Tras una reunión de diferentes sectores que rechazan la disposición séptima de la Ley Financial, que autoriza el decomiso y confiscación de productos, el Comité pro Santa Cruz confirmó que participará del paro nacional del próximo lunes en busca de la derogación de la norma.

“El directorio del Comité pro Santa Cruz ha decidido respaldar, apoyar y participar activamente de las manifestaciones que se llevarán adelante el lunes, concretamente en Santa Cruz de la Sierra, pero también coordinando a nivel nacional”, señaló Fernando Larach, representante de los cívicos cruceños.

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Se acordó que la medida de presión se realizará desde las 08.00 hasta las 16.00, “siempre respetando la propiedad privada”.

Paro

“Queremos invitar a toda la población a acoplarse a estas movilizaciones que buscan realmente abrir los ojos de Gobierno y de la Asamblea Legislativa para que esta disposición que ha sido aprobada de manera ilegal sea derogada y de esa manera podamos volver a una situación de seguridad jurídica para el sector privado”, afirmó Oswaldo Barriga, presidente de la Cámara de Exportadores, Logística y Promoción de Santa Cruz (Cadex).

La cuestionada norma, según el Gobierno, autoriza el control y decomiso de productos y alimentos que se acopien para venderse a precios más elevados en un futuro cercano. De esta manera, se frenarían actividades como el contrabando, el agio y la especulación.

Sin embargo, todos los sectores privados coindicen en que se debe eliminar la medida, pues consideran que se puede utilizar de forma arbitraria y genera zozobra y preocupación. 

“Necesitamos el apoyo de toda la población (…), hay que decirle al Gobierno que no haga política con la comida de los bolivianos”, añadió Klaus Frerkin, presidente en ejercicio de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO).

Larach aclaró que no se trata de un paro cívico, sino de un paro movilizado, por lo que los sectores que no marchen pueden realizar sus actividades de manera regular.

Choferes del transporte pesado de la ciudad de El Alto denunciaron este jueves una irregularidad en un surtidor ubicado en la carretera El Alto – Viacha, al descubrir que el combustible vendido como diésel no correspondía a dicho producto.

Denunciaron que al cargar el carburante notaron que el líquido tenía un color y características que diferenciaban claramente al diésel.

“Cuando hemos cargado nos hemos percatado que esto no es diésel, es aceite de soya”, señaló uno de los conductores.

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Diésel

Ante esta situación, los transportistas se comunicaron de inmediato con la administración de la estación de servicio para reclamar y exigir la devolución del dinero pagado.

“Nos hemos contactado con la encargada, le hemos dicho a la señora que se lo saqué el diésel y que nos devuelva (el dinero). Nosotros no hemos encendido los camiones ya que lo vamos a fregar la máquina, el motor”, afirmó el chofer, destacando el riesgo de daños irreparables en los motores de sus vehículos.

Asimismo, los afectados reportaron el incidente a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). El director distrital de la estatal, Iván Colque, aseguró que se harán las investigaciones correspondientes.

“Se está tomando en cuenta las denuncias. Como ANH vamos a tomar las medidas correspondientes”, en respuesta a la alerta generada.

Denuncias

Mientras tanto, los choferes permanecieron en la puerta de la estación de servicio, exigiendo una solución inmediata al problema.

No es la primera vez que la ANH recibe denuncias por diésel adulterado. Hace un mes, choferes del departamento de Potosí denunciaron que se les vendió combustible mezclado con agua.

Tras las investigaciones correspondientes, la estatal confirmó la presencia de partículas de agua en el carburante, pero aseguró que se trató de un hecho aislado y se procedió al resarcimiento económico a los transportistas afectados.

La denuncia de aceite de soya en lugar de diésel generó inquietud entre los transportistas, quienes llaman a una mayor fiscalización y transparencia en el sector, para que hechos como este no se repitan y se asegure el abastecimiento seguro y confiable de combustible en el país.

La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) expresó este jueves su preocupación y protesta por la suspensión de los certificados de autorización para la exportación de carne de res, decisión tomada por el Gobierno con el objetivo de frenar el incremento del precio en el mercado interno.

A través de un comunicado, el sector empresarial advirtió que esta medida genera un clima de incertidumbre entre los productores y exportadores, además de afectar la confianza en los acuerdos alcanzados entre el sector público y privado.

“Este tipo de decisiones unilaterales aumentan la inseguridad y pueden afectar los consensos logrados, que son tan importantes para enfrentar los grandes problemas que nos afectan a todos”, señala el pronunciamiento de la CEPB.

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Carne

El Gobierno justificó la suspensión de exportaciones bajo el argumento de que se busca garantizar el abastecimiento interno y frenar la subida de precios.

Sin embargo, desde el sector empresarial sostienen que la especulación y el alza de costos responden a factores estructurales, como la escasez de dólares y el contrabando de productos.

En ese sentido, la CEPB hizo un llamado a las autoridades para que revisen la determinación y restablezcan los espacios de diálogo con el sector exportador.

También propusieron instalar de manera urgente una mesa de trabajo público-privada para abordar el problema del contrabando inverso, al que atribuyen la especulación y el desabastecimiento.

El anuncio del Gobierno generó fuertes críticas de diversos sectores productivos, quienes advierten que la restricción de exportaciones daña la imagen de Bolivia en los mercados internacionales, pone en riesgo inversiones clave para la economía del país y genera pérdidas millonarias.

Por su parte, el oficialismo afirma que las afectaciones económicas serán mínimas y la medida se levantará una vez que los precios de la carne en el mercado interno se normalicen.

Este jueves, el presidente Luis Arce reiteró que el país no cuenta con los recursos de antes, por lo que se debe conseguir los recursos de donde se puede, con tal de continuar realizando obras y políticas en favor de la población.

“Estamos cumpliendo, conseguimos recursos allá donde podemos, en circunstancias en las que las reservas de gas han caído sustancialmente, no tenemos. Estamos trabajando”, afirmó el mandatario durante la presentación del “Credigremial”, en favor de los comerciantes.

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Arce

Arce destacó que su gestión no se está “quejando”, como acusan algunos sectores, que señalan que el Gobierno busca siempre terceros responsables y no asume la culpa por la situación que atraviesa el país.

“Nunca nos hemos quejado; más bien, hemos aguantado esos ataques que nos quieren echar la culpa de todo a nosotros”, señaló el Presidente.

De acuerdo con el mandatario, su gestión está revirtiendo “la situación en la que nos han dejado”, refiriéndose principalmente al tema hidrocarburífero, cuya exploración fue nula en las últimas décadas.

Así, destacó el descubrimiento de una gran reserva en Mayaya y espera que en los próximos años se tengan resultados.

“Estamos generando las condiciones para que mañana, 2026, 2027, ya estemos con nuestro pozo dando resultados”, dijo.

Además, Arce se refirió al presunto final del modelo económico social comunitario del Movimiento Al Socialismo (MAS) y dijo que mientras ayude a eliminar la desigualdad, el modelo siempre estará vigente.

“El modelo económico, mientras sirva al pueblo boliviano y llegue al bolsillo de los más pobres, es el modelo que nos sirve”, aseguró la máxima autoridad.

Asimismo, se refirió al tema de la industrialización con sustitución de importaciones, lo que, en su criterio, permitirá que el país produzca alimentos, insumos, bienes y productos que permitan dinamizar la economía y no depender de un solo recurso.

Este jueves, el Gobierno y el Banco Unión presentaron un nuevo crédito destinado a los trabajadores del sector gremial, denominado “Credigremial”, que permitirá que los comerciantes puedan acceder a un préstamo de hasta Bs 10.000 con una tasa de interés anual del 11,5%.

“Estamos cumpliendo con la familia gremial, con todo lo que nos habíamos comprometido, porque este es un Gobierno que lo que dice, cumple”, dijo el presidente Luis Arce durante el acto oficial.

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Credigremial

El mandatario señaló que ninguna medida de su gestión irá en desmedro del sector gremial, sino que, por el contrario, se busca proteger su economía, ya que se trata de personas que se encuentran en una situación económica complicada.

“El monto máximo se ha definido en 10.000 bolivianos. La tasa de interés es del 11,5% anual. El plazo de financiamiento, capital de operación hasta 36 meses y el capital de inversión hasta 60 meses”, informó Mario Viscarra, gerente general del Banco Unión.

Viscarra explicó que se deben cumplir con algunas condiciones para acceder al “Credigremial”, como “contar con la capacidad de pago”, no registrar deudas vencidas o vigentes o contar con más de dos créditos en el sistema financiero.

Los documentos necesarios son la fotocopia de cédula de identidad, fotocopia de los servicios básicos y “documentación que respalde los pasivos”.

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, destacó el aporte del sector gremial, comerciantes, minoristas, vivanderos, artesanos, para diversificar la actividad económica.

“Representan la fuerza productiva y el espíritu emprendedor de nuestro país”, expresó la autoridad.

De acuerdo con el ministro el sector gremial debió enfrentar muchas “barreras” para acceder a créditos y que sus demandas sean escuchadas. Por ello, considera que durante la gestión del Gobierno se logró los mejores resultados en favor de los comerciantes.

Destacó la creación del Fondo de Garantía de Créditos para el Sector Gremial (Fogagre) en los últimos años y las leyes en beneficio de estos trabajadores.

A partir de la fecha, los interesados podrán apersonarse a cualquiera de las agencias del Banco Unión para acceder al crédito.