Un ampliado multisectorial, que reunió a productos, gremiales, agropecuarios y transportistas, entre otros, le dio al Gobierno un plazo de 14 días para derogar la disposición séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) sobre decomiso de productos.

En caso de no ser escuchados, advierten con movilizaciones; y otras medidas a nivel nacional.

“Antes de llegar a la movilización tenemos 14 días. El Gobierno nacional tiene como plazo prudente todo este tiempo para escuchar las demandas de los sectores”, manifestó César Gonzales, dirigente gremial.

El encuentro se realizó en la ciudad de Santa Cruz y los participantes calificaron la disposición séptima como arbitraria y confiscatoria; pues consideran que autoriza al Gobierno a ingresar a depósitos a sacarles mercadería.

“Van a poder ingresar a los almacenes de los productores a decomisar, a robar legalmente; porque eso es el decomiso, es un robo legalizado”, indicó el dirigente en conferencia de prensa.

Asimismo, se definió que el próximo 20 de enero se realizará el segundo encuentro multisectorial en La Paz; donde se invitará otros sectores para trabajar de manera conjunta en un programa de soluciones a la crisis económica que se vive en el país.

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Decomisos

Además, entre otras demandas, anunciaron que impulsaran un nuevo sistema de producción basado en cuatro pilares: familia, propiedad privada, estado de derecho y tecnología.

“Trabajamos 12, 14 horas al día sin jubilación; sin seguro y estamos cansados que hagan normativas de contrabando contra este sector. La unidad de esto sectores va dar lugar incluso a salvar esta nación; que está siendo empobrecida”, indicó.

Lamentó que antes de aprobar la norma no se haya socializado; y dijo que la disposición fue metida de contrabando y no es la primera vez que lo hacen en una ley financial; “el decomiso es un robo legalizado”.

Determinaron también impulsar la creación de una nueva central de trabajadores por cuenta propia que reúna a productores; transporte, comerciantes, salud y educación entre otros.

El dirigente gremial anunció también una movilización a nivel nacional el próximo 27 de enero.

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Disposición

En la misma línea, este lunes el ampliado nacional de los gremiales, realizado en los departamentos capitales del país; decidió otorgar un plazo al Gobierno hasta el 31 de enero para derogar la disposición adicional séptima. En caso de no ser atendidos; anunciaron una gran marcha nacional para el 4 de febrero.

La disposición séptima del PGE elaborado por el Ministerio de Economía, establece que las entidades competentes podrán activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos; a los actores de comercialización de alimentos; que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos.

En una semana, el Viceministerio de Lucha contra el Contrabando decomisó alimentos y combustibles, que pretendían ser sacados ilegalmente al Perú, valuados en Bs 1,6 millones aproximadamente.

El viceministro del área, Luis Velásquez, detalló que se decomisó 3.500 litros de diésel, 70 quintales de harina; 25 cargas de papa, 100 quintales de azúcar, 800 quintales de maíz. Además, 760 litros de aceite, 22 garrafas de GLP (gas licuado de petróleo), carne de cerdo y tres vehículos indocumentados.

Asimismo, indicó que en el sector de Huachacalla, en el departamento de Oruro, se halló un camión lleno de ropa usada que pretendía ingresar al país por caminos ilegales.

“Solo en esta semana se está haciendo una afectación de Bs 1,6 millones”, dijo Vásquez a los medios de comunicación.

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Contrabando

Explicó que todos esos alimentos y combustibles estaban siendo sacados de contrabando al Perú. “Hemos incrementado los controles; y estos son los resultados”, complementó.

Los alimentos incautados serán entregados a la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa); para su comercialización a precio justo.

El viceministro dijo que llama la atención la cantidad de papa que pretendían sacar ilegalmente del país

El funcionario explicó que los tres vehículos indocumentados ingresaban al país de forma ilegal por el salar de Coipasa; en Oruro.

Recordó que más de 8.000 efectivos militares se encuentran resguardando las fronteras para frenar la salida ilegal de alimentos producidos en el país; que se venden a precios más altos en las naciones vecinas.

El Gobierno atribuye el agio y la especulación de algunos productos de la canasta familiar al contrabando a la inversa; por lo que reforzó los controles para frenar este ilícito.

El ampliado nacional de los gremiales, realizado en los departamentos capitales del país, decidió otorgar un plazo al Gobierno hasta el 31 de enero para derogar la disposición adicional séptima de la Ley 1613, correspondiente al Presupuesto General del Estado (PGE) 2025. En caso de no ser atendidos, anunciaron una gran marcha nacional para el 4 de febrero.

“El plazo al Gobierno es hasta el 31 de enero. Si no eliminan esta disposición confiscatoria, el 4 de febrero se reactivarán las movilizaciones en todo el país”, declaró el dirigente gremial, Jesús Cahuana, tras el encuentro que reunió a representantes del sector de todo el territorio nacional.

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Disposición

La disposición observada por los gremiales faculta al Gobierno a confiscar productos acopiados con el fin de abastecer el mercado interno. Si bien autoridades aclararon que la medida busca frenar el contrabando y la especulación, el sector considera que esta normativa vulnera sus derechos y afecta directamente a los pequeños comerciantes.

Además, los gremiales exigieron al Órgano Ejecutivo que se prohíba la donación de arroz a Cuba.

“El Gobierno obsequia toneladas de arroz cada año, mientras aquí es un producto de primera necesidad que muchas familias no pueden adquirir”, cuestionó Cahuana.

El ampliado también resolvió declarar el estado de emergencia permanente en todo el país y autorizó a las federaciones departamentales y regionales a coordinar con otros sectores sociales en preparación para la movilización.

‘Unir fuerzas’

En el departamento de La Paz, la marcha se realizó junto a los prestatarios y una parte del transporte público, además de juntas vecinales.

Cahuana aseguró que la protesta del 4 de febrero será masiva y buscará sumar a otros sectores productivos y sociales afectados por la normativa.

Contra la disposición, también están los industriales, los empresarios y los productores agropecuarios, debido a que consideran que el mayor control estatal desincentivará la producción.

“Es hora de unir fuerzas y exigir respeto a nuestros derechos”, afirmó el dirigente.

Sin embargo, la disposición adicional séptima todavía no se encuentra en vigencia, debido a que el Gobierno espera elaborar la reglamentación correspondiente con la participación de todos los sectores interesados.

Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) tramita la licencia ambiental para la explotación directa del mineral ulexita, informó el presidente de la empresa estatal, Omar Alarcón.

La autoridad aseguró que se prevé primeras cargas de este subproducto para la venta en los próximos meses y creó un plan de negocios por unas 10.000 toneladas (t).

Se trata de un subproducto que Yacimientos de Litio Bolivianos tiene proyectado explotar este año.

“El tema ulexita ya está en un proceso de licenciamiento ambiental para la explotación directa por YLB. Ese proyecto YLB lo puede hacer y lo va a hacer; en los próximos meses seguramente ya vamos a estar haciendo nuestras primeras cargas de ulexita para comercialización”, informó Alarcón en Bolivia Tv.

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Actualmente, la empresa produce y comercializa cloruro de potasio que es un agrofertilizante y carbonato de litio, materia prima para fabricar baterías; sin embargo, apunta a diversificar sus productos.

Según YLB, la ulexita se utiliza en la fabricación de ácido bórico, empleado en la producción de talcos. Además, se usa en la industria de vidrios, cerámicas y fertilizantes.

“Nosotros tenemos un plan de negocios para la ulexita, que está rondando las 10.000 toneladas; sin embargo, esto tal vez va a estar delimitado un poco por la licencia ambiental que se nos vaya a otorgar, está en curso este trámite”, dijo.

La ulexita es un mineral de color blanco o incoloro, blando y liviano, que se encuentra en salares de Argentina, Chile, Bolivia y Perú.

El Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) advierte que la minería ilegal prolifera en varias regiones del país y en su actividad desvía el cauce de los ríos, que, con la lluvia, se desbordan e ingresan a los pueblos y comunidades, como ocurrió recién en Quime.

El investigador del CEDLA, Alfredo Zaconeta, urgió a las autoridades a asumir medidas al respecto y controlar la actividad minera ilegal en las regiones para evitar más desastres.

“En la época de lluvias muchas zonas se han visto afectadas por la crecida de ríos y en parte por el desvío del cauce natural que se hace por la actividad minera ilegal. Y esto debe ser analizado por las autoridades; entendiendo que la actividad minera ilegal y su producción aurífera se incrementó considerablemente en la última década”, explicó Zaconeta en RTP.

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Minería

Asimismo, dijo que lo que se vio en años pasados en las poblaciones de Guanay y Tipuani, del Norte de La Paz, con el rebalse de ríos es producto de la minería ilegal. Considera que eso fue lo que ocurrió el fin de semana en Quime; donde el desborde de dos ríos arrasó con todo en el pueblo.

“Es evidente que en Quime se ha dado una proliferación de actividades mineras y muchas en calidad de ilegales y ante esta ilegalidad el Estado tiene que tomar acciones porque estos son los efectos”, complementó.

Indicó, además, que las operaciones mineras ilegales operan sin asistencia técnicas adecuada; y lógicamente sin la regulación del Estado para decir dónde se puedo o no operar para evitar este tipo de desastres. “Estos son los efectos, ahora lo vimos en Quime y posiblemente en esta temporada de lluvias que recién comienza podemos ver otras zonas afectadas.

El fin de semana, la población de Quime, en el departamento de La Paz, quedó destrozada tras el desborde de dos ríos. El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, informó que preliminarmente se cuantificó 500 familias damnificadas y más de 40 viviendas completamente destruidas.