La paralización en la entrega de certificados de abastecimiento interno para la exportación de soya genera preocupación en los productores, quienes dicen que podrían enfrentar pérdidas económicas que podrían alcanzar los $us 250 millones.

Jaime Hernández, gerente general de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), señaló que la venta externa se detuvo desde el 1 de enero, afectando gravemente a los agricultores.

“Esta situación está generando serios perjuicios económicos a todos los productores, sin distinción de tamaño. Ya se observa una disminución en el precio de los granos de soya en el mercado local, que es inferior al precio de exportación. Estimamos que las pérdidas potenciales podrían superar los 250 millones de dólares”, dijo Hernández en entrevista con Unitel.

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Soya

Anapo recordó que el Decreto Supremo 3920, vigente desde 2019, garantiza la exportación del 60% de la producción nacional de soya, previa verificación de abastecimiento interno y precios justos.

Sin embargo, la falta de emisión de los certificados necesarios ha paralizado las ventas al exterior, lo que ha generado un reclamo unánime entre los productores que denuncian un desincentivo a la producción y acusaron que se trata de una medida que busca la extorsión del sector.

“Pedimos al Gobierno que cumpla con la normativa y emita los certificados de abastecimiento interno y precio justo. Los productores necesitan recibir un precio correcto por su producción, que es el precio de oportunidad de exportación”, explicó el ejecutivo.

Hernández también mencionó que los dirigentes de los pequeños productores informarán a sus bases sobre la situación y evaluarán las acciones a seguir en los próximos días.

Mientras tanto, el Gobierno no se pronunció al respecto, ni para justificar el supuesto veto a las exportaciones de soya o para desmentir al sector productor.

Durante la rendición pública de cuentas en Sucre, el presidente de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Marcel Claure, reveló que en el 2024 se destinó una inversión de más de Bs 2.609 millones en proyectos de la red vial fundamental.

Esta cifra se deriva de un presupuesto inicial de Bs 3.429 millones, ajustado a Bs 3.861 millones, del cual se ejecutaron las siguientes partidas: Bs 1.974 millones para construcción, Bs 291 millones para rehabilitación, Bs 301 millones para conservación y Bs 41 millones para estudios de pre inversión.

Claure destacó que durante la gestión se concluyeron 15 proyectos de construcción, entre ellos el Túnel Incahuasi en el departamento de Chuquisaca, y se avanzó significativamente en la Doble Vía Santa Cruz – Yamparáez, con la entrega del tramo Muyupampa – Ipati en mayo de 2024.

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ABC

Además, se iniciaron 11 nuevos proyectos en diversas regiones, abarcando desde puentes en La Paz hasta tramos viales en Tarija y Oruro.

El presidente de la ABC subrayó que el trabajo realizado no solo mejora la conectividad vial, sino que también contribuye al desarrollo económico y social del país, al facilitar el acceso a servicios esenciales y potenciar la inversión regional.

«En el 2024 se invirtieron más recursos que en gestiones anteriores, y el desafío para el 2025 es seguir creciendo a pesar del contexto económico complicado», afirmó Claure.

Asimismo, la ABC implementó el Plan de Conservación Vial, que permitió mantener en óptimas condiciones 12.494 kilómetros de carreteras, con una inversión de Bs 317 millones.

De igual forma, el Plan Lluvias 2024-2025, con un presupuesto de Bs 47,4 millones, según Claure, fue fundamental para responder a emergencias, mediante la movilización de maquinaria y personal especializado en zonas afectadas por fenómenos meteorológicos.

Para esta gestión se tiene previsto destinar un monto similar, para mantener en las mejores condiciones la red vial fundamental y permitir la conexión entre todos los departamentos y regiones del país.

Luego de observar restricciones a las exportaciones de soya, el sector productor calificó a estas acciones como «medidas extorsivas» que afectan la producción y generan escasez en el mercado interno.

Oswaldo Barriga, presidente de la Cámara de Exportadores, Logística y Promoción de Inversiones de Santa Cruz (Cadex), criticó duramente el «modelo intervencionista» del Gobierno, que paralizó la entrega de certificados de abastecimiento interno, necesarios para exportar productos como la soya.

«Ese intervencionismo genera desincentivo productivo, el desincentivo productivo genera escasez. Nosotros deberíamos tener libertad de exportación. Hace un año, en un ampliado del Gobierno nacional con la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), se comprometió la liberación de exportaciones. ¿Dónde está?», cuestionó Barriga en conferencia de prensa.

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Medidas

El dirigente recordó que, desde diciembre pasado, se acentuaron las restricciones a las exportaciones, primero con el aceite y luego con la carne de res.

«No cumplís con algo y te restringen la exportación. Es extorsiva esa medida. Bolivia necesita tener libertad de exportaciones, eliminar las bandas de precios, eliminar los cupos», protestó.

Barriga señaló que estas políticas no solo afectan a los productores, sino también a la economía nacional, ya que limitan la captación de divisas necesarias para la compra de insumos y la estabilidad económica.

«Cada vez que controlan el precio de algún producto, se va de contrabando a Perú, Argentina, Brasil. Mientras tanto, nos tildan de políticos a nosotros. Nosotros solo queremos trabajar, producir, invertir, exportar y generar empleo», agregó.

Rechazo

Señaló que, a pesar de los desafíos climáticos y productivos del año pasado, el sector soyero alcanzó una producción de más de 2 millones de toneladas de soya, mientras que la demanda interna es de apenas 800.000 toneladas, según datos de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo).

Sin embargo, las restricciones a las exportaciones han generado un excedente que no puede ser comercializado en el exterior, afectando los ingresos de los productores, quienes deben comercializar a un precio más bajo en el mercado interno.

«Todo el tiempo hay algún tipo de restricción. Cada vez que alguien se queja de que un precio está caro, en vez de verificar que se está yendo de contrabando, restringen la exportación», fustigó Barriga.

El Gobierno no se pronunció todavía sobre el tema de la paralización de la exportación de soya, pero en medidas pasadas, como con la carne y el aceite, dijo que se busca proteger la economía de la población y el acceso a productos a precios justos.

El director general del Instituto Nacional de Estadística (INE), Humberto Arandia, informó este lunes que, en el marco del Censo de Población y Vivienda realizado en marzo de 2024, se inició una revisión técnica externa a cargo de un equipo internacional liderado por el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía de la CEPAL y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

“Esta revisión, que forma parte integral del cronograma censal, comenzó a principios de este año y se espera que su fase final se realice entre el 2 y el 13 de junio de 2025. El objetivo de esta revisión es asegurar que los datos del censo cumplan con los más altos estándares internacionales de calidad”, sostuvo Arandia.

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Censo

Los expertos evaluarán la consistencia de la información recolectada, la cobertura del censo y su coherencia con otras fuentes de datos del país, aspectos cruciales para garantizar la transparencia y fiabilidad de los resultados.

Esta revisión se realizó tras el rechazo generalizado de todos los departamentos a los resultados del Censo, que arrojaron que la población de país es de 11.312.620 habitantes. Sin embargo, algunas regiones, como Santa Cruz, consideran que este dato no es correcto.

Al respecto, Arandia dijo que el proceso de revisión es una práctica internacional recomendada y refuerza con la transparencia en la gestión estadística. 

Señaló que los resultados de este estudio técnico serán fundamentales para la entrega de los datos generales de población y vivienda, que se presentarán en agosto de 2025.

Tras la presentación preliminar, se realizaron diversas socializaciones en los nueve departamentos y se organizó una mesa técnica nacional con representantes de ocho de ellos, excluyendo Santa Cruz.

De acuerdo con el director del INE, ni un municipio ni una organización social o autoridad cruceña asistió a las mesas técnicas para explicar los resultados del censo.

Arandia defiende que se trató de un estudio estrictamente técnico, participativo, moderno y el más “transparente en la historia” del país.

Rusia espera que la Asamblea Legislativa de Bolivia apruebe en los próximos días el contrato de producción de carbonato de litio firmado entre Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y la empresa rusa Uranium One Group.

“Según la legislación de Bolivia, el contrato debe ser aprobado por la Asamblea Legislativa. El documento fue firmado en septiembre del año pasado. Sin embargo, debido a la situación política interna, el proceso se ha retrasado, aunque desde principios de 2025 hemos observado ciertos avances positivos”, señaló Dmitry Verchenko, embajador de Rusia en Bolivia, citado por la Agencia Boliviana de Información (ABI).

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Contrato

El contrato, que fue aprobado en enero por el Comité de Energía e Hidrocarburos de la Cámara de Diputados, se encuentra actualmente en la Comisión de Economía Plural, Producción e Industria para su revisión.

El presidente de la Cámara de Diputados, Omar Yujra, aseguró que la sesión de la comisión se realizará en los próximos días, lo que permitiría avanzar hacia su debate en el pleno de la Asamblea.

Verchenko reconoció que existen “ciertas cuestiones” que podrían complicar la aprobación del contrato, especialmente en la Cámara de Senadores, pero expresó su confianza en que prevalezca el “sentido común”.

“La aprobación de este contrato en la Cámara Alta de la Asamblea parece más complicada, pero confiamos en el triunfo del sentido común”, afirmó.

Litio

El acuerdo, firmado en septiembre de 2024, permitirá la producción de 14.000 toneladas de carbonato de litio al año en el salar de Uyuni, utilizando la tecnología de Extracción Directa de Litio (EDL), con una inversión de $us 970 millones.

Sin embargo, otro contrato con la empresa china Hong Kong CBC puso en relieve las tensiones que existen en torno al tema del litio, pues diversos sectores de Potosí y de la oposición mostraron su rechazo al acuerdo.

Consideran que mientras no exista una ley del litio no se puede aprobar ningún contrato ni convenio, pues no se tendrá una normativa clara.

El Gobierno, por su parte, advierte en que el país podría desaprovechar el recurso, del cual posee las mayores reservas naturales, por lo que pidió que se deje de lado la politización y se realice un análisis técnico y económico.