La senadora Silvia Salame anunció que la Cámara Alta debate este jueves un proceso penal contra los magistrados autoprorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que declararon nula la séptima sesión de la Asamblea Legislativa del 6 de junio de 2024.

“Antes de ayer, yo presenté una carta al presidente del Senado, en la cual le sugería que debería poner en consideración del pleno el inicio de un proceso penal contra estas personas”, declaró en entrevista con La Razón Radio.

Salame explicó que, si el Senado aprueba la demanda, esta no debería pasar por la Cámara de Diputados; en su lugar, se presentará la denuncia ante el Ministerio Público.

La polémica surge tras la publicación de la sentencia 113/2024, que anuló la sesión del 6 de junio de 2024, presidida por el presidida por Andrónico Rodríguez, donde se sancionó la Ley 075 para cesar a los magistrados autoprorrogados. Además, se aprobó un crédito para la carretera Confital-Bombeo y un decreto de amnistía.

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Sin embargo, dio por válida la aprobación del decreto presidencial de amnistía e indulto y el contrato de préstamo para la construcción de la doble vía Caracollo-Colom, por $us 176 millones.

Según la exmagistrada, la sentencia no aparece registrada de forma oficial ni en las plataformas del TCP ni en su informe de labores. Además, denunció que todavía se está “manipulando la información”.

“No estamos hablando de un juicio de responsabilidades, ya que ellos no se encuentran en la calidad de magistrados. La Ley 044 protege únicamente a las personas que están en ejercicio de la magistratura, y ellos no tienen esa calidad”, aclaró Salame.

Señaló que el presidente del Senado es quien debe presentar la denuncia en representación de la Cámara Alta. En cuanto a Rodríguez, dijo que debería delegar el caso a los abogados y que la denuncia debería formalizarse a más tardar el lunes.

Si el Ministerio Público acepta la denuncia, Salame explicó que corresponderá a un juez de garantías determinar si los magistrados deben ser suspendidos mientras avanza el proceso.

El tema fue debatido el miércoles en la Cámara Alta. Esta jornada, la sesión del Senado debía comenzar a las 8:30, pero Salame informó que sufrió retrasos. Sin embargo, se espera que se apruebe en las próximas horas.

El abogado de Evo Morales, Nelson Cox, aseguró que el expresidente no tiene la obligación de presentarse a declarar en el caso Golpe de Estado I. Argumentó que la citación forma parte de una estrategia para dilatar el proceso y generar confusión en la opinión pública.

En entrevista con La Razón Radio, el jurista explicó que el momento procesal para probar la acusación ya pasó. “Nosotros nos ratificamos en la aclaración de que no corresponde ni la citación Evo Morales, ni la aprehensión, ni mucho menos que se presente en este proceso en el que ya está comprobada la comisión y solamente deben entrar a una fase de alegatos y culminar”, sostuvo.

Añadió que la citación de Morales, del actual presidente Luis Arce y de otras exautoridades es un intento de distracción por parte del gobierno para desviar la atención de la crisis económica.

Además, argumentó que no tiene sentido la convocatoria de Arce al no haber sido participe de la investigación, la acusación y “no tiene por qué participar en la fase final de este juicio oral”.

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El martes se conoció el comparendo judicial que convoca al expresidente Morales, además del actual presidente Luis Arce, el exvicepresidente Álvaro García Linera y al exministro de Gobierno Carlos Romero para que se presenten a declarar el lunes 31 de marzo.

El juez advirtió que en caso de “incomparecencia” se emitirá la correspondiente orden de aprehensión “en su contra”.

Ante la advertencia del juez, Cox afirmó que el equipo jurídico tiene mecanismos para evitar cualquier acción en contra de Morales.

Morales enfrenta al menos 14 procesos judiciales, según su abogado, todos supuestamente promovidos por el gobierno con fines políticos

A finales de 2020, la exdiputada Lidia Patty presentó una querella contra los políticos que “promovieron” la renuncia de Morales en noviembre de 2019, al que se denominó como Golpe de Estado I.

Entre los imputados están Luis Fernando Camacho, Marco Antonio Pumari, exjefes policiales y militares, quienes jugaron un papel particular en la crisis tras las elecciones de octubre de 2019, calificadas de “fraude” por la oposición y “manipulación dolosa” por la misión de observación de la Organización de Estados Americanos (OEA).

A casi dos meses del inicio del año escolar, los estudiantes de Santa Cruz de la Sierra siguen sin recibir el desayuno escolar. El concejal del municipio Juan Carlos Medrano anunció una denuncia por incumplimiento de deberes contra el alcalde Jhonny Fernández.

“Hay muchos niños que el único desayuno que tenían era salir de casa directo al colegio. Ahora no están desayunando prácticamente. Por lo tanto, se está iniciando un proceso por incumplimiento de deberes al alcalde. Ya es mucho el abandono, ya es mucha la picardía, ya es mucha la corrupción en esta gestión municipal”, declaró Medrano en entrevista con La Razón Radio.

En una conferencia de prensa, Fernández justificó la ausencia del desayuno escolar y alegó que las empresas no aceptan la licitación debido al incremento en el costo de los insumos. Sin embargo, Medrano desmintió esta versión y aseguró que la Alcaldía inició tarde el proceso de contratación.

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También, Medrano denunció que la ciudad enfrenta un abandono generalizado, hospitales sin equipamiento, colegios sin mantenimiento y obras viales inconclusas.

“El alcalde prácticamente ha decidido abandonar la ciudad, ha decidido hacerse el de la vista gorda”, lamentó.

Dijo que desde el Concejo Municipal se presentaron múltiples denuncias sobre presuntas irregularidades en la gestión de Fernández. Medrano aseguró que 22 funcionarios han sido enviados a la cárcel por casos de corrupción y que la Alcaldía estaría perdiendo hasta Bs 1.500 millones anuales por evasión y mal manejo de impuestos.

“Lo cierto es que no hay plata en la alcaldía municipal. Se ha denunciado de que los impuestos se los están robando, de que la gente va a pagar, les cobran el 60% de lo que deben. Y solamente ingresan a las arcas municipales el 3, el 4%”, dijo.

Entretanto, Fernández anunció la distribución de más de 220.000 paquetes de útiles escolares para beneficiar a estudiantes de todas las unidades educativas de la ciudad. Así como la reapertura de las guarderías municipales.

Las intensas lluvias y la granizada de este lunes en La Paz activaron alertas en la ciudad, especialmente en la zona Sur, donde una fuerte granizada azotó el sector y dejó varias calles y avenidas anegadas.

En entrevista con La Razón Radio, Talissa Quiroz, técnica en Gestión de Vulnerabilidad de la Alcaldía, informó que la tormenta se debió a la formación simultánea de dos sistemas meteorológicos. “El tamaño del granizo alcanzó hasta tres centímetros, y el río Huayñajahuira llegó a nivel rojo”, detalló.

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Sin embargo, la alerta se mantiene hasta el 5 de abril. Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), en el departamento de La Paz, informó que prevé el desborde de los ríos Tipuani, Mapiri, Consata, Charazani y Atén, Boopi, Tamampaya, Solacama, Unduavi, Chulumani, Taquesi, Coroico, Yara, Alto Beni, Piquendo, Quendeque, Kaka y Beni.

La funcionaria instó a la población a descargar la aplicación “Alertas La Paz” para recibir notificaciones en tiempo real; Evitar cruzar ríos o transitar por calles aledañas; Contactar a la Red 114 ante emergencias.

El Senamhi amplió la alerta naranja y roja hasta el 5 de abril. Se prevé que las lluvias y tormentas eléctricas continúen por las tardes.

La agenda de los próximos días del Tribunal Supremo Electoral (TSE) estará marcada por tres decisiones: la verificación del cumplimiento en la renovación de directivas de partidos políticos, la posible suspensión del Frente Para la Victoria (FPV) y el Partido de Acción Nacional Boliviano (PAN-BOL), y la elección de la nueva directiva del Órgano Electoral.

Renovación de directivas

En entrevista con La Razón Radio el vocal Tahuichi Tahuichi Quispe informó que el plazo para la renovación de directivas partidarias venció el 20 de marzo y que en los próximos días la Sala Plena emitirá un pronunciamiento.

“Estamos haciendo el acopio de la información técnica para que nos digan que partidos políticos no cumplieron con ese plazo en la renovación de sus directivas. Va a haber un pronunciamiento de la Sala Plena en los próximos días”, dijo.

Según el vocal, los partidos que serían afectados son: Acción Democrática Nacionalista (ADN), el Frente Para la Victoria (FPV), el Partido Demócrata Cristiano (PDC), además de agrupaciones municipales y departamentales.

FPV y PAN-BOL

Tahuichi explicó que el FPV y PANBOL podrían perder su personería jurídica por no haber alcanzado el 3% de votos en las elecciones de 2020, según el artículo 58 de la Ley 1096 de Organizaciones Políticas. El caso está en fase probatoria.

La denuncia, presentada por el ciudadano Peter Erlwein Beckhauser, está referida a la pérdida de personería jurídica una vez que un partido no alcanzó el 3% de votos en la elección general.

Durante las elecciones de 2020, el FPV, logró el 1,55% (95.255) y PAN-BOL obtuvo el 0,52% (31.765 votos).

Sin embargo, el vocal recordó que el FPV participó en las elecciones subnacionales de 2021 y logró representación en algunos municipios, como Chulumani o Sacaba.

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Cambio de presidencia en el TSE

El mandato del presidente y vicepresidente del TSE concluye el 30 de abril. “Estamos en un cónclave interno y en los próximos días elegiremos a las nuevas autoridades”, anunció Tahuichi.

El presidente del ente electoral, Óscar Hassenteufel, cumplirá su mandato de dos años en mayo de este año y no podrá buscar una reelección en el cargo, pues el artículo 18 de la Ley 018 del Órgano Electoral Plurinacional restringe un tercer periodo.

En diciembre de 2019, la Asamblea Legislativa eligió a Hassenteufel como vocal electoral y en abril de 2021, luego de la renuncia de Salvador Romero a la presidencia y a la vocalía electoral, asumió la titularidad del TSE.

Luego de los dos años de su primera gestión, Hassenteufel fue reelecto como presidente del TSE el 8 de mayo de 2023 por un nuevo mandato de dos años.

Sin embargo, Tahuichi acalaró que la presidencia del ente electoral es un cargo administrativo y no la “MAE” (Máxima Autoridad Ejecutiva).

Según el vocal, el 1 de abril arrancará oficialmente la elección presidencial, con un plazo de 138 días hasta la votación del 17 de agosto.