Pese a que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) trabaja “sin tregua” para normalizar el abastecimiento de combustibles en el país, la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) cuestiona las medidas de la estatal y del Gobierno, al considerarlas “parches” temporales que no solucionan el problema estructural.

“Seguimos viviendo una crisis que todavía no tiene una solución estructural. Las noticias que llegan de YPFB y del Ministerio (de Hidrocarburos) solo nos dan una certidumbre a corto plazo, un abastecimiento para dos semanas”, criticó Jean Pierre Antelo, presidente de la organización, en conferencia de prensa.

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Cainco

Este lunes, YPFB ingresó al país mayores volúmenes de diésel y gasolina para abastecer el 80% de la demanda nacional. La semana pasada, la estatal reconoció que no podría cubrir el 100% de la cantidad requerida por el sector productor, por lo que habilitó varias medidas, como la compra a través de criptoactivos, para importar nuevos volúmenes.

El Gobierno informó que, hasta el viernes, ingresarán 66,8 millones de litros de carburantes de importación que junto a la producción nacional deberán abastecer la demanda de gasolina por 25 días y siete en la demanda de diésel.

Por ello, Antelo se refirió a estos anuncios como “parches” que “no solucionan la crisis” y se preguntó qué pasará posteriormente.

Indicó que el país se encuentra en vilo debido a que el sector productor no cuenta con diésel para la cosecha de verano, mientras el ciudadano de a pie debe realizar “filas interminables” por gasolina.

“Seguimos con las restricciones para las exportaciones que son el único camino que nos puede dar dólares”, protestó, en referencia a las prohibiciones de autorizar nuevas ventas de carne de res y soya al mercado externo.

Para el presidente de la Cainco, la solución depende de que el Gobierno admita que ya no puede cumplir el compromiso de abastecer de combustible, para que de esta manera el sector privado pueda importar el carburante.

“Lo primero es que el Gobierno transparente que no puede tomar ya responsabilidad de combustible y le permita al sector privado importar de una manera irrestricta”, indicó.

Las autoridades, por su parte, aseguraron que la aprobación de créditos en la Asamblea Legislativa normalizará el suministro de carburantes.

El Comité Multisectorial concluyó el octavo encuentro nacional en el que exigió al Gobierno cumplir con su obligación constitucional de garantizar el 100% del abastecimiento diario de carburantes y advirtió que, de no actuar de inmediato, será responsable de la mayor debacle económica del país.

El comunicado critica la reciente admisión del Gobierno, que reconoció su incapacidad para resolver el problema de abastecimiento, y exige la liberación absoluta e irrestricta de la importación y comercialización interna de diésel y gasolina, sin que estas sustancias sean consideradas como controladas.

Por ello, como parte de sus iniciativas, y atendiendo a la solicitud de los sectores gremiales y productivos “de la joven y pujante ciudad de El Alto”, se convocó a un noveno ampliado multisectorial que se celebrará el viernes en esa ciudad.

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Comité

Durante este encuentro se ultimarán los detalles concernientes a la denominada “Marcha Multisectorial por la Producción, el Trabajo Honesto y el Desarrollo”, que busca presionar a las autoridades para que liberen los créditos necesarios y se implementen soluciones inmediatas al déficit de carburantes.

Ante la crítica situación económica y a la baja oferta de combustible que casi paraliza la actividad nacional, el comunicado anuncia que se realizará una marcha hacia la ciudad de La Paz, partiendo desde Apacheta el lunes 24 de marzo.

Estos hechos significan varios cambios en el grupo, pues originalmente la marcha debía partir el martes desde Patacamaya a La Paz. Asimismo, el objetivo inicial del comité era la eliminación de la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE), que autoriza decomiso de productos y alimentos, pero ahora parece ser la provisión de combustible.

Al mismo tiempo que se realizaba el encuentro, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) informaba que aceptó un recurso de inconstitucionalidad contra la disposición debido a que otorga facultades extraconstitucionales a las autoridades para realizar el control y decomiso de alimentos y productos.

Al concluir la reunión, el secretario ejecutivo nacional de la Confederación de Gremiales, César Gonzáles, dijo desconocer esta información, que no se mencionó en todo el ampliado, pero indicó que se aguardará una postura oficial y ratificó que en estos momentos el tema del combustible es la prioridad para el Comité Multisectorial.

Luego de que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) aceptara un recurso de inconstitucionalidad contra la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE), la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), saludó la decisión y señaló que es un paso hacia la seguridad jurídica.

“Con la admisión del recurso de inconstitucionalidad abstracta sobre la Disposición Séptima del PGE se da un esperanzador primer paso hacia la protección y seguridad jurídica de nuestros productores en defensa del trabajo y el futuro del país”, afirmó Jean Pierre Antelo, presidente de la organización, en sus redes sociales.

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Cainco

La cuestionada norma autorizaba a las autoridades competentes realizar el decomiso y confiscación de productos que sean almacenados con el objetivo de venderse a precios más elevados en un futuro cercano.

Sin embargo, el sector productor, como Cainco, consideró a la medida “ambigua” y afirmó que se podía utilizar de manera arbitraria, sin respetar el derecho a la propiedad privada.

“El PGE 2025 es una firme intención de perpetuar las deficiencias estructurales de la economía boliviana, poniendo en riesgo la estabilidad del sector productivo, y acentuando los desafíos ya existentes”, protestó la institución a principios de año.

No obstante, este lunes el presidente del TCP, Gonzalo Hurtado, informó que la disposición queda suspendida provisionalmente. 

El TCP ordenó notificar al vicepresidente David Choquehuanca, en su rol de presidente nato de la Asamblea Legislativa, para que el Órgano Ejecutivo presente sus argumentos en un plazo de 15 días.

En conferencia de prensa, la máxima autoridad del Tribunal Constitucional indicó que la medida impulsada por el Gobierno vulnera los principios y derechos de los bolivianos.

“Vivimos en un Estado de derecho, por lo que no puede pasar que se vulneren los principios que guían la convivencia y están escritos en la Constitución Política”, leyó Hurtado.

Pese a este anuncio, el denominado Comité Multisectorial, que se conformó originalmente para eliminar la disposición, anunció que continuará con las medidas de presión y anunciaron una marcha desde Apacheta hasta La Paz el próximo lunes.

La alcaldesa de El Alto, Eva Copa, denunció este lunes que su expareja, Pablo Callisaya, vulnera los derechos de sus dos hijos al exponer su imagen en redes sociales con fines de «extorsión económica» y desprestigio.

La autoridad solicitó al sistema judicial «precautelar la integridad» de los menores y aplicar la ley. «Si su objetivo era dañarme, lo consiguió al desprestigiarme en redes», declaró Copa, sin especificar detalles sobre las acciones legales en curso.

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Copa

En 2023, Copa interpuso una demanda de asistencia familiar contra Callisaya por Bs 470 mensuales para ambos hijos, y lo acusó de abandono de hogar.

 Frank Campero, abogado de la alcaldesa, señaló en ese entonces que Callisaya fue su «concubino» durante cinco años y que el caso también busca definir la tenencia de los niños.

Callisaya, por su parte, negó las acusaciones y afirmó en 2024 que él asumía el cuidado diario de los menores, y alegaba que Copa «no tenía tiempo».

En agosto de ese año, el hombre publicó un video en redes sociales en el que se lo ve llorando y acusando a Copa de infidelidad durante su relación. «Mis hijitos, perdónenme por hablar la verdad: su mamá ha sido infiel. Yo quería darles un hogar y buena educación», declaró.

Aseguró que descubrió la infidelidad mediante fotos y videos filtrados, incluido un presunto viaje de Copa a Italia con otro hombre, ocurrido mientras su hija estaba «en terapia intensiva».

Copa rechazó las acusaciones y atribuyó a Callisaya una campaña para «extorsionarla». La alcaldesa enfatizó que el uso de imágenes de sus hijos en redes sociales viola sus derechos.

Mientras tanto, Callisaya enfrenta procesos por violencia psicológica y asistencia familiar, y alega persecución por parte de la Policía y la justicia.

El caso, que mezcla disputas legales y personales, sigue en desarrollo bajo supervisión judicial, en un contexto donde ambos involucrados se acusan mutuamente de afectar el bienestar de los menores.

El ministro de Minería, Alejandro Santos, confirmó este lunes que la escasez de combustibles en el país redujo en un 50% la producción minera, tanto en empresas privadas como estatales.

«Hemos tenido percances en la producción de hidrocarburos. Es cierto que ha faltado este material tan importante; el diésel y la gasolina (por ello) al 50% ha rebajado el trabajo en las privadas y también en las públicas», informó la autoridad en conferencia de prensa este lunes.

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Minería

La crisis de abastecimiento de carburantes, que mantiene largas filas en estaciones de servicio y afecta a múltiples sectores económicos, también generó tensiones con el sector minero.

La Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) lanzó el pasado viernes un ultimátum de 72 horas al presidente Luis Arce para resolver la problemática.

«Si no hay solución, evaluaremos medidas de presión», advirtió el gremio en un comunicado.

Ante el ultimátum, Santos convocó a los representantes de Fencomin a una reunión este martes a las 08.30 en La Paz.

«Es prioritario dialogar para mitigar el impacto en la producción», señaló el ministro, sin detallar acciones concretas.

La propuesta del Gobierno para el sector minero, uno de los principales generadores de divisas, es abrir la posibilidad de importar combustibles a precios internacionales, sin subvención, pero con la logística de Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB).

La falta de diésel, combustible clave para maquinaria pesada y transporte en zonas mineras, ha paralizado parcialmente operaciones en regiones como Potosí y Oruro.

Fencomin, que agrupa a cientos de cooperativistas, actores clave en la explotación de estaño, zinc y oro, exige al Gobierno garantizar el suministro para evitar pérdidas mayores. Algunos dirigentes aceptaron la propuesta de importar el diésel sin subvención.

Mientras el Órgano Ejecutivo atribuye la escasez a dificultades en la importación por falta de divisas, los sectores afectados reclaman respuestas inmediatas. Los mineros señalan la paradoja, pues a menor actividad del sector, menor ingreso de dólares y más dificultad para comprar carburantes en el mercado externo.