En medio de la polémica con el empresario Marcelo Claure, el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) informó que el club Bolívar tiene una deuda tributaria de Bs 307.000. Sin embargo, el monto se encuentra en proceso judicial debido a una impugnación presentada por el club.

«Se estableció la deuda, pero el club no pagó e impugnó el monto. Respetamos el derecho del contribuyente, y este tema debe resolverse en la instancia judicial correspondiente, sin mediatizarlo ni generar victimización», señaló el presidente del SIN, Mario Cazón, en conferencia de prensa.

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Bolívar

De acuerdo con el funcionario, la deuda se habría originado tras una fiscalización al club Bolívar en el año 2012.

La controversia surgió luego de que Claure denunciara que, a raíz de sus críticas al Gobierno, Impuestos estaba realizando fiscalizaciones a entidades vinculadas al club Bolívar, como la academia de Santa Cruz.

Sin embargo, este lunes, nuevamente Cazón aclaró que la fiscalización no contra el club Bolívar, sino contra otras empresas para verificar el proceso de construcción de un estadio en Tembladerani, en la ciudad de La Paz.

Entre las empresas mencionó a BAISA, empresa que administra el club Bolívar desde 2008; Bolívar 1935, dedicada a la construcción de estadios y bienes inmuebles; y Profútbol, una academia de formación deportiva con sede en Santa Cruz.

Cazón recordó que la fiscalización se realizó a varios clubes de fútbol en el país, para verificar si cumplen con la norma tributaria, por lo que cuestionó por qué se debería operar de manera diferente con el club Bolívar.

Por ello, reiteró que no hay “ninguna persecución” política como acusa el empresario. El presidente del SIN criticó su postura y sus aseveraciones, diciendo que no corresponden, generando una mediatización del caso para, en criterio de Cazón, victimizarse.

Cazón recalcó que el proceso de fiscalización sigue su curso y que las empresas deben cumplir con sus obligaciones tributarias, al igual que cualquier otra entidad en el país.

El domingo, el director de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), José Iván García, confirmó que dos aerolíneas internacionales están en trámite para operar en Bolivia. Las dos empresas son Arajet, de Republica Dominicana, y Flybondi, de Argentina.

Flybondi es una aerolínea “low cost” que ofrece una tarifa más económica, pero también elimina algunos servicios de las empresas de transporte aéreo tradicionales.

La idea de impulsar más aerolíneas en el país se debe a las recientes críticas hacia Boliviana de Aviación (BoA), que domina más del 90% del transporte aéreo. En los últimos meses la estatal fue criticada por sus demoras en los vuelos y por fallos técnicos que pusieron en riesgo la vida de los pasajeros a bordo.

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Flybondi

Sin embargo, Flybondi no se distancia mucho de la empresa estatal boliviana. De acuerdo con Infobae, la aerolínea recibió en enero de 2025 una multa por 300 millones de pesos argentinos (equivalente a más de $us 284.000) por 2.400 denuncias y reclamos de usuarios que reclamaron vuelos cancelados.

Además, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) cuestionó a la aerolínea por no cumplir con varios aspectos normativos.

Asimismo, el medio argentino Tiempo detalla las complicaciones de Flybondi entre enero de 2024 y 2025.

Entre el 1-6 de enero de la gestión pasada hubo un accidente en aeropuerto de Mar del Plata al golpear la cola del avión en la pista durante el aterrizaje. Ese mismo mes, en el aeropuerto de Ezeiza un avión de Flybondi pidió un aterrizaje de emergencia.

Entre el 3- 13 de febrero Flybondi recurrió al alquiler de aviones de la compañía Andes debido a problemas para mantener su propia flota. No pudo pagar a sus proveedores en dólares, lo que llevó a la empresa a dejar tres de sus aviones Boeing 737-800 en tierra desde el inicio del año.

Durante Semana Santa, en abril, la aerolínea superó el récord de cancelaciones, con 22 vuelos.

El 22 de julio, 20 de octubre y 18 de diciembre ocurrieron tres cierres del aeropuerto de Puerto Madryn por averías en sus aviones que impidieron operaciones de otras líneas. En un caso el cierre del aeropuerto llegó a extenderse por 48 horas.

En agosto, su vuelo inaugural de la ruta El Calafate-Ushuaia abortó su aterrizaje en aeropuerto de Ushuaia en dos oportunidades.

En octubre se les “plantó” un avión en Neuquén. Los técnicos de mantenimiento acudieron desde Buenos Aires en un vuelo de Aerolíneas Argentinas.

Posteriormente, en noviembre, ocurrió un aterrizaje en Aeroparque con impacto fuerte contra plataforma que provocó humo desde su interior. Además, noviembre de 2024, de 1.991 vuelos planificados, 384 fueron cancelados (el 20% de sus operaciones). A esto se suman más de 700 vuelos reprogramados.

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, exhortó a los sectores que participarán en el paro movilizado contra la disposición séptima de la Ley 1613, del Presupuesto General del Estado (PGE), a no afectar a la población y recordó que la Policía Boliviana tiene el mandato de garantizar la libre transitabilidad en el país.

“Exhortamos a estos sectores que están asumiendo esta medida que va en contra de la economía de los hogares a que reconsideren su decisión. En caso de que no se logre un acuerdo, la Policía tiene que cumplir con su mandato constitucional de precautelar los derechos de los ciudadanos, tanto individuales como colectivos. La libertad y la libre transitabilidad deben ser garantizadas”, afirmó Ríos.

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Paro

El paro movilizado, convocado por productores, empresarios, industriales y gremiales para este lunes, es una protesta contra la disposición séptima del PGE, que autoriza el decomiso y confiscación de productos y alimentos por parte de las autoridades competentes.

Esta normativa otorga facultades al Gobierno para decomisar mercadería y productos que sean acopiados con fines especulativos, con el objetivo de combatir el agio y la especulación en el mercado.

El viceministro reiteró que el Gobierno ha abierto el espacio para el diálogo y la concertación con los sectores movilizados. “

Se están extremando esfuerzos para que el pueblo boliviano no se vea perjudicado con estas movilizaciones que se vienen anunciando”, enfatizó.

Asimismo, señaló que el Comando General de la Policía ya trabaja en un plan de operaciones para garantizar el orden y proteger los derechos de la ciudadanía ante posibles bloqueos o enfrentamientos.

La convocatoria al paro genera debate y posiciones divididas. Mientras el Gobierno reitera que la disposición busca evitar la especulación y garantizar el abastecimiento de productos esenciales para la población, los sectores movilizados insisten en el pedido de derogación de una norma que consideran que atenta contra varios derechos constitucionales.

Desde la creación del Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando, en 2018, aproximadamente 200 efectivos militares fueron agredidos y atacados por grupos irregulares que se dedican a ingresar o sacar mercadería y productos de manera ilegal.

“Si hacemos un recuento, desde que se ha creado el viceministerio, tenemos aproximadamente 16 efectivos fallecidos por el accionar de los contrabandistas. Aproximadamente 176 heridos y tenemos ocho incapacitados, haciendo un total de 200 efectivos que han sufrido daños”, informó este lunes el viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Luis Velásquez.

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Contrabando

La autoridad tomó en consideración el último hecho de violencia contra el Comando Estratégico Operacional de Lucha Contra el Contrabando (CEO-LCC) en el municipio de Patacamaya, en el departamento de La Paz.

Velásquez brindó mayores detalles sobre el ataque causado por la incautación de vehículos que ingresaron de manera ilegal de Chile, el fin de semana.

De acuerdo con el viceministro, dos efectivos resultaron gravemente heridos e, inclusive, si no hubiera sido por el accionar de los comunarios, los contrabandistas les habrían prendido fuego, acabando con sus vidas.

Por ello, la autoridad destacó este accionar, pues afirmó que el contrabando “maneja bastante dinero”, por lo que en algunas localidades y municipios fronterizos los que se dedican a esa actividad ilícita logran operar y escapar de los controles a través de sobornos a la población local.

Asimismo, Velásquez señaló que, pese a los riesgos que corren los efectivos durante los operativos, en los que inclusive pueden perder la vida, los operativos continuarán y se incrementarán, pues el contrabando, en su criterio, afecta la economía nacional.

El ingreso ilegal de productos y mercancías genera una competencia desleal con la producción nacional o con aquellos que operan dentro de un marco normativo, mientras que la salida de productos hacia países vecinos genera desabastecimiento interno y alza de precios.

Este lunes, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) anunció la construcción de 4.000 instalaciones de gas domiciliario durante la presente gestión en el departamento de Oruro, como parte de su compromiso de masificar el uso del gas natural y satisfacer la creciente demanda de los usuarios.

La iniciativa, que forma parte del Sistema de Distribución de Gas Natural, contempla una inversión superior a Bs 19,2 millones para la instalación y puesta en marcha de redes primarias, secundarias, y acometidas en la región.

“Cada vez vamos masificando el uso y consumo de gas natural a fin de cubrir la demanda de los usuarios. Entre los principales proyectos programados para esta gestión, destacan la construcción de redes de gas en Challapata, Santiago de Huari y Huanuni mediante el sistema virtual”, destacó la gerente de Redes de Gas y Ductos de YPFB, Alejandra Pérez.

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Gas

Según la funcionaria, este esfuerzo no solo mejorará la distribución del servicio, sino que también impulsará la generación de empleo directo e indirecto en el departamento.

Actualmente, Oruro cuenta con más de 86.226 instalaciones internas. De este total, aproximadamente 77.169 corresponden al sistema convencional y 9.057 se benefician del sistema de transporte virtual de Gas Natural Licuado (GNL).

La expansión del servicio de gas domiciliario se considera clave para promover el ahorro en los hogares y fortalecer uno de los proyectos sociales más importantes del Gobierno Nacional y de YPFB.

“El trabajo de la estatal es incansable para brindar un servicio confiable a la población de Oruro. Nuestro objetivo es continuar mejorando la calidad de vida de sus habitantes”, afirmó Pérez durante la presentación del proyecto.

La nueva red no solo beneficiará a usuarios residenciales, sino que también potenciará la actividad industrial en la región, impulsando el desarrollo económico local y reduciendo la dependencia de importaciones en el sector energético.