Gustavo Pereyra analiza el aporte de los desarrolladores de las ciudades y las oportunidades que existen.
Bienes raíces
Los sectores constructor e inmobiliario generan más de 1,8 millones de empleos directos e indirectos, dinamizan un clúster de proveedores de servicios y productos que atraen nuevas inversiones al país.
Construir, comprar y vender bienes en Bolivia genera empleos, dinamiza los salarios e inversiones y se ha constituido en un sector relevante para el desarrollo del país. De acuerdo con el INE, entre enero y noviembre de 2023 se vendieron más de 3,6 millones de toneladas métricas de cemento en el país; es decir 167.800 toneladas métricas que el periodo similar de 2022.
Así también, hasta 2023, el sector de la construcción, según la Cámara de la Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz), generó unos 450.000 empleos directos y 1 millón de trabajos indirectos, mientras que el sector inmobiliario dinamizó, según la Cámara Boliviana de Desarrolladores Inmobiliarios (CBDI), más de 100.000 oficios directos y unos 250.00 indirectos, haciendo un total de 1,8 millones de personas en promedio que han apuntalado este sector.
Esta cifra, representa mucho más que los empleos que generan otros sectores también relevantes para la economía como el de hidrocarburos, el agro e incluso la minería. Así también hasta diciembre de 2022 –última cifra publicada por el INE– el sector de la construcción aportó con un 4% al PIB (Producto Interno Bruto) a precios básicos.
El sector demanda conocimiento, buena planificación y excelente ejecución.
Gustavo Pereyra, arquitecto, director de Cainco, vicepresidente de la CBDI y gerente general de The Landmark Group (TLG) aseguró que el sector se dinamiza con inversiones privadas y públicas y la nueva tendencia se centra en el sector corporativo, específicamente de oficinas. El experto mencionó al menos otros tres aportes de ambos sectores al país.
Primero, señala que detrás de cada obra en construcción en el país hay una decena de negocios que participan del proceso. Por ejemplo, si la obra es financiada, hay un banco o una cooperativa que ha aprobado un crédito; después están los proveedores de fierro, cemento, áridos y cerámicas; en caso de que sea con un contratista, hay un equipo de albañiles especializados en pisos, techos, estructuras y demás; también hay arquitectos, ingenieros, decoradores y otros profesionales que también se benefician de la obra. Se debe sumar a este clúster el servicio de los transportistas, ferreteros, vidrieros, pintores, eléctricos, carpinteros, entre muchos otros que durante varios meses abastecen y proveen de materiales y servicios a diversas obras. Debe contarse también a las empresas inmobiliarias, que participan en la comercialización.
En segundo lugar, el sector inmobiliario se constituye en un importante indicador de la estabilidad financiera de un país. Cuando los precios de las propiedades están en alza, refleja una fuerte demanda en el mercado, lo que puede indicar que hay una economía estable. Sin embargo, si los precios de las propiedades están en descenso, puede ser una señal que la economía tiene ciertas dificultades. Esta realidad, atrae nuevas inversiones y empresas que ven oportunidades para aterrizar y desarrollar nuevos proyectos.
En tercer lugar, los sectores constructor e inmobiliario se constituyen en una fuente de ingreso a largo plazo. Invertir en proyectos de desarrollo inmobiliario es una iniciativa segura y duradera ya que, el propietario puede optar por el alquiler o el anticrético y proyectar ingresos durante varios años hasta que cubra su inversión inicial. Es importante, según Pereyra, que los inversionistas sigan las tendencias y conozcan al consumidor.
“Actualmente las oficias corporativas se han constituido en la principal tendencia en el sector, sobre todo las que tienen condiciones favorables para microempresarios y emprendedores. OFIX, por ejemplo, es un proyecto que está ubicado en el denominado triángulo de Oro de Santa Cruz, frente a un área verde importante y muy cerca de puntos estratégicos en la capital. Así también cuenta con espacios distribuidos equitativamente para generar una gran experiencia entre los visitantes y está siendo edificado con materiales respetuosos del ambiente”, afirma el profesional.
En el país desde hace más de un año, febrero de 2023, se dejaron de publicar en el Banco Central de Bolivia varios datos de interés económico para el país.
Las estadísticas semanales relativas a operaciones con el exterior (las reservas internacionales, transferencias bancarias con el exterior), información monetaria (agregados monetarios) operaciones de mercado abierto y financiamiento del BCB, operaciones del sistema financiero, deuda interna del BCB, índice del tipo de cambio real, precios y tasa de interés se dejaron de publicar en el Banco Central de Bolivia desde febrero del año pasado.
En ese mes empezaron a manifestarse los problemas relativos con la “insuficiencia de divisas” y los comunicados que señalaban que el BCB iba a atender los requerimientos de moneda extranjera del público y de la banca, puesto que era un problema de liquidez transitoria. Pasaron 18 meses y el problema se acentuó, así como las marchas y bloqueos gremiales y del transporte pesado por demanda de dólares y las redes sociales empezaron a hablar de 13 tipos de cambio distintos, incluso las propias autoridades han mencionado alguna cotización del dólar en el mercado “paralelo”, “negro” “blue” o lo que quiera denominarse.
En los medios de comunicación se busca la explicación de esa “insuficiencia” de divisas y se hecha la culpa al modelo, a la especulación y, en medios oficiales, se dice que se debe a la crisis internacional que ha golpeado al país, a las exportaciones, y a los aumentos de las tasas de interés internacionales, a la crisis climatológica y también a los bloqueos internos de carreteras y de la propia Asamblea que no aprueba los créditos externos.
Me había jurado no participar en los temas de coyuntura, en las discusiones diarias, que en lugar de orientar creo confunden más a la gente, hasta que tuve que preparar unas clases a mis alumnos sobre el mercado de divisas y debía hacer una referencia obligada al país.
RÉGIMEN.
Empecé por caracterizar el Régimen Cambiario en Bolivia, que según el FMI (2022): “El régimen cambiario de jure es una “paridad deslizante” con el dólar estadounidense y se caracteriza por pequeños movimientos del tipo de cambio que no se anuncian con antelación. El BCB determina el precio mínimo para el mercado de divisas competitivo diario vía subasta (Bolsín)”. La Ley 1670 estipulaba en su Artículo 19 que el BCB establecerá el régimen cambiario y ejecutará la política cambiaria.
La base del régimen cambiario es el Artículo 1 del DS 21060 del 29 de agosto de 1985, que cumple 39 años de vigencia, que a la letra dice: “Se establece un régimen de tipo de cambio único, real y flexible del peso boliviano con relación al dólar de los Estados Unidos de América, el mismo que se denominará cambio oficial”.
El FMI hace una distinción entre el régimen de jure, lo que dice explícitamente la norma, y el régimen de facto que se refiere a la norma que funciona de hecho en la práctica. Así señala que: “Debido a que el boliviano se estabilizó frente al dólar estadounidense desde noviembre de 2011, el régimen cambiario de facto se clasifica como un arreglo estabilizado. Las autoridades consideran que la política oficial de un crawling peg o reptante no ha cambiado. El mecanismo permite que la velocidad de deslizamiento se ajuste a 0 sin considerar si los fundamentos económicos subyacentes lo justifican”.
Sin embargo, la Nueva Constitución Política del Estado dispone que: El Estado, a través del Órgano Ejecutivo, determinará los objetivos de política monetaria y cambiaria del país en coordinación con el BCB (Art 326). Estipula que: es función del BCB mantener la estabilidad del poder adquisitivo interno de la moneda, para contribuir al desarrollo económico y social (Art 327) y que entre sus funciones está: ejecutar la política cambiaria (Art. 328).
MERCADO.
El mercado de divisas, al igual que cualquier otro mercado, es el lugar no necesariamente físico donde concurren oferentes y demandantes de divisas. Los participantes de este mercado, además del BCB, son operadores de cambios, bancarios y no bancarios, particulares y empresas que realizan transacciones comerciales y de inversión, además de especuladores.
La interacción del BCB con entidades financieras es a través del Bolsín: licita una cantidad de divisas a un precio determinado y no debería actuar directamente con el público. En el mercado de cambios participan adicionalmente los bancos (mercado interbancario), 170 oficinas de cambio y 7 oficinas de giros y remesas, según datos del FMI (2022).
No existe la entrega obligatoria de divisas que fue establecida desde 1938, puesto que el 31 de julio de 1997 mediante el DS 24756, durante el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (Goni), se eliminó la entrega obligatoria de divisas al Banco Central de Bolivia.
De esta manera Goni derogó varios de los artículos del DS21060 (2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16 17, 19.20 y 22), porque Víctor Paz Estenssoro había preservado la entrega obligatoria de divisas, sin la cual no hubiera estabilizado la economía boliviana ni funcionado el Bolsín. Por tanto, el BCB no es el único ofertante de divisas y en los últimos años las exportaciones del sector público en el total exportado se desplomaron de una participación del 47,3% en 2014 a un 23,7% en 2023, mientras que en cambio las privadas subieron su incidencia de un 52,7% a un 76,3% en 2023.
DÓLARES.
¿Por qué hay insuficiencia de dólares? Simplemente porque la demanda de divisas es mayor que la oferta de divisas y si el tipo de cambio se mantiene inamovible o fijo, el exceso de demanda “no satisfecha” a ese tipo de cambio tratará de satisfacerse buscando un nuevo tipo de cambio. Como no hay estimaciones de la magnitud del mercado de cambios en Bolivia utilizo como proxi, la balanza cambiaria que registra el BCB, para darnos una idea del comportamiento de la oferta de divisas y la demanda de divisas.
La explicación de fondo es que, en 2015, Bolivia sufrió el shock externo, donde el ingreso de divisas, que registra el BCB, cayó en 45% (de $us 8.179,3 millones a $us 4.434,4 millones), mientras que la demanda de divisas declinó menos (25%) en torno a $us 7.540,6 millones, generando un saldo negativo en el flujo de divisas de $us 3.100 millones, que se expresó en una caída de las reservas internacionales en la misma magnitud (Gráfico 2).
Desde ese año, el país ha experimentado unas salidas netas de divisas consecutivas en ocho años y, al no mover el tipo de cambio, el ajuste externo se realizó vía pérdida de divisas. Por tanto, la insuficiencia de divisas está asociada al hecho de que las reservas internacionales en moneda extranjera casi se agotaron cubriendo las salidas netas de divisas, como producto de que la demanda de divisas fue persistentemente mayor a la oferta de divisas, donde solo el sector público, YPFB, tiene la obligación de entregar (Gráfico 1).
Adicionalmente, se puede ir un poco más lejos y señalar que parte de la escasez de divisas está asociada a que la balanza cambiaria de YPFB, que mide sus ingresos de divisas por concepto de exportaciones, y sus egresos de divisas por concepto de sus importaciones, principalmente combustibles, también revirtió sus saldos favorables a saldos negativos, como se observa en el Gráfico 3.
Los ingresos de divisas provenientes de YPFB comenzaron a caer desde 2014, asociado a la inicialmente caída del precio del petróleo WTI desde $us 93,1 a $us 43,2 el barril en 2016, un shock de precios del 53,6%. Se expresó en una caída de ingresos de divisas de $us 5.000 millones en 2014 a $us 1.500 millones en 2016, es decir $us 3.500 millones, que explicaron la caída de reservas internacionales del país. Desde 2016, pese a la recuperación de los precios, debido a disminución de los volúmenes de producción y de exportación de YPFB, hecho que recién hoy en día parecen darse cuenta, los ingresos de divisas subieron a $us 2.800 millones en 2022 para bajar a $us 1.800 millones en 2023. La caída del ingreso de divisas se debe a la caída de las exportaciones totales y en especial del sector público, es decir de las exportaciones de YPFB, puesto que es el único sector que tiene obligación de entrega de divisas.
Como consecuencia del aumento de precios internacionales, las importaciones de combustibles de YPFB subieron de $us 417,1 millones en 2016 a $us 2.682 millones en 2023, generando por tanto una salida neta de divisas en 2023 de $us 814,2 millones. La demanda de YPFB por importaciones en promedio fue de 15% de la demanda de divisas, con un máximo de 38,1% en 2023. YPFB se convirtió de exportador neto de divisas a importador neto.
Por tanto, el motor de desarrollo del modelo vigente desde 2006, YPFB, perdió fuerza, aunque no se agotó todavía y, adicionalmente, uno de los eslabones débiles del modelo, como es el subsidio fiscal creciente a los combustibles necesarios para la estabilidad de los precios internos, contribuyó al aumento de la demanda de divisas y al déficit fiscal. A su vez, el sector privado exportador no fue capaz de atender tampoco los requerimientos del mercado de divisas. En una próxima entrega analizaremos otros componentes de los ingresos y egresos de divisas de la balanza cambiaria, un instrumento poco conocido y aplicado por los analistas e incluso por algunas autoridades oficiales.
Carola Aguilera, del Banco Ganadero, recomienda desarrollar una cultura de ahorro desde joven, estableciendo metas claras, llevando un registro detallado de gastos y abriendo una cuenta específica para ahorro.
Planificar y ahorrar para la jubilación es crucial, especialmente en un país como Bolivia, donde la informalidad laboral supera el 80%, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Esta realidad pone en riesgo la seguridad financiera de muchos trabajadores, quienes podrían enfrentar un retiro sin ingresos garantizados, ya que no contribuyen al Sistema Integral de Pensiones. Incluso quienes sí aportan se enfrentan al desafío de jubilarse con un porcentaje reducido de sus salarios.
Carola Aguilera, subgerente de Marketing del Banco Ganadero, enfatizó la importancia de desarrollar una cultura de ahorro desde temprana edad. “El ahorro para nuestra jubilación debería tomarse como prioridad, porque podría traducirse en la seguridad económica que necesitamos cuando finaliza nuestra vida laboral”, señaló. Aguilera subrayó que la planificación a largo plazo y la disciplina son fundamentales para asegurar un futuro financiero estable.
Para ayudar a las personas a comenzar a ahorrar de manera efectiva, Aguilera ofreció cuatro recomendaciones clave. En primer lugar, destacó la necesidad de tener claridad en los gastos mensuales. “Es necesario llevar un registro detallado, ya sea en un cuaderno o en una hoja de cálculo, para identificar tanto los ingresos como los egresos”, recomendó. Este análisis permite identificar patrones de gasto innecesarios y áreas donde se pueden recortar, lo que facilita la creación de un presupuesto realista.
En segundo lugar, Aguilera sugirió establecer metas de ahorro claras y realistas. Aunque existe la fórmula 50-30-20, donde el 20% de los ingresos se destina al ahorro, cada persona debe definir su porcentaje según su realidad y cumplirlo disciplinadamente.
La tercera recomendación es abrir una cuenta bancaria específica para el ahorro. “Tener una cuenta específica fomenta hábitos financieros más disciplinados, ya que te obliga a dedicar una parte de tus ingresos a ese fondo de manera regular”, destacó Aguilera.
Finalmente, Aguilera aconsejó considerar inversiones de riesgo controlado una vez que se haya acumulado un ahorro significativo. Existen productos como GanaSafi, que facilitan el acceso al mercado de valores.
Según el economista Hernán Letcher, la vida en Argentina es cada vez más cara, al haberse reducido su poder adquisitivo de grandes sectores. Las políticas del presidente Milei benefician principalmente a grandes empresas.
Argentina enfrenta un escenario económico crítico marcado por una inflación persistente, un tipo de cambio apreciado y salarios que no logran mantener el ritmo de los crecientes precios. Según el economista Hernán Letcher, director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), esta combinación ha hecho de Argentina un país cada vez más caro para sus ciudadanos, afectando especialmente a la clase trabajadora.
Javier Milei dijo que frenar la inflación tomará 24 meses.
Desde la asunción del presidente Javier Milei, la economía argentina ha atravesado un proceso de desregulación, particularmente en lo que respecta a los precios, lo que ha impactado negativamente en el poder adquisitivo de la población. “El salario mínimo en Argentina se ha quedado muy por detrás del costo de la vida. Si comparamos el salario mínimo y el poder de compra con una canasta de productos básicos, los argentinos necesitan más salarios mínimos para cubrir sus necesidades básicas”, explicó Letcher en diálogo con Xinhua.
La inflación, aunque ha mostrado una leve desaceleración desde diciembre pasado cuando alcanzó un preocupante 25,5%, sigue siendo elevada y los salarios no se han ajustado adecuadamente para compensar el alza de precios. “Los salarios registrados han mostrado una leve mejoría, pero en promedio se están moviendo por debajo de lo necesario para mantener el poder adquisitivo”, añadió Letcher.
Uno de los pilares de la política económica de Milei ha sido el mantenimiento de un tipo de cambio apreciado, utilizado como un ancla inflacionaria. Sin embargo, esta estrategia ha tenido un alto costo para la economía en general. “El problema es que, al mantener un tipo de cambio alto, Argentina pierde competitividad en el mercado internacional y termina siendo un país caro en dólares, tanto para extranjeros como para los propios argentinos”, señaló el economista.
El ministro de Economía, Luis Caputo, dijo que espera una inflación del 4% en agosto.
Esta pérdida de competitividad preocupa a diversos sectores financieros y empresariales, no solo por el encarecimiento de los precios internos, sino también por el peso de la deuda en términos de dólares, que se ve incrementado por la política cambiaria. “La insistencia en mantener este tipo de cambio está provocando que la deuda en dólares sea cada vez más onerosa, lo que agrava aún más la situación económica de los países, principalmente los emergentes”, advirtió Letcher.
Letcher subrayó que la situación es cada vez más alarmante. “El punto de equilibrio encontrado en la economía, donde los salarios son bajos y los precios siguen altos, está llevando a que la gente pueda comprar menos, afectando gravemente su calidad de vida”, explicó. Además, Milei volvió a poner en acción el impuesto a las ganancias para los trabajadores.
En primer lugar, un artista crea una nueva obra. La ley de derechos de autor protege la propiedad intelectual del artista, lo que le permite publicar la obra para el disfrute del público. La ley de derechos de autor también permite a otros crear obras derivadas basadas en la obra original. La sociedad se enriquece con la existencia tanto de la obra original como de las obras derivadas.
Pero ¿qué pasaría si otra ley hiciera al artista legalmente responsable de cualquier delito o daño incurrido por cualquiera de las obras derivadas creadas a partir de la original? Esto seguramente tendría un efecto paralizante en la cantidad de nuevas obras creadas. Pocas se publicarían para el disfrute del público. El creador mantendría estrictos controles contractuales sobre quién puede ver o usar la obra, y la creación de obras derivadas se convertiría en la excepción en lugar de la norma. Como resultado, la sociedad sería mucho más pobre culturalmente. En consecuencia, este tipo de leyes de responsabilidad derivada son extremadamente poco comunes.
En segundo lugar, un fabricante fabrica un producto con la intención de que se utilice para un propósito específico, por ejemplo, un vehículo de motor para el transporte personal. El fabricante está obligado a tomar las debidas precauciones para garantizar que el producto sea apto y seguro para el propósito previsto.
Pero ¿qué pasaría si existiera una ley que obligara al fabricante a ser también responsable de prever y prevenir el uso del bien para cualquier otro fin que no fuera el original? Por ejemplo, ¿ser legalmente responsable por no prever o prevenir el uso de un vehículo de motor fabricado en la planta para transportar a un terrorista suicida y una bomba a un mercado abarrotado? Si existiera una ley de ese tipo, entonces solo cuando el fabricante pudiera mantener un control contractual estricto de todos los artículos una vez que salieran de la línea de producción, alguno estaría disponible para su uso. Se evitarían tanto los usos beneficiosos creativos como los perjudiciales; una vez más, la sociedad sería la perdedora. Por lo tanto, este tipo de leyes no suelen existir.
Sin embargo, precisamente este tipo de disposiciones caracterizan las regulaciones actuales y propuestas que limitan el desarrollo y la implementación de aplicaciones de IA. Tendrán precisamente los efectos paralizantes esperados en el sector de la IA y privarán a la sociedad de beneficios significativos si permanecen en vigor, algo que anticiparon los oponentes de la SB 1047 de California, la Ley de Innovación Segura para la Inteligencia Artificial de Fronteras.
La mayoría de los regímenes regulatorios de IA (por ejemplo, la Ley de Inteligencia Artificial de la UE) y las normas voluntarias (como el Marco de Gestión de Riesgos de IA del Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología) exigen que los desarrolladores e implementadores de IA anticipen los riesgos potenciales que surgen de sus aplicaciones, monitoreen activamente su uso y, en el caso de California, intervengan y cierren las aplicaciones si ocurre un evento suficientemente adverso. Para cumplir satisfactoriamente este requisito, una aplicación nunca puede salir del control directo del desarrollador original. El desarrollador no puede poner la aplicación a disposición del público en un mercado de código abierto para que se realicen más innovaciones, por miedo a ser considerado responsable de las consecuencias de las acciones posteriores de otro.
El productor tampoco puede conferir una “participación de propiedad libre” (según los derechos de propiedad de Demsetz) donde el propietario es libre de ejercer opciones de control como ocurre en la venta de un vehículo fabricado por temor a que se use para un propósito no considerado ya en el marco de gestión de riesgos. Tales regulaciones pueden tener éxito solo si estas aplicaciones están disponibles en comunidades muy cerradas, con acceso limitado o amenazas de control, lo que difícilmente es un entorno vibrante para la innovación continua. Tal vez por eso algunos desarrolladores de IA no se oponen a una mayor regulación en su sector.
Sin embargo, el ecosistema de aplicaciones de IA ya ha ido mucho más allá de un simple modelo estructural de producción y venta de bienes manufacturados que se pueden controlar mediante una regulación de seguridad basada en la gestión de riesgos. Muchos desarrolladores de IA utilizan elementos de código abierto como insumos para sus aplicaciones y suministran sus resultados a las comunidades de software de código abierto. Lo hacen con la plena expectativa de que los modelos se adaptarán y mejorarán para generar nuevas variantes que beneficien a la sociedad, de la misma manera que los creadores de obras protegidas por derechos de autor esperan que sus obras se puedan adaptar para crear beneficios nuevos y diferentes. No controlan todos los elementos de su cadena de suministro de insumos. Tampoco pueden controlar todos los usos y usuarios posteriores, por lo que es inútil intentar exigirles que rindan cuentas.
Los reguladores y legisladores deben reconocer que, si la IA ha de cumplir su promesa innovadora y de aumento de la riqueza, los desarrolladores no pueden ser los únicos responsables de todas las consecuencias. Si lo son, los efectos paralizantes no serán simplemente hipotéticos, sino reales.
Bronwyn Howell Doctora en economía y políticas públicas
Especialistas discutieron las trampas del desarrollo que dificultan el progreso, destacando la importancia de fortalecer las capacidades institucionales y de gobernanza para enfrentar las crecientes demandas.
El seminario “El desarrollo político en América Latina y el Caribe en la última década”, realizado el 23 de agosto en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en Santiago de Chile, reunió a especialistas de la región para debatir sobre el estado de las democracias, las trampas del desarrollo y la necesidad de fortalecer las capacidades institucionales para superar los desafíos actuales de gobernanza y desigualdad en América Latina y el Caribe.
Qué significa “desarrollo político”, cuál es el estado de las democracias en tiempos de incertidumbre y cómo el fortalecimiento de las capacidades institucionales y de la gobernanza puede ayudar a los diferentes países a superar las trampas de desarrollo en las que está sumida la región fueron algunos de los temas abordados en el seminario en la sede de la CEPAL.
El encuentro, en el que participaron especialistas de la región, fue inaugurado por el secretario ejecutivo adjunto de la CEPAL, Javier Medina Vásquez, en representación del secretario ejecutivo José Manuel Salazar-Xirinachs, y por Daniel Buquet, secretario general de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política (Alacip) y académico de la Universidad de la República del Uruguay.
Medina saludó la realización del seminario como parte de las actividades de la Escuela Latinoamericana de Estudios del Desarrollo (Elades) de la CEPAL y de su Programa de Estudios sobre Políticas del Desarrollo que cursa su vigésima quinta edición. “El desarrollo político es uno de los cinco pilares de la Elades junto al desarrollo económico, social, ambiental y de las personas”, explicó.
Foto CEPAL
Durante su presentación, el alto funcionario analizó las tres “trampas del desarrollo” identificadas por la CEPAL y que son parte central de los debates que propondrá la institución durante su cuadragésimo periodo de sesiones que tendrá lugar en Lima, Perú, del 9 al 11 de octubre de 2024.
“Estamos en un momento de cambio de época, en un punto de inflexión, en el cual la región de América Latina y el Caribe está sumida en tres grandes trampas del desarrollo: una incapacidad de largo plazo para crecer, una elevada desigualdad, y una baja capacidad institucional y de gobernanza”, indicó Medina.
Por eso, dijo, “en la CEPAL hemos buscado que los retos del desarrollo se puedan organizar alrededor de un decálogo de brechas que constituyen áreas prioritarias de acción para la política pública y los esfuerzos colectivos de transformación”.
Medina centró su intervención en los desafíos de gobernanza, diálogo social y capacidades técnicas, operativas, prospectivas y políticas, para luego terminar con una reflexión sobre la gestión de las transformaciones necesarias en América Latina y el Caribe.
“Los efectos de las políticas públicas, tanto a corto como largo plazo, están profundamente influenciados por los procesos mediante los cuales se diseñan e implementan”, indicó el secretario ejecutivo adjunto, por lo que “analizar y comprender el proceso de formulación, adopción e implementación de una política es tan relevante como el contenido de la política misma”, recalcó.
Según Medina, “en un momento de crecientes demandas ciudadanas hacia los gobiernos e instituciones, necesitamos desarrollar capacidades para liderar las transformaciones en los modelos de desarrollo. Estas transformaciones requieren no solamente una mejora continua, sino el abordaje de las disrupciones en la capacidad institucional para diseñar, implementar, evaluar y ajustar las políticas públicas en circunstancias cambiantes”.
“La falta de estas capacidades se refleja en respuestas institucionales insuficientes a situaciones complejas e inciertas, como, por ejemplo, el retraso en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el incremento de la polarización y los conflictos, las dificultades de gobernabilidad en muchos países y el deterioro en los índices globales de gobernanza y transparencia”, enfatizó.
A su vez, Buquet presentó los fundamentos teóricos de una propuesta de medición del desarrollo político en América Latina y cómo se complementa con los estudios sobre la democracia en la región.
“El desarrollo político se debería conceptualizar como algo que tiene que ver con la democracia, que está vinculado a la democracia, a la democratización, a la calidad de la democracia, pero que no es lo mismo”, concluyó, agregando que se trata de “un proceso acumulativo, que refleja más el potencial que la situación”.
