El embajador de Brasil en Bolivia, Luis Henrique Sobreira, afirmó este miércoles que su país garantiza la compra del gas natural boliviano siempre y cuando Bolivia disponga del energético. 

“Naturalmente que, mientras Bolivia disponga de gas suficiente para exportar y no solo para consumir, nosotros estaríamos interesados para importar porque este gas es muy importante para Brasil”, dijo el diplomático.

Lea también: Nueva adenda entre YPFB y Petrobras flexibiliza envíos de gas

El contrato inicial de venta de gas natural entre Bolivia y Brasil se firmó en 1996 y establecía un volumen mínimo de compra de 24 millones de metros cúbicos día (MMm3d) de gas natural y un máximo de entrega de 30,08 MMm3d. El acuerdo tenía una duración de 20 años a partir de 1999 hasta 2019.

Las petroleras Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPFB) y Petróleo Brasileiro SA (Petrobras), firmaron en diciembre de 2023 una nueva adenda al contrato de compra-venta de gas natural. El acuerdo mantiene un envío máximo de 20 MMm3d, pero con una “mayor flexibilidad” en compromisos en firme.

Sobreira dijo que la importación del energético está garantizada pese a que existe el interés de Brasil de comprar gas de Argentina luego de que se anunciará que dejará de importar el energético de Bolivia.

“Nosotros tenemos una gran demanda por el gas, y naturalmente si Argentina tiene posibilidad de exportar para Brasil por su producción sería muy interesante para Brasil”, sostuvo Sobreira.

Además, afirmó que mantendrá la demanda de volúmenes de gas durante invierno toda vez que en Brasil la época invernal no es tan dura como en otros países de la región.

El Banco Central de Bolivia (BCB), en coordinación con la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) y la Unidad de Investigación Financiera (UIF), levantó las restricciones al uso de activos virtuales que fueron establecidas en diciembre de 2020.

El presidente del ente emisor, Edwin Rojas, informó que la medida se asumió debido a los procesos de modernización del sistema de pago nacional, además que genera una eficiente utilización de la infraestructura de pagos desarrollada para facilitar la adopción de innovaciones tecnológicas.

Lea también: Llegó la hora de la regulación estatal de las criptomonedas

“El Banco Central, en coordinación con la UIF y la Asfi vio por conveniente dejar sin efecto la resolución de directorio 144 de 2020 de manera tal que se habilite el uso de canales e instrumentos electrónicos de pago para operaciones de compra y venta de activos virtuales que coadyuven el fortalecimiento de actividades financieras y comerciales”, indicó Rojas.

Justificó que el uso de los activos virtuales “que no tengan restricciones” coadyuvará a un mejor intercambio comercial en la economía del país y también en el resto del mundo.

Además, indicó que se consideró la Evaluación Mutua del Estado Plurinacional de Bolivia 2024 realizada por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), que recomendó “considerar la regulación de los Servicios de Activos Virtuales (PSAV) conforme a la política pública que se defina en el contexto boliviano” y tomando en cuenta que el último periodo se ha ido generando una base jurídica la cual permitirá afrontar nuevos desafíos en este proceso de modernización.

En diciembre de 2020, el BCB emitió la Resolución de Directorio 144/2020 en la que prohíbe el uso, comercialización y negociación de criptoactivos (monedas digitales o virtuales) en el sistema de pagos nacional.

Estos activos son unidades digitales emitidas por entidades privadas de forma electrónica, con accesibilidad universal y transferencia descentralizada, sin estar vinculados a los instrumentos electrónicos de pago autorizados por el Banco Central.

Para permitir las operaciones con los activos digitales, el BCB emitió “la Resolución de Directorio 084/2024, la cual proporcionará a la población un mecanismo adicional que coadyuvará con el fortalecimiento de las actividades financieras y comerciales”, afirmó Rojas.

No obstante, aclaró que estos activos digitales no son una moneda de curso legal, por lo que no se constituye en dinero en efectivo o su equivalente y no existe una obligación para recibir como medio de pago.

Boliviano

“En ese sentido, el Banco Central quiere ratificar que la única moneda de curso legal en el país es el Boliviano conforme a la Ley 901 del 28 de noviembre de 1986 y en ese sentido se debe señalar que un activo virtual no es una moneda de curso legal”, afirmó.

Tanto el BCB, la Asfi y la UIF incorporarán en las normativas las instrucciones para las operaciones y trasferencias de estos activos virtuales.

Además, trabajarán en la educación financiera para concientizar el uso de este tipo de activos digitales. También la UIF, en el marco de sus atribuciones, aplica medidas preventivas para identificar posibles operaciones sospechosas vinculadas a legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento del terrorismo; en este contexto, se realizarán las adecuaciones normativas pertinentes coadyuvando a evitar que las transacciones con activos virtuales sean utilizadas por organizaciones delictivas, manifestó Pamela Troche, directora de esta institución.

Álvaro Ruiz, viceministro de Autonomías, aseguró que, tras la reunión del presidente Luis Arce con los alcaldes de ciudades capitales, incluido El Alto, se estableció que los gobiernos subnacionales accederán a $us 50 millones, en caso de que se aprueben los créditos estancados en la Asamblea Legislativa.

Finalizado el encuentro, el Presidente se reunió con los gobernadores de los nueve departamentos.

En entrevista con La Razón Radio, Ruiz aseguró que “el presidente ha indicado que hay posibilidades de que accedan a $us 50 millones. Ellos verán cómo se distribuyen, es decir, si lo hacen de manera igualitaria les tocaría a $us 5 millones”.

Sin embargo, para que esto suceda, es necesario que se aprueben los créditos retenidos en la Asamblea Legislativa.

El 30 de marzo de 2023, la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA, por su sigla en inglés) firmó un acuerdo de préstamo con el Gobierno para otorgar un préstamo de hasta 15.000 millones de yenes (unos $us 112 millones) para el Proyecto de apoyo de emergencia en respuesta a la crisis por COVID-19, del cual saldrá el dinero para inyectar liquidez a las alcaldías.

Ante esta situación, Ruiz explicó que en la reunión se recomendó que una comisión jurídica analizará iniciar acciones legales contra la Asamblea por el bloqueo a los créditos externos destinados al desarrollo municipal y departamental.

Las autoridades municipales “recomiendan tomar acciones porque no pueden retrasarse tanto las leyes (…). Están paralizados hace más de un año, ya casi llegando a los dos años. Ellos han planteado con su equipo tomar acciones legales”, añadió.

Además, la autoridad aseveró que en la reunión se determinó la reprogramación de créditos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), mejorar la capacidad crediticia de los gobiernos subnacionales y la presentación de un proyecto de ley para la ampliación de límites de gasto de funcionamiento “del 25% al 30%” que se espera que se apruebe en la Asamblea.

Posteriormente, fue el turno de los gobernadores, una cita que también definió como punto central la reprogramación de créditos con el FNDR y, además, impulsar una ley para ampliar la capacidad de endeudamiento de los gobiernos departamentales.

Ruiz adelantó que se planteó que la próxima reunión del Concejo Nacional de Autonomías (CNA) se realice en agosto para conocer los resultados de las comisiones y se realice el seguimiento correspondiente.

Lea También: Camacho critica reunión de Arce con alcaldes y gobernadores

El Banco Central de Bolivia (BCB) habilitó canales financieros para que las entidades financieras puedan recibir los dólares que se depositan en el exterior a los transportistas por flete que realizan para el transporte de mercancías.

La directora de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi), Ivette Espinoza, explicó que esos giros desde el exterior que se realizan en dólares también deben cancelarse en la misma moneda.

Lea también: Transportistas firman acuerdo con el Gobierno y suspenden bloqueos

“Se ha dado a conocer los canales que ha habilitado el Banco Central de Bolivia para que las entidades financieras puedan traer esos dólares que les depositan, ya sea por fletes o giros a las entidades financieras, a través de canales que se han habilitado para que, efectivamente, puedan, las entidades financieras, cancelar en la misma moneda en la que han recibido los transportistas esos dólares”, indicó Espinoza en conferencia de prensa.

Circular

Para tal efecto, la Asfi emitió una circular en la que se instruye a las entidades financieras utilicen los canales habilitados por el BCB y atiendan los requerimientos de los transportistas de carga nacional e internacional y de otros consumidores financieros.

La problemática de la escasez de dólares en la economía nacional es una de las demandas del sector del transporte.

En la reunión del 16 de junio, entre el presidente Luis Arce y una de las dirigencias del transporte pesado, se estableció que para retirar la divisa que entregan las empresas a los bancos del país por el flete que realizan los transportistas sea realizada mediante el ente emisor.

Mientras que, con otro de los gremios, en una reunión de más de 13 horas entre el martes y la mañana de este miércoles, se estableció la conformación de mesas de trabajo desde el jueves para atender las demandas, entre ellas la escasez de dólares.

Con el acuerdo, los transportistas de carga nacional e internacional dejaron sin efecto el anuncio de bloqueo de carreteras indefinido que debía comenzar desde este jueves.

Preocupados por la situación del sector petrolero en el país, el ala arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS), de la mano del diputado Jerges Mercado, presentó un proyecto de ley que busca incentivar la exploración y explotación de hidrocarburos.

“Le hemos dominado ley de incentivos y desburocratización para la explotación y explotación de hidrocarburos (…), con la finalidad de que incrementemos la producción de petróleo, de condensados y, por supuesto, repongamos las reservas de gas”, informó el jefe de bancada del MAS en la Cámara de Diputados.

Podría interesarle: En abril, Bolivia registra un superávit comercial de $us 4,5 MM, tras siete meses de déficit

Reservas de gas

El tema de las reservas de gas comenzó a preocupar a la opinión pública cuando a finales de 2023 la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó de un bajón de las reservas.

El tema tomó un cariz preocupante cuando el pasado 28 de abril el presidente del Estado, Luis Arce, reconoció públicamente que “el gas se ha agotado”.

“Si aplicamos esta ley como estamos esperando, muy pronto tendremos la reactivación del sector hidrocarburífero. Estamos esperando encontrar unos cuatro TCF (trillón de pies cúbicos) de reserva (de gas) y esperamos producir 4.000 barriles de petróleo al día”, afirmó Mercado.

Incentivos

El país también se encuentra atravesando una disminución en lo que respecta a la producción de petróleo. En criterio del diputado, para que el proyecto funcione de manera adecuada y se logren los objetivos planteados, es importante trabajar en los incentivos.

“Estamos dando incentivos; paguemos a los que producen aquí a precios internacionales, premiar a los nuevos productores de gas con un monto adicional. Todo esto estaría reactivando la economía”, consideró Mercado.

Asimismo, el legislador criticó que actualmente existen una serie de procesos burocráticos que enlentecen la firma y aprobación de un contrato petrolero. De acuerdo con Mercado, 413 días trascurren en promedio para que la Asamblea apruebe un contrato petrolífero.

“Queremos reducir al menos a 200 días de 413 que se demora”, informó.

“Esperemos que todas las fuerzas políticas nos colaboren, colaboren al país”, expresó el diputado arcista.

Ahora, el proyecto de ley deberá ser revisado y aprobado en sesión de Diputados para que posteriormente se lo remita a la Cámara de Senadores y ésta, en caso de sancionarlo, lo remita al Ejecutivo para su promulgación.