El Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando y el Comando Estratégico Operacional (CEO-LCC) entregaron este martes en el Regimiento Ingavi de El Alto un total de 5.700 litros de diésel, 118 garrafas, 78 quintales de azúcar, 8 quintales de haba seca, 2 quintales de harina y otros productos incautados en operativos realizados durante las últimas dos semanas.

Además, se reportó la comisión de 35.000 kilos de carne de res desde el 12 de marzo, según Luis Velásquez, titular de esa cartera de Estado.

Velázquez detalló que, entre los artículos decomisados, también se encuentran 15 fardos de ropa usada americana, 35 bolsas de tenis, seis paquetes de cigarrillos, 12 cajas de aceite, un minibús cargado con flor de Jamaica y un furgón.

«Estos resultados son producto de un trabajo continuo las 24 horas, los siete días de la semana», afirmó, y resaltó que el CEO-LCC mantiene operativos activos en zonas fronterizas clave.

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Contrabando

La mayoría de la mercancía se decomisó en la localidad de Quaqui, debido a su proximidad con el país vecino de Perú.

De acuerdo con la autoridad, la afectación total al contrabando asciende a aproximadamente Bs 3,4 millones. Seis personas de nacionalidad boliviana fueron aprehendidas y puestas ante el Ministerio Público.

El viceministro mencionó el despliegue de unidades militares especializadas como el CEO Amazonas en Cobija (frontera con Brasil), el CEO Mamoré en Beni, el CEO Plata en Santa Cruz, el CEO Chichas en Tupiza y el CEO Chaco en Tarija (límite con Argentina).

«Hemos reforzado los controles para desarticular redes de contrabando que afectan la economía nacional», sostuvo.

El Gobierno intensifica su estrategia contra el comercio ilegal tras reportes de pérdidas millonarias anuales por contrabando, especialmente en regiones fronterizas.

Los operativos buscan proteger la producción local y garantizar el abastecimiento legal de insumos críticos como combustibles y alimentos que es afectado por el contrabando a la inversa.

La Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz) alertó este martes que más de 5.000 cabezas de ganado se encuentran en riesgo en el oriente boliviano debido a las condiciones climáticas desfavorables, con la temporada de lluvias que golpea con fuerza al sector.

De acuerdo con el presidente de la institución, Walter Ruiz, el Centro de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) realizó la verificación de las afectaciones y de la situación del ganado.

“Hay más de 5.000 animales que están en riesgo y van a tener que ser mudados a otro lugar o esperar si va a bajar el agua o dosificarles el alimento o moverlos de propiedad. Realmente son momentos difíciles para los productores”, señaló en conferencia de prensa.

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Ganado

Según el informe del COED, las precipitaciones afectaron más de 18.000 hectáreas en el municipio de Pailón, más de 1.200 en Cuatro Cañadas, 22.000 hectáreas en el municipio de Ascensión de Guarayos y San Julián con más de 30.000 hectáreas en peligro.

Ruiz explicó que las fuertes lluvias generan que no haya pastura para alimentar el ganado, debido a que los pastizales quedan bajo el agua y son totalmente inutilizables. Por ello, los productores deben recurrir a otros alimentos, que representan un costo más elevado, para asegurarse que el ganado pueda seguir con vida.

Sin embargo, en algunas comunidades esta opción no es una posibilidad, por lo que se reportó la muerte de algunos animales por falta de alimentos y otros que sufrieron el desborde de algunos ríos.

El presidente de Fegasacruz lamentó la situación, pues representa un problema extra para el sector, que ya enfrenta la escasez de dólares y la falta de combustibles. Respecto a este último punto, Ruíz indicó que la provisión comienza a normalizarse, aunque no al ritmo óptimo.

“Hay una provisión no oportuna, no constante como quisiéramos, pero efectivamente se está accediendo de a poco”, señaló.

Este martes el sector sostiene una reunión con el Gobierno para evaluar el tema de los costos de la carne de res, así como la suspensión al veto a las exportaciones de este producto.

Luego de que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitiera una medida constitucional para suspender la aplicación de la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE), que autorizaba el decomiso y confiscación de productos y alimentos, el Gobierno anunció que la norma queda suspendida.

“No se va a aplicar la disposición séptima hasta que el TCP en el fondo resuelva si es constitucional o no (…), el Gobierno va a cumplir, como lo ha hecho en otras oportunidades, y no va a aplicar la disposición en tanto el TCP no se pronuncie”, informó este martes el ministro de Justicia, César Siles.

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Disposición

De acuerdo con la autoridad, el Órgano Ejecutivo, como emisor de la norma, puede contestar en 15 días la postura del TCP, el cual en 45 días decidirá si la disposición en constitucional o no.

Siles explicó que la norma no puede ser derogada, pero si es declarada inconstitucional, entonces queda fuera del ordenamiento jurídico.

La polémica disposición autorizaba a las autoridades competentes a confiscar y decomisar productos que se almacenen con el objetivo de venderse a un precio más elevado. De acuerdo con el Gobierno, la norma permitiría una lucha frontal contra el agio y la especulación para proteger la economía del pueblo boliviano.

Por ello, el ministro señaló que es mejor no “adelantarse” y esperar la postura final del TCP, al cual pidió celeridad para tratar en los tiempos más cortos la constitucionalidad de la disposición.

En tanto, Siles pidió a los sectores movilizados y declarados en emergencia suspender sus medidas de presión, pues la norma está suspendida.

“No entenderíamos razón alguna para mantener la movilización o el reclamo específico en relación a la disposición, ha quedado suspendida, no se va a aplicar, no se va a reglamentar, no se puede adoptar ninguna medida administrativa o decreto”, aclaró.

Debido al rechazo a la disposición, varios sectores anunciaron con protestas y marchas hasta lograr su derogación, pues consideran que afecta al sector productor y es una violación al derecho a la propiedad privada.

Siles anunció que se continuará con el diálogo con estos sectores para informarles y reiterarles que la norma quedó congelada. Ahora las reuniones se centrarán en otros temas de preocupación, como el encarecimiento de precios de los productos de la canasta familiar.

Desde Santa Cruz, parte del Comité Multisectorial rechazó el “acuerdo”, al cual definen como una “simple acta”, que firmaron tres ministros de Estado y la Cámara Nacional de Industrias (CNI) para acelerar la importación de combustibles.

Para el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, los siete “acuerdos” alcanzados no le dan certidumbre al sector, pues no se soluciona la escasez de diésel que atraviesa el sector.

“Vemos que esto es una foto más para los libros del recuerdo del Gobierno (…), lo de ayer fue netamente un acta”, criticó este martes en conferencia de prensa.

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Comité

Oswaldo Barriga, presidente de la Cámara de Exportadores de Santa Cruz (Cadex), señaló que ninguna de las propuestas que presentaron los sectores fue analizada seriamente. Por ello, acusó al Gobierno de querer “patear día tras día un problema que tiene que ser solucionado de fondo”.

“Lo de ayer (lunes) fue un show más por parte del Gobierno. Es una pena que tres ministros se hayan reunido para hacerse la burla del Comité Multisectorial”, protestó.

En la reunión, la propuesta de eliminar al diésel y la gasolina de sustancias controladas fue rechazada, debido a que estos combustibles son precursores en la elaboración de narcóticos y drogas.

Asimismo, la sugerencia de permitir la importación, comercialización y transporte de carburantes por parte de privados durante un lapso de cinco años se analizará en mesa técnica.

Por ello, tanto Barriga como Frerking consideran que en el encuentro no se resolvió nada, por lo que se mantienen en emergencia y convocaron a un nuevo ampliado para el 2 de abril en la ciudad de El Alto.

Sin embargo, el presidente de la CAO señaló que las relaciones con la CNI se mantienen en buenos términos, pese a que su presidente, Pablo Camacho, firmó el “acuerdo” en representación de todo el Comité Multisectorial.

“Abusaron de su buena fe”, acusó Édgar Álvarez, vicepresidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Gremiales, quien considera que los ministros presionaron a los representantes para firmar el acta.

El Ministerio de Salud inició este martes un Monitoreo Rápido de Vacunación en 340 municipios de todo el país, con la meta de superar el 95% de cobertura en el esquema regular de inmunización para niños menores de cinco años.

La estrategia, que incluye visitas casa por casa, puntos de vacunación en unidades educativas y horarios extendidos en centros de salud, busca localizar a menores no vacunados, completar sus dosis pendientes y actualizar los registros sanitarios a nivel nacional.

Max Enríquez, viceministro de Promoción y Vigilancia Epidemiológica, precisó que el operativo prioriza la aplicación de vacunas como la SRP (que protege a los niños de enfermedades como el sarampión, rubéola y paperas), la antipoliomielitis y otras incluidas en el esquema nacional.

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Salud

Además, se analizarán las causas por las que algunos niños no han recibido las dosis correspondientes, analizando las posibles limitaciones y desatención en algunos municipios.

De acuerdo con la autoridad, un total de 3.996 brigadistas se desplegarán en los nueve departamentos para monitorear a 59.940 menores.

Según Enríquez, La Paz lidera la lista con 14.850 niños previstos para el monitoreo, seguido de Santa Cruz (12.390), Cochabamba (9.840), Potosí (6.600), Chuquisaca (4.680), Beni (3.600), Oruro (3.570), Tarija (2.550) y Pando (1.860).

El viceministro destacó que los centros de salud adaptarán sus horarios para atender a padres con dificultades de tiempo, garantizando acceso flexible a la vacunación.

«Este esfuerzo busca blindar a la población infantil frente a enfermedades prevenibles y evitar brotes», afirmó.

La iniciativa responde a los desafíos de cobertura en zonas rurales y urbanas marginales, donde persisten brechas en la inmunización. El Gobierno busca alinearse con las metas globales de salud ante el riesgo de resurgencia de patologías como el sarampión, reportado en países vecinos.