La Confederación de Choferes de Bolivia advirtió nuevamente con un paro indefinido en caso de que el Gobierno no cumpla con la destitución de Marcel Claure, presidente de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y de Jorge Silva, viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor.

“El día de mañana (martes) se cumplen las 48 horas, si no hay respuesta, el miércoles ya estaríamos preparándonos para el paro general indefinido, porque nosotros no vamos a retroceder ni un milímetro de lo que ha planteado el transporte boliviano”, afirmó Lucio Gómez, secretario ejecutivo de la federación.

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Choferes

El dirigente acusó a Claure de haber llevado a la ABC “a la quiebra” y tener “deudas millonarias” con varias empresas que, en su criterio, fueron incapaces de realizar el mantenimiento de las carreteras del país.

Respecto a Silva, Gómez fue bastante crítico, pues considera que el viceministro se cree “superdotado”, pero ignora cómo funciona el sector del transporte. Señaló que los precios de los repuestos incrementaron considerablemente en los últimos meses, pero que el Gobierno no da solución y Silva actúa de manera prepotente.

“No vamos a tolerar más porque de verdad necesitamos autoridades que sientan por su país, que peleen por el bien de las instituciones”, señaló Gómez.

El viernes, la Confederación de Choferes de Bolivia y el Gobierno llegaron a un acuerdo para suspender el paro de 48 horas anunciado. Sin embargo, los transportistas insisten en la renuncia de Silva y Claure, a quienes señalan como responsables de todos los problemas del sector.

“Vamos a persistir y hacer cumplir las resoluciones de nuestro ampliado”, reiteró Gómez, quien asegura que ya está lista la estrategia para realizar una medida de presión contundente a partir del miércoles.

El viceministro de Transporte, Enrique Ponce de León, informó que se hizo conocer al presidente Luis Arce el pedido de destitución de autoridades y adelantó que la respuesta se dará a conocer antes del miércoles.

Este lunes, el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural informó que el precio del kilo gancho de carne de res redujo de Bs 40 a Bs 34,5 en los últimos días, gracias a las medidas asumidas por el Gobierno para controlar los costos.

“Mediante operativos de control, el Gobierno verificó este lunes que el kilo gancho de carne de res bajó a 34 bolivianos con 50 centavos en diferentes centros privados de distribución de este alimento”, informó esa cartera de Estado.

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Carne

Hacen una diferenciación entre las empresas frigoríficas como Frigor, Fridosa y BFC que comercializan el kilo gancho de carne de res a Bs 34,5 a los detallistas; mientras que la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) lo vende a Bs 34.

Este costo representa una reducción de Bs 6 en comparación con las anteriores semanas. De acuerdo con el Gobierno, el kilo gancho llega un costo extra a causa de los ganaderos y también por la actitud de algunos intermediarios que se dedican a la especulación y el contrabando.

Por este motivo, el precio del kilo de carne para el consumidor final llegó a precios bastante elevados, costando más de Bs 60 y superando los Bs 70 en algunas ciudades. Sin embargo, con esta reducción en el precio para los detallistas, se espera que el corte final también reduzca en favor de la población.

“El Gobierno, a través del Ministerio de Desarrollo Productivo y Emapa continúa trabajando en la reducción de los costos de la carne de res y otros alimentos para llegar con precios justos a las familias bolivianas”, afirmó esa cartera de Estado.

El domingo, el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores, informó que el martes se tendrá una nueva reunión con el sector ganadero para evaluar el costo de la carne y, en caso de que exista una rebaja significativa, se retomarán las exportaciones del producto, que enfrenta ciertas restricciones desde el 5 de febrero.

Una facción de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de El Alto inició este lunes una marcha a la ciudad de La Paz en protesta por la situación económica que atraviesa el país y la mala gestión del Gobierno para atender sus demandas. Los movilizados pretenden llegar hasta la plaza Murillo para entregar su pliego petitorio.

“El Gobierno tiene que solucionar a la brevedad posible la liquidez del dólar, escasez de combustibles, a través de sus ministerios”, afirmó Juan Saucedo, presidente de la Fejuve de El Alto.

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Indicó que en la ciudad “estamos muriendo de hambre”, por lo que se determinó una marcha para expresar el malestar, “el dolor y el hambre”, que atraviesan los vecinos y el ciudadano de a pie.

Fejuve

Saucedo criticó también al gerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), debido a que malinforma a la población sobre la distribución de productos. En su criterio, se priorizan solo algunos distritos, mientras que otros quedan marginados.

El dirigente informó que en un “mega ampliado” se determinó elaborar un pliego petitorio de 17 puntos que será entregado este lunes y debe ser atendido a la brevedad posible por el Gobierno.

“De manera inmediata nos tiene que convocar a la Fejuve y, si es posible, tienen que venir las autoridades a la ciudad de El Alto. Tenemos hasta el decimoséptimo punto que nos tiene que atender el Gobierno uno por uno”, señaló Saucedo.

Asimismo, aclaró que esta marcha y cualquier medida de presión futura que realice la Fejuve no obedece a intereses políticos ni tiene fines electorales, como denuncian algunas autoridades; sino que, en su criterio, la situación económica es insostenible y es responsabilidad del Órgano Ejecutivo solucionar los problemas que atraviesa el país.

Respecto a la aprobación de créditos de financiamiento externo, que el Gobierno considera como la salida para la crisis económica, Saucedo pidió que éstos se socialicen, pues sospecha que algunos de ellos no son del todo claros ni transparentes.

Bolivia se ubica en el puesto 164 de 176 países en el Índice de Libertad Económica 2025 de The Heritage Foundation, con una puntuación de 44,1 puntos, lo que la clasifica como una «economía reprimida».

A nivel continental, ocupa el lugar 30 de 32 naciones en América, solo por encima de Cuba (25,4) y Venezuela (27,4), según el informe analizado por Fernando Romero, presidente del Colegio Departamental de Economistas de Tarija.

«Los fundamentos de la libertad económica en Bolivia siguen gravemente obstaculizados por problemas estructurales e institucionales. El sistema judicial es vulnerable a la injerencia política, la corrupción prevalece y el estado de derecho es débil», señaló Romero, citando el estudio.

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Bolivia

El documento atribuye la baja calificación al aumento de la presencia estatal en la economía, controles de precios, un tipo de cambio fijo «asfixiante» y subsidios a carburantes «insostenibles».

Aunque la puntuación boliviana subió 0,6 puntos respecto a 2024, se mantiene muy por debajo del promedio mundial (59,7) y regional (59,4).

El informe también destaca retrocesos históricos. Por ejemplo, desde 1998, la libertad económica en el país cayó 36%, pasando de 68,8 puntos, durante el modelo neoliberal, a los actuales 44,1, en línea con los gobiernos socialistas desde 2006.

Romero resaltó las contradicciones en los indicadores, pues mientras Bolivia registra una «carga fiscal alta» (88,8 puntos) y «salud fiscal crítica» (4,4), el informe le otorga una «libertad monetaria alta» (70,6), pese al actual «corralito bancario» y escasez de dólares.

Los peores resultados están en derechos de propiedad (19,9) y libertad de inversión (15), reflejando, según el economista, la falta de seguridad jurídica que ahuyenta capitales.

El análisis también critica el código laboral «anticuado y gravoso», así como la «creciente inestabilidad» por paros y bloqueos que son bastante habituales en el país.

«El común denominador son conflictos que ahuyentan inversiones. No hay seguridad económica para invertir», agregó Romero.

El economista señaló que mejorar este índice «amerita un cambio estructural en temas laborales, económicos y políticos», algo que deberá asumir el próximo gobierno para «reencaminar al país» y superar una crisis agudizada por la falta de confianza institucional.

El informe no incluye una postura oficial, pero indica que Bolivia requiere reformas profundas para dejar de ser una de las economías menos libres del continente.

El ministro de Trabajo, Erland Rodríguez, anunció que se prevé iniciar esta semana las negociaciones con la Central Obrera Boliviana (COB) para atender su pliego petitorio, principalmente el pedido de 15% de incremento al salario mínimo y 20% al salario básico.

La autoridad dijo que se instalarán las comisiones de trabajo y se irán resolviendo los temas para dar una respuesta definitiva hasta el 1 de mayo, como ocurre cada año.

“Vamos a comenzar a trabajar en mesas de trabajo de la solicitud que están haciendo los hermanos de la Central Obrera Boliviana; y así dar una respuesta para el 1 de mayo. Vamos a empezar la siguiente semana”, dijo Rodríguez.

Asimismo, informó que, como Ministerio de Trabajo, les toca negociar en la comisión de normas y es un trabajo que realizan constantemente con el gremio obrero.

Respecto al pedido de incremento salarial, aseguró que el gabinete económico del Gobierno analizará la solicitud y definirá si es viable o no; y lógicamente negociará en la respectiva mesa con la COB.

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Incremento salarial

“Hay muchas situaciones para analizar de las peticiones, las reuniones de trabajo darán respuestas oportunas y en el tema del incremento salarial se informará hasta el 1 de mayo”, complementó.

Hace un par de semanas, el Gobierno y la COB acordaron la creación de cuatro comisiones técnicas para analizar y negociar el pliego petitorio de los trabajadores.

Juan Carlos Huarachi, secretario ejecutivo de la COB, precisó que las mesas también evaluarán “propuestas de emergencia” para frenar el impacto de la crisis en los hogares.

Tras conocer el pedido de incremento salarial presentado por la COB, varios sectores empresariales e industriales rechazaron la solicitud y la calificaron como “irreal”.

El año pasado, el incremento salarial en el país fue de 5,85% al salario mínimo nacional; y del 3% al salario básico. El salario mínimo nacional ascendió a Bs 2.500.