Luego de que el presidente Luis Arce posesionara a Zenón Mamani como nuevo ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) señaló que el sector agropecuario no necesita cambio de ministros, sino transformaciones en las políticas de Estado.

“No es solo cambiar nombres de ministros; ojalá que cambiemos de políticas de Estado que estén acordes a los problemas que tiene el sector”, señaló el presidente en ejercicio de la CAO, Klaus Frerking, en conferencia de prensa.

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CAO

Este miércoles, tras más de cuatro años de gestión, Néstor Huanca dejó la cartera de Desarrollo Productivo. El presidente Arce dejó entrever que el cambio se debió a cuestiones de salud de la ahora exautoridad.

Sin embargo, para la CAO, este cambio no representará una solución para el sector agropecuario si es que se continúa implementando las mismas políticas.

Frerking recordó que, en menos de tres meses, el Gobierno suspendió las exportaciones de productos como la carne de res y el aceite refinado, lo cual afectó económicamente al sector y también el ingreso de divisas al país.

Por ello, en su criterio, no se puede continuar con medidas de ese tipo, “mientras el país sigue sin dólares, sigue con las colas en los surtidores por combustibles”, protestó.

El presidente en ejercicio de la CAO pidió a la nueva autoridad, y al Gobierno, tener más “voluntad” de trabajar con el sector agropecuario, no solo a través de reuniones, sino por medio de acciones concretas que solucionen las demandas del sector.

Este miércoles, el Comité Multisectorial, compuesto por empresarios, productores, gremiales, exportadores, transportistas y cívicos, anunció que se mantiene “firme” en su pedido para que se derogue la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) que autoriza el decomiso y confiscación de productos.

“Las más de 35 organizaciones que conforman el Comité Multisectorial manifiestan a la opinión pública que mantienen firme su posición de exigir la derogatoria de la Disposición Adicional Séptima de la Ley Financial 1613 (del PGE) por considerarla ilegal, inconstitucional y atentatoria a la propiedad privada”, informaron los sectores a través de un comunicado.

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Disposición

Nuevamente, el comité expresó su “sorpresa” por el acuerdo entre la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) y el Gobierno, quienes pactaron que la norma esté en pausa hasta que se logren los consensos correspondientes.

Sin embargo, los sectores desconocen a Giovanni Ortuño, presidente de la CEPB, pues no tienen ninguna representación, ya que su confederación no participó de ninguno de los ampliados.

“Es menester aclarar que el señor Giovanni Ortuño, presidente de la CEPВ, по cuenta con ninguna representación del Comité Multisectorial y que tampoco participó en ninguno de los Ampliados realizados por el Comité en los diferentes departamentos del país, por lo cual se niega y se desconoce este acuerdo”, indica el comunicado.

La postura de estos sectores continúa siendo la misma: lograr la eliminación de la disposición, la cual considera que “allana” el camino para decomisos y confiscaciones de manera arbitraria, vulnerando los derechos a la propiedad privada.

Comité

Por ello, anunciaron que continuarán con las medidas de presión, de manera “escalonada”, hasta que la Asamblea Legislativa derogue la disposición.

“El Comité Multisectorial ratifica que mantiene incólume la unidad de los sectores que lo componen, que mantiene su estado de emergencia y que se continuará promoviendo las movilizaciones escalonadas hasta lograr la derogatoria por parte de las instancias pertinentes”, advierte el pronunciamiento.

El Gobierno, por su parte, considera que el lunes quedó demostrado que los sectores no gozan del apoyo de la ciudanía ni tienen convocatoria suficiente para realizar una medida de presión a gran escala.

Este miércoles, el viceministro de Energías Alternativas, Álvaro Arnez, invitó a la población potosina a la socialización del contrato de servicio, suscrito entre Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y la empresa china Hong Kong CBC, evento que se realizará este jueves, en el Cuarto Centenario de la ciudad de Potosí.

Para evitar a “intermediarios” que tergiversan la información, el Gobierno pretende que todos los ciudadanos tengan el contrato en sus teléfonos.

“Queremos que todos los potosinos tengan en su celular el contrato para leerlo. No a través de interlocutores que les van a desmenuzar de manera tendenciosa el contrato”, señaló Arnez.

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Contrato

De acuerdo con el viceministro, la socialización se realizó inclusive antes de que el contrato sea suscrito, por lo que destacó la transparencia del acuerdo. Sin embargo, debido a la polarización del tema, ahora surgen sectores que buscan generar convulsión.

“De manera conciliadora venimos a explicar el contenido del contrato con CBC, también del proyecto de la ley del litio. Vamos a explicar de manera técnica, llana y sencilla, lo que será la reactivación de la economía para las comunidades y para el departamento de Potosí”, sostuvo la autoridad.

Asimismo, Arnez desmintió a algunos legisladores, quienes dijeron que el acuerdo establece regalías de apenas el 3% para Potosí. “En el contrato no hay ningún porcentaje de lo que es la regalía”, explicó, y dijo que son los representantes de departamento en la Asamblea Legislativa quienes deberán definir ese porcentaje.

El viceministro indicó que la socialización será abierta y podrán participar instituciones, organizaciones y población en general que tengan dudas y consultas sobre el acuerdo de litio, a fin de aclarar información tergiversada.

Además de la socialización del jueves, se tiene previsto realizar próximos eventos, con todos los sectores, para atender cualquier duda con el contrato con CBC y la empresa rusa Uranium One Group.

El Comando Estratégico Operacional de Lucha Contra el Contrabando (CEO-LCC) incautó mercadería valorada en más de Bs 3,3 millones durante las primeras dos semanas de febrero, según el viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Luis Velásquez.

Las operaciones se llevaron a cabo en los departamentos de La Paz, Potosí y Tarija, donde se interceptaron productos como maíz, ropa, harina, bebidas y otros artículos de procedencia ilegal.

En La Paz, el 4 de febrero, la Fuerza de Tarea Conjunta Alfa detectó tres camiones que transportaban 350 quintales de maíz amarillo cada uno, con destino al Perú.

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Operativos

Al no contar con documentación que respaldara la carga, se procedió al comiso, afectando al contrabando en Bs 380.625. Tres días después, en el sector de Laquinomaya, se incautó otro camión con 400 quintales de maíz amarillo, valorado en Bs 126.875, que fue trasladado a instalaciones de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa).

En Potosí, se interceptó tres camiones que transportaban fardos de ropa nueva. Durante la persecución, los conductores intentaron huir, inclusive utilizaron explosivos caseros para evitar su captura, lo que dañó dos llantas de uno de los vehículos.

Se incineró un camión y se trasladaron los otros dos al Regimiento de Infantería «Tocopilla». Además, se comisó un camión indocumentado vacío, con una afectación total al contrabando de Bs 2,5 millones.

Contrabando

El 12 de febrero, en el puesto de control entre Villazón y Tupiza, la Fuerza de Tarea “Delta” incautó 300 quintales de harina y 200 cajas de manteca de origen argentino, valorados en Bs 152.000, que fueron trasladados al recinto aduanero de Villazón.

En Tarija, el Área Naval 3 Bermejo, junto al Grupo de Reacción Inmediata, neutralizó el intento de cruce de mercadería ilegal argentina a través de puertos no autorizados. Se incautaron bebidas como Coca Cola, Fanta y jugos, además de 36 maples de huevo, con un valor aproximado de Bs 10.000. Asimismo, el 5 de febrero, en el sector Jardín Botánico, se comisaron cervezas, refrescos, yogurt, frutas, verduras y seis taques de coca, con una afectación total de Bs 61.010.

Velásquez destacó que estas operaciones reflejan el trabajo coordinado del CEO-LCC para combatir el contrabando en diferentes regiones del país, “protegiendo la economía nacional” y garantizando el control de las fronteras.

El sector avícola se declaró en crisis, debido a la escasez de dólares, el encarecimiento de granos como el maíz y la soya, y la falta de diésel, problemas que afectan gravemente la cadena productiva y la provisión de pollo para la población.

Omar Castro, presidente de la Asociación de Avicultores (ADA), detalló la situación durante una conferencia de prensa, señalando que el Gobierno no ha brindado soluciones concretas a estos problemas.

Castro explicó que la falta de dólares redujo en un 35% la importación de reproductoras entre abril y junio de 2024, lo que impactó directamente en la carga de pollitos bebé a las granjas.

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Pollo

Explicó que situación generó una disminución del 10% en la oferta de pollo durante los primeros meses de 2025. Además, advirtió que la provisión de pollo será irregular en el segundo semestre del año, con fluctuaciones en la oferta y precios inestables.

El encarecimiento de los insumos es otro problema. Castro detalló que el precio del maíz, que en 2024 costaba Bs 65 por quintal, ahora alcanza los Bs 148, más del doble de su valor inicial.

La torta de soya, por su parte, subió de $us 365 a 491 por tonelada, pero algunas industrias han dejado de entregarla debido a la escasez de grano, obligando a los avicultores a comprarla en el mercado local a $us 650 por tonelada.

Castro también denunció que el Gobierno recortó en un 16% el volumen de torta de soya solicitado por los avicultores, una práctica que se repite desde hace varios años.

Precios

Además, señaló que la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), con las 65.000 toneladas de maíz que adquirirá según el Presupuesto General del Estado (PGE), solo cubrirá el 10% de la demanda anual del sector avícola, que requiere 900.000 toneladas.

“De cada 10 pollos producidos, solo uno se alimentará con maíz de Emapa”, explicó Castro.

El presidente de la ADA cuestionó la efectividad de las políticas gubernamentales, incluyendo la disposición séptima del PGE. “¿Esta ley soluciona los problemas o solo distrae la atención de la crisis económica que vive el país?”, criticó.

Los avicultores exigen soluciones inmediatas y condiciones claras para seguir produciendo alimentos, pues sin ello, no se puede “garantizar la estabilidad de precios ni la provisión de pollo para la población”.