El Gobierno y representantes de los panificadores se reunirán este lunes para analizar los costos de elaboración del producto y definir el precio del pan de batalla, que actualmente cuesta 0,50 centavos de boliviano.

El sector panificador asistirá con una postura firma: el incremento del producto; mientras que el Gobierno espera concertar para que se mantenga el precio.

El viceministro de Políticas de Industrialización, Luis Siles, afirmó este domingo que no existen razones técnicas para un incremento drástico en el precio del pan de batalla por la subvención estatal a la harina de trigo que se entrega a los panificadores, que representa entre el 65 y 70% de los costos de elaboración.

“Todos los productos y subproductos que tienen subvención no deben sufrir un incremento en su precio, porque es un sacrificio de todos los bolivianos. No puede ser que haya gente que hable de un incremento a 70 centavos, Bs 1, Bs 1.20, no es así, no debe suceder aquello”, dijo.

La Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) entrega a los panificadores el quintal de harina a Bs 130, en el mercado el precio está hasta Bs 250.

También destacó que, desde hace dos años, el Gobierno apoya al sector con la entrega de azúcar, levadura y manteca a precio justo.

El Gobierno amplió hasta el 31 de agosto de este 2025 el arancel cero para la importación de trigo y harina de trigo a través del Decreto Supremo 5195, para procesar harina en el territorio nacional y garantizar así la producción del pan de batalla.

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Panificadores

En tanto el dirigente de los Panificadores, Rubén Ríos, dijo que el sector está firme y pedirá un incremento “justo” de 0,70 centavos.

“Ya está clara nuestra resolución hace tiempo la hemos dado el año pasado en noviembre, que es un incremento con subvención a 0,70 centavos”, aclaró en Unitel.

El representante del sector pide a las autoridades que haya un incremento “razonable”, ya que varios productos han subido su costo, por lo que los números salen negativos para los panificadores.

“Sí o sí debe haber un incremento razonable, eso le pedimos al Gobierno que lo analice bien, lo hemos analizado ya bien y la hoja de costos, ha arrojado números negativos, ellos bien lo saben”, reveló.

El encuentro está previsto para las 10.00 en instalaciones de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos.

El viceministro de Políticas de Industrialización, Luis Siles, afirmó que semanalmente ingresan al país 1.600 toneladas (t) de arroz para garantizar el abastecimiento interno de ese alimento.

“Ya han llegado 15000 toneladas de arroz y van a seguir entrando (otras) 1.500 toneladas por semana para dar tranquilidad y certeza a la ciudadanía”, dijo en entrevista con Bolivia Tv.

Explicó que el grano llega al país a través de Insumos Bolivia, y que “llegará a las familias” no solo a través de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), sino a través de privados, por entrega directa.

Explicó que el consumo promedio en Bolivia es de 400.000 toneladas y que a abril de 2024, el país alcanzó a producir 433.000 toneladas, aunque el consumo llegó solo a las 407 toneladas. “Nos declaramos autosuficientes en la producción”, indicó.

¿Por qué Bolivia importa arroz si es ‘autosuficiente’? El viceministro Siles explicó que la importación de ese grano es una medida “coyuntural”, ante el “desvío” de ese producto hacia otros mercados y a otros países.

“Hemos verificado que había ingenios que tenían mucha cantidad de arroz almacenado ha habido desviación en (el comercio) de los mayoristas”, dijo.

El precio del arroz en los mercados del país se incrementó en los últimos meses y las autoridades atribuyeron eso a la especulación por parte de alguno productores y mayoristas y al contrabando.

Sin embargo, desde que comenzó la importación de arroz, según dijo Siles, el precio bajó entre un 7% y 8%.

Siles vaticinó una muy buena producción de arroz para este año debido a las intensas lluvias. “El arroz se produce por inundación y eso nos conviene (en la temporada de lluvias). Va a haber una mayor producción”, dijo y adelantó que esa producción se verá en marzo.

El director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Germán Jiménez, informó este domingo que la sobredemanda de combustibles llegó a 20 millones de litros en diciembre del año pasado. Asimismo, aseguró que el abastecimiento está garantizado.

“Durante el mes de diciembre hemos cerrado con más de 15 millones de sobredemanda de diésel y más de 5 millones en el tema de gasolina”, dijo Jiménez Bolivia Tv.

El funcionario destacó que pese a los bloqueos que afectaron la distribución de combustible durante octubre y noviembre, el Gobierno pudo “subsanar” el problema y garantizar la provisión. Durante esos meses, hubo una reducción de 30% en la distribución de diésel, reconoció Jiménez.

Ya en diciembre, donde hubo largas filas en las estaciones de servicio, la ANH incrementó los volúmenes de distribución para normalizar el abastecimiento. Recordó, además, que a inicios de este año aún había filas en algunos surtidores, particularmente en el departamento de Cochabamba, por lo que se determinó reforzar los controles.

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Combustibles

Producto de esa vigilancia y gracias al Centro de Monitoreo, se detectó a más de 403 vehículos durante el año pasado; que generaron una sobredemanda de 1,5 millones de litros. Solo en Cochabamba, se incautaron 130 vehículos por carguíos irregulares.

Además, al menos cuatro estaciones de servicio fueron identificadas por parte de la venta irregular y quedaron precintadas.

“Vehículos que tenían una demanda de 100, 200 litros al mes cargaban GNV han llegado a cargar hasta 2.700 litros. Esos ya han sido remitidos a la Fiscalía para tomar acciones”, indicó Jiménez.

Explicó que, con el fin de garantizar la provisión sin interrupción en Cochabamba se habilitaron tres estaciones de servicio para que atiendan las 24 horas: América, Cala Cala y Valle Hermoso; lo que ayudó a reducir las filas.

El presidente de la ANH garantizó que la distribución de combustibles se realizar con normalidad y dijo que actualmente se está despachando más de 3 millones de litros de diésel en Santa Cruz; y más de medio millón de litros de gasolina en La Paz y Cochabamba.

En lo que va del mes, el país recibió más de 26 millones de litros de gasolina en el puerto chileno de Arica.

El presidente de Yacimientos de Litio (YLB), Omar Alarcón, aseguró este domingo que los contratos que firmó la estatal con Uranium One Group (Rusia) y CBC (China) para industrializar el litio prevén el ajuste de las regalías para el departamento de Potosí, en caso de que la Asamblea Legislativa Plurinacional apruebe la Ley del Litio y Recurso Evaporíticos.

Ese proyecto se encuentra hace meses en poder de los legisladores y aún no es tratado.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 535 de Minería y Metalurgia, la regalía minera es un derecho y una compensación por la explotación; y aprovechamiento de los recursos minerales y metales no renovables para el departamento y los municipios productores.

“Las regalías están establecidas ya en el contrato, son las regalías mineras en este momento. Los contratos están estableciendo una ley aplicable; lo que quiere decir que, si cambia en el futuro o se genera una nueva ley directamente aplicada al litio, como en este caso es las regalías, el contrato ya prevé esas modificaciones”, explicó Alarcón en Bolivia Tv.

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Litio

Asimismo, Alarcón aseguró que los contratos no “están congelando las regalías de litio” para Potosí y Oruro y se adecuarán a la nueva ley.

Esta semana, el Comité de Energía e Hidrocarburos de Diputados aprobó los contratos firmados con Uranium One Group (Rusia) y CBC (China).

El Proyecto de Ley 197/2024-2025 regula el contrato con Hong Kong CBC Invest Limited; que invertirá $us 1.030 millones para construir dos plantas con capacidades de producción de 10.000 y 25.000 toneladas anuales de carbonato de litio, respectivamente.

Por otro lado, el Proyecto de Ley 170/2024-2025 ratifica el contrato con Uranium One Group, que destinará $us 975 millones a una planta con capacidad de 4.000 toneladas anuales.

Las plantas industriales serán emplazadas al sur del Salar de Uyuni (Potosí) y utilizarán el método de Extracción Directa de Litio (EDL); tecnología avanzada para acelerar la producción y optimizar el uso de materia prima, energía y el consumo del agua.

La Central de Trabajadores de Bolivia ratificó que un sector de los gremiales de El Alto y La Paz y de otras organizaciones se movilizará este lunes 13 en rechazo a la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) sobre el decomiso de alimentos.

La marcha está convocada para las 9.00 del lunes en puertas del Multifuncional de El Alto, desde donde descenderá hasta la plaza Murillo de La Paz.

“Hay que decirle a toda la población boliviana que el día lunes 13, vamos a movilizarnos a raíz de que el Gobierno hasta el día de hoy no está haciendo caso en el retiro del artículo adicional séptimo, donde nos quiere incautar, nos quiere confiscar, nos quiere quitar la mercadería y eso afecta a todo el pueblo boliviano en general”, declaró Siñani en Unitel.

En la movilización participarán gremiales, cocaleros, panificadores, jubilados, transportistas y otros sectores, según el dirigente.

Asimismo, anunció que las movilizaciones se masificarán si el Gobierno no abroga esa disposición y da soluciones a la falta de dólares, de combustibles y al alza en productos de la canasta familiar.

“Le hemos pedido al Gobierno que de una vez solucione las largas filas que existen de combustible como ser el diésel y la gasolina. Hemos dicho bien claro que dé solución al tema del dólar; que hemos visto que el gobierno sale a Bs 6.96, pero en la realidad está más de 12 bolivianos”, complementó el dirigente.

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Disposición

Además, cuestionó que el Gobierno no convoque a dialogar a todos los sectores; pues la disposición séptima afecta a gran parte de productores y comerciantes. Y dijo que los gremiales que la semana pasada dialogaron con autoridades gubernamentales, son servidores públicos afines al Gobierno y nos los representan.

El viernes, autoridades de Gobierno sellaron un acuerdo con un grupo de gremiales e informaron que la disposición no afectará a ese sector y que participarán en la reglamentación de la misma.

Al igual que los gremiales, otros sectores como la Cámara Nacional de Industrias y la Cámara Nacional de Comercio manifestaron su rechazo a la disposición.

La disposición séptima establece que las entidades competentes podrán activar acciones de control, fiscalización; confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos; que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos.