La Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento este miércoles ante el aumento de la conflictividad social derivada de la crisis económica en el país, marcada por la escasez de dólares, el desabastecimiento de combustibles y el alza de precios de alimentos, medicamentos e insumos básicos.

El organismo destacó que sectores como transportistas, empresarios y comerciantes han expresado su malestar y anunciado medidas de presión, exigiendo respuestas urgentes del Estado. Este miércoles, por ejemplo, dos sectores anunciaron protestas por el encarecimiento de la vida en general y por la escasez de combustibles.

“Se exhorta a las autoridades de Gobierno, en sus diferentes niveles, a optimizar la gestión de la conflictividad en el país. Esto implica priorizar el diálogo como mecanismo de resolución de controversias y atender las demandas de los sectores movilizados, con el propósito de prevenir la agudización de los conflictos, proponer soluciones viables y transparentes”, señala al respecto el pronunciamiento.

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Defensoría

La Defensoría reconoció que la Constitución Política garantiza el derecho a la protesta como «mecanismo legítimo para expresar demandas», pero advirtió que este derecho «tiene límites cuando se adoptan actitudes hostiles». Por ello, instó a los movilizados a actuar «de manera pacífica y dentro del marco legal».

Citando jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el organismo recordó que las fuerzas policiales deben emplear la fuerza de manera «legítima, necesaria y proporcional», respetando los derechos humanos durante las intervenciones.

Exhortó a las autoridades a buscar el diálogo para gestionar la conflictividad, para de esta manera “asegurar el bienestar general y la convivencia pacífica de todas y todos los bolivianos”.

La Defensoría señaló que la escasez de divisas y combustibles ha generado un «encarecimiento de la canasta familiar» y afectado actividades económicas, lo que ha derivado en protestas en varios departamentos.

El organismo anunció que mantendrá un monitoreo constante de la situación para «proteger los derechos humanos» y promover «iniciativas que fortalezcan la convivencia pacífica».

Sin tomar partido, la Defensoría subrayó su rol constitucional de velar por la dignidad humana y pidió a todos los actores priorizar el diálogo en un escenario donde la tensión social podría escalar si no se abordan las causas estructurales de la crisis.

Un grupo de al menos 500 transportistas destruyó el martes con maquinaria pesada un puesto de cobro de peajes de Vías Bolivia en Ivirgarzama, Cochabamba, en medio de protestas vinculadas a la escasez de combustibles.

El viceministro de Transporte, Enrique Ponce de León, anunció que se iniciarán acciones legales contra los responsables bajo el artículo 223 del Código Penal, que sanciona la destrucción de bienes estatales.

Según el funcionario, los atacantes superaron en número a los cinco policías y personal de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) que custodiaban el lugar.

«Condenamos estos actos y llamamos a respetar las leyes que mantienen el orden jurídico», declaró Ponce de León, tras señalar que el incidente se enmarca en convocatorias de algunos sectores del transporte a no pagar peajes ni impuestos.

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Transportistas

El dirigente del Transporte Pesado de Oruro, Jorge Gutiérrez, había anunciado el lunes que su sector suspendería el pago de tributos y peajes ante la imposibilidad de acceder a divisas para adquirir combustibles, medida que propuso el Gobierno para aliviar la escasez de carburantes.

El viceministro advirtió que tales llamados constituyen «instigación pública a no pagar tributos», delito penado por el Código Tributario.

El Gobierno reiteró que la red vial nacional depende financieramente del cobro de peajes, y que su destrucción afecta la mantención de carreteras, por lo que la medida es contraproducente para el propio sector. Por ello, Ponce de León instó a los transportistas a no seguir consignas que violen la ley, mientras la tensión por la falta de diésel y gasolina agudiza el conflicto entre el sector y el Estado.

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) anunció el domingo que esta semana se debe regularizar el suministro de combustible, pero el transporte pesado denuncia que no se cumplió el compromiso, por lo que se declaró en quiebra.

Tal como se había anunciado, este miércoles la ciudad de El Alto amaneció bloqueada por transportistas que reclaman la escasez de combustibles que atraviesa el país y la falta de respuesta del Gobierno.

La Federación Andina de Choferes Primero de Mayo de El Alto anunció 42 puntos de bloqueo en la ciudad, pero la Policía solo reportó 24 puntos a primeras horas de la mañana. Se prevé que otros sindicatos se sumen al paro conforme pasa el día.

El motivo de la protesta es la escasez de carburantes que golpea con fuerza a los transportistas. De acuerdo con los dirigentes del sector, los conductores no pueden trabajar debido a que se pasan todo el día en las estaciones de servicio para poder cargar gasolina.

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El Alto

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), anunció la noche del martes que incrementaría los volúmenes de despacho de carburantes al 100%, luego de varias semanas de reducción al 50% que generó las filas y el descontento en los surtidores.

Sin embargo, pese al anuncio, los choferes ratificaron el paro de este miércoles y lo acatan con fuerza, castigando a los conductores que siguen operando pese a la decisión del sector.

La Policía, por su parte, desplegó 500 efectivos para garantizar la normal transitabilidad de la ciudadanía ante el bloqueo. Asimismo, YPFB aseguró que se tomarán las previsiones necesarias para que los camiones cisternas lleguen a las estaciones de servicio de El Alto.

Ante la medida de presión, la ciudadanía optó por el transporte por cable de Mi Teleférico para trasladarse.

De no atenderse el suministro inmediato de combustibles que exigen, los transportistas advirtieron con radicalizar las protestas y tomar otro tipo de medidas más radicales.

Tras la conclusión de la denominada Cumbre por la Democracia y la Estabilidad a la que convocó el Gobierno, el expresidente Evo Morales calificó al encuentro como un “insulto” y “distracción” diseñado para ocultar el “sufrimiento del pueblo”.

Morales afirmó que el acuerdo alcanzado no resuelve de forma estructural la crisis económica, ya que las largas filas para adquirir combustible, la falta de dólares y la escasez de alimentos seguirán siendo la realidad diaria para los bolivianos. Asimismo, enfatizó que la inflación y el alza de precios continuarán erosionando el poder adquisitivo de la población.

El expresidente subrayó que Bolivia necesita un cambio radical en la gestión económica, orientado al bienestar del pueblo y la patria, y rechazó la dependencia del endeudamiento y la limosna internacional como soluciones paliativas.

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Morales

“El presidente (Luis Arce), sus ministros y otras autoridades deben compartir el dolor del pueblo que sufre hambre, desempleo y recesión”, expresó Morales, denunciando además que las pugnas políticas y los intereses particulares han dejado al país sin una respuesta efectiva ante la crisis.

En el encuentro convocado por el Gobierno en la Casa Grande del Pueblo, representantes de distintos órganos del Estado y fuerzas políticas se reunieron con el objetivo de buscar la estabilidad en medio de la crisis de abastecimiento.

Durante dicho encuentro se rechazó el intento de acortar el mandato del presidente Arce y se reafirmó la realización de las elecciones generales para el 17 de agosto.

Los participantes destacaron que “el diálogo y la democracia son el mejor camino para la convivencia y el desarrollo económico y social”, un mensaje que, según Morales, resulta una maniobra para desviar la atención de los problemas estructurales.

Para Morales, esta situación demuestra el fracaso del actual modelo de gestión económica, que ha llevado al país a enfrentar una severa crisis que afecta a todos los sectores. E

Por ello, el exmandatario hizo un llamado a implementar una política de austeridad real, que ponga fin al “derroche y a la corrupción” y que garantice un cambio profundo en favor de los trabajadores y las familias bolivianas.

Pese a las dificultades para abastecerse de diésel, la cosecha de soya avanza en un 20%, según la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO). De acuerdo con el presidente de la institución, Klaus Frerking, se logró el levantamiento de unas 250.000 hectáreas de soya de las 1,2 millones que se proyecta cosechar.

“Van siendo cosechadas el 20%, estamos hablando de 200.000, 250.000 hectáreas, esperemos que el diésel oportuno esté. El ciclo de cosecha es innegociable, tenemos que cosechar hasta finales del próximo mes toda la soya para iniciar la siembra de invierno”, afirmó el presidente de agro cruceño este martes.

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Soya

De acuerdo con Frerking, en caso de lograrse la cosecha del 80% restante se pone en riesgo la seguridad alimentaria de todo el país, debido a que de la soya se producen varios alimentos y es esencial para alimentar al ganado y todos sus derivados.

Por ello, lamentó que todavía, pese a la insistencia del sector, todavía no se garantice combustible para realizar el levantamiento de toda la soya que además representa ingresos de $us 2.000 millones en exportaciones.

“La solución la tiene el Estado y es el responsable de dar esta solución a todos los ciudadanos (…), tienen que estar las decisiones a la altura”, señaló.

En criterio de Frerking, el Gobierno ha perdido credibilidad, debido a que se compromete con varios sectores para garantizar el abastecimiento de carburantes, pero las palabras no se traducen en hechos.

En ese sentido, espera que hasta finales de abril las autoridades provean diésel al sector o le permitan, de manera irrestricta, importar el carburante para garantizar la cosecha.

El Gobierno, por su parte, afirmó que los 27 millones de litros de combustible que demanda el agro están garantizados. El ministro de Desarrollo Rural, Yamil Flores, indicó que la seguridad alimentaria no está en riesgo y que la cosecha dura más de 45 días, por lo que pidió al sector no “alarmar” a la población.