La Federación de Ganaderos de Beni (Fegabeni) alertó este jueves sobre la persistente escasez de combustible en la región, lo que obliga a los productores a adquirir diésel en el mercado negro a precios que oscilan entre Bs 12 y Bs 15 por litro, lo que representa una amplia diferencia con el litro subvencionado a Bs 3,72.

Sin embargo, debido a las inundaciones en la región, los productores deben adquirir el carburante a altos costos para poder trasladar a sus ganados. 

Edwin Balcázar, dirigente de Fegabeni, detalló en entrevista con Canal Rural que las promesas gubernamentales de asignar 300 litros de combustible por ganadero no se materializaron. 

 “Para sacar mi ganado, tuve que comprar combustibles a 15 bolivianos el litro. Los surtidores cerca de Santa Rosa de Yacuma no tienen stock y las autoridades solo dan palabras, no soluciones”, protestó.

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Diésel

La crisis se agrava con el reporte de 8.000 bovinos muertos por inundaciones y riadas en las últimas semanas. Salvar al ganado restante implica un gasto adicional de Bs 250 por cabeza, según la federación.

Además, más de 230.000 cabezas han sido desplazadas, generando pérdidas estimadas en más de $us 34 millones para el sector, un impacto que afectará la producción pecuaria durante al menos dos años. 

Mientras los ganaderos intentan reubicar animales en zonas seguras, la falta de diésel encarece cada operación.

“El 100 por ciento de nosotros está en esta situación. Quienes viven río abajo, donde las aguas retroceden, ni siquiera pueden retornar a sus estancias”, agregó Balcázar. 

Fegabeni exige al Gobierno cumplir con los cupos de combustible prometidos y agilizar el apoyo logístico para mitigar una crisis que, advierte, podría extenderse a una emergencia alimentaria y económica en la región. 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), por su parte, había anunciado el envío de 20.000 litros de carburantes a los productores de Beni, aunque, como señaló Balcázar, la distribución se mantiene irregular.

Luego de que la Asamblea Legislativa rechazara el proyecto de crédito de $us 100 millones, parte de cuyos fondos estaba destinado al voto en el exterior para las elecciones generales del 17 de agosto, el ministro de Medio Ambiente y Agua, Álvaro Ruíz, aseguró que el Gobierno cuenta con los recursos, en bolivianos, y garantiza el proceso electoral.

La autoridad explicó que en el Presupuesto General del Estado (PGE) se establece un monto de Bs 319 millones para las elecciones nacionales, por lo que afirmó que están blindadas, pese al “doble discurso” de los asambleístas.

“Pese a que ellos no han aprobado (…), en el PGE se establece los recursos para las elecciones. Lo que hemos manifestado es que tenemos una falta de dólares; sin embargo, los recursos económicos en bolivianos los tenemos”, afirmó en conferencia de prensa.

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Crédito

Minutos antes, la Asamblea Legislativa rechazó la reconsideración del crédito de $us 100 millones, financiado por la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA), el cual ya había sido rechazado hace dos semanas.

El Gobierno indicó que el 10% de ese monto se destinaría al voto en el exterior en los próximos comicios, debido a que no se cuentan con los dólares suficientes para garantizar ese proceso, que demanda, según el Tribunal Supremo Electoral (TSE), aproximadamente $us 9 millones.

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, lamentó que no se hayan respetado los acuerdos del denominado Tercer Encuentro Multipartidario por la Democracia, donde se definió la aprobación de ese crédito para garantizar recursos.

En su criterio, los legisladores le dieron la espalda a la población, debido a que el 90% del crédito tenía el fin de destinarse a la atención a los municipios y familias afectadas por la época de lluvias.

“Lo que nos corresponde por Constitución lo estamos cumpliendo, lo que le corresponde al Ejecutivo es garantizar el presupuesto para las elecciones y eso es lo que se está llevando adelante”, afirmó Alcón.

En ese sentido, la viceministra pidió la calma a la población y aseguró que los comicios de agosto se desarrollarán con normalidad.

Pese a los acuerdos que existía entre las bancadas de las alianzas políticas en la Asamblea Legislativa para reconsiderar el tratamiento del crédito de $us 100 millones, financiado por la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA), en la sesión de este miércoles se rechazó tratar nuevamente el proyecto.

Como el crédito ya había sido rechazado en la sesión del 2 de abril, se necesitaba dos tercios de los votos para su reconsideración.

“Los resultados son los siguientes: votaron por el Sí 72, por el No votaron 56 y votaron en abstención o en blanco cinco. Para alcanzar los dos tercios, necesitábamos 89 votos (a favor); no existiendo el voto suficiente, se rechaza la reconsideración”, afirmó el presidente nato de la Asamblea, David Choquehuanca.

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Crédito

El pasado 2 de abril, el proyecto fue rechazado por solo dos votos en contra, por lo que el oficialismo alegó que hubo fallas humanas al momento del conteo de votos.

En la sesión de este miércoles, se hizo uso del voto electrónico, pese al reclamo de diputados y senadores que denunciaron que se podría instalar un “fraude”.

“No tienen que dudar del voto electrónico, es lo más transparente. No hay ninguna intención de la Presidencia de la Asamblea en hacer fraude”, señaló Choquehuanca.

Sin embargo, Luis Flores, jefe de bancada del Movimiento al Socialismo (MAS) en la Cámara de Senadores, señaló que el sistema no funcionaba y que él no pudo realizar la votación.

La anterior semana, el vicepresidente se reunió con los jefes de bancada de las fuerzas políticas para explicarles la importancia de la aprobación del proyecto de crédito.

Pese a que el mismo fue gestionado para el Convenio de Préstamo para el Programa de Apoyo de Emergencia para Respuesta al tema COVID-19, el Gobierno señaló que se destinará una parte del mismo para garantizar la realización del voto exterior en las elecciones generales del 17 de agosto.

El 17 de febrero, durante el denominado Tercer Encuentro Multipartidario por la Democracia, convocado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), los presidentes de las cámaras de Diputados y Senadores firmaron el acuerdo que compromete a la Asamblea Legislativa aprobar el crédito para garantizar que los residentes en el exterior cumplan con su derecho al voto.

Cuando se rechazó el crédito por primera vez, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, acusó a los legisladores de buscar la paralización del proceso electoral.

El Comité Multisectorial, compuesto por gremiales, productores, transportistas y cívicos, anunció que el próximo miércoles realizará la denominada Marcha contra el Hambre y la Pobreza, en protesta por la situación económica que atraviesa el país.

Los sectores se concentrarán en la avenida 6 de Marzo, en la ciudad de El Alto, para bajar hasta La Paz y hacer conocer sus demandas a las autoridades.

“La cadena productiva, transportistas, industria y comercio, estaremos el 23 de abril en El Alto para realizar la marcha a la cual hemos llamado Marcha Multisectorial contra el Hambre y la Pobreza. Hacemos llamado a todas las instituciones con las cuales hemos compartido escenario en estos nueve ampliados nacionales”, dijo César Gonzáles, representante de la Confederación Nacional de Gremiales de Bolivia.

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Comité

El dirigente pidió a la Policía Boliviana “trabajar por el pueblo y no por un partido político”, por lo que la exhortó a no reprimir ni restringir el libre derecho a la protesta de los sectores y aseguró que la marcha será pacífica.

“Vamos a llegar y vamos a marchar como bolivianos; no como cambas, no como collas, no como departamentales, sino por la rojo amarillo y verde”, afirmó Gonzáles.

Klaus Frerking, presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), indicó que el próximo miércoles quedará claro el descontento que existe en la cadena productiva contra las decisiones que toma el Gobierno, a quien responsabilizan de la crisis económica.

En anteriores oportunidades, el Comité ya había advertido con marchar desde Patacamaya hacia La Paz. Semanas después recularon y dijeron que la movilización iniciará en La Apacheta, aunque al final la misma no se concretó.

Desde el Gobierno se acusa que el objetivo de los sectores es desestabilizar la gestión de Luis Arce, pues la principal demanda del Comité, la derogación de la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, ya fue atendida debido a que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) suspendió su aplicación.

La polémica norma autorizaba el decomiso y confiscación de productos que se almacenen con el objetivo de venderse a precios más elevados más adelante.

La Policía Boliviana movilizó a 550 efectivos e instaló 11 puntos de control en la carretera La Paz-Copacabana, como parte del operativo de seguridad para garantizar la integridad de miles de peregrinos que caminan hacia el santuario de la Virgen de Copacabana durante Semana Santa.

La estrategia, enmarcada en la denominada Operación 200, incluye patrullajes motorizados, vigilancia a pie y equipos multidisciplinarios para responder a emergencias. 

El comandante general de la Policía, Augusto Russo, explicó que el despliegue comenzó en el punto estratégico de Corapata, donde se instalaron carpas policiales con personal especializado.

“Este operativo acompaña, protege y asiste a los peregrinos que recorren con fe esta ruta. Iniciamos con 550 efectivos, pero ampliaremos el personal según sea necesario”, explicó este miércoles en conferencia de prensa.  

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Policía

Además de la vía principal, la Policía Rural y Fronteriza reforzó controles en rutas alternas como Palca, Achocalla y el camino hacia Oruro.

Las autoridades recomendaron a los caminantes portar documentos, hidratarse y seguir las indicaciones de los uniformados para evitar incidentes. 

Desde este miércoles, cientos de fieles iniciaron la travesía de 139 kilómetros que conecta El Alto con Copacabana, pasando por localidades como Santa Ana, Batallas, Huarina y el Estrecho de Tiquina.

El recorrido, que demanda en promedio tres días, es parte de una tradición que combina devoción religiosa y resistencia física. 

El operativo busca prevenir cualquier delito o incidente, además de brindar auxilio médico, orientación y apoyo logístico a los caminantes.

“Nuestra prioridad es resguardar la integridad física y emocional de cada peregrino”, reiteró Russo, quien destacó el compromiso institucional en una de las festividades más emblemáticas del país.  

El Gobierno, por su parte, a través del Ministerio de Trabajo, dispuso horario laboral continuo el jueves y feriado nacional el viernes. El Viceministerio de Turismo proyecta generar un movimiento económico de aproximadamente Bs 300 millones durante Semana Santa.