La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y de la Asociación Nacional de Comercializadores Privados de Hidrocarburos de Bolivia (Asosur) acordaron el lunes reuniones semanales, para evaluar la distribución de carburantes a escala nacional.

En las últimas semanas y debido a la escasez de combustibles, las estaciones de servicio se vieron abarrotadas de vehículos y sus representantes exigieron a la ANH; y a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) que se cumpla con los volúmenes habituales para atender la demanda.

Desde la ANH se informó que se hará “seguimiento cada semana respecto a los compromisos que se han ido asumiendo”.

La gerente nacional de Asosur, Carla Zuleta, informó que estarán en “constante coordinación” con la ANH; y gestionarán una reunión con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para garantizar la dotación del combustible.

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Asosur

“Una de las premisas que estamos queriendo es que se cumplan e incremente de 50% a 80% la programación (de entrega) a las estaciones de servicios a nivel nacional; en ese sentido se van a gestionar reuniones próximamente con YPFB para ver el avance y el cumplimiento de estas determinaciones”, explicó.

De acuerdo con el Gobierno nacional, este incremento se concretará esta semana con la distribución de más de 46 millones de litros de diésel y más de 20 millones de litros de gasolina en el país; luego del arribo la semana pasada del combustible a la Terminal Sica Sica en Arica, Chile.

Asimismo, Zuleta indicó que se hizo algunas sugerencias respecto a la aplicación ANH Abastecimiento; que ayuda a verificar la cantidad de combustible en las estaciones de servicio.

“Hemos hecho conocer algunas debilidades que podría tener tal vez el aplicativo y justamente es mejorarlo; para que la sociedad cuente con una información fidedigna del producto que cuenta la estación de servicio”, dijo.

Esta herramienta, parte de las medidas adoptadas por el Gobierno para normalizar el suministro de carburantes, fue diseñada para aportar transparencia y facilitar el acceso a datos actualizados en un contexto de escasez.

En una entrevista reciente, el economista Alberto Bonadona alertó sobre la crisis cambiaria en Bolivia, señalando que el país enfrenta un «corralito financiero» debido a las restricciones para acceder a dólares en efectivo y el impacto del tipo de cambio paralelo en las remesas internacionales.

Restricciones cambiarias

Bonadona señaló que, aunque es posible retirar dólares de los bancos, estos son entregados en bolivianos al tipo de cambio oficial, lo que limita el acceso a la divisa estadounidense. Además, mencionó que los servicios de transferencia de dinero, suelen pagar en moneda local y con un margen de conversión que afecta a los receptores.

«En los hechos, vivimos en un corralito; no te van a entregar los dólares en efectivo», afirmó Bonadona.

Criptomonedas como posible solución

El economista indicó que las criptomonedas, como USDT (Tether), han ganado popularidad en el mercado paralelo, determinando en muchos casos el tipo de cambio real utilizado por las casas de cambio. En las últimas semanas, el valor del USDT ha fluctuado de 11.70 a 11.78 bolivianos, reflejando la incertidumbre en la economía local.

«Los costos de transacción con criptomonedas son mucho menores que los de los bancos o servicios tradicionales. Esto permite a muchas personas enviar y recibir dinero sin sufrir grandes pérdidas», explicó Bonadona.

El aumento en el costo de las remesas

Otro problema clave es el costo de las remesas para las familias bolivianas con parientes en el exterior. Bonadona detalló que, aunque las empresas de envío de dinero anuncian una comisión del 10%, el impacto real es mucho mayor debido a ajustes en el tipo de cambio. Mientras el tipo de cambio oficial es de 6.96 bolivianos por dólar, en el mercado paralelo ha alcanzado los 11.78, incrementando el costo de envío de dinero entre un 60% y un 70%.

«Las familias que reciben remesas tienen que pagar costos adicionales debido a la diferencia cambiaria. Esto hace que cada vez sea más caro recibir dinero desde el exterior», enfatizó el economista.

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Expectativas frente a las elecciones

En un contexto electoral, Bonadona expresó su preocupación sobre la falta de propuestas claras de los candidatos en relación con la crisis financiera. Aseguró que la educación sobre criptoactivos podría ser clave para mejorar el acceso a divisas y reducir la dependencia de mecanismos tradicionales costosos.

«Necesitamos claridad en las propuestas económicas. El gobierno ha mencionado los criptoactivos, pero sin un plan definido, lo que solo genera más especulación», concluyó.

La incertidumbre económica y las restricciones cambiarias continúan afectando a los ciudadanos bolivianos, impulsando la búsqueda de alternativas como las criptomonedas para mitigar los efectos de la crisis.

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, aseguró este lunes que Bolivia no entrará en “default” (cuando un país o entidad no puede pagar sus deudas en los plazos acordados) y que el pago de la deuda externa está garantizado.

“No vamos a entrar en default. El país es responsable con sus obligaciones, estamos trabajando muy duro, mes a mes, porque va cumpliendo el pago de los bonos”, señaló Montenegro en Unitel.

En las últimas horas y debido a la escasez de combustibles, analistas alertaron que el Gobierno no tiene suficientes dólares para cubrir el pago de la deuda externa; que en el caso de este mes debe realizarse en los siguientes días.

Sin embargo, Montenegro aseguró que, pese a que el país no tiene actualmente la posibilidad de acceder a dólares de los créditos externos debido a que más de $us 1.667 millones permanecen “bloqueados” en la Asamblea Legislativa, cumplió y cumple con sus obligaciones.

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Deuda

“Se va pagar el servicio de la deuda externa y obviamente si pudiéramos tener acceso a los créditos y muchos son de desembolso inmediato podríamos dejar de atender lo que es para el pago de la deuda externa; y destinar directamente para combustibles como ocurren en otros países donde los ministerios de finanzas compensan el pago de este servicio con los desembolsos; nosotros no tenemos esa posibilidad, pero cumplimos”, complementó.

Remarcó que el país está haciendo un esfuerzo doble para cumplir con el pago de la deuda y con la compra de combustibles.

“El pago del servicio de la deuda externa está garantizado y estamos haciendo todos los esfuerzos, como señaló el Ministro de Hidrocarburos para el descarguío de combustible”.

En febrero, el presidente Luis Arce dijo que entre 2021 y 2024 el Gobierno destinó aproximadamente $us 10.000 millones para pagar la importación de combustibles y la deuda externa.

Indicó que, en 2023, la diferencia negativa entre los dólares que salieron para el pago de la deuda externa y los desembolsos de nuevos créditos fue de $us 366 millones, mientras que en 2024 la diferencia se elevó a $us 852 millones.

De acuerdo con los datos del Ministerio de Economía y Fianzas Públicas, en 2022 Bolivia pagó $us 1.810 millones por el servicio de la deuda externa, en 2023 fueron $us 1.491 millones y en 2024, $us 1.526 millones.

El Gobierno acatará la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de suspender la aplicación de la disposición séptima de la Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, calificada por varios sectores como una norma “confiscatoria”.

El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, dijo que aún no han sido notificados; pero dijo que el Gobierno es respetuoso de las normas y la Constitución Política del Estado.

“No hemos sido notificados oficialmente, pero como Gobierno que respeta la Constitución y las resoluciones de los demás Órganos del Estado, por supuesto que tendremos que acatar. Todavía no sabemos qué es lo que ha resuelto; entiendo que debe ser respecto a la admisión del amparo o el recurso que han presentado las personas que están interesadas sobre este tema”, explicó a los medios de comunicación.

La disposición establece que “con la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales, se faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos; a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos».

Varios sectores rechazan la norma, conformaron el Comité Multisectorial para rechazar la medida y este lunes anunciaron una marcha a La Paz el 24 de marzo. Inicialmente la caminata debía realizarse esta semana desde Patacamaya; sin embargo, decidieron postergarla y que sea desde la Apacheta.

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Disposición

El comité, compuesto por productores, exportadores, industriales, gremiales, transportistas y cívicos, reclamó la falta de seguridad jurídica y violación a la propiedad privada.

Silva calificó de política la movilización y señaló que sus impulsores “se han acobardado de marchar de Patacamaya a La Paz”; porque “les ha asustado la distancia, el frío y las consecuencias que podría tener una marcha de estas características; especialmente para los gorditos que no están acostumbrados a caminar, a marchar, y lógicamente esto ha provocado que retrocedan”.

Asimismo, dijo que no existe razón para esa movilización a la que calificó de “política”; por lo que considera que “por más que se deje sin efecto la disposición séptima de la Ley Financial “ellos van a seguir insistiendo en realizar actividades estrictamente políticas”.

Argumentó que a su exigencia sumaron otras demandas, como su rechazo a los contratos por el litio, el abastecimiento de diésel, dotación de dólares y los precios de la canasta familiar.

“No va a lograr absolutamente nada; sino que empeora el contexto nacional”, complementó.

Este lunes, el TCP suspendió provisionalmente la aplicación de la polémica disposición adicional séptima de la Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025; al admitir una acción de inconstitucionalidad presentada por el diputado Miguel Roca, de Comunidad Ciudadana (CC).

El Gobierno y los productores trabajan para acordar el precio justo de la leche para el sector y para el consumidor final, que será establecido en una ley, informó este lunes el viceministro de Política de Industrialización, Luis Siles.

Asimismo, garantizó que el Gobierno entregará productos subvencionados y otros para abaratar los costos de producción lechera.

Siles se reunió este lunes con dirigentes de los productores lecheres de Santa Cruz, como parte de una agenda de reuniones con este sector en La Paz y Cochabamba.

“Lo que estamos haciendo es actualizar esta ley para que el precio de la leche sea el justo para los productores de leche y para el consumidor final”, afirmó y recordó que la actual banda de precios que rige para el litro de leche se fijó en otra ley que fenece en su vigencia el próximo 24 de abril.

Tras el encuentro, Siles dijo que existe el compromiso de regularizar entrega de maíz a precio subvencionado del 55% a los productores lecheros y subproductos de soya, para abaratar los costos de producción.

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Leche

“Todo se está viendo de acuerdo a la estructura de costos para que tengamos un precio justo para los productores lecheros; pero también un precio justo para el consumidor final”, dijo.

Al respecto, Eduardo Cirbián, presidente de la Federación Departamental de Productores de Leche (Fedeple), dijo que la reunión con el Gobierno fue productiva y confía en que hasta la siguiente semana se definirá el precio final del producto.

“Hay grandes avances, el requerimiento que necesita el sector lechero lo estamos viendo con buenas perspectivas para abaratar los costos; la próxima semana iniciaremos el diálogo para definir el nuevo precio de la leche”.

Recordó que, en una reunión nacional, el sector definió que se debe implementar un nuevo precio al producto según la hoja de costos. Reconoció que recibir maíz y cascarilla de soya a precios subvencionados ayudará mucho al sector.

Debido a la escasez de diésel y la falta de dólares, productores lecheros advirtieron hace unos días que el costo de producción supera los Bs 5 por litro; mientras que el precio regulado por el Gobierno para el sector se mantiene congelado entre Bs 3,50 y Bs 3,60.