La Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype) denunció públicamente que el Gobierno adquirió gorras de fabricación china para las celebraciones del Bicentenario, dejando de lado a los productores bolivianos.

Esta acción, de acuerdo con el sector, contraviene el Decreto Supremo 4505, que promueve la compra de productos nacionales como parte de la política de sustitución de importaciones.

“Rechazamos de manera categórica que el Gobierno compre gorras hechas en China, menospreciando la mano de obra calificada de los manufactureros nacionales y violando el decreto que impulsa lo ‘Hecho en Bolivia’”, afirmó Juan Carlo Vargas, dirigente de Conamype.

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Gorras

El sector manufacturero, especialmente los confeccionistas, esperan una respuesta del presidente Luis Arce y del Ministerio de Culturas, entidad señalada como responsable de la compra.

Los dirigentes demandan que se priorice la producción nacional, sobre todo en un contexto de crisis económica donde muchas familias dependen de este sector.

Por su parte, la dirigente paceña Cinthya Magueño resaltó la capacidad de los productores locales para cubrir la demanda de productos como estas gorras.

“Se ha realizado una adquisición de más de 20.000 gorras, cuando cientos de familias bolivianas podrían haberlas fabricado”, criticó.

Ante estos reclamos, el viceministro de Defensa al Consumidor, Jorge Silva, indicó que aún no se ha recibido una denuncia formal, pero advirtió que, de comprobarse la compra, se aplicarán sanciones a los responsables.

“Es política de Estado fomentar la producción nacional, y las autoridades que no respeten esta línea pueden ser sancionadas”, señaló Silva.

Los pequeños productores ponen en duda el compromiso del Gobierno con la industria nacional y el cumplimiento de las normativas que buscan fortalecer el mercado interno y la capacidad productiva de los pequeños negocios en el país.

Luego de recibir un nuevo plazo de 72 horas para eliminar la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE), que autoriza el control y decomiso de productos, el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, calificó a estos pedidos como irresponsables e inviables.

«Algunos dirigentes están buscando protagonismo político al estilo Camacho (Luis Fernando), con cartitas y plazos que son irresponsables e inviables. Dar 72 horas para derogar o abrogar una ley refleja desconocimiento total de las competencias del Ejecutivo y es una burda politiquería con temas que son fundamentales para la economía de la población boliviana», protestó la autoridad.

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Disposición

Productores, transportistas, industriales, empresarios, exportadores, comerciantes y gremiales piden la derogación de la norma, debido a que consideran que vulnera una serie de derechos constitucionales y afectará a la producción nacional.

En Santa Cruz le dieron un plazo al Gobierno hasta el 28 de enero para eliminar la disposición confiscatoria; mientras que, en La Paz, los gremiales y la Central de Trabajadores de Bolivia (CBT) establecieron el lunes 20 como fecha máxima para que la ley desaparezca del PGE. Caso contrario, iniciarán movilizaciones y medidas de presión.

Por ello, el viceministro Silva recalcó que estas medidas no son viables y, sobre todo, reflejan un claro trasfondo político en sus advertencias. En ese sentido, hizo un llamado para no dejarse manipular con ese tipo de declaraciones.

«Es inaceptable que algunos dirigentes, en lugar de defender los intereses reales de su sector, indirectamente respalde actividades que perjudican a la población, a las organizaciones criminales que almacenan productos no para abastecer el mercado interno, sino para fomentar el contrabando, afectando la economía de todos los bolivianos”, protestó Silva.

Asimismo, reiteró que la disposición busca combatir el agio, la especulación y el contrabando, por lo que no afectará a quienes operen de manera regular, bajo la normativa vigente.

La reciente decisión del Gobierno de ampliar de uno a tres años la autorización para la importación de diésel y gasolina fue bien recibida por el sector productivo cruceño. Sin embargo, advierte que la falta de dólares sigue siendo un obstáculo clave para que esta medida se traduzca en resultados efectivos.

El gerente general de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Jaime Hernández, destacó que la simplificación de trámites siempre será positiva, pero enfatizó que el acceso restringido a divisas limita la capacidad de los privados para concretar importaciones. 

“Consideramos que el acceso a divisas es la principal limitante para encarar estos procesos de importación”, sostuvo.

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Importación

El Decreto Supremo 5313, aprobado el pasado miércoles, flexibiliza los requisitos para la importación de combustibles.

Ya no será necesaria la homologación del certificado de calidad por parte del Instituto Boliviano de Normalización y Calidad (Ibnorca), bastando su presentación ante la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Además, las certificaciones de calibración podrán ser realizadas por otras instituciones, y no exclusivamente por el Instituto Boliviano de Metrología (Ibmetro).

De acuerdo con el viceministro de Industrialización, Comercialización, Transporte y Almacenaje de Hidrocarburos, Adams Hurtado, la normativa busca agilizar los procesos para importadores y compradores de combustibles. Hasta el momento, 36 empresas han obtenido autorización para importar más de 25 millones de litros de diésel.

Dólares

Pese a estas facilidades, Hernández advirtió que solo quienes logren acceder a divisas podrán aprovechar la nueva normativa para garantizar su provisión de combustibles. Además, recordó que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) sigue teniendo la responsabilidad de asegurar el abastecimiento de carburantes en el mercado interno.

El ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, señaló al respecto que los sectores del agro sí tienen acceso a dólares, debido a que la mayor parte de su producción se destina a las exportaciones, por lo que se les paga en divisas.

La medida busca aliviar la presión sobre el suministro de combustibles en el país y generar nuevas fuentes de ingreso para los sectores que se vieron desabastecidos durante 2024.

El Ministerio Público emitió una orden de citación contra Yamile Cruz Tejerina, secretaria ejecutiva de la Federación Regional Única de Trabajadores Campesinos del Sudoeste Potosino (Frutcas), por ‘impedir y estorbar’ las funciones públicas de la empresa estatal Yacimientos de Litio Boliviano (YLB).

“Por la supuesta comisión del delito de privación de libertad, impedir o estorbar el ejercicio de funciones y atentados contra la seguridad de servicios públicos ilícito, tipificado y sancionado por el código penal”, indica el documento.

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Litio

La investigación contra la denunciada inició en 2023, a instancias del expresidente de YLB Carlos Ramos.

Los motivos se refieren a la labor que tuvo Cruz Tejerina durante esa gestión, cuando junto a otras federaciones se dedicó a investigar el estado de los complejos industriales de litio y su funcionalidad.

La ejecutiva de Frutcas llegó a la conclusión de que las obras inauguradas para la industrialización del litio eran totalmente ineficientes, pues no contaban con el equipo ni la tecnología necesaria.

Cruz Tejerina se trasladó a los complejos de litio junto a otros legisladores para evidenciar que estos eran inoperantes y denunció una falta de transparencia en los contratos del Gobierno en lo que respecta al litio.

Como resultado de ello, YLB tuvo que reconocer públicamente que la mayoría de piscinas de evaporación de litio no funcionaban y que el complejo se encontraba “prácticamente abandonado”, lejos de generar la cantidad de carbonato de litio que la empresa había previsto.

A raíz del hecho se inició una auditoría interna que terminó con una decena de aprehendidos en el denominado caso piscinas YLB, por una afectación de Bs 425 millones al Estado, a causa de contratos ilícitos e incumplimiento de deberes.

Contratos

Asimismo, Cruz Tejerina cuestionó los últimos contratos de YLB con la empresa rusa Uranium One Group y el consorcio chino CBC Hong Kong, denunciando que se vende los recursos evaporíticos a las transnacionales y que hay irregularidades en el proceso de selección de estas empresas.

“Los contratos entre YLB y las transnacionales representan un preocupante regreso a la era de los gobiernos traidores que vendieron la patria. Estos acuerdos y contratos no solo son perjudiciales para Bolivia, sino que constituyen una entrega de nuestros recursos estratégicos a intereses extranjeros”, indicó la ejecutiva de Frutcas.

YLB, por su parte, desmiente este tipo de acusaciones y asegura que el Estado mantendrá la soberanía y el control sobre sus recursos, además de que obtendrá el 51% de las utilidades.

Cruz Tejerina fue citada para declarar el próximo martes a las 09.00 en el asiento provincial de la Fiscalía de Uyuni.

Este viernes, la Cámara Nacional de Comercio (CNC) reiteró su rechazo a la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE), que permite el decomiso de productos y mercancías, y pidió al Gobierno realizar una modificación consensuada a la norma.

“Demandamos que el gobierno responda al pronunciamiento planteado por el presidente de la CNC la pasada semana con una inmediata modificación consensuada en coordinación con todos los representantes de los sectores afectados, ya que es sobre las empresas comerciales que pesan las amenazas y a las que comprende con mayor sensibilidad el alcance”, indicaron en un comunicado.

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Disposición

La CNC manifestó su “asombro” por la “indiferencia” del Gobierno hacia las demandas y pronunciamientos de diferentes sectores que mostraron su rechazo a la disposición confiscatoria.

Productores, exportadores, comerciantes, industriales, gremiales, transportistas y otros sectores pidieron la derogación de la normativa que, consideran, afectará sus actividades productivas.

“Reiteramos que las empresas que se dedican al comercio formal no podemos ser sindicadas o calificadas como sospechosas por ilícitos relacionados con el agio y la especulación dolosa”, protesta en su comunicado la CNC.

La disposición, según el Gobierno, tiene el objetivo de poner fin a las actividades ilícitas como el contrabando, la especulación y el agio, confiscando los productos que se almacenen con el objetivo de ser encarecidos más adelante.

Arbitraria

Sin embargo, la Cámara advirtió que se puede utilizar la norma de “manera arbitraria” para “secuestra mercadería” que se considere que se venderá a “precios mayores de los que ellos consideran justos”.

Por ello, considera que el sector productivo y comercial es el más afectado, ya que la disposición “violenta los derechos constitucionales a la libertad de empresa y a la propiedad privada y no puede, ni debe sostenerse en un Estado de Derecho”.

Asimismo, reclaman que la medida no se consensuó previamente con el sector, por lo que no debería entrar en aplicación.

El Gobierno, por su parte, señaló que mientras no se realice una reglamentación en conjunto a todos los sectores que se consideren afectados la disposición se mantendrá “en pausa”.