Mediante la Ley Departamental 267, Oruro se declaró en desastre departamental debido a las inundaciones y riadas que provoca la temporada de precipitaciones y afecta a varios municipios de ese departamento.

“Esta ley nos permite a nivel nacional e internacional recursos económicos o ayuda pertinente para poder ayudar a los pobladores de los municipios damnificados en el territorio departamental”, aseguró el gobernador, Johnny Vedia, en conferencia de prensa.

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Oruro

De acuerdo con la autoridad, los municipios de Poopó, El Choro, Todos Santos, Carangas, Belén de Andamarca, La Rivera, Huanuni, Antequera, Challapata, Caracollo y Oruro son los más afectados y ya se han declarado en emergencia y desastre municipal.

La ley promulgada permitirá a la Gobernación de Oruro realizar las modificaciones presupuestarias y transferencias entre programas, proyectos y actividades, con el fin de asignar los recursos necesarios para cumplir con lo establecido en la normativa legal vigente y los lineamientos del Ministerio de Economía.

De esta manera, Oruro se suma a Beni como los dos departamentos que se declararon en desastre departamental; mientras que La Paz, Santa Cruz y Chuquisaca activaron la alerta de emergencia.

A raíz de ello, el miércoles el presidente Luis Arce declaró desastre nacional y anunció que se agilizarán los recursos para atender a los más de 200 municipios afectados por la temporada de lluvias en todo el territorio nacional.

Limbert Loredo, asesor legal de la Gobernación de Oruro, explicó que se establece el “régimen de excepción” con el objetivo de atender a los damnificados en el departamento, señalando que la ley tendrá una duración de nueve meses.

Además, las diferentes secretarías, de acuerdo a sus competencias, deberán llevar a cabo las acciones correspondientes para atender el desastre departamental por inundaciones en los municipios de Oruro.

El Ministerio de Salud desplegó 29 brigadas médicas en seis departamentos del país para asistir a comunidades afectadas por inundaciones, riadas y deslizamientos durante la temporada de lluvias.

Según datos de esa cartera de Estado, entre el 13 de enero y el 26 de marzo, se atendieron a 2.733 pacientes, siendo las lumbalgias, con 415 casos, la principal causa de consulta, seguidas de 391 consultas por resfriados comunes y 145 atenciones a casos de diarreas agudas. 

La ministra del área, María Renée Castro, explicó que, aunque el personal inicial resultó insuficiente, se capacitó a médicos en emergencias y se abastecieron insumos con anticipación.

«Los departamentos ahora pueden activar brigadas propias ante nuevos eventos. Además, entregamos medicamentos para cubrir la demanda», afirmó. Actualmente, 30 brigadas con 66 profesionales brindan atención en 52 comunidades de 18 municipios. 

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Salud

Beni es el departamento que más atenciones recibió, con 1.139, principalmente en los municipios de Riberalta y Trinidad. En La Paz se realizaron 983 consultas, siendo Quime y Caranavi dos de las zonas más afectas. En Tarija se atendieron 297 casos en Villa Montes y Yacuiba. Por su parte, Santa Cruz recibió 201 consultas, siendo el municipio de Pailón el más afectado; mientras que en Potosí 102 casos fueron atendidos en la localidad de Llallagua.

Todas estas zonas fueron afectadas por el desborde de ríos y las inundaciones que se generaron a causa de las precipitaciones.

Castro atribuyó las lumbalgias al «esfuerzo físico de la población por rescatar pertenencias durante las emergencias». Agregó que el personal médico y militar también apoya en evacuaciones y rescates. 

A través de la Autoridad de Supervisión de Seguros de Salud (ASUSS), el Gobierno entregó subsidios y alimentos a familias que perdieron sus viviendas.

Las lluvias, calificadas como las más intensas en 40 años, serán analizadas para diseñar medidas de mitigación. El próximo lunes, autoridades nacionales y gobernadores evaluarán el impacto climático por región. 

El decreto de emergencia nacional, emitido el miércoles, busca agilizar la respuesta estatal ante desastres que ya afectan a miles de familias.

El sector agropecuario de Cochabamba enfrenta una reducción del 30% en su capacidad productiva debido al desabastecimiento de combustible, las inundaciones y el alza de precios en el mercado informal, según Rolando Morales, presidente de la Cámara Agropecuaria de Cochabamba (CAC).

Durante una reunión con autoridades gubernamentales, Morales detalló que productores del trópico cochabambino adquieren gasolina a Bs 13 por litro en revendedores, pese a la cercanía de estaciones de servicio oficiales que no cuentan con las cantidades suficientes de carburantes. 

La crisis se agrava para los pequeños agricultores, quienes no pueden costear filas de más de 24 horas para acceder a combustibles en bidones.

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Agropecuaria

A esto se suma el incremento en los fletes para transportar alimentos a centros de abasto, ya que transportistas también dependen del mercado negro. «Los costos logísticos se disparan, afectando toda la cadena», explicó Morales. 

En paralelo, las lluvias intensas inundaron más de 5.000 hectáreas en Puerto Villarroel, tras el desborde del río Sacta. Los cultivos anegados incluyen maíz, arroz y hortalizas, lo que profundiza las pérdidas en una región clave para la seguridad alimentaria.

Morales recordó que, desde octubre de 2023, la Confederación Agropecuaria Nacional (Confeagro) advirtió al presidente Luis Arce sobre riesgos económicos y de abastecimiento, sin que se concretaran soluciones. 

El Mandatario, por su parte, declaró emergencia nacional el miércoles, debido a las afectaciones por la temporada de precipitaciones.

El dirigente exigió al Gobierno agilizar la importación directa de combustibles y aprobar un decreto presentado por el sector privado para flexibilizar el acceso a diésel y gasolina. También mencionó reclamos por inseguridad jurídica y falta de dólares para insumos, factores que «ahogan al campo». 

Cochabamba es uno de los principales aportantes a la canasta alimentaria boliviana. La combinación de factores climáticos, desabastecimiento y precios especulativos amenaza con encarecer productos básicos y reducir las exportaciones del sector.

Una vez más, el presidente nato de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, convocó a sesión para tratar el crédito de $us 100 millones financiado por la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) para el ‘Convenio de Préstamo para el Programa de Apoyo de Emergencia para Respuesta al tema COVID 19’.

Además de tratar el proyecto de financiamiento externo, la sesión convocada para el próximo martes buscará aprobar otros cuatro proyectos relacionados con declarar los días nacionales de algunas de las danzas folklóricas del país.

En el Tercer Encuentro Multipartidario por la Democracia, organizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), la Asamblea Legislativa se comprometió a garantizar los recursos para la realización de las elecciones generales del próximo 17 de agosto.

Para ello, el Órgano Ejecutivo pide la aprobación del crédito con JICA, que se encuentra pendiente de aprobación desde 2023 cuando se remitió a la Cámara de Diputados. En 2024 fue aprobado por la Cámara Baja, pero el Senado no la trató, por lo que una sesión de la Asamblea definirá si se aprueba o no.

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Sesión

El Gobierno explicó que se trata de un proyecto de crédito de reposición, pues en los años de la pandemia se destinó los recursos de otros rubros para atender la emergencia sanitaria; entonces, ahora se puede disponer de los $us 100 millones para garantizar el voto exterior de los próximos comicios.

Debido a la escasez de dólares, el Ejecutivo no puede garantizar que los bolivianos residentes en el extranjero puedan realizar su voto, por lo que urgen la aprobación del crédito.

Pese al acuerdo con el Legislativo, el pasado jueves la sesión que debía tratar el proyecto de financiamiento externo no pudo instalarse debido a la inasistencia de los senadores, pues 19 de los legisladores no estuvieron cuando se llamó la lista de presentes.

Ese día, ni el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, estuvo presente.

Por ello, Choquehuanca y el Gobierno denunciaron que se incumplía el compromiso para garantizar la realización de las próximas elecciones generales. El presidente de la Cámara de Diputados, Omar Yujra, criticó duramente a los senadores y dijo que no están “a la altura” de lo que exige el pueblo boliviano.

El Gobierno promulgó la Ley 1623, que aprueba el crédito de $us 176 millones otorgado por la Corporación Andina de Fomento (CAF) para financiar la construcción del Tramo 2B Confital-Bombeo de la doble vía Caracollo-Colomi, en Cochabamba.

El monto, formalizado mediante una adenda al contrato de préstamo CFA 9545, duplica los recursos iniciales al sumar $us 88 millones adicionales a los ya aprobados. 

La norma autoriza al Ministerio de Economía a gestionar el repago de las obligaciones a través del Tesoro General de la Nación (TGN). El proyecto, enmarcado en el Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025, busca mejorar la conectividad en una zona montañosa clave para el transporte de carga y pasajeros.

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Crédito

El proyecto de crédito se aprobó el pasado 6 de junio de 2024, en una polémica sesión de la Asamblea Legislativa que presidió Andrónico Rodríguez, presidente del Senado.

Pese a que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió un fallo en el que desconoce la convocatoria a la sesión, mantuvo vigente la aprobación del préstamo, decisión que el Gobierno calificó como positiva.

Ahora, la obra contará con 44 kilómetros de pavimento rígido con lozas de 25 centímetros de espesor, además de la construcción del puente Vilayaque, de 123 metros de longitud, en el municipio de Tapacarí y servirá como integración al corredor Oeste-Este de la Ruta Nacional N4, eje vital de la Red Vial Fundamental. 

Marcel Claure, presidente de la Administradora Bolivianana de Carreteras (ABC), destacó en 2023 que el tramo mejorará la transitabilidad en una región con alta actividad agrícola y minera. Además, reforzará la logística para la sustitución de importaciones, meta central del plan gubernamental. 

La doble vía conectará comunidades de Cochabamba con mercados nacionales e internacionales, reduciendo costos de transporte en un 30%, según proyecciones de la CAF.

Su construcción generará 1.200 empleos directos y dinamizará la economía de Tapacarí, una zona históricamente marginada de la red vial moderna. 

Sin embargo, la noticia más positiva con la promulgación del crédito es que permitirá que ingresen nuevos dólares al país. De acuerdo con el Gobierno, el mayor flujo de divisas permitirá que el país disponga de más dólares para la compra de combustibles y el pago de la deuda externa.