El director de Boliviana de Aviación (BoA), Mario Borda, anunció que la empresa estatal implementará desde mayo tres nuevas rutas hacia Chile hacia las ciudades de Santiago, Iquique y Arica.

“BoA dentro la planificación que tiene para su expansión y desarrollo ha planificado iniciar operaciones en función al acuerdo bilateral que tiene con Chile para iniciar desde Viru Viru a Iquique, a Santiago y Santa Cruz. Nuevamente de La Paz – Arica – La Paz”, indicó.

Borda señaló que los vuelos iniciarán desde el 21 de mayo y las operaciones serán los miércoles y domingo. Sin embargo, aclaró de dependiendo de la demanda se aumentará la frecuencia de vuelo.

El funcionario resaltó que existe una gran demanda de bolivianos en Chile, la cual llega a un aproximado de 300.000 de connacionales.

“Las condiciones de transporte son difíciles. Es muy difícil ir a estas ciudades donde existen muchos trabajadores bolivianos que están allá. Por eso hemos pensado mejorar la conectividad, sobre todo mejorar esta relación y prestar ese servicio a los bolivianos que necesitan”, resaltó.

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Respecto a los costos, señaló que estos serán un 30% menos que la competencia con el objetivo de consolidad las rutas a estas ciudades del vecino país.

“El interés es llegar hasta Santiago. Hemos tenido una operación de años cuando existía Lloyd Aéreo Boliviano y AeroSur. Nuevamente estamos retomando las operaciones que son necesarias para nuestro pueblo”, manifestó.

En tanto, el cónsul general de Chile en Bolivia, Fernando Velasco, destacó que esta apertura de rutas será una gran oportunidad no solo para los connacionales de Bolivia que están en Chile, sino de sus compatriotas para que venga a Bolivia y hagan turismo.

“Este es, a mi juicio, una señal muy importante, que en el fondo nos permite acercarnos después de tanto tiempo que hemos estado mirándonos de espaldas. Es importante empezar a acercarnos de a poco”, dijo el diplomático.

Añadió que es una “muy buena oportunidad” para que los chilenos vengan y conozcan el Salar de Uyuni, el amazonas, Sucre y La Paz y otras regiones del país.

“Cada vez que vienen los chilenos a La Paz, vienen un poco con la sorpresa de qué se puede encontrar y doy fe que se van maravillados desde el teleférico, desde la gastronomía. Así que estamos muy contentos con esta gestión”, resaltó.

El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Edgar Montaño, posesionó este miércoles al nuevo director ejecutivo de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), Cristian Mamani, en remplazo de Néstor Ríos.

La autoridad pidió al nuevo director de la ATT que trabaje para garantizar el acceso equitativo en las telecomunicaciones y transporte.

“Le encomiendo todos los proyectos que tiene Bolivia, principalmente el espectro radioeléctrico que va acompañado con 5G. Le encargo el otorgamiento de licencias y frecuencias, autorizaciones y certificaciones. Le encargo la regulación de estándares de calidad, tarifas y reglamento”, indicó Montaño.

Además, el titular de Obras Públicas pidió a Mamani, por recomendación del Jefe de Estado, “cero tolerancia a la corrupción”.

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“Le instruyo de que pueda trabajar siempre en una relación saludable y de confianza con nuestros usuarios y operadores que brinda el servicio a la población”.

Mamani en su intervención agradeció al presidente Luis Arce y al ministro Montaño por la confianza depositada en su persona para ocupar el cargo de director ejecutivo de la ATT.

“Me comprometo en dar toda la capacidad y experiencia que tengo para cumplir con los objetivos de la ATT y así mismo cumplir la voluntad del Presidente de hacer llegar los servicios a los ciudadanos”, dijo Mamani en su intervención. 

El 30 de marzo de 2021, Montaño posesionó a Ríos como director de la ATT. Tras cuatro años en el cargo, este 16 de abril fue sustituido.

Luego de que la Asamblea Legislativa rechazara el proyecto de crédito de $us 100 millones, parte de cuyos fondos estaba destinado al voto en el exterior para las elecciones generales del 17 de agosto, el ministro de Medio Ambiente y Agua, Álvaro Ruíz, aseguró que el Gobierno cuenta con los recursos, en bolivianos, y garantiza el proceso electoral.

La autoridad explicó que en el Presupuesto General del Estado (PGE) se establece un monto de Bs 319 millones para las elecciones nacionales, por lo que afirmó que están blindadas, pese al “doble discurso” de los asambleístas.

“Pese a que ellos no han aprobado (…), en el PGE se establece los recursos para las elecciones. Lo que hemos manifestado es que tenemos una falta de dólares; sin embargo, los recursos económicos en bolivianos los tenemos”, afirmó en conferencia de prensa.

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Crédito

Minutos antes, la Asamblea Legislativa rechazó la reconsideración del crédito de $us 100 millones, financiado por la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA), el cual ya había sido rechazado hace dos semanas.

El Gobierno indicó que el 10% de ese monto se destinaría al voto en el exterior en los próximos comicios, debido a que no se cuentan con los dólares suficientes para garantizar ese proceso, que demanda, según el Tribunal Supremo Electoral (TSE), aproximadamente $us 9 millones.

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, lamentó que no se hayan respetado los acuerdos del denominado Tercer Encuentro Multipartidario por la Democracia, donde se definió la aprobación de ese crédito para garantizar recursos.

En su criterio, los legisladores le dieron la espalda a la población, debido a que el 90% del crédito tenía el fin de destinarse a la atención a los municipios y familias afectadas por la época de lluvias.

“Lo que nos corresponde por Constitución lo estamos cumpliendo, lo que le corresponde al Ejecutivo es garantizar el presupuesto para las elecciones y eso es lo que se está llevando adelante”, afirmó Alcón.

En ese sentido, la viceministra pidió la calma a la población y aseguró que los comicios de agosto se desarrollarán con normalidad.

Pese a los acuerdos que existía entre las bancadas de las alianzas políticas en la Asamblea Legislativa para reconsiderar el tratamiento del crédito de $us 100 millones, financiado por la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA), en la sesión de este miércoles se rechazó tratar nuevamente el proyecto.

Como el crédito ya había sido rechazado en la sesión del 2 de abril, se necesitaba dos tercios de los votos para su reconsideración.

“Los resultados son los siguientes: votaron por el Sí 72, por el No votaron 56 y votaron en abstención o en blanco cinco. Para alcanzar los dos tercios, necesitábamos 89 votos (a favor); no existiendo el voto suficiente, se rechaza la reconsideración”, afirmó el presidente nato de la Asamblea, David Choquehuanca.

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Crédito

El pasado 2 de abril, el proyecto fue rechazado por solo dos votos en contra, por lo que el oficialismo alegó que hubo fallas humanas al momento del conteo de votos.

En la sesión de este miércoles, se hizo uso del voto electrónico, pese al reclamo de diputados y senadores que denunciaron que se podría instalar un “fraude”.

“No tienen que dudar del voto electrónico, es lo más transparente. No hay ninguna intención de la Presidencia de la Asamblea en hacer fraude”, señaló Choquehuanca.

Sin embargo, Luis Flores, jefe de bancada del Movimiento al Socialismo (MAS) en la Cámara de Senadores, señaló que el sistema no funcionaba y que él no pudo realizar la votación.

La anterior semana, el vicepresidente se reunió con los jefes de bancada de las fuerzas políticas para explicarles la importancia de la aprobación del proyecto de crédito.

Pese a que el mismo fue gestionado para el Convenio de Préstamo para el Programa de Apoyo de Emergencia para Respuesta al tema COVID-19, el Gobierno señaló que se destinará una parte del mismo para garantizar la realización del voto exterior en las elecciones generales del 17 de agosto.

El 17 de febrero, durante el denominado Tercer Encuentro Multipartidario por la Democracia, convocado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), los presidentes de las cámaras de Diputados y Senadores firmaron el acuerdo que compromete a la Asamblea Legislativa aprobar el crédito para garantizar que los residentes en el exterior cumplan con su derecho al voto.

Cuando se rechazó el crédito por primera vez, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, acusó a los legisladores de buscar la paralización del proceso electoral.

El Comité Multisectorial, compuesto por gremiales, productores, transportistas y cívicos, anunció que el próximo miércoles realizará la denominada Marcha contra el Hambre y la Pobreza, en protesta por la situación económica que atraviesa el país.

Los sectores se concentrarán en la avenida 6 de Marzo, en la ciudad de El Alto, para bajar hasta La Paz y hacer conocer sus demandas a las autoridades.

“La cadena productiva, transportistas, industria y comercio, estaremos el 23 de abril en El Alto para realizar la marcha a la cual hemos llamado Marcha Multisectorial contra el Hambre y la Pobreza. Hacemos llamado a todas las instituciones con las cuales hemos compartido escenario en estos nueve ampliados nacionales”, dijo César Gonzáles, representante de la Confederación Nacional de Gremiales de Bolivia.

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Comité

El dirigente pidió a la Policía Boliviana “trabajar por el pueblo y no por un partido político”, por lo que la exhortó a no reprimir ni restringir el libre derecho a la protesta de los sectores y aseguró que la marcha será pacífica.

“Vamos a llegar y vamos a marchar como bolivianos; no como cambas, no como collas, no como departamentales, sino por la rojo amarillo y verde”, afirmó Gonzáles.

Klaus Frerking, presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), indicó que el próximo miércoles quedará claro el descontento que existe en la cadena productiva contra las decisiones que toma el Gobierno, a quien responsabilizan de la crisis económica.

En anteriores oportunidades, el Comité ya había advertido con marchar desde Patacamaya hacia La Paz. Semanas después recularon y dijeron que la movilización iniciará en La Apacheta, aunque al final la misma no se concretó.

Desde el Gobierno se acusa que el objetivo de los sectores es desestabilizar la gestión de Luis Arce, pues la principal demanda del Comité, la derogación de la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, ya fue atendida debido a que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) suspendió su aplicación.

La polémica norma autorizaba el decomiso y confiscación de productos que se almacenen con el objetivo de venderse a precios más elevados más adelante.