El sector de minerales metálicos y no metálicos incrementó su aporte a la recaudación tributaria del Mercado Interno (MI) en un 153,7% en enero de 2025, en comparación con el mismo mes de 2024.

Otras actividades económicas también registraron un aumento en el pago de impuestos nacionales:

•             Productos alimenticios diversos creció un 59,5%.

•             Sustancias y productos químicos, un 32,9%.

•             Comercio, un 20,5%.

•             Productos de minerales no metálicos, un 24%.

El presidente del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Mario Cazón, destacó que estas cifras reflejan un buen inicio de gestión y expresó su expectativa de que este comportamiento tributario se mantenga a lo largo del año. Además, subrayó que el Gobierno nacional redistribuye los recursos de la recaudación entre los municipios y las universidades públicas.

En términos absolutos, los sectores que más aumentaron su contribución fueron:

•             Minerales metálicos y no metálicos, de Bs 232,5 millones (enero 2024) a Bs 589,9 millones (enero 2025), con un incremento de Bs 357,4 millones.

•             Productos alimenticios diversos, de Bs 22,7 millones a Bs 36,2 millones, con un aumento de Bs 13,5 millones.

•             Sustancias y productos químicos, de Bs 52,6 millones a Bs 69,9 millones, con un incremento de Bs 17,3 millones.

•             Comercio, de Bs 552,9 millones a Bs 666 millones, con un crecimiento de Bs 113,1 millones.

•             Servicios financieros, de Bs 325,7 millones a Bs 367,4 millones, con un aumento de Bs 41,7 millones.

•             Bebidas, de Bs 314,3 millones a Bs 348,9 millones, con un incremento de Bs 34,6 millones.

•             Servicios comunales, sociales y personales, de Bs 131,9 millones a Bs 136,8 millones, con un crecimiento de Bs 4,9 millones.

•             Transporte y almacenamiento, de Bs 131,7 millones a Bs 132,4 millones, con un leve aumento de Bs 0,7 millones.

•             Electricidad, gas y agua, de Bs 79,1 millones a Bs 92,9 millones, con un incremento de Bs 13,8 millones.

•             Productos de minerales no metálicos, de Bs 36,6 millones a Bs 45,4 millones, con un crecimiento de Bs 8,8 millones.

•             Productos de molinería y panadería, de Bs 35,9 millones a Bs 37,5 millones, con un aumento de Bs 1,6 millones.

Estos resultados “reflejan un dinamismo positivo” en diversos sectores económicos, consolidando la recaudación tributaria como un pilar fundamental para la redistribución de recursos en el país.

La Confederación de Panificadores de Bolivia reclamó este miércoles que el Gobierno no entrega a sus 2.030 afiliados los insumos subvencionados para para la elaboración del pan de batalla.

Dicha entrega fue asumida por las autoridades en un acuerdo suscrito a fines de 2024 con dicho sector.

El dirigente del sector Rubén Ríos sostuvo que sus asociados “están molestos” por el incumplimiento del Gobierno, por lo que, no descartan medidas de presión, como el paro de 72 horas.

Panificadores

“Esperemos que la nueva autoridad (ministro de Desarrollo Productivo) dé cumplimiento al acuerdo pactado, porque son 2.030 afiliados y sólo se está dando cumplimiento a 1.995 asociados, que es un tema de conocimiento, porque hay nuevos panaderos que quieren ser parte de la subvención”, dijo a los periodistas.

¿Cuáles son los productos subvencionados que el Gobierno debe entregar a ese sector? Luego de un acuerdo que frenó un paro indefinido por parte de los panificadores, las autoridades del Estado comprometieron la entrega de harina subvencionada, al igual que manteca, levadura y azúcar.

La decisión fue asumida para mantener el precio del pan de batalla a Bs 0,50 durante este año. En ese marco, los panificadores, según dice el acuerdo, recibirán harina a un precio preferencial y un total de 2,5 millones de bolsas de 50 kilos, por encima de los 2,4 millones que se les entregó en 2024.

Paro

Ríos explicó que le reclamo se da por parte de un grupo que de panificadores independientes que buscan ser parte de dicho convenio y es un tema que ya se acordó con la anterior autoridad, en referencia a Néstor Huanca —ahora exministro de Desarrollo Productivo— sobre la ampliación de la subvención para más afiliados.

De no ser atendida la petición, los panificadores ingresarán en un paro de 72 horas, según indicó el dirigente de los panificadores.

Advirtió que en el caso de que no se dé cumplimiento en la entrega a los 2.030 afiliados, propiciarán un paro de 72 horas, aunque no indicó la fecha.

El Comando Estratégico Operacional de Lucha Contra el Contrabando (CEO-LCC) y las patrullas del Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando (VLCC) lograron afectar al contrabando, en lo que va del año, en un total de Bs 10.230.778, según informó el viceministro del área, Luis Amílcar Velásquez Burgoa.

Entre los principales resultados de estos operativos, el funcionario detalló que, entre el 1 de enero y el 12 de febrero, se incautaron Bs 2.577.596 en productos de contrabando a la inversa, combustible, bebidas y sustancias controladas.

Lucha contra el contrabando

Asimismo, según detalla una nota institucional, se decomisaron Bs 7.653.182 en mercadería variada, incluyendo vehículos, ropa usada y nueva, electrodomésticos, cigarrillos, cerveza y cosméticos.

Con miras a reforzar el control fronterizo en 2025, se ha dispuesto el despliegue de unidades militares estratégicas: CEO Amazonas en Cobija, CEO Mamoré en el Beni, CEO Plata en Santa Cruz (frontera con Brasil), CEO Chichas en Tupiza y CEO Chaco en Tarija (frontera con Argentina).

El objetivo de estas acciones es consolidar una política de cero tolerancia al contrabando mediante un esfuerzo coordinado y multidisciplinario entre el CEO-LCC y las Patrullas del VLCC, bajo la supervisión de la Unidad de Supervisión y Control.

Estrategia

El viceministro también explicó la estrategia que el CEO-LCC está implementando en 2025 para combatir el contrabando de manera más efectiva.

Esta estrategia se desarrolla en tres niveles. En la primera línea, el CEO-LCC despliega efectivos a lo largo de las fronteras con Chile, Argentina, Paraguay y Perú. En la segunda línea, las patrullas militares trabajan en coordinación con la Aduana Nacional en los pasos aduaneros. Finalmente, en la tercera línea, se ejecutan operativos de control dentro del mercado nacional con el apoyo de Impuestos Nacionales, la Policía Boliviana y otras instituciones involucradas en la lucha contra el contrabando.

Luego de que el presidente Luis Arce posesionara a Zenón Mamani como nuevo ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) señaló que el sector agropecuario no necesita cambio de ministros, sino transformaciones en las políticas de Estado.

“No es solo cambiar nombres de ministros; ojalá que cambiemos de políticas de Estado que estén acordes a los problemas que tiene el sector”, señaló el presidente en ejercicio de la CAO, Klaus Frerking, en conferencia de prensa.

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CAO

Este miércoles, tras más de cuatro años de gestión, Néstor Huanca dejó la cartera de Desarrollo Productivo. El presidente Arce dejó entrever que el cambio se debió a cuestiones de salud de la ahora exautoridad.

Sin embargo, para la CAO, este cambio no representará una solución para el sector agropecuario si es que se continúa implementando las mismas políticas.

Frerking recordó que, en menos de tres meses, el Gobierno suspendió las exportaciones de productos como la carne de res y el aceite refinado, lo cual afectó económicamente al sector y también el ingreso de divisas al país.

Por ello, en su criterio, no se puede continuar con medidas de ese tipo, “mientras el país sigue sin dólares, sigue con las colas en los surtidores por combustibles”, protestó.

El presidente en ejercicio de la CAO pidió a la nueva autoridad, y al Gobierno, tener más “voluntad” de trabajar con el sector agropecuario, no solo a través de reuniones, sino por medio de acciones concretas que solucionen las demandas del sector.

Este miércoles, el Comité Multisectorial, compuesto por empresarios, productores, gremiales, exportadores, transportistas y cívicos, anunció que se mantiene “firme” en su pedido para que se derogue la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) que autoriza el decomiso y confiscación de productos.

“Las más de 35 organizaciones que conforman el Comité Multisectorial manifiestan a la opinión pública que mantienen firme su posición de exigir la derogatoria de la Disposición Adicional Séptima de la Ley Financial 1613 (del PGE) por considerarla ilegal, inconstitucional y atentatoria a la propiedad privada”, informaron los sectores a través de un comunicado.

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Disposición

Nuevamente, el comité expresó su “sorpresa” por el acuerdo entre la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) y el Gobierno, quienes pactaron que la norma esté en pausa hasta que se logren los consensos correspondientes.

Sin embargo, los sectores desconocen a Giovanni Ortuño, presidente de la CEPB, pues no tienen ninguna representación, ya que su confederación no participó de ninguno de los ampliados.

“Es menester aclarar que el señor Giovanni Ortuño, presidente de la CEPВ, по cuenta con ninguna representación del Comité Multisectorial y que tampoco participó en ninguno de los Ampliados realizados por el Comité en los diferentes departamentos del país, por lo cual se niega y se desconoce este acuerdo”, indica el comunicado.

La postura de estos sectores continúa siendo la misma: lograr la eliminación de la disposición, la cual considera que “allana” el camino para decomisos y confiscaciones de manera arbitraria, vulnerando los derechos a la propiedad privada.

Comité

Por ello, anunciaron que continuarán con las medidas de presión, de manera “escalonada”, hasta que la Asamblea Legislativa derogue la disposición.

“El Comité Multisectorial ratifica que mantiene incólume la unidad de los sectores que lo componen, que mantiene su estado de emergencia y que se continuará promoviendo las movilizaciones escalonadas hasta lograr la derogatoria por parte de las instancias pertinentes”, advierte el pronunciamiento.

El Gobierno, por su parte, considera que el lunes quedó demostrado que los sectores no gozan del apoyo de la ciudanía ni tienen convocatoria suficiente para realizar una medida de presión a gran escala.