El ampliado nacional de los gremiales, realizado en los departamentos capitales del país, decidió otorgar un plazo al Gobierno hasta el 31 de enero para derogar la disposición adicional séptima de la Ley 1613, correspondiente al Presupuesto General del Estado (PGE) 2025. En caso de no ser atendidos, anunciaron una gran marcha nacional para el 4 de febrero.

“El plazo al Gobierno es hasta el 31 de enero. Si no eliminan esta disposición confiscatoria, el 4 de febrero se reactivarán las movilizaciones en todo el país”, declaró el dirigente gremial, Jesús Cahuana, tras el encuentro que reunió a representantes del sector de todo el territorio nacional.

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Disposición

La disposición observada por los gremiales faculta al Gobierno a confiscar productos acopiados con el fin de abastecer el mercado interno. Si bien autoridades aclararon que la medida busca frenar el contrabando y la especulación, el sector considera que esta normativa vulnera sus derechos y afecta directamente a los pequeños comerciantes.

Además, los gremiales exigieron al Órgano Ejecutivo que se prohíba la donación de arroz a Cuba.

“El Gobierno obsequia toneladas de arroz cada año, mientras aquí es un producto de primera necesidad que muchas familias no pueden adquirir”, cuestionó Cahuana.

El ampliado también resolvió declarar el estado de emergencia permanente en todo el país y autorizó a las federaciones departamentales y regionales a coordinar con otros sectores sociales en preparación para la movilización.

‘Unir fuerzas’

En el departamento de La Paz, la marcha se realizó junto a los prestatarios y una parte del transporte público, además de juntas vecinales.

Cahuana aseguró que la protesta del 4 de febrero será masiva y buscará sumar a otros sectores productivos y sociales afectados por la normativa.

Contra la disposición, también están los industriales, los empresarios y los productores agropecuarios, debido a que consideran que el mayor control estatal desincentivará la producción.

“Es hora de unir fuerzas y exigir respeto a nuestros derechos”, afirmó el dirigente.

Sin embargo, la disposición adicional séptima todavía no se encuentra en vigencia, debido a que el Gobierno espera elaborar la reglamentación correspondiente con la participación de todos los sectores interesados.

Los panificadores decidieron entrar en un cuarto intermedio de dos horas en la reunión sostenida con autoridades del Gobierno para evaluar la propuesta recibida y definir si se incrementará el precio del pan de batalla de Bs 0,50 a Bs 0,70. La reunión se reanudará a las 15.00 horas de este lunes, informó el dirigente del sector, Rubén Ríos.

“El Gobierno presentó una propuesta, pero aún no nos convence. Vamos a analizarla y esta tarde daremos una respuesta al país”, declaró Ríos tras salir de la reunión en la Vicepresidencia.

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Pan

Según el dirigente, la propuesta del Gobierno consiste en ofrecer insumos a menor costo, como harina, azúcar y levadura, para evitar el incremento del pan.

Sin embargo, Ríos afirmó que esta medida es insuficiente y pidió al presidente Luis Arce mejorar la oferta.

“Nos entregan más de 500 quintales de harina al año, pero eso ya no cubre la demanda porque el número de afiliados creció. Lo que necesitamos es una solución real”, expresó.

El sector panificador sostiene que el precio actual del pan de batalla, fijado en Bs 0,50 desde hace más de 10 años, ya no cubre los costos de producción, especialmente por el aumento de precios de los insumos en los últimos meses.

Ante este panorama, los panificadores anticiparon que insistirán en el incremento a Bs 0,70 centavos, argumentando que el ajuste es necesario para mantener la sostenibilidad del sector.

Mientras tanto, la población sigue a la expectativa del desenlace de las negociaciones, dado que cualquier aumento en el precio del pan impactaría directamente en la economía familiar.

El Gobierno, por su parte, anunció que realizará todos los esfuerzos por mantener el precio del pan y descartó un incremento.

Este lunes, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, confirmó el ataque que sufrieron tres efectivos policiales por parte de grupos del ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) e informó que turistas que se trasladaban en un bus también fueron atacados por los seguidores del expresidente Evo Morales.

“Este atentado no solamente ha quedado en un atentado contra el personal dependiente de la Policía Boliviana, sino que también este grupo ha realizado al menos 10 disparos a dos flotas que procedían a trasladar turistas desde la región de Uyuni al departamento de Oruro (…); dos personas resultaron heridas”, informó la autoridad en conferencia de prensa.

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Grupos

De acuerdo con el ministro, la situación podría haber sido peor, pero uno de los turistas tenía conocimiento médico, por lo que pudo atender a los heridos.

Además, Del Castillo cuestionó los fines reales de la denominada “marcha por la vida”, pues pese a que sus dirigentes existen en que se trata de una movilización pacífica, también reaccionan con violencia.

Por ello, el ministro calificó a la medida de presión como una “marcha en defensa de la pedofilia”, debido a que, en su criterio, busca dejar en impunidad y cerrar el caso de trata y tráfico de personas contra el expresidente Evo Morales.

“Es una organización criminal, una mafia articulada que estaba buscando quitarle la vida a efectivos de la Policía”, denunció la autoridad sobre la presencia de «grupos armados».

En criterio de Del Castillo, los sectores evistas reaccionaron a la “advertencia” del senador evista Leonardo Loza, el cual alertó que personal policial se movilizaba para frenar la marcha. Por ello, de manera errada, creyeron que los buses con turistas trasladaban a las fuerzas del orden.

Asimismo, el ministro señaló que en la marcha hay un total de 2.300 personas y “la Policía Boliviana supera este número con creces”.

En ese sentido, pidió a la población tener calma y aseguró que nadie ingresará en la plaza Murillo.

La gestión 2024 cerró con una mayor cantidad de accidentes de tránsito en todo el territorio nacional en comparación con 2023. De acuerdo con los datos de Univida, la pasada gestión se registraron cerca de 21.000 siniestros, lo que supera los 17.886 de 2023.

“Hemos tenido alrededor de 21.000 accidente o siniestros. Cerca o más de 26.000 personas han sido afectadas por estos accidentes. Cerca de 112 millones de bolivianos le ha significado a la empresa. Hemos incrementado, en relación con la gestión 2023, un 20%”, informó este lunes el gerente general de la empresa, Larry Fernández, en conferencia de prensa.

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Accidentes

De acuerdo con el funcionario, Santa Cruz es el departamento donde más accidentes se registraron en la pasada gestión. Señaló que en las gestiones pasadas había alcanzado el 48% de los siniestros, pero en 2024 alcanzaron su máximo.

“Santa Cruz opera el 50% de los accidentes, cerró la gestión con un 50,5% de siniestros”, detalló Fernández.

Asimismo, explicó que el 46% de los accidentes están implicados con alguna motocicleta, que es el vehículo en el que más siniestros ocurren en el departamento cruceño.

Además, destacó que otros departamentos, como Potosí, presentaron un incremento considerable, aunque no detalló el dato en comparación con 2023.

Debido a que el eje central concentra la mayor cantidad de accidentes, Fernández pidió a la población tener precaución y conducir con cuidado para evitar cualquier tipo de infortunio que pone en riesgo la vida las personas.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó este lunes que las lluvias comenzarán a disminuir en el occidente del país, pero persistirán en las regiones del norte y oriente.

Según el pronosticador Kenny Quisberth, en áreas como el norte de La Paz, Beni, Pando, y partes de Santa Cruz se prevén precipitaciones dispersas con probabilidad de tormentas eléctricas en sectores específicos.

Además, las precipitaciones se extenderán a zonas como el Trópico de Cochabamba y la Chiquitania cruceña, mientras el occidente experimentará cielos poco nubosos y mejores condiciones climáticas.

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Lluvias

Actualmente, el país se encuentra aún en plena temporada de lluvias, un periodo que, según el Senamhi, continuará hasta marzo. Durante el pasado fin de semana, las fuertes lluvias causaron estragos en diversas regiones, con deslizamientos, inundaciones y riadas.

En Quime, municipio de La Paz, el desborde de dos ríos afectó a 500 familias y destruyó 40 viviendas, dejando daños significativos.

De acuerdo con la Gobernación de La Paz, 13 municipios paceños se declararon en emergencia por desastres naturales y se tiene el dato extraoficial de más de 2.500 familias afectadas por las lluvias.

Por otor lado, en el Norte Integrado de Santa Cruz, las lluvias inundaron cultivos de maíz, mientras que el desborde del río Grande rompió un dique de contención, generando inundaciones adicionales en la región.

De igual manera, en otras regiones, la producción se vio afectada por el exceso de precipitaciones.

Las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los reportes del Senamhi y tomar las precauciones necesarias ante posibles emergencias climáticas.