Gobierno aclara que la disposición adicional séptima del PGE está ‘en pausa’
Se espera entablar un diálogo con los productores, gremiales y comerciantes para establecer la reglamentación.

Viceministro Jorge Silva en entrevista en Piedra Papel y tinta de La Razón
Imagen: Oswaldo Aguirre
Este jueves, el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, aclaró que la polémica disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE), por la cual múltiples sectores marcharán en su rechazo el próximo lunes, se encuentra “en pausa” y solo entrará en vigencia cuando se elabore la reglamentación.
El Gobierno está a la espera de un diálogo con los sectores afectados por la medida para establecer los alcances y límites de la norma.
“Mientras no tengamos el reglamento, el alcance o la aplicabilidad de esa disposición está en pausa. Primero se tiene que aprobar la reglamentación y nos interesa que participen todos los actores que se crean comprometidos, involucrados o afectados”, explicó Silva.
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Disposición
El viceministro reiteró que la disposición, que autoriza el decomiso de alimentos y de productos, no afectará ni a los gremialistas, ni a los transportistas ni a los productores.
“Afecta a delincuentes que se dedican a alimentar productos alimenticios, no con fines de comercializar en el mercado interno, sino acaparar esa producción y sacarla a las zonas fronterizas”, señaló Silva.
En criterio de la autoridad, éste es un primer intento para establecer una normativa contra el contrabando a la inversa, cuando los productos nacionales salen a los países vecinos.
De acuerdo con el Gobierno, esta actividad ilícita fue una de las principales causantes del desabastecimiento de productos alimenticios a lo largo de 2024 y del encarecimiento de productos.
Por ello, el Estado pretende garantizar la seguridad alimentaria y el acceso a productos de primera necesidad a precios justos, de acuerdo con Silva.
El viceministro lamentó que la marcha, convocada para el 13 de enero y a la cual se suman más sectores, podría tener fines políticos, pues “fueron los propios gremialistas” quienes pidieron que se norme la especulación y el contrabando a la inversa.
Silva reiteró la voluntad del Gobierno para entablar un diálogo y que la medida de presión no se realice. En su criterio, se trata de una “falta de información” sobre los alcances de la disposición.