Economía

Tuesday 11 Feb 2025 | Actualizado a 12:11 PM

Montaño informa que la cobertura de fibra óptica llega al 100% de municipios del país

El Gobierno anunció la conclusión de la Fase III del proyecto de fibra óptica, que abarca a todos los municipios, con una inversión superior a Bs 367 millones.

Por Daniel Zenteno

/ 29 de noviembre de 2024 / 17:01

El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, informó este viernes que Bolivia alcanzó el 100% de cobertura de fibra óptica en todos los municipios del país, gracias a un proyecto liderado por la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel).

La Fase III de este despliegue incluyó 40 comunidades y requirió una inversión de más de Bs 367 millones.

“Es una alegría anunciar que todos los municipios, capitales y comunidades de Bolivia ahora cuentan con fibra óptica. Podemos decirle al pueblo boliviano: misión cumplida”, afirmó Montaño en una conferencia de prensa.

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Fibra

Si bien el despliegue llega a las plazas principales de los municipios, el acceso domiciliario aún enfrenta desafíos, debido a las particularidades geográficas de cada región.

Para superar esta limitación, el ministro informó que el presidente Luis Arce autorizó la inversión de Bs 58 millones adicionales, que serán utilizados para conectar los nodos municipales directamente a los hogares mediante un proyecto conjunto entre Entel y el Programa Nacional de Telecomunicaciones de Inclusión Social (Prontis).

Con esta ampliación, se espera que los usuarios en zonas rurales y urbanas tengan acceso directo a servicios de alta calidad para transmisión de datos y navegación en redes sociales.

El ministro destacó que la fibra óptica contribuye a disminuir las brechas de conectividad entre áreas urbanas y rurales, promoviendo igualdad de acceso a la información. Su importancia es trascendental en el contexto moderno ampliamente digitalizado.

Además, aseguró que las tarifas de los servicios mostraron una reducción progresiva, favoreciendo a los usuarios.

El proyecto refuerza, según Montaño, los compromisos del Gobierno en modernizar las telecomunicaciones y facilitar el acceso a tecnologías avanzadas en todo el territorio nacional.

Se espera que las conexiones domiciliarias aceleren la inclusión digital, beneficiando a miles de bolivianos.

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Gobierno y CEPB acuerdan que la disposición confiscatoria no se aplique sin consenso

El presidente del empresariado, Giovanni Ortuño, dijo que respeta la posición de los sectores productivos cruceños, pero la CEPB no acatará ningún paro ni medida de presión.

La reunión entre autoridades de Estado y representantes de la CEPB.

Por Daniel Zenteno

/ 11 de febrero de 2025 / 11:59

Tras una reunión entre autoridades del Gobierno y la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), se acordó que la disposición séptima de la Ley Financial que autoriza el decomiso y confiscación de productos no se aplicará sin un consenso previo con el sector privado.

“Hemos acordado que la disposición séptima no se va a aplicar en tanto el sector privado y el Gobierno no se pongan de acuerdo en metodologías, normas o cualquier otra forma de solución al tema de especulación, contrabando ilegal, exportaciones ilegales, seguridad jurídica y respeto a la propiedad privada”, informó al salir del Ministerio de Justicia.

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Disposición

La reunión se realizó este martes, debido a la susceptibilidad de que el Gobierno comience a aplicar la norma, tras la autorización de los gremiales, quienes propusieron la elaboración de un decreto supremo que establezca textualmente que la disposición no alcanza al comercio minorista.

La criticada norma del Presupuesto General del Estado (PGE) autoriza a las autoridades competentes a decomisar los productos y alimentos que se almacenen con el fin de venderse a precios más elevados. Sin embargo, diversos sectores denuncian que esta medida viola el derecho a la propiedad privada.

Por ello, el lunes se realizó un paro multisectorial nacional en rechazo a la disposición, aunque no recibió mucho apoyo, según el Gobierno.

CEPB

Al respecto, Ortuño señaló que la CEPB no se sumará a ninguna medida de presión, aunque manifestó su respeto por las decisiones de estos sectores.

“Respetamos cualquier tipo de actitud y medida de los sectores productivos de Santa Cruz, las diversas instituciones y sus estrategias para lograr sus objetivos (…); la CEPB, sin embargo, no propicia paros y no puede estar de acuerdo”, afirmó.

En los próximos días, el empresariado y el Gobierno continuarán con las reuniones para esclarecer todos los puntos necesarios sobre la disposición.

“Vamos a constituir fuerzas de trabajo para apuntar hacia soluciones concretas. No nos hemos puesto plazos, pero ya en esta semana vamos a intentar poner un cronograma”, explicó Ortuño.

Además, el presidente de la CEPB coincidió con el Gobierno en que no se puede pedir al Órgano Ejecutivo la derogación de la disposición, pues esa competencia le corresponde a la Asamblea Legislativa.

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Fiscalía investiga presunto proxenetismo y pornografía de dos adolescentes en TikTok

Las menores, ofrecidas como "novias en alquiler", habrían sido inducidas por un adulto de 30 años.

El comandante departamental de Chuquisaca da la información del caso.

Por Daniel Zenteno

/ 11 de febrero de 2025 / 11:59

La Fiscalía Departamental de Chuquisaca inició una investigación por presunto proxenetismo y pornografía tras descubrir que dos hermanas adolescentes se ofrecían como «novias en alquiler» a través de cuentas en TikTok.

Según las autoridades, el caso habría comenzado hace dos años, cuando una persona mayor de 30 años habría manejado sus redes sociales y las habría inducido a ofrecer servicios sexuales y material pornográfico a cambio de dinero.

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Proxenetismo

Mirko Sokol, comandante departamental de la Policía en Chuquisaca, señaló en una entrevista con Bolivia Tv que la falta de recursos económicos en la familia de las menores podría haber sido un factor determinante en este caso.

«Desde hace dos años habrían iniciado, probablemente por una persona mayor que manejaba sus redes sociales, ofrecía servicios sexuales y material pornográfico con diferentes montos», explicó Sokol.

El fiscal Javier Gorena, encargado de la investigación, indicó que se identificó a un individuo de 30 años como presunto responsable de inducir a las adolescentes a publicar contenido sexual en redes sociales durante 2023, cuando tenían 15 años.

Para avanzar en el caso, el Ministerio Público conformó una comisión especializada en trata y tráfico de personas, que revisará el material recolectado, incluyendo datos obtenidos de dos teléfonos celulares confiscados.

Gorena destacó que este individuo es considerado «clave» para determinar las razones detrás de la oferta de las adolescentes como «novias en alquiler». La participación del sospechoso salió a la luz a través de un informe social realizado por la Defensoría de la Niñez, luego de que las menores ingresaran a un hogar de acogida tras una denuncia de violencia familiar presentada por su abuela materna.

Hasta el momento, no se ha logrado localizar a los padres de las menores, quienes supuestamente residen en otras ciudades. Mientras tanto, las adolescentes permanecen bajo custodia en el hogar temporal, y las investigaciones continúan para esclarecer los detalles del presunto proxenetismo y la explotación sexual.

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Suben a 24 los fallecidos por la temporada de lluvias

Hay ocho personas desaparecidas, arrastradas por ríos, que podrían incrementar el número total de fallecidos.

Un río en La Paz aumentó su cauce tras la lluvia del martes. Foto: AMUN

/ 11 de febrero de 2025 / 10:59

Este martes, el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, informó que la cantidad de familias afectadas y personas fallecidas por la temporada de lluvias continúa en ascenso.

“Tenemos 27 municipios declarados en desastre municipal y 79 municipios afectados. Las familias afectadas son 85.318, familias damnificadas 28.692 y el total de familias 114.010. Tenemos 333 viviendas completamente destruidas y 24 personas fallecidas”, detalló la autoridad en entrevista con Bolivia Tv.

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Lluvias

Adicionalmente, Calvimontes informó que hay ocho personas desaparecidas que podrían incrementar el dato de personas fallecidas en todo el territorio nacional.

El viceministro informó que el lunes se reportó la desaparición de tres pescadores en el municipio de Bulo Bulo, en Cochabamba, tras la crecida del río Ichilo. Los tres jóvenes están siendo buscados por el equipo de riesgo y se espera encontrarlos con vida.

Asimismo, en el municipio de Tipuani, en La Paz, cuatro mineros fueron arrastrados tras el sorpresivo incremento en el caudal de un río cerca de donde intentaban encontrar oro. Se encontraron a dos personas, pero se reporta que al menos cuatro se encuentran todavía desaparecidas.

En este caso, algunos comunarios reportaron el hallazgo del cuerpo sin vida; sin embargo, el Viceministerio de Defensa Civil no puedo constatar la información. En caso de oficializarse, los fallecidos ascenderían a 25.

Además, también informó que, en Chuquisaca, una persona fue arrastrada por el río Chico. Este caso es el que menos probabilidades de resultado positivo se tiene, pues el hombre desapareció hace dos semanas.

Calvimontes destacó que se realizan todos los operativos necesarios para poder encontrar a la brevedad posible a todos los desaparecidos y evitar que se presenten incidentes similares.

Además, señaló que se realiza la entrega de ayuda humanitaria, sin escatimar en gastos, a todos los municipios que se declararon en desastre. Esta semana se tiene previsto enviar los insumos necesarios a los municipios paceños de Tipuani y Apolo, que se encuentran bastante afectados.

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En medio de controversia, YLB convoca socialización en Potosí sobre contrato de litio

El encuentro en la Cámara de Minería busca explicar la Ley de Litio y el acuerdo con Hong Kong CBC, en un contexto de protestas de instituciones locales.

Trabajos de extracción de litio del salar de Uyuni, Potosí.

Por Daniel Zenteno

/ 11 de febrero de 2025 / 10:59

El Ministerio de Hidrocarburos, en conjunto con Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), invitó a la sociedad y a actores del sector a participar en una sesión de socialización sobre la Ley de Litio y el contrato firmado con la empresa china Hong Kong CBC.

El evento se llevará a cabo el miércoles en la Cámara Departamental de Minería de Potosí, a partir de las 11.00.

La sesión pretende esclarecer los términos del contrato, que fue suscrito en noviembre de 2024 para la instalación de dos plantas de producción de carbonato de litio en el salar de Uyuni, utilizando tecnología de Extracción Directa de Litio (EDL) y con capacidades de producción de 10.000 y 25.000 toneladas anuales, respectivamente, con una inversión de $us 1.030 millones.

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Contrato

Además, se recuerda que otro contrato similar, suscrito con la empresa rusa Uranium One Group, también fue remitido a la Asamblea Legislativa para su tratamiento. Según los datos oficiales, Bolivia cuenta con 23 millones de toneladas de litio cuantificadas en sus salares, lo que la posiciona como el mayor reservorio de este recurso estratégico a nivel mundial.

Sin embargo, esta medida generó un clima de controversia y protestas en la región. El Comité Cívico Potosinista (Comcipo) y otras instituciones de Potosí han anunciado movilizaciones en contra de los contratos, argumentando que estos acuerdos podrían perjudicar la economía local y favorecer intereses extranjeros en detrimento de la soberanía nacional.

Dichos sectores sostienen que la transparencia y la rentabilidad de los proyectos aún no quedan suficientemente claras y exigen mayor información y diálogo antes de dar su aprobación definitiva.

En respuesta a estas inquietudes, el Gobierno enfatizó en la importancia de estos proyectos para el desarrollo del sector hidrocarburífero y la atracción de inversiones que generen empleo y fortalezcan la economía del país.

Por ello, la socialización tiene como objetivo ofrecer un espacio para el debate y la presentación de datos técnicos que respalden la viabilidad del contrato, buscando disipar las dudas de la sociedad y de los actores críticos que se oponen a los acuerdos.

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CEPB asiste a diálogo con el Gobierno sobre disposición confiscatoria

El Gobierno reiteró que el sector formal no se verá afectado por la norma que autoriza la confiscación de productos y mercancías.

El presidente de la CEPB, Gioavanni Ortuño, antes de la reunión.

Por Daniel Zenteno

/ 11 de febrero de 2025 / 09:58

Este martes, la Cámara de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) se reunirá con autoridades del Gobierno para dialogar sobre la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) que autoriza el decomiso y confiscación de productos y alimentos por parte de las autoridades competentes.

“Estamos viniendo a escuchar (…), hay diferentes interpretaciones a la norma, estamos en un periodo de análisis legal sobre la misma”, señaló Giovanni Ortuño, presidente de la CEPB, antes de entrar a la reunión.

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CEPB

La reunión debía realizarse la semana pasada, pero la CEPB pidió que se postergue para este martes.

El Gobierno extendió su invitación a la institución luego del rechazo de otras cámaras, como la Cámara Nacional de Industrias (CNI), la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb) y la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO).

Esas instituciones acordaron no participar en ninguna reunión con el Gobierno hasta que se logre la derogación de la disposición confiscatoria, debido a que consideran que es una norma que viola varios derechos constitucionales.

Por ello, realizaron un “paro multisectorial” en varios departamentos del territorio nacional. Empero, la CEPB no se sumó a la medida de presión. Asimismo, el Gobierno dijo que se evidenció que la marcha no tuvo convocatoria y no se logró los resultados que los sectores productores esperaban.

En la reunión de este martes, el Gobierno espera tratar la reglamentación de la disposición para que comience a aplicarse lo antes posible. Ya se logró un acuerdo con una parte del sector gremial, debido a que se elaborará un decreto supremo en el que se establece explícitamente que la norma no alcanzará al comercio minorista.

El viceministro de Desarrollo Agropecuario, Álvaro Mollinedo, que participará de la reunión con la CEPB, aseguró que la disposición no afecta al sector privado formal, por lo que no hay nada que preocuparse. Insistió en que se trata de una demanda que exige la población para evitar el agio, la especulación y el contrabando.

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