Con los plazos cada vez más cortos, el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, criticó la “inacción” de Diputados en la consideración del Proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025.

“Lamentamos que la Cámara de Diputados reste importancia y no priorice el tratamiento del PGE, dejando vencer el plazo establecido y permitiendo así que el Ejecutivo lo apruebe de manera directa”, señaló este jueves en sus redes sociales.

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PGE

Actualmente, el proyecto se encuentra en la Cámara Baja, donde ya fue aprobado por la Comisión de Planificación y está a la espera de ser tratado en el pleno de ese órgano legislativo.

Posteriormente, se lo remitirá a la Cámara de Senadores, donde deberá ser sancionado antes de su remisión al Órgano Ejecutivo para su promulgación.

Sin embargo, el plazo para la Asamblea Legislativa culmina el 31 de diciembre. De no aprobarse hasta entonces, la Constitución Política del Estado, en su artículo 158 parágrafo 11, establece que el PGE se dará por aprobado y entrará en vigencia.

“La Constitución es clara: El PGE debe ser tratado en la Asamblea, tomando en cuenta que este presupuesto general requiere una profunda evaluación, análisis y debate”, añadió Rodríguez.

El senador afirmó que la Cámara Alta está a la espera de que se les remita “el proyecto de ley para su respectivo tratamiento”.

Asamblea

Además, otro problema que se avecina es el receso legislativo de fin de año, que impediría el tratamiento del presupuesto en los plazos establecidos.

“Con esta inacción, los diputados están debilitando las atribuciones del Órgano Legislativo y poniendo en riesgo el equilibrio democrático que garantiza nuestra Carta Magna”, protestó Rodríguez.

Si el PGE no se aprueba en la Asamblea, se presentará la misma situación del presupuesto vigente. En 2023, senadores y diputados no lograron llegar a un consenso para la aprobación de la Ley Financial 2024, por lo que entró en vigencia de manera automática.

De acuerdo con los legisladores, debido a la complicada coyuntura económica que atraviesa el país, el PGE debe ser tratado a detalle. Por ello, piden anular el receso legislativo para poder analizar el proyecto.

Debido a que tras el acuerdo del martes entre la Cámara Nacional de Industrias Oleaginosas de Bolivia (Caniob) y el Gobierno la producción de aceite se normalizó, el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, afirmó que las industrias aceiteras quedaron en evidencia ante el pueblo boliviano.

“Una cosa que hay que decir de frente es que las industrias oleaginosas han quedado evidenciadas; estas últimas semanas no han abastecido de suficiente aceite a la población boliviana”, protestó este jueves en conferencia de prensa.

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Aceite

En ciudades como La Paz, el litro de aceite llegó a costar Bs 20, cuando su precio regular debería ser, como máximo, Bs 13,50.

Por ello, el Gobierno decidió suspender temporalmente las exportaciones del aceite refinado, con el objetivo de generar un excedente en el mercado interno y normalizar los precios.

El miércoles, las industrias aceiteras incrementaron la producción y doblaron turnos para garantizar el abastecimiento.

Por ello, Huanca consideró que el aceite siempre estuvo garantizado; lo que falló fue la distribución. “Las industrias oleaginosas por alguna razón no han abastecido de manera normal y ellos son los culpables de que se genere esa preocupación en la población”, cuestionó.

Acuerdo

En la reunión del martes, la Caniob se comprometió a normalizar el abastecimiento de aceite a precios regulares. El Gobierno, por su parte, señaló que, en la reunión de este jueves, si se evidencia que la producción se regularizó y los precios disminuyeron, se analizará retomar las exportaciones de aceite refinado.

Las industrias aceiteras y otros sectores productivos denunciaron que la suspensión de ventas al mercado exterior genera pérdidas económicas millonarias y pone en riesgo la fuente de ingreso de miles de trabajadores.

Sin embargo, Huanca auguró que la normalización en el precio del aceite tardará un poco más, pues se debe tomar en cuenta la logística de distribución de Santa Cruz al resto de departamentos; luego a los detallistas y mayoristas, que llevan el producto a los comerciantes quienes ofrecen el aceite al consumidor final.

“Esto no es rápido, esperemos que en el transcurso de los días se vaya verificando aquello”, afirmó.

Huanca destacó que las industrias cumplan con su compromiso y pidió a algunos proveedores «no sorprender» a la población con precios altos del aceite.

En un operativo realizado este jueves en la Terminal de Buses de La Paz, las autoridades decomisaron un bus procedente de Villazón, Potosí, cargado con aceite de contrabando. La mercancía, de origen argentino, estaba distribuida en botellas de 5 litros y 900 ml, que estaban acomodados en los asientos del bus que deberían ser para pasajeros.

De acuerdo con el reporte preliminar, más de 500 bidones iban a ingresar a los mercados del departamento, donde el precio del aceite se encareció en las últimas semanas.

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Aceite

Patricia Álvarez, funcionaria del Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, informó que la empresa de transporte no presentó la documentación que acredite la legalidad de la carga y no pudo justificar su procedencia.

«El bus está lleno de aceite de esta marca que no cuenta con registros ni documentos de respaldo», declaró Álvarez.

La única factura presentada correspondía a la compra de «cinco budines», lo que no justifica rl volumen de la mercadería.

En tanto, Jhoselyn Carrasco, representante de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), señaló que se verificará si el bus partió de la terminal de Villazón o de la carretera.

La funcionaria precisó que la carga, que incluía galones y botellas de aceite, fue transportada en los asientos, algo prohibido por la normativa de transporte, ya que las encomiendas deben ir en los buzones.

La ATT anunció sanciones contra la empresa de transporte, mientras que la Aduana Nacional asumirá la custodia de la mercadería, cuyo valor se estima en aproximadamente Bs 30.000.

Este miércoles, el secretario ejecutivo de la Confederación de Choferes de Bolivia, Lucio Gómez, anunció que a partir del 1 de enero de 2025 la nivelación de pasajes será una realidad en varios departamentos del territorio nacional. Inclusive, en algunas ciudades, ya se incrementó la tarifa, según el dirigente.

“Ya está consensuado en muchos departamentos. Por ejemplo, estoy hablando de Potosí, Tarija, Oruro, Sucre, otros departamentos que sí se ha consensuado. Algunos ya están nivelando y algunos a partir de enero (de 2025)”, afirmó en conferencia de prensa.

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Pasajes

En criterio de Gómez, el incremento en el costo del transporte público está completamente justificado debido al encarecimiento del costo de vida y la situación económica que atraviesa el país.

Denunció que el sector transportista es uno de los más afectados por la coyuntura, por lo que la nivelación de pasajes es su principal demanda en este momento.

“Se tiene que nivelar los pasajes. Para nadie es secreto que hay elevación de la canasta familiar, no existen dólares en el país, la elevación de los costos de repuestos ha subido en un 100%”, explicó el ejecutivo.

Por ello, destacó el trabajo de las autoridades que aceptaron el incremento de la tarifa del transporte público.

Sin embargo, reconoció que, en las dos ciudades más grandes, La Paz y Santa Cruz, las autoridades locales no quieren dar a torcer el brazo.

En el caso de La Paz, los transportistas, Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) y la Alcaldía Municipal realizan un estudio de costos para verificar si corresponde o no el incremento del pasaje.

Mientras que, en Santa Cruz, los micreros comenzaron a realizar cobros irregulares de manear unilateral, lo que llevó a problemas con la Alcaldía del Municipio.

Gómez pidió tanto a Iván Arias como a Jhonny Fernández, alcaldes de ambas ciudades, dialogar con los transportistas y entender que la nivelación de pasajes es imperativa para el sector.

Este miércoles, el presidente de las Empresas Instaladoras de Gas de La Paz, Ángel Aráoz, afirmó que el sector se declaró en emergencia, debido a un incremento del 40% de los insumos que utilizan para la instalación de gas domiciliario.

“Hemos venido exigiendo el cumplimiento de varios acuerdos (…), tenemos conocimiento de que la subida está en un 40% de todos los materiales que nos permiten hacer las instalaciones domiciliarias”, denunció en conferencia de prensa.

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Empresas

De acuerdo al dirigente, debido a la falta de dólares, la importación de los insumos también se encareció, debido a que deben recurrir al tipo de cambio paralelo para la adquisición de tuberías y otros materiales necesarios para la instalación.

Además, Aráoz señaló que actualmente, en todo el territorio nacional, operan “más de 6.000 empresas” instaladoras del gas domiciliario. Sin embargo, debido a la precaria situación del sector, algunas ya han iniciado a cerrar.

“Por lo menos en un 10% ya están cerrando estas empresas instaladoras”, lamentó. Además, el resto que se mantiene en operación tuvo que reducir su personal.

Asimismo, el presidente del sector señaló que el perjuicio no es solo para las empresas, sino también para las familias bolivianas, pues no todas cuentan con acceso a gas domiciliario y deben recurrir a las garrafas de gas licuado de petróleo (GLP).

Por ello, advirtió que algunos trabajadores del sector ya están “comenzando a salir a las calles” debido a la inacción del Gobierno y del Ministerio de Hidrocarburos.

Aráoz señaló que el descontento de estas empresas inició desde 2022, pero no se atendió sus denuncias ni demandas y ahora atraviesan un estado de emergencia a causa de las malas gestiones.