco, incluyendo al accionante del más reciente amparo. Un séptimo caso será resuelto hoy, pero, aunque no debería, es imposible afirmar que no habrá un nuevo obstáculo jurídico en el proceso.

Fruto de este vaivén que ha causado más de un año de parálisis en el trámite, que debía resolverse en el último trimestre de 2023 con la jornada de votación, el lunes, una abogada, postulante al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), retiró su postulación indicando que el motivo es “la desconfianza” en el proceso de preselección, producida por “la dilación y suspensión que han dañado su legitimidad”.

Habrá que ver si otros u otras postulantes deciden retirarse de la carrera en los días sucesivos y, peor, si no inician una campaña de desprestigio al proceso, severamente dañado por sucesivas acciones judiciales (corruptas, según declaraciones de la senadora de CC Silvia Salame) y una evidente intención de dañar el proceso desde la propia Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), donde todas las partes tienen intereses en juego y ninguna muestra legítima voluntad política de llegar a la elección.

Por su parte, el vocal del Tribunal Supremo Electoral Tahuichi Tahuichi Quispe afirmó, también el lunes, que la ALP debe remitir al Órgano Electoral la lista de 192 postulantes a las elecciones judiciales hasta fines de julio; agregó la alta autoridad electoral que es necesario ampliar el tiempo para el proceso, pues el plazo señalado en la Ley 1549, de Elecciones Judiciales, se cumplió el 6 de mayo. A eso debe sumarse el todavía pendiente debate sobre las elecciones primarias, que podrían conflictuar el calendario electoral de este año.

Por ahora, el camino parece allanado, pero la experiencia del último año ha demostrado que los intereses en juego inspiran actuaciones cuestionables, desde adentro y desde afuera de la ALP, para impedir el mandato constitucional de tener autoridades del Judicial electas por voto popular. La incertidumbre no desaparecerá hasta el día mismo de la votación.

La asonada golpista del pasado miércoles, que opositores y sus operadores mediáticos calificaron pronto de “autogolpe”, dejó como saldo no solo excomandantes presos, dudas, un surtido de memes y renovada polarización, sino algo más esencial: las y los bolivianos cerramos filas, sin titubeos, en defensa de la democracia. Nos acompañó también la comunidad internacional.

 Más allá de que, en pocas horas, el debate sobre la fallida acción militar en Palacio de Gobierno se haya degradado y polarizado (golpe versus autogolpe), es fundamental destacar la pronta y unánime reacción inicial de los actores políticos, sociales e institucionales. Ni bien se conoció la presencia de militares y tanquetas en la plaza Murillo, a la cabeza del oscuro excomandante del Ejército, todo el arco de líderes políticos del país se pronunció con firmeza, a su estilo, en defensa de la democracia.

Fue inmediata e inequívoca asimismo la respuesta de las organizaciones sindicales y movimientos sociales, convocando a huelga general indefinida, bloqueo de caminos y movilizaciones hacia la sede de gobierno para evitar y, en su caso, enfrentar una ruptura del orden constitucional. Se pronunciaron también, en defensa de la estabilidad democrática, la Conferencia Episcopal, entidades empresariales y varias instituciones y organizaciones de la sociedad civil. Los silencios fueron marginales.

Por otra parte, cabe destacar las oportunas expresiones de mandatarios de la región y Europa, así como de líderes de organismos internacionales, que condenaron el intento de golpe de Estado y expresaron su respaldo y solidaridad al gobierno democráticamente electo y al pueblo boliviano. Algunos fueron más lentos y mezquinos, como el gobierno de Milei, pero igual terminaron pronunciándose. Esta vez, a diferencia de la ruptura constitucional de 2019, la defensa de la democracia boliviana fue clara y fuerte.

Así pues, la asonada golpista del desequilibrado excomandante Zúñiga y los suyos, hoy presos y en proceso de enjuiciamiento penal, dejó en limpio el respaldo unánime al régimen democrático como valor en sí mismo. Y eso hay que realzarlo y celebrarlo. Claro que, en este sombrío caso —sobre el cual pesan sospechas e interrogantes—, si bien la defensa de la democracia pasa por la defensa del gobierno legítimo, haría mal el presidente Arce en creer que necesariamente supone un apoyo a su gestión.

A reserva de la investigación sobre el alcance y responsables del acto de insubordinación militar, es lamentable que la defensa de la democracia no haya servido como un momento de oportunidad para la construcción de acuerdos sobre temas de preocupación colectiva. En su lugar, hoy tenemos un inútil e irresoluble debate político. Como sea, ojalá al menos quede en agenda la impostergable necesidad de reestructurar la fuerza pública para evitar nuevas aventuras, motines y asonadas antidemocráticas.

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Lo sucedido ayer, cuando un general de Ejército ensayó, con tanques y tropas armadas, la toma de Palacio Quemado, podrá pasar a la memoria como una mala anécdota, pero su importancia para la salud de la democracia es mayor. Con todos los contornos de un acto orquestado no para tomar el poder, sino para enviar alguna clase de mensaje, la intentona es apenas un síntoma.

Luego de una brevísima campaña de notoriedad, alimentada por peligrosas amenazas contra el expresidente Evo Morales, de quien dijo que está organizando una “revolución de mil colores” para tomar el poder, el general Juan José Zúñiga movilizó tropas militares desde mediodía y temprano en la tarde llegó a Plaza Murillo donde, con una tanqueta, rompió la reja de hierro de Palacio Quemado, hoy convertido en símbolo del poder, que se ha trasladado al edificio contiguo, la Casa Grande del Pueblo. Acompañó su temeraria acción con un confuso discurso acerca de liberar “presos políticos”.

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Si la dramática imagen presagiaba un retorno a los días del golpismo militar, la siguiente escena cambió el curso del relato: el presidente Luis Arce le salió al paso y, tras un ríspido intercambio de palabras, el militar golpista se dio la vuelta para retirarse, con menos fanfarria que la mostrada a su llegada y sin responder a los azorados periodistas que no entendían lo recién sucedido. Horas después, el Presidente había posesionado a un nuevo Alto Mando militar, sin necesitar el visto bueno de la Asamblea Legislativa, y salía a recibir un baño de multitudes.

Fue inevitable que así como los medios de comunicación se llenaron de declaraciones, ora de apoyo a la democracia, ora de adhesión al Gobierno, o de análisis que denotaban más sorpresa que comprensión, las redes sociales se llenasen de teorías de la conspiración con énfasis en el hecho que el primer mandatario acababa de conjurar un golpe de Estado prácticamente sin hacer nada, pero con el propósito de galvanizar apoyo en diferentes sectores de la sociedad.

Horas después, el fiscal general del Estado instruyó iniciar proceso contra el general golpista y rápidamente fue detenido en puertas del Estado Mayor del Ejército. El proceso que debería iniciarse hoy seguramente arrojará nuevos datos que ayuden a encontrar los contornos de un acto que puso en suspenso, así sea por minutos, el cauce democrático y que dejó planteada la pregunta de a quién beneficia más todo lo sucedido y los efectos de corto y mediano plazo que provocará.

Finalmente, el tenso y trascendental momento quedó reducido a una avalancha de memes, que por una parte es la muestra de cómo procesa la sociedad de hoy la realidad, simplificándola en clave de humor, y, por otra, muestra de la verdadera profundidad del conflicto de ayer, que no produjo transformación alguna ni mucho menos sirvió para aliviar las crecientes tensiones económicas, políticas y sociales que tienen cercado al Gobierno y lo tienen aquejado de debilidad.

La Sala Plena del TSE ha convocado a una reunión multipartidaria e interinstitucional para conversar sobre el próximo ciclo electoral. Se realizará en julio. Es una muy buena iniciativa, pues busca despejar el camino hacia las elecciones generales de 2025. Ojalá los actores políticos, así como las autoridades electorales y del Órgano Legislativo, estén a la altura.

En un contexto de crisis política, bloqueo institucional y alta incertidumbre, es una buena noticia que se generen espacios plurales de diálogo para analizar temas de preocupación colectiva. Uno de esos temas es precisamente el ciclo electoral 2025- 2026, que en rigor debería iniciarse ya este mes de agosto con la convocatoria a elecciones primarias para binomios presidenciales. El desorden en el campo político y las barreras decisorias en la Asamblea Legislativa Plurinacional complican el panorama.

¿Por qué es necesaria y relevante la “cumbre” convocada por el TSE? Porque, luego de mucho tiempo, los actores políticos saldrán de sus trincheras para compartir un espacio común. Es valioso en sí mismo que se reúnan los líderes o delegados de los 11 partidos políticos, las dos alianzas con representación nacional y los presidentes de las cámaras legislativas. Claro que no basta juntarse: hay que lograr acuerdos mínimos. El acuerdo esencial es que ningún hecho puede mover o malograr los comicios de 2025.

En el itinerario del próximo ciclo electoral, aparece en el corto plazo la realización de primarias. Por ello, la primera definición de la cumbre político-institucional tiene que ver con estas elecciones establecidas en la ley como requisito obligatorio para postular candidaturas al binomio presidencial. ¿Es posible realizarlas este año? Parece difícil, sobre todo porque están en agenda los ya postergados comicios judiciales. Tampoco hay condiciones para iniciar pronto la competencia electoral.

Pero no basta resolver el tema de las primarias. Como señaló el TSE, hay otras cuestiones fundamentales para la integridad de las elecciones generales de 2025. Se han mencionado tres: la redistribución de escaños y consecuente delimitación de circunscripciones conforme a los datos del Censo, la confiabilidad del padrón electoral biométrico y la impostergable necesidad de un sistema de resultados preliminares. Son temas complejos que requieren no solo capacidad técnica, sino también voluntad política.

Por todo ello, la reunión multipartidaria e interinstitucional convocada por el TSE puede ser un valioso momento de acuerdo que brinde certidumbre. Pero también podría ser un fallido espacio de desencuentro. Dependerá de los participantes. Se espera que los líderes políticos estén a la altura del desafío. Pero también deben estarlo los propios vocales, sin exabruptos. Y por supuesto es clave la convergencia de los presidentes de Diputados y del Senado. Ojalá prime el interés común y no los cálculos particulares.

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A dos semanas de la inédita sesión del pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) convocada y dirigida por el presidente de la Cámara de Senadores, lo que en ese momento parecía un momento de inflexión en la depauperada acción política se ha convertido en un nuevo tema de polémica, sin más efecto que el debate sobre su legitimidad y su legalidad, hoy cuestionadas.

Luego del jueves 6 de junio, hubo consenso en que el acto del senador Rodríguez serviría para sacar a las y los legisladores de su modorra, inevitable después de casi seis meses de inactividad, producida, en parte, por la mala fe de quienes habiendo postulado a sabiendas de que no cumplían todos los requisitos buscaron amparo en la justicia constitucional, hoy severamente cuestionada; y en parte por la inacción del presidente nato de la ALP.

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Si luego de la sesión del 6 de junio quedaba alguna duda sobre las acusaciones contra el Vicepresidente del Estado y su reprochable actitud, la tibia respuesta de los días siguientes, acusando a “la troika” de querer dañar al Gobierno (que se daña a sí mismo con su falta de iniciativa y transparencia) o dejando “en manos” del Tribunal Constitucional las decisiones del órgano a su cargo, sirvieron como evidencia de que la parálisis de la Asamblea es de interés del oficialismo gubernamental.

Luego, cuando parecía que el segundo mandatario del país retomaría el rol que la Constitución Política le asigna, a través de la convocatoria a la octava sesión del pleno (la convocatoria decía “séptima”, igual que la del 6 de junio, pero la presión política logró que ese dato se cambiase), se supo que la agenda propuesta incluía, además de la revisión de las observaciones presidenciales a algunas de las leyes aprobadas a inicios de mes (lo cual puede interpretarse como indicio de que sí se reconoce la legalidad de la cuestionada sesión), la decisión de fijar un receso parlamentario desde el domingo 7 de julio, lo cual, previsiblemente, inspiró nuevas críticas a la autoridad electa.

Hoy, la ALP sigue empantanada y sin indicios del camino que vaya a tomar en lo inmediato. La ALP está aquejada de las divisiones internas en el MAS, reflejadas en la creciente animadversión del presidente del Senado por el Vicepresidente del Estado; de la falta de liderazgo y coordinación, que se reclama desde hace ya muchos meses; de una incapacidad de resolver su mandato constitucional de dar paso a la elección de autoridades del Judicial, peligrosa para las y los legisladores, pero sobre todo para la democracia; y de la incapacidad de prácticamente todos sus miembros para hacer política y resolver las necesidades del país y no solo los apetitos de sus respectivos líderes.

En semejante panorama, no está de más reiterar que la democracia corre peligro a causa de sus agentes en los órganos del Estado; y, en ese contexto, la pregunta es ¿a quién le conviene más esta parálisis?