Gobierno exhorta a no perjudicar a la población en el paro contra disposición confiscatoria
El Viceministro de Seguridad Ciudadana aseguró que la Policía garantizará la libre circulación y reiteró la convocatoria al diálogo.

El paro movilizado en contra de la disposición.
Imagen: Confeagro
El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, exhortó a los sectores que participarán en el paro movilizado contra la disposición séptima de la Ley 1613, del Presupuesto General del Estado (PGE), a no afectar a la población y recordó que la Policía Boliviana tiene el mandato de garantizar la libre transitabilidad en el país.
“Exhortamos a estos sectores que están asumiendo esta medida que va en contra de la economía de los hogares a que reconsideren su decisión. En caso de que no se logre un acuerdo, la Policía tiene que cumplir con su mandato constitucional de precautelar los derechos de los ciudadanos, tanto individuales como colectivos. La libertad y la libre transitabilidad deben ser garantizadas”, afirmó Ríos.
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Paro
El paro movilizado, convocado por productores, empresarios, industriales y gremiales para este lunes, es una protesta contra la disposición séptima del PGE, que autoriza el decomiso y confiscación de productos y alimentos por parte de las autoridades competentes.
Esta normativa otorga facultades al Gobierno para decomisar mercadería y productos que sean acopiados con fines especulativos, con el objetivo de combatir el agio y la especulación en el mercado.
El viceministro reiteró que el Gobierno ha abierto el espacio para el diálogo y la concertación con los sectores movilizados. “
Se están extremando esfuerzos para que el pueblo boliviano no se vea perjudicado con estas movilizaciones que se vienen anunciando”, enfatizó.
Asimismo, señaló que el Comando General de la Policía ya trabaja en un plan de operaciones para garantizar el orden y proteger los derechos de la ciudadanía ante posibles bloqueos o enfrentamientos.
La convocatoria al paro genera debate y posiciones divididas. Mientras el Gobierno reitera que la disposición busca evitar la especulación y garantizar el abastecimiento de productos esenciales para la población, los sectores movilizados insisten en el pedido de derogación de una norma que consideran que atenta contra varios derechos constitucionales.