Luego de varias semanas al alza, llegando a rozar los Bs 30, el kilo de la carne de pollo redujo su precio considerablemente en los últimos días, encontrándose hasta en Bs 18 en los mercados de La Paz, según el Gobierno.

“En el caso de la carne de pollo vemos que existe una reducción en el precio del kilogramo entero. Ya hay varios puntos, en la Garita, por ejemplo, donde incluso el precio ha llegado a 18 bolivianos”, afirmó este lunes el viceministro de Políticas de Industrialización, Luis Siles.

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Pollo

La autoridad atribuyó este hecho a vías expeditas y a mejores condiciones climatológicas para la producción.

Durante la semana anterior, el tramo entre Cochabamba y Oruro fue cortado debido a un derrumbe que fue provocado por las fuertes lluvias. De esta manera, el traslado de pollos de Santa Cruz hacia occidente se vio afectado, lo que disminuyó la oferta del producto.

Por este motivo, el kilo de carne de pollo comenzó a comercializarse a Bs 27 en ciudades como La Paz. En ese entonces, el Gobierno insistió en que se trataba de un problema coyuntural que se solucionaría paulatinamente.

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) habilitó el tramo en un tiempo de 48 horas, por lo que se retomó el paso de todo tipo de vehículos. Sin embargo, aunque el producto ya llegaba a los centros de abasto el costo todavía se encontraba por encima de los Bs 20.

Ante ello, el Gobierno, a través del Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor anunció procesos legales contra los vendedores, pues consideraron que el alza de precios se debía a fenómenos como la especulación.

El viceministro Siles también destacó que hubo una baja en los precios del kilo gancho de la carne de res, que pasó de Bs 40 a Bs 34,5 en la ciudad de La Paz y El Alto este lunes.

Tras más de dos horas de reunión, el Gobierno y el denominado Comité Multisectorial acordaron que se deben establecer mesas técnicas para acelerar la importación de combustibles por parte de los sectores privados y eliminar todas las barreras burocráticas que impiden la llegada de carburantes al país.

“El Ministerio de Gobierno, a través del Viceministerio de Sustancias Controladas y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), se compromete a continuar con los procesos de simplificación de los trámites para viabilizar la importación”, leyó uno de los puntos del acta Marcelo Montenegro, ministro de Economía.

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Combustibles

Para acelerar los trámites, acordaron la formación de mesas técnicas donde se evaluará qué aspectos mejorar, tomando en cuenta la propuesta del sector privado. Justamente, en estas mesas se establecerá el precio del combustible importado.

El pasado viernes, el Comité Multisectorial, que aglomera a productores, industriales, exportadores, transportistas y gremiales, presentó una propuesta de decreto supremo para la libre importación de carburantes.

En la reunión de este lunes, Montenegro les hizo ver que muchas de sus propuestas ya están vigentes en los decretos supremos 5218 (septiembre 2024) y 5271 (noviembre 2024), por lo que quedaron ratificados.

“Los artículos II y III ya están previstos en la normativa vigente, por tanto, se ratifica la vigencia de la exención al Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las importaciones y del gravamen arancelario al 0% a la importación de diésel y gasolina”, leyó el titular de Economía.

Otros de los acuerdos arribados este lunes son mantener las ventanillas únicas y “establecer puntos focales” que permitan viabilizar puntos estratégicos para la importación de carburantes.

De igual manera, el Comité Multisectorial “recomienda” que la vigencia de la importación, comercialización y transporte de gasolina y diésel se mantenga vigente por cinco años, pero Montenegro no indicó si se aceptó esta posibilidad. En su momento, el Gobierno indicó que esta posibilidad es una medida coyuntural debido a la situación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que no cuenta con los dólares para la compra de carburantes.

Acuerdo

Por su parte, Pablo Camacho, presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), destacó la “pronta respuesta” del Gobierno y afirmó que ése es el camino para la reactivación económica y disposición de combustibles.

“Ése es el camino por el cual vamos a poder aliviar la demanda, lograr que nuestras empresas, industrias, el sector agropecuario recupere su capacidad de producción”, afirmó.

Dijo que se trabajará en eliminar la burocracia en los trámites a través de la digitalización de la misma.

Sin embargo, no se llegó a un acuerdo en todos los puntos. El Comité Multisectorial había propuesto eliminar al diésel y la gasolina de la lista de estupefacientes y sustancias controladas, factor que, consideran, impide que las 49 empresas autorizadas aún no puedan importar.

Pero el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, explicó que ésta no es una posibilidad, debido a que los carburantes son precursores en la elaboración de narcóticos.

“No podemos sacar esta sustancia de la lista, eso ha sido entendido por todos los miembros de la mesa”, indicó la autoridad.

No obstante, debido a que la mayoría de puntos es favorable, el Comité anunció que se suspenden todas las medidas de presión que habían anunciado.

Este lunes, tras varias horas de marcha, la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de El Alto llegó a sede de Gobierno para entregar su pliego petitorio. Pese al resguardo policial y a los amagues de enfrentamiento, los movilizados lograron entregar su documento a una funcionaria en Casa Grande del Pueblo.

“El pueblo alteño está en las calles, hemos bajado con una gran marcha porque en la ciudad de El Alto ya no hay productos de la canasta familiar y si hay, los precios son muy elevados”, denunció Juan Saucedo, presidente de la Fejuve.

El pliego petitorio se compone de 17 puntos en los que se exigen “soluciones estructurales” para la crisis económica que atraviesa el país.

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Fejuve

Las principales demandas son exigir a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) prolongar los plazos para el pago de créditos, debido a que muchos alteños no logran generar ingresos para cumplir con los compromisos con los bancos. Asimismo, piden reducción del gasto público, el cierre de algunos de los ministerios y la reducción salarial de los funcionarios públicos.

Entre otros de los pedidos se encuentra la destitución de Franklin Flores, gerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), y de Marcelo Montenegro, ministro de Economía, y Jorge Silva, viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor.

De acuerdo con Saucedo, estas autoridades “se han hecho la burla” del pueblo boliviano y no han dado respuesta a las demandas de la ciudadanía. En su criterio, deben dar un paso al costado para que nuevas autoridades tomen medidas para mejorar la situación.

Saucedo indicó que la respuesta y atención del Gobierno “no puede pasar de esta semana”, por lo que espera que en las próximas 72 horas. Caso contrario, se realizará un nuevo ampliado en el que determinarán “salir a las calles”.

Con el objetivo de aprovechar al máximo los recursos naturales del territorio nacional, el Gobierno se reunió con representantes de Irán para analizar la posibilidad de un acuerdo para la exploración y explotación de las tierras raras y minerales críticos en el país.

“Bolivia es rico en minerales y tiene bastante riqueza. En este caso, la predisposición de Irán ha sido clara, se han intercambiado ideas, hay aspiraciones para entablar algunas ayudas mutuas en nuestras tierras raras que existen en territorio boliviano”, informó este lunes Ismael Rodríguez, viceministro de Minerales Tecnológicos y Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico.

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Tierras raras

De acuerdo con la autoridad, los representantes iraníes apuntan a dos proyectos en concreto. Uno en Ayopaya, en el departamento de Cochabamba, que cuenta con una extensión de más de 16.000 hectáreas. El segundo es el cerro Manomó, en el departamento de Santa Cruz, con 371 metros de altura y 12.500 hectáreas.

En ambos casos, Irán busca la participación de sus empresas en territorio nacional para proyectos mineros que requerirán una mayor inversión del país del Medio Oriente.

En ese sentido, se perfila la firma de un convenio para entablar y formalizar la cooperación científica y de investigación en el tema de tierras raras.

“Impulsar la cooperación técnica Bolivia-Irán en materia de inversión y capacitación en diferentes áreas para el desarrollo de los minerales críticos y tierras raras. También trabajar en materia de prestación de servicios e intercambio de experiencias; Irán tiene expertos en tierras raras”, afirmó Rodríguez.

Asimismo, indicó que uno de los puntos del posible acuerdo incluye la capacitación a los técnicos bolivianos para que puedan desarrollar su propia tecnología. De igual manera, se establece un “respeto” al Servicio Geológico Minero (Sergeomin) que no verá sus avances perjudicados.

En la actualidad, las denominadas tierras raras juegan un rol importante en la geopolítica mundial, pues cada vez son los países que se interesan en estos minerales debido a su uso para el desarrollo de material tecnológico y energético.

Las denominadas tierras raras incluyen al lantano (La), cerio (Ce), praseodimio (Pr), neodimio (Nd), prometio (Pm), samario (Sm), europio (Eu), gadolinio (Gd), terbio (Tb), disprosio (Dy), holmio (Ho), erbio (Er), tulio (Tm), iterbio (Yb), lutecio (Lu), escandio (Sc) e itrio (Y).

De acuerdo con el viceministro Rodríguez, Bolivia cuenta con grandes cantidades de los primeros ocho y el resto podría descubrirse conforme se realizan más trabajos de exploración.

La Confederación de Choferes de Bolivia advirtió nuevamente con un paro indefinido en caso de que el Gobierno no cumpla con la destitución de Marcel Claure, presidente de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y de Jorge Silva, viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor.

“El día de mañana (martes) se cumplen las 48 horas, si no hay respuesta, el miércoles ya estaríamos preparándonos para el paro general indefinido, porque nosotros no vamos a retroceder ni un milímetro de lo que ha planteado el transporte boliviano”, afirmó Lucio Gómez, secretario ejecutivo de la federación.

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Choferes

El dirigente acusó a Claure de haber llevado a la ABC “a la quiebra” y tener “deudas millonarias” con varias empresas que, en su criterio, fueron incapaces de realizar el mantenimiento de las carreteras del país.

Respecto a Silva, Gómez fue bastante crítico, pues considera que el viceministro se cree “superdotado”, pero ignora cómo funciona el sector del transporte. Señaló que los precios de los repuestos incrementaron considerablemente en los últimos meses, pero que el Gobierno no da solución y Silva actúa de manera prepotente.

“No vamos a tolerar más porque de verdad necesitamos autoridades que sientan por su país, que peleen por el bien de las instituciones”, señaló Gómez.

El viernes, la Confederación de Choferes de Bolivia y el Gobierno llegaron a un acuerdo para suspender el paro de 48 horas anunciado. Sin embargo, los transportistas insisten en la renuncia de Silva y Claure, a quienes señalan como responsables de todos los problemas del sector.

“Vamos a persistir y hacer cumplir las resoluciones de nuestro ampliado”, reiteró Gómez, quien asegura que ya está lista la estrategia para realizar una medida de presión contundente a partir del miércoles.

El viceministro de Transporte, Enrique Ponce de León, informó que se hizo conocer al presidente Luis Arce el pedido de destitución de autoridades y adelantó que la respuesta se dará a conocer antes del miércoles.