La estación de cobro de peaje de Ivirgarzama, en Cochabamba, permanece precintada por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) mientras se investiga la destrucción de la infraestructura.

“Se ha dispuesto la conformación de una comisión para realizar el trabajo técnico en el lugar donde funcionaban las casetas de Vías de Bolivia; en ese sentido, que el día de hoy (sábado) se ha citado a las partes (…). Estamos realizando el levantamiento de todas aquellas evidencias, ya hemos pedido que se nos entregue un inventario”, informó el director departamental de la FELCC Cochabamba, Freddy Medinaceli.

El pasado martes 18 de marzo, un grupo de personas destrozó la estación de cobro de peajes de Vías Bolivia, ubicada en la localidad de Ivirgarzama, en el Trópico de Cochabamba. Derribaron paredes, rompieron ventanas, bloques de división de carriles y mobiliario, entre otros en una protesta por la falta de combustible.

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Peaje

El lugar quedó con daños materiales de consideración y Vías Bolivia activó un proceso penal contra los autores por el delito de destrucción o deterioro de bienes del Estado; asociación delictuosa y por instigación pública a delinquir.

De acuerdo con Vías Bolivia Cochabamba, la estación fue destrozada tras una marcha en la que participaron transportistas y otros sectores. Se pide la máxima sanción, que es de seis años de privación de libertad, para los responsables de los destrozos.

El miércoles, Vías Bolivia informó que la destrucción de la estación de pesaje y cobro de peajes de Ivirgarzama dejó pérdidas por un total de Bs 634.890 en infraestructura y equipamiento; y la entidad deja de percibir aproximadamente Bs 12.000 al día en peajes.

El director de Vías Bolivia, Germán Véliz Guzmán se trató de un ataque intencionado, pues los transportistas se dirigieron directamente a destruir la estación, por lo que anunció que Vías Bolivia presentó una querella contra los responsables; que ya están identificados.

En un esfuerzo por mejorar la seguridad vial y reducir los accidentes de tránsito, la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), en coordinación con el Organismo Operativo de Tránsito, masifica los cursos de manejo defensivo dirigidos a los choferes de operadores de transporte terrestre a nivel nacional.

Estas capacitaciones buscan concientizar a los conductores sobre la importancia de realizar un manejo seguro y responsable; aplicando técnicas de prevención para evitar accidentes en las carreteras del país.

En la segunda semana de marzo, más de 100 choferes fueron capacitados en las terminales departamentales de las ciudades de El Alto, Oruro, Potosí y Uyuni.

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ATT

La iniciativa, que continuará en todo el país, tiene como objetivo fortalecer la cultura vial en la totalidad de los choferes del servicio de transporte terrestre interdepartamental e internacional; para promover la adopción de medidas preventivas y garantizar viajes más seguros; tanto para los chóferes como para los pasajeros.

Además del manejo defensivo, hay capacitaciones a operadores y boleteros en los centros de Capacitación de las terminales de El Alto y Santa Cruz, sobre distintas temáticas; como atención al cliente, tipos de infracción y acciones en situaciones de alertas de desastre.

Gabriel Castillo, responsable de la Unidad de Servicios de Transportes de la ATT, destacó el trabajo para mejorar la calidad del servicio; y garantizar la seguridad de los pasajeros en todo momento.

«Nuestro compromiso es no solo con la regulación; sino también con la capacitación continua de los chóferes y los operadores de servicio, para que sean conscientes de la responsabilidad que implica estar al volante; y contribuir al bienestar de todos en las rutas», explicó.

A su vez, en el marco de la normativa, la ATT ha solicitado formalmente a la Policía Nacional la revocatoria definitiva de la licencia de los chóferes; que fueron sorprendidos conduciendo en estado de ebriedad.

Las próximas capacitaciones ya están programadas entre el 25 y 27 de marzo, en Tarija; Cochabamba y Santa Cruz.

El Gobierno y los ganaderos de Santa Cruz y Beni no alcanzaron aún un acuerdo para que se levante el veto a la exportación de carne de res. La próxima semana volverán a encontrarse.

La reunión de ambas representaciones se inició el viernes en La Paz; sin embargo, se determinó un cuarto intermedio y este sábado tampoco hubo acuerdo.

El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores, informó que en el Gobierno presentó el estudio de costos, además solicitó el reporte sobre el precio elevado del ganado en pie, que habría superado el 60%.

“Han subido hasta un 60% del ganado en pie y, por lo tanto, ahí está el alza de la carne; nosotros no podemos quedarnos sin hacer nada como Gobierno. Tenemos una hoja de costos, el tema del dólar, el tema del diésel eleva hasta un 2,6% del costo que se tenía antes de estas dificultades”, explicó.

Remarcó que, mientras el precio del producto no disminuya en el mercado interno, el veto a la exportación de carne se mantiene. Dijo que el país tiene suficiente abastecimiento y que solo el 10% de la producción se utiliza para el consumo interno.

En tanto, los ganaderos reiteraron que ellos no son responsables de poner el precio de la carne en los mercados y justificaron un alza en el ganado en pie debido a la falta de combustible y efectos climáticos que afectan la producción.

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Carne

El presidente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), Wálter Ruiz, pidió al Gobierno que garantice el abastecimiento de combustible y libere las exportaciones, pues el sector está afectado.

“Hemos demostrado con números y hemos puesto en la mesa que la producción has sido y es sostenible, somos un país autosostenido en producción de carne y tenemos oferta suficiente para seguir exportando”, explicó, y anunció que la siguiente semana volverán a reunirse para evaluar el mercado de abastecimiento.

Ruiz remarcó que al sector le compete garantizar la producción de animales y el abastecimiento y no ha incumplido, por lo tanto, pide que se retome la exportación de carne.

El 5 de febrero, y debido al incremento “injustificado” del precio de la carne de res, el Gobierno determinó la suspensión temporal de las exportaciones de este producto con el objetivo de generar una mayor oferta en el mercado interno para que los costos se normalicen.

Tal como lo anunció el presidente Luis Arce en sus 10 medidas para enfrentar la crisis de combustible, el Decreto Supremo 5353 ordena reducir en 50% el uso de vehículos en instituciones públicas y limita el cupo diario de diésel o gasolina a ocho litros.

“Con la finalidad de racionalizar transitoriamente el consumo de combustibles en las instituciones públicas, el presente Decreto Supremo tiene por objeto establecer la reducción del uso del parque automotor a gasolinas o diésel en un cincuenta por ciento (50%); el uso de gasolinas o diésel en vehículos de las instituciones públicas”, dice el artículo 1 del decreto publicado esta semana.

La norma aclara que se aplica a los “órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, instituciones que ejercen funciones de control; de defensa de la sociedad y del Estado, de seguridad social y empresas públicas, del nivel central del Estado, así como a las universidades públicas”.

Exceptúa a los vehículos destinados exclusivamente a la prestación de servicios básicos como salud, seguridad ciudadana, abastecimiento de alimentos y combustibles, atención de emergencias y/o desastres naturales. Tampoco incluye a los que cumplan funciones operativas técnicas o de seguridad; los de la Policía Boliviana y Fuerzas Armadas; proyectos de inversión y los que funcionan con gas natural vehicular.

Además, define que el cupo de asignación de gasolinas o diésel en los vehículos de las instituciones públicas se reduce a ocho litros diarios.

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Vehículos

“Diariamente, las bitácoras de los vehículos no podrán superar el kilometraje que permite cubrir el volumen de gasolinas o diésel máximo asignado. Los vales de gasolinas o diésel no utilizados deberán ser devueltos a la dirección administrativa de cada institución pública; no pudiendo ser acumulados para su uso”, remarca el artículo 4.

Asimismo, autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas limitar la ejecución en el presupuesto vigente en el objeto de gasto 34110 «Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo» en un 50%.

Aclara, además, que en caso que las instituciones públicas requieran un porcentaje mayor al previsto para el cumplimiento de las funciones “podrán solicitar al Ministerio de Economía la habilitación de su presupuesto (…) adjuntando informe técnico debidamente justificado”.

Ante la crisis por falta de carburantes, atribuida a la falta de dólares, el presidente Luis Arce anunció el 12 de marzo 10 medidas de emergencia; entre ellas, la reducción del uso del transporte de entidades públicas; clases virtuales, horario continuo y priorización de la entrega de carburantes al sector productivo y otras.

Durante más de dos semanas, las filas de vehículos en las estaciones de servicio eran constantes; sin embargo, en los últimos días la situación mejoró con la llegada de combustible de importación.

El dirigente de la Confederación del Transporte Pesado de Bolivia Domingo Ramos rechazó este sábado el acuerdo de la Confederación de Choferes de Bolivia con el Gobierno y aseguró que su sector no participó del encuentro, por lo que ratificó sus medidas de protesta como no pagar peajes.

El gremio reclama el estado de las carreteras, el pago de peajes e impuestos y el abastecimiento irregular de combustibles.

Ramos desmintió que su sector haya participado el viernes del diálogo entre el Gobierno y la Confederación de Choferes de Bolivia, donde se selló un acuerdo para la distribución de carburantes; y el gremio determinó suspender el paro de 48 horas que había anunciado para la próxima semana.

“Nosotros, como la ilustre Confederación del Transporte Pesado, no fuimos invitados a esa reunión; ni recibimos ninguna invitación. Por lo tanto, nuestras medidas de protesta continúan, ya que no estamos en condiciones de pagar impuestos ni de cumplir con las obligaciones bancarias; debido a que nos hemos declarado en quiebra nacional2, declaró Ramos en radio Fides.

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Transporte

Recordó que las carreteras están en mal estado y no han recibido ninguna respuesta a ese reclamo; y que se mantienen en emergencia y no descartan movilizaciones.

El jueves, la Confederación del Transporte Pesado Nacional e Internacional de Bolivia se declaró en quiebra debido a la escasez de combustibles y al encarecimiento de los productos de la canasta familiar; por lo que decidió no pagará peajes ni otros impuestos.

Ramos aseguró que la medida durará hasta el 31 de diciembre de esta gestión como una manera de tener un “alivio tributario” en la complicada coyuntura económica.

Desde la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) advirtieron que la decisión de no pagar peajes es perjudicial para el propio sector; pues es la principal fuente de ingresos para realizar el mantenimiento de las rutas y caminos en el país.

Vías Bolivia alertó que, por esa decisión, desde el martes dejó de percibir Bs 574.420 por el no pago de peajes en varios puestos a nivel nacional. Además, se anunció que iniciará procesos contra aquellas personas que están instando a no pagar peajes.