En 2024, Bolivia dio la bienvenida a más de 984.000 turistas internacionales, quienes generaron un ingreso significativo de aproximadamente $us 736,6 millones, informó el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca.

“El año 2024, Bolivia ha recibido a más de 984.000 turistas extranjeros, quienes han aportado a la economía del país con alrededor de 736,6 millones de dólares en divisas,” declaró la autoridad el domingo, en una celebración con motivo del Día Nacional del Turismo que se festeja cada 12 de enero.

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Turismo

Huanca explicó que, en comparación con el año 2023, el número de visitantes muestra un “leve decremento” debido a los “bloqueos injustificados” por parte de ciertos sectores y políticos, los cuales afectaron tanto a la población como a la economía nacional.

De acuerdo con el Gobierno, en 2024 el país estuvo paralizado por más de 40 días a causa de las medidas de presión del ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS), lo que desincetivó las actividades turísticas.

No obstante, “a pesar de estos inconvenientes, se ha registrado un aumento del 7% en los ingresos de divisas, que podría haber sido aún mayor de no ser por los bloqueos,” añadió el ministro.

La autoridad destacó que Bolivia posee un “enorme” potencial turístico que genera ingresos, empleo y contribuye a la diversificación de la economía.

«Potencial»

“El turismo no solo impulsa nuestra economía, sino que también promueve la cultura, el patrimonio y la identidad de nuestro Estado Plurinacional. Bolivia es rica en diversidad cultural y posee una vocación turística natural y ancestral, con un potencial inmenso en estas áreas,” subrayó Huanca.

Asimismo, resaltó que los diversos paisajes andinos, amazónicos y chaqueños, las ciudades coloniales y las tradiciones ancestrales convierten a Bolivia en un destino atractivo y único para visitantes de todo el mundo.

“En el marco de la Ley General del Turismo, ‘Bolivia Te Espera’ , los bolivianos debemos seguir trabajando unidos para promover y fortalecer la actividad turística como un motor clave para el desarrollo económico y social del país,” exhortó Huanca.

Por su parte, el viceministro de Turismo, Hiver Flores, auguró que 2025 será un año con mejores ingresos y resultados para el sector, debido a todas las actividades que se tienen planificadas por el Bicentenario.

El Ministerio de Defensa inició el proceso de reclutamiento para el Servicio Militar Obligatorio del Primer Escalón 2025, el cual se extenderá hasta el 15 de febrero. Desde días previos al anuncio oficial, se observaron largas filas de jóvenes aspirantes que pernoctaron en los alrededores de diversos cuarteles del país, con la esperanza de asegurar un cupo.

Los requisitos para postularse incluyen la presentación del certificado de nacimiento, la cédula de identidad vigente (en original y fotocopia) y tener entre 18 y 22 años de edad. Además, los postulantes deben presentar un análisis de grupo sanguíneo validado por el área de biotecnología.

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Servicio

Para las mujeres interesadas, se exige el resultado de una prueba de embarazo en sangre, realizada durante la misma semana del reclutamiento.

Una vez admitidos, los nuevos reclutas deberán abrir una cuenta en el Banco Unión para recibir el denominado “socorro”, un estipendio mensual destinado a los conscriptos.

En el caso de los varones de 17 años, pueden inscribirse presentando una carta notariada de autorización y deben cumplir los 18 años antes de finalizar su servicio.

El Ministerio de Defensa habilitó más de 130 unidades militares para el reclutamiento en todo el territorio nacional y se cuenta con 21.000 cupos para los interesados en cumplir con el servicio.

El Servicio Militar es una obligación cívica que permite a los jóvenes contribuir a la seguridad y defensa del país, además de acceder a beneficios como formación técnica y profesional.

El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, anunció que el Gobierno analiza otorgar insumos como azúcar, manteca y levadura a precio preferencial al sector panificador, con el objetivo de evitar el incremento en el precio del pan de batalla, que actualmente se mantiene en Bs 0,50 por unidad.

Esta propuesta surge luego de que los panificadores exigieran un ajuste en el precio del pan, argumentando un aumento considerable en los costos de producción.

“La propuesta nuestra es atender todas las demandas del sector, garantizar la harina subvencionada y ver cómo facilitar azúcar, levadura y manteca a precios preferenciales”, explicó Silva.

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Pan

Pese a que el Gobierno aseguró que incrementará la cantidad de harina subvencionada, los panificadores sostienen que el ingreso de Bs 0,50, que se mantiene desde hace más de 10 años, no es suficientes para cubrir el costo de vida.

Por ello, el próximo lunes se realizará una reunión con la dirigencia del sector panificador para discutir las posturas de ambas partes y encontrar una alternativa que no “perjudique a la población”.

Además, Silva aseguró que el suministro de insumos clave como el combustible, principalmente gas utilizado en la producción de pan, está plenamente garantizado.

El viceministro subrayó la importancia de alcanzar acuerdos que brinden estabilidad y certidumbre a la población respecto al precio del pan. No obstante, lamentó que ciertas posturas dentro del sector dificulten el avance de las negociaciones.

Algunos dirigentes panificadores advirtieron que a partir del martes, en caso de no obtener una respuesta positiva, el pan de batalla “desaparecerá” del mercado. Otros insisten en que el precio por unidad podría ser de más de Bs 1.

Al respecto, Silva dijo que se trata de sectores que no cuentan con reconocimiento oficial y advirtió con sanciones ante cualquier cobro irregular del producto.

El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, invitó nuevamente a los productores, industriales y empresarios a participar en la reglamentación de la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE), la cual autoriza el decomiso de productos y un mayor control estatal.

“Los productores, los empresarios, los industriales, los comerciantes deberían ser parte en la construcción de este reglamento porque precisamente va orientado a brindar seguridad jurídica”, afirmó este viernes en conferencia de prensa.

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Reglamentación

Este viernes iniciaron las primeras reuniones de socialización de la nueva norma que se aplicará este año.

En un diálogo con los gremialistas, el Gobierno se abrió a la posibilidad de que en el reglamento se especifique que la disposición no se aplicará con los comerciantes minoristas.

La disposición adicional séptima del PGE autoriza el decomiso de productos y alimentos que sean acopiados con el objetivo de especular y venderlos a un precio más elevado.

Por ello, Silva señaló que no afectará a quienes operen de manera “formal y lícita”, sino a los especuladores.

Rechazo

Pese a las explicaciones del Gobierno, el sector productor se mantiene en alerta. Este viernes, la Cámara Nacional de Industrias (CNI) ratificó su rechazo a la disposición, argumentando que detendrá el aparato productivo.

“La CNI ratifica su firme y categórico rechazo a esa disposición, creemos que la misma dispone la confiscación; la arbitrariedad, la extorsión y el decomiso de productos. Solicitamos la derogación inmediata; por vulnerar derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política del Estado”, protestó el presidente de la entidad, Pablo Camacho.

El viceministro, por su parte, llamó a los interesados, a quienes se sienten afectados, a una “reunión seria” para definir los alcances y límietes de la disposición.

En tanto no se apruebe la reglamentación en coordinación con todos los sectores, la medida no se aplicará, explicó Silva.

Este viernes, tras una reunión entre representantes del Gobierno y dirigentes del sector gremial de La Paz y El Alto sobre los alcances de la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE), que autoriza el decomiso de productos, se llegó a un acuerdo para que la normativa no afecte a los comerciantes minoristas.

“En la reglamentación de la disposición séptima se debe puntualizar literalmente que el alcance de la disposición no llega al sector del comercio minorista”, informó el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva.

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Disposición

La medida es ampliamente cuestionada por productores, industriales, empresarios, comerciantes, transportistas y gremialistas, debido a que autoriza a las autoridades del Gobierno realizar el decomiso de productos que sean guardados con el fin de generar especulación.

Por ello, Silva reiteró que aquellos que no sean especuladores y operen de manera regular no deben verse preocupados por la disposición. Asimismo, recordó que el acopio y el agio de algunos productos provocó que el país termine 2024 con una tasa de inflación acumulada de casi el 10%.

Otra de las conclusiones de la reunión de este viernes tiene que ver con establecer claramente cuáles serán los alimentos que serán controlados por el Gobierno.

“El segundo punto es que se debe definir los alimentos esenciales que serían objeto de control por parte de las autoridades del Estado”, leyó Silva.

De acuerdo con el viceministro, se prevé que éstos sean: “el arroz, el aceite, la carne de cerdo, de res, de pollo y el huevo”.

La autoridad añadió que las reuniones de socialización de la disposición adicional séptima continuarán en todo el país para que los sectores se informen y muestren sus preocupaciones y demandas.

De esta manera, los dirigentes gremiales presentes en la reunión señalaron que no participarán de la marcha convocada para el lunes en rechazo a esta disposición del PGE.