El ampliado nacional de los gremiales, realizado en los departamentos capitales del país, decidió otorgar un plazo al Gobierno hasta el 31 de enero para derogar la disposición adicional séptima de la Ley 1613, correspondiente al Presupuesto General del Estado (PGE) 2025. En caso de no ser atendidos, anunciaron una gran marcha nacional para el 4 de febrero.

“El plazo al Gobierno es hasta el 31 de enero. Si no eliminan esta disposición confiscatoria, el 4 de febrero se reactivarán las movilizaciones en todo el país”, declaró el dirigente gremial, Jesús Cahuana, tras el encuentro que reunió a representantes del sector de todo el territorio nacional.

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Disposición

La disposición observada por los gremiales faculta al Gobierno a confiscar productos acopiados con el fin de abastecer el mercado interno. Si bien autoridades aclararon que la medida busca frenar el contrabando y la especulación, el sector considera que esta normativa vulnera sus derechos y afecta directamente a los pequeños comerciantes.

Además, los gremiales exigieron al Órgano Ejecutivo que se prohíba la donación de arroz a Cuba.

“El Gobierno obsequia toneladas de arroz cada año, mientras aquí es un producto de primera necesidad que muchas familias no pueden adquirir”, cuestionó Cahuana.

El ampliado también resolvió declarar el estado de emergencia permanente en todo el país y autorizó a las federaciones departamentales y regionales a coordinar con otros sectores sociales en preparación para la movilización.

‘Unir fuerzas’

En el departamento de La Paz, la marcha se realizó junto a los prestatarios y una parte del transporte público, además de juntas vecinales.

Cahuana aseguró que la protesta del 4 de febrero será masiva y buscará sumar a otros sectores productivos y sociales afectados por la normativa.

Contra la disposición, también están los industriales, los empresarios y los productores agropecuarios, debido a que consideran que el mayor control estatal desincentivará la producción.

“Es hora de unir fuerzas y exigir respeto a nuestros derechos”, afirmó el dirigente.

Sin embargo, la disposición adicional séptima todavía no se encuentra en vigencia, debido a que el Gobierno espera elaborar la reglamentación correspondiente con la participación de todos los sectores interesados.

Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) tramita la licencia ambiental para la explotación directa del mineral ulexita, informó el presidente de la empresa estatal, Omar Alarcón.

La autoridad aseguró que se prevé primeras cargas de este subproducto para la venta en los próximos meses y creó un plan de negocios por unas 10.000 toneladas (t).

Se trata de un subproducto que Yacimientos de Litio Bolivianos tiene proyectado explotar este año.

“El tema ulexita ya está en un proceso de licenciamiento ambiental para la explotación directa por YLB. Ese proyecto YLB lo puede hacer y lo va a hacer; en los próximos meses seguramente ya vamos a estar haciendo nuestras primeras cargas de ulexita para comercialización”, informó Alarcón en Bolivia Tv.

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Actualmente, la empresa produce y comercializa cloruro de potasio que es un agrofertilizante y carbonato de litio, materia prima para fabricar baterías; sin embargo, apunta a diversificar sus productos.

Según YLB, la ulexita se utiliza en la fabricación de ácido bórico, empleado en la producción de talcos. Además, se usa en la industria de vidrios, cerámicas y fertilizantes.

“Nosotros tenemos un plan de negocios para la ulexita, que está rondando las 10.000 toneladas; sin embargo, esto tal vez va a estar delimitado un poco por la licencia ambiental que se nos vaya a otorgar, está en curso este trámite”, dijo.

La ulexita es un mineral de color blanco o incoloro, blando y liviano, que se encuentra en salares de Argentina, Chile, Bolivia y Perú.

El Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) advierte que la minería ilegal prolifera en varias regiones del país y en su actividad desvía el cauce de los ríos, que, con la lluvia, se desbordan e ingresan a los pueblos y comunidades, como ocurrió recién en Quime.

El investigador del CEDLA, Alfredo Zaconeta, urgió a las autoridades a asumir medidas al respecto y controlar la actividad minera ilegal en las regiones para evitar más desastres.

“En la época de lluvias muchas zonas se han visto afectadas por la crecida de ríos y en parte por el desvío del cauce natural que se hace por la actividad minera ilegal. Y esto debe ser analizado por las autoridades; entendiendo que la actividad minera ilegal y su producción aurífera se incrementó considerablemente en la última década”, explicó Zaconeta en RTP.

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Minería

Asimismo, dijo que lo que se vio en años pasados en las poblaciones de Guanay y Tipuani, del Norte de La Paz, con el rebalse de ríos es producto de la minería ilegal. Considera que eso fue lo que ocurrió el fin de semana en Quime; donde el desborde de dos ríos arrasó con todo en el pueblo.

“Es evidente que en Quime se ha dado una proliferación de actividades mineras y muchas en calidad de ilegales y ante esta ilegalidad el Estado tiene que tomar acciones porque estos son los efectos”, complementó.

Indicó, además, que las operaciones mineras ilegales operan sin asistencia técnicas adecuada; y lógicamente sin la regulación del Estado para decir dónde se puedo o no operar para evitar este tipo de desastres. “Estos son los efectos, ahora lo vimos en Quime y posiblemente en esta temporada de lluvias que recién comienza podemos ver otras zonas afectadas.

El fin de semana, la población de Quime, en el departamento de La Paz, quedó destrozada tras el desborde de dos ríos. El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, informó que preliminarmente se cuantificó 500 familias damnificadas y más de 40 viviendas completamente destruidas.

Los panificadores decidieron entrar en un cuarto intermedio de dos horas en la reunión sostenida con autoridades del Gobierno para evaluar la propuesta recibida y definir si se incrementará el precio del pan de batalla de Bs 0,50 a Bs 0,70. La reunión se reanudará a las 15.00 horas de este lunes, informó el dirigente del sector, Rubén Ríos.

“El Gobierno presentó una propuesta, pero aún no nos convence. Vamos a analizarla y esta tarde daremos una respuesta al país”, declaró Ríos tras salir de la reunión en la Vicepresidencia.

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Pan

Según el dirigente, la propuesta del Gobierno consiste en ofrecer insumos a menor costo, como harina, azúcar y levadura, para evitar el incremento del pan.

Sin embargo, Ríos afirmó que esta medida es insuficiente y pidió al presidente Luis Arce mejorar la oferta.

“Nos entregan más de 500 quintales de harina al año, pero eso ya no cubre la demanda porque el número de afiliados creció. Lo que necesitamos es una solución real”, expresó.

El sector panificador sostiene que el precio actual del pan de batalla, fijado en Bs 0,50 desde hace más de 10 años, ya no cubre los costos de producción, especialmente por el aumento de precios de los insumos en los últimos meses.

Ante este panorama, los panificadores anticiparon que insistirán en el incremento a Bs 0,70 centavos, argumentando que el ajuste es necesario para mantener la sostenibilidad del sector.

Mientras tanto, la población sigue a la expectativa del desenlace de las negociaciones, dado que cualquier aumento en el precio del pan impactaría directamente en la economía familiar.

El Gobierno, por su parte, anunció que realizará todos los esfuerzos por mantener el precio del pan y descartó un incremento.

La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) informó que cuatro plataformas digitales de transporte de pasajeros ya se inscribieron en el registro nacional de Aplicaciones Digitales de Transporte de Pasajeros (ATP), implementado desde la aprobación de su reglamento el pasado 17 de octubre de 2024. Las aplicaciones registradas hasta la fecha son Yango, Ñee, Chukuta Móvil y Chek.

El director de Telecomunicaciones y TIC, Hebert Montevilla, destacó que este registro es de carácter obligatorio para todas las aplicaciones de transporte que operan en Bolivia.

“Este proceso garantiza que las empresas funcionen bajo un marco legal claro y contribuye a brindar mayor seguridad a los usuarios del servicio de transporte. Además, las empresas que gestionan estas plataformas deben estar legalmente constituidas en el país”, señaló Montevilla.

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Aplicaciones

La regulación forma parte del Decreto Supremo 5199, que exige a estas plataformas cumplir con la Ley General de Telecomunicaciones 164, así como con las normas de seguridad ciudadana establecidas por el Ministerio de Gobierno y la Policía Boliviana.

También deben acatar las disposiciones municipales sobre el transporte urbano de pasajeros en las ciudades donde operan.

Montevilla remarcó que Bolivia avanza en la regulación de servicios digitales alineándose a estándares internacionales en materia de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). Esto permite mejorar la seguridad y confianza de los usuarios que utilizan estas aplicaciones para movilizarse.

Con esta medida, las plataformas digitales deberán ajustarse a las normativas técnicas y legales establecidas por el Gobierno nacional y los gobiernos municipales.

La ATT habilitó una plataforma especial para facilitar el proceso de registro, con el propósito de fortalecer la regulación y seguridad en el servicio público de transporte ofrecido a través de medios digitales.