El empresario cruceño y exministro Branko Marinkovic afirmó que “un gobierno de ignorantes” arriesga la exportación de 3 millones de toneladas de soya.

“Por culpa de este gobierno de ignorantes antiproductivos, el agro cruceño se puede perder de exportar 3 millones de toneladas de soya”, publicó en sus redes sociales el otrora ministro de Economía en el régimen de Jeanine Áñez.

Así, el político que anunció su candidatura a las elecciones generales –que no cuenta con un partido aliado para su participación– se refirió a la suspensión de la entrega del Certificado de Abastecimiento Interno, requisito habilitante para la exportación de soya.

El lunes, la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) denunció la medida que implementó el Gobierno sin previo anunció.

Branko Marinkovic

El Decreto Supremo 3920, de 2019, señala que, a principios de enero de cada año, se debe liberar el equivalente a un 60% de la producción de soya del año anterior.

Según el gerente de Anapo, Jaime Hernández, dicho certificado debe ser emitido hasta el 10 de enero de cada año, sin embargo, a la fecha de la denuncia, los documentos no fueron entregados.

Entretanto, el Gobierno, a través del ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores, anunció que convocará a los soyeros y ganaderos para analizar el abastecimiento interno, la producción primaria y las exportaciones. Actualmente, ambos esos dos sectores no tienen aval del Gobierno para exportar sus productos.

“Sería una tragedia sin precedentes (la pérdida de esa exportación). Nada va a cambiar en Bolivia si seguimos votando a los mismos de siempre”, agregó Marinkovic.

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y las empresas operadoras programaron para este año una inversión de $us 703,7 millones para el sector hidrocarburífero, con prioridad en actividades de exploración y explotación (upstream).

La inversión sectorial programada para esta gestión es la más alta de los últimos cinco años.

“Aproximadamente el 72% del monto total programado para ser invertido en 2025 en el sector hidrocarburos, se destinará a las actividades de exploración y explotación”, destacó Armin Dorgathen Tapia, presidente de YPFB.

El restante 28% de las inversiones serán para actividades de la cadena productiva del sector hidrocarburos; como ser redes de gas, transporte, industrialización y plantas, refinación, almacenaje, comercialización y otras inversiones.

Lea más: En 2025, YPFB proyecta despachar 335 millones de litros de combustibles a Oruro

YPFB

Asimismo, Dorgathen detalló que YPFB Casa Matriz tiene una participación del 45,35% ($us 319,14 millones), las empresas filiales y subsidiarias de YPFB Corporación participan con el 43,25% ($us 304,32 millones). Mientras que las empresas operadoras YPF E&P Bolivia S.A., Petrobras Bolivia S.A., Repsol E&P Bolivia S.A., Matpetrol S.A.; Vintage Petroleum Boliviana LTD., Total Energies EP Bolivie y Canadian Energy Enterprises S.R.L. Bolivia, registran una participación del 11,40% ($us 80,24 millones).

Entre los proyectos que se priorizarán destacan las perforaciones exploratorias de los pozos Bermejo-X46D, Yapucaiti-X1, Iñau-X3D, Vitiacua-X1, Remanso-X2; Mayaya Centro-X2, Mayaya Centro-X3 y la investigación estratigráfica de los pozos Tomachi-X1 IE y Tomachi-X2 IE. Además, se realizará la sísmica en Tatarenda y la explotación de las áreas Mamoré I y Surubí.

“Vamos a seguir trabajando arduamente en estos proyectos grandes que apuntan a buscar megacampos, situación que permitirá cambiar la tendencia en la curva de producción que tenemos de gas en el país”, mencionó el titular de la estatal petrolera. 

Además, se tiene previsto entregar la Planta de Biodiésel II Héroes de Senkata, la implementación de la distribución nacional de gas natural por redes, la construcción de redes de gas domiciliario, entre otros proyectos importantes.

En 2024, el presupuesto de inversión programado alcanzó a $us 628,95 millones; mientras que en el 2023 llegó a $us 539,74 millones.

La carretera nueva entre Santa Cruz y Cochabamba continúa bloqueada por pobladores de Yapacaní que este miércoles cumplen el segundo día de la medida de presión en demanda de un proyecto de electrificación que debe ser ejecutado por la Gobernación de Santa Cruz.

Once comunidades se mantienen firmes en la medida y aguardan la presencia de autoridades departamentales para iniciar el diálogo y definir las fechas para el inicio de obras.

Producto de la protesta, decenas de vehículos permanecen varados en ambos carriles; provocando malestar y reclamos de parte, principalmente, de los transportistas que llevan productos para exportación.

Según los pobladores, el proyecto requiere una inversión de Bs 6,7 millones y es esperado desde 2022.

Asimismo, indicó que exigen fechas concretas de inicio y finalización de cada etapa del proyecto; y diálogo con la gobernación para atender las inquietudes de las comunidades afectadas.

Aguardan para esta tarde un encuentro con autoridades de la Gobernación para que escuchen sus demandas y advierten que el bloqueo es indefinido y en caso de no recibir una respuesta concreta en 72 horas, radicalizarán sus medidas.

Lea más: Pobladores de Yapacaní instalan un bloqueo en la vía Santa Cruz-Cochabamba

Yapacaní

Los más afectados con la medida son los productores y exportadores que se ven impedidos de enviar su producción.

Por ejemplo, los productores de banano no pueden sacar su producción de exportación; lo que genera grandes pérdidas económicas, según Rolando Morales, presidente de la Cámara Agropecuaria de Cochabamba.

“Más de 22 mil familias estamos altamente preocupados, más aún cuando estamos tratando difícilmente de mantener el mercado de la exportación a Argentina. Para explicarles que por día, en un bloqueo, el sector bananero, solo el sector bananero pierde 150.000 dólares diario”, dijo Morales en Unitel.

Asimismo, recordó que esa ruta se transportan alimentos de oriente a occidente.

La diputada potosina Mónica Torres de Comunidad Ciudadana (CC), fue evacuada este martes de la Asamblea Legislativa tras cinco días de huelga de hambre, medida que adoptó para exigir la anulación de los contratos de explotación de litio firmados con empresas extranjeras y mayor transparencia en el manejo de este recurso estratégico.

La legisladora presentó un deterioro en su salud y fue trasladada en ambulancia a un centro médico para recibir atención especializada.

Torres inició la huelga el jueves pasado, denunciando irregularidades en la aprobación del proyecto de ley que avala el contrato con la empresa china Hong Kong CBC en la Comisión de Economía Plural de la Cámara de Diputados.

“Estamos instalando un primer piquete de huelga en la Asamblea con la intención de que el Gobierno reaccione y anule estos contratos”, declaró al inicio de su protesta.

Puede leer: El Gobierno quiere destinar el préstamo para COVID al voto exterior de las elecciones

Litio

Los contratos en cuestión, firmados en 2024 con la rusa Uranium One Group y el consorcio chino CBC, suman una inversión de más de $us 2.000 millones y contemplan la construcción de tres plantas para la extracción directa de litio en el Salar de Uyuni.

Sin embargo, Torres y otros críticos aseguran que estos acuerdos no fueron consultados con la población potosina y carecen de transparencia, además de ser desfavorables para el Estado.

La diputada también cuestionó la falta de representatividad de los legisladores potosinos, señalando que, pese a que Potosí cuenta con 13 diputados y cuatro senadores, solo ella acató el mandato de las organizaciones cívicas que exigen la anulación de los contratos.

“El abuso del Gobierno intenta acelerar la explotación del litio sin haber concertado con la gente del lugar”, afirmó.

Sin embargo, el oficialismo insiste en que los contratos son favorables para el país y continuará con su socialización, para explicar a las comunidades los alcances e implicancias de los acuerdos firmados.

La dirigencia del transporte pesado anunció este martes que realizará inspecciones en varias carreteras del país, las cuales, según denuncian, se encuentran en pésimas condiciones. Además, no descartan dejar de pagar los peajes en todas las trancas como medida de presión ante la falta de mantenimiento y la opacidad en el uso de los recursos recaudados.

Oscar Reynolds, dirigente del sector, informó que ya se presentó un reclamo formal a las autoridades de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y que se llevarán a cabo inspecciones en rutas críticas, como Sucre-Monteagudo y Sucre-Santa Cruz.

“La situación es crítica. En Cochabamba, por ejemplo, no se ha hecho mantenimiento alguno”, afirmó Reynolds.

Puede leer también: El Gobierno quiere destinar el préstamo para COVID al voto exterior de las elecciones

Carreteras

El dirigente cuestionó el manejo de los Bs 720 millones que la ABC recauda anualmente para el mantenimiento de las carreteras.

“El 83% de estos recursos se destina a la ABC y el resto a gastos operativos. Queremos saber cuántas empresas están realizando los trabajos, qué tipo de mantenimientos se están haciendo y por qué las carreteras siguen en mal estado. Son nuestros recursos los que se utilizan”, señaló.

Reynolds advirtió que, de no recibir respuestas claras y soluciones concretas, los transportistas dejarán de pagar los peajes. “En caso de no tener resultados de los informes, no pagaremos peajes”, afirmó.

Los transportistas destacaron que el mal estado de las carreteras, con baches y falta de señalización, no solo provoca accidentes, sino también daños a las unidades de transporte, lo que afecta directamente su actividad económica.

Se espera que en los próximos días las autoridades de la ABC emitan un pronunciamiento sobre estas denuncias. Mientras tanto, el sector del transporte pesado mantiene su postura firme y prepara las inspecciones para evidenciar las deficiencias en las vías nacionales.