Los nueve gobernadores de Bolivia articularán una reunión nacional este jueves en Cochabamba para analizar la crisis de combustibles que afecta al país, anunció este martes el gobernador de Chuquisaca, Damián Condori.

La cita, coordinada tras consultas con Oscar Montes, gobernador de Tarija, considerado líder de los gobiernos departamentales, buscará definir propuestas concretas para enfrentar el desabastecimiento que ya impacta operaciones económicas en varias regiones.

“Vamos a hacer un análisis muy profundo. No solo observaremos o criticaremos: plantearemos soluciones a corto y mediano plazo”, aseguró Condori, tras llegar a La Paz para gestionar reuniones con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

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Gobernadores

El gobernador advirtió que, si el Gobierno central no actúa, “las movilizaciones se intensificarán, afectando a las familias que viven de su trabajo diario”.

Hasta el momento, diversos sectores anunciaron movilizaciones por la falta de carburantes y el encarecimiento de precios de los productos de la canasta familiar.

Condori confirmó que los nueve departamentos reportan reducción de actividades productivas y logísticas por la escasez de diésel y gasolina. “Lamentablemente, el país ha entrado en una electoralización: algunos actores políticos aprovechan esta situación para réditos personales”, criticó, en alusión a la polarización en medio de la crisis.

Además del encuentro interdepartamental, los gobernadores gestionarán reuniones con la ANH para evaluar estrategias de abastecimiento.

 Condori insistió en que la prioridad es evitar el colapso total de sectores clave como el transporte, la minería y la agricultura. “El jueves debe marcar un punto de inflexión. No hay tiempo para improvisaciones”, subrayó.

La crisis, atribuida a la falta de divisas para importar carburantes, ha generado colas en estaciones, especulación y protestas en varios departamentos.

El Gobierno, por su parte, insiste este martes en la aprobación de un crédito de $us 75 millones en el Senado que, aseguran, ayudará a aliviar la crisis económica.

Efectivos del Comando Regional de la Policía de El Alto decomisaron este martes un camión modificado para transportar ilegalmente alrededor de 2.000 litros de diésel, presuntamente destinados a actividades ilícitas en la región de los Yungas, al norte de La Paz.

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, informó que el vehículo fue intervenido tras detectarse un tanque artesanal de 500 litros y un sistema de doble fondo, conocido como «macaco», con capacidad para 1.500 litros adicionales.

«Este camión estaba dedicado al transporte ilícito de carburante. Su sofisticación para evadir controles refleja el nivel de organización de quienes atentan contra la economía y el abastecimiento regular», declaró Ríos en conferencia de prensa.

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Camión

Según investigaciones preliminares, el conductor Rolando Q. M. y su acompañante, Lluvia C. G., planeaban distribuir el diésel en zonas de difícil acceso de los Yungas, una región vinculada frecuentemente a cultivos ilegales y contrabando.

En esa zona el combustible se comercializa en precios exorbitantes en comparación con su costo oficial. El litro de diésel subvencionado se vende a Bs 3,72, pero en regiones alejadas se vende a Bs 20, en algunos casos, principalmente en este periodo de escasez de carburantes.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público bajo cargos de transporte no autorizado de hidrocarburos y posible asociación delictiva.

Ríos destacó que el operativo forma parte de una estrategia nacional para frenar el desvío de combustibles subsidiados, un problema que ha agudizado la escasez en estaciones de servicio legales.

El caso se enmarca en la ola de incautaciones recientes por el desabastecimiento de diésel, que ha llevado a sectores productivos y transportistas a recurrir al mercado negro.

Por ello, una de las medidas que anunció el Gobierno es la presencia de efectivos militares y de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) en zonas fronterizas y estaciones de servicio para garantizar que el combustible no sea desviado.

Pese a que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) trabaja “sin tregua” para normalizar el abastecimiento de combustibles en el país, la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) cuestiona las medidas de la estatal y del Gobierno, al considerarlas “parches” temporales que no solucionan el problema estructural.

“Seguimos viviendo una crisis que todavía no tiene una solución estructural. Las noticias que llegan de YPFB y del Ministerio (de Hidrocarburos) solo nos dan una certidumbre a corto plazo, un abastecimiento para dos semanas”, criticó Jean Pierre Antelo, presidente de la organización, en conferencia de prensa.

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Cainco

Este lunes, YPFB ingresó al país mayores volúmenes de diésel y gasolina para abastecer el 80% de la demanda nacional. La semana pasada, la estatal reconoció que no podría cubrir el 100% de la cantidad requerida por el sector productor, por lo que habilitó varias medidas, como la compra a través de criptoactivos, para importar nuevos volúmenes.

El Gobierno informó que, hasta el viernes, ingresarán 66,8 millones de litros de carburantes de importación que junto a la producción nacional deberán abastecer la demanda de gasolina por 25 días y siete en la demanda de diésel.

Por ello, Antelo se refirió a estos anuncios como “parches” que “no solucionan la crisis” y se preguntó qué pasará posteriormente.

Indicó que el país se encuentra en vilo debido a que el sector productor no cuenta con diésel para la cosecha de verano, mientras el ciudadano de a pie debe realizar “filas interminables” por gasolina.

“Seguimos con las restricciones para las exportaciones que son el único camino que nos puede dar dólares”, protestó, en referencia a las prohibiciones de autorizar nuevas ventas de carne de res y soya al mercado externo.

Para el presidente de la Cainco, la solución depende de que el Gobierno admita que ya no puede cumplir el compromiso de abastecer de combustible, para que de esta manera el sector privado pueda importar el carburante.

“Lo primero es que el Gobierno transparente que no puede tomar ya responsabilidad de combustible y le permita al sector privado importar de una manera irrestricta”, indicó.

Las autoridades, por su parte, aseguraron que la aprobación de créditos en la Asamblea Legislativa normalizará el suministro de carburantes.

El Comité Multisectorial concluyó el octavo encuentro nacional en el que exigió al Gobierno cumplir con su obligación constitucional de garantizar el 100% del abastecimiento diario de carburantes y advirtió que, de no actuar de inmediato, será responsable de la mayor debacle económica del país.

El comunicado critica la reciente admisión del Gobierno, que reconoció su incapacidad para resolver el problema de abastecimiento, y exige la liberación absoluta e irrestricta de la importación y comercialización interna de diésel y gasolina, sin que estas sustancias sean consideradas como controladas.

Por ello, como parte de sus iniciativas, y atendiendo a la solicitud de los sectores gremiales y productivos “de la joven y pujante ciudad de El Alto”, se convocó a un noveno ampliado multisectorial que se celebrará el viernes en esa ciudad.

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Comité

Durante este encuentro se ultimarán los detalles concernientes a la denominada “Marcha Multisectorial por la Producción, el Trabajo Honesto y el Desarrollo”, que busca presionar a las autoridades para que liberen los créditos necesarios y se implementen soluciones inmediatas al déficit de carburantes.

Ante la crítica situación económica y a la baja oferta de combustible que casi paraliza la actividad nacional, el comunicado anuncia que se realizará una marcha hacia la ciudad de La Paz, partiendo desde Apacheta el lunes 24 de marzo.

Estos hechos significan varios cambios en el grupo, pues originalmente la marcha debía partir el martes desde Patacamaya a La Paz. Asimismo, el objetivo inicial del comité era la eliminación de la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE), que autoriza decomiso de productos y alimentos, pero ahora parece ser la provisión de combustible.

Al mismo tiempo que se realizaba el encuentro, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) informaba que aceptó un recurso de inconstitucionalidad contra la disposición debido a que otorga facultades extraconstitucionales a las autoridades para realizar el control y decomiso de alimentos y productos.

Al concluir la reunión, el secretario ejecutivo nacional de la Confederación de Gremiales, César Gonzáles, dijo desconocer esta información, que no se mencionó en todo el ampliado, pero indicó que se aguardará una postura oficial y ratificó que en estos momentos el tema del combustible es la prioridad para el Comité Multisectorial.

Luego de que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) aceptara un recurso de inconstitucionalidad contra la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE), la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), saludó la decisión y señaló que es un paso hacia la seguridad jurídica.

“Con la admisión del recurso de inconstitucionalidad abstracta sobre la Disposición Séptima del PGE se da un esperanzador primer paso hacia la protección y seguridad jurídica de nuestros productores en defensa del trabajo y el futuro del país”, afirmó Jean Pierre Antelo, presidente de la organización, en sus redes sociales.

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Cainco

La cuestionada norma autorizaba a las autoridades competentes realizar el decomiso y confiscación de productos que sean almacenados con el objetivo de venderse a precios más elevados en un futuro cercano.

Sin embargo, el sector productor, como Cainco, consideró a la medida “ambigua” y afirmó que se podía utilizar de manera arbitraria, sin respetar el derecho a la propiedad privada.

“El PGE 2025 es una firme intención de perpetuar las deficiencias estructurales de la economía boliviana, poniendo en riesgo la estabilidad del sector productivo, y acentuando los desafíos ya existentes”, protestó la institución a principios de año.

No obstante, este lunes el presidente del TCP, Gonzalo Hurtado, informó que la disposición queda suspendida provisionalmente. 

El TCP ordenó notificar al vicepresidente David Choquehuanca, en su rol de presidente nato de la Asamblea Legislativa, para que el Órgano Ejecutivo presente sus argumentos en un plazo de 15 días.

En conferencia de prensa, la máxima autoridad del Tribunal Constitucional indicó que la medida impulsada por el Gobierno vulnera los principios y derechos de los bolivianos.

“Vivimos en un Estado de derecho, por lo que no puede pasar que se vulneren los principios que guían la convivencia y están escritos en la Constitución Política”, leyó Hurtado.

Pese a este anuncio, el denominado Comité Multisectorial, que se conformó originalmente para eliminar la disposición, anunció que continuará con las medidas de presión y anunciaron una marcha desde Apacheta hasta La Paz el próximo lunes.