La Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) confirmó el suministro de 317.911 bolsas de harina, de 50 kilogramos cada una, a panificadores en 2024, como parte de un convenio para mantener el precio de la unidad de pan en Bs 0,50.

Sin embargo, la estatal denunció que varios actores del sector presentaron licencias de funcionamiento falsificadas para acceder a los insumos subsidiados, según Franklin Flores, gerente de la empresa. 

Flores explicó que, tras verificaciones, se identificaron documentos adulterados en diferentes regiones, incluida la frontera de Desaguadero, donde panificadores agotan en cuatro o cinco días los volúmenes asignados para un mes.

«Esto sugiere posibles desvíos o venta irregular», señaló, sin descartar la posibilidad de que la harina subvencionada salga de contrabando hacia los países vecinos.

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Harina

En 2024, los panificadores y el Gobierno llegaron a un acuerdo para que Emapa proveerá 2.400.000 bolsas de harina a lo largo de la presente gestión. Con el objetivo de mantener el precio del pan, pese al pedido de incremento del sector, se acordó subvencionar otros suministros, como azúcar, manteca y levadura.

De acuerdo con las autoridades, el subsidio estatal es totalmente beneficioso para los panificadores, pues el quintal de harina se compra a Bs 315 y se les vende a Bs 109 para garantizar el precio accesible del pan. 

El anuncio se produce ante el paro de 48 horas convocado por gremios panificadores para la próxima semana, quienes exigen mayor agilidad en las entregas. Flores reiteró el compromiso de diálogo y espera que los representantes del sector asistan a la reunión que se convocó para este jueves, aunque no se definió la hora.

Emapa, dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, es clave en la cadena de abastecimiento de pan, alimento básico de la canasta familiar, por lo que mantener su precio en Bs 0,50 es esencial para proteger la economía de toda la población.

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) se comprometió a recorrer cada municipio del departamento de La Paz para escuchar las necesidades de los transportistas respecto al suministro de combustibles.

Esta iniciativa, acordada en una reunión con representantes del transporte interprovincial el pasado martes, responde a múltiples denuncias de desabastecimiento en diversas provincias paceñas.

Según indicó Iván Colque, director distrital de la ANH en La Paz, se evaluarán los cupos de abastecimiento y los volúmenes necesarios según la demanda.

“Se ha organizado una reunión de evaluación de carácter integral este viernes, en la que participarán las autoridades del sector, representantes de YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos), la Dirección General de Sustancias Controladas (…) El objetivo es revisar de manera detallada las necesidades planteadas por los transportistas interprovinciales en cada municipio”, explicó.

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Combustibles

Durante dicho encuentro, la ANH presentará un informe que detalla los logros en el control del abastecimiento y las medidas legales implementadas para combatir el desvío de combustibles.

En los últimos días, la ANH y YPFB lograron normalizar la provisión de carburantes, especialmente de gasolina, luego de varias semanas de filas interminables en las estaciones de servicio. Sin embargo, este “logro” se observa únicamente en las ciudades capitales, pero en los municipios alejados del eje troncal el desabastecimiento sigue siendo evidente.

La situación es crítica para el sector, ya que los transportistas señalaron que, de no completarse la asignación de cupos de combustible para el 31 de marzo, se vería comprometida la operatividad de sus servicios.

Freddy Avidari, ejecutivo de la Federación Regional de Transporte Yungas La Paz, advirtió que “si no se cumple, estamos listos para iniciar un bloqueo a partir del 2 de abril.”

Este pronunciamiento evidencia la presión que el sector ejerce sobre las autoridades, debido a que el suministro de carburantes resulta crucial para la continuidad del servicio y la movilidad en las provincias.

El Gobierno, por su parte, se dio un plazo hasta finales de este mes para normalizar el abastecimiento con el objetivo de frenar cualquier medida de presión del sector transportista.

Las intensas lluvias y los desbordes de ríos en Santa Cruz han sumergido 97.000 hectáreas de cultivos y afectado a 4.500 familias, según el último informe de la Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz).

Los municipios más golpeados, como Pailón, Lagunillas y San Julián, ya emitieron declaratorias de desastre, mientras que Quirusillas, Yapacaní y El Puente avanzan en el mismo trámite para acceder a ayuda estatal. 

Juan Carlos Valles, representante de Amdecruz, detalló que los cultivos de soya, sorgo, maíz y arroz quedaron bajo el agua sin posibilidad de cosecha, agravado por la falta de combustible para maquinaria agrícola.

«Las pérdidas son totales en estas zonas. Además, estamos evaluando kilómetros de caminos destruidos y puentes colapsados», afirmó en contacto con Unitel.

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Cultivos

Los ríos Grande y Piraí, junto a sus afluentes, son los principales responsables de las inundaciones que afectan a nueve municipios. 

Con las declaratorias de desastres municipales, se espera una mejor gestión de recursos para viviendas, alimentos y rehabilitación de infraestructura. 

La Gobernación de Santa Cruz confirmó que las lluvias, las más fuertes de la última década, han complicado las labores de rescate y asistencia. Familias enteras perdieron sus hogares y cultivos, base de su sustento económico.

A esto se suma la interrupción de vías clave para el transporte de productos agroindustriales, lo que podría impactar en los precios de alimentos a nivel nacional. 

Santa Cruz aporta el 70% de la producción agrícola de Bolivia, por lo que los sectores productores advierten que la seguridad alimentaria del país está en riesgo si es que no se atienda las inundaciones en los cultivos.

En ese sentido, Amdecruz urge al Gobierno nacional a activar fondos de emergencia y facilitar combustible para mitigar el colapso en cadenas productivas. 

El miércoles, el presidente Luis Arce declaró desastre nacional por las intensas precipitaciones y sus afectaciones, por lo que se comprometió a atender a todos los municipios que se encuentran atravesando momentos complicados.

El sector agropecuario de Cochabamba enfrenta una reducción del 30% en su capacidad productiva debido al desabastecimiento de combustible, las inundaciones y el alza de precios en el mercado informal, según Rolando Morales, presidente de la Cámara Agropecuaria de Cochabamba (CAC).

Durante una reunión con autoridades gubernamentales, Morales detalló que productores del trópico cochabambino adquieren gasolina a Bs 13 por litro en revendedores, pese a la cercanía de estaciones de servicio oficiales que no cuentan con las cantidades suficientes de carburantes. 

La crisis se agrava para los pequeños agricultores, quienes no pueden costear filas de más de 24 horas para acceder a combustibles en bidones.

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Agropecuaria

A esto se suma el incremento en los fletes para transportar alimentos a centros de abasto, ya que transportistas también dependen del mercado negro. «Los costos logísticos se disparan, afectando toda la cadena», explicó Morales. 

En paralelo, las lluvias intensas inundaron más de 5.000 hectáreas en Puerto Villarroel, tras el desborde del río Sacta. Los cultivos anegados incluyen maíz, arroz y hortalizas, lo que profundiza las pérdidas en una región clave para la seguridad alimentaria.

Morales recordó que, desde octubre de 2023, la Confederación Agropecuaria Nacional (Confeagro) advirtió al presidente Luis Arce sobre riesgos económicos y de abastecimiento, sin que se concretaran soluciones. 

El Mandatario, por su parte, declaró emergencia nacional el miércoles, debido a las afectaciones por la temporada de precipitaciones.

El dirigente exigió al Gobierno agilizar la importación directa de combustibles y aprobar un decreto presentado por el sector privado para flexibilizar el acceso a diésel y gasolina. También mencionó reclamos por inseguridad jurídica y falta de dólares para insumos, factores que «ahogan al campo». 

Cochabamba es uno de los principales aportantes a la canasta alimentaria boliviana. La combinación de factores climáticos, desabastecimiento y precios especulativos amenaza con encarecer productos básicos y reducir las exportaciones del sector.

Más de un centenar de representantes de empresas participaron en la segunda edición del taller de capacitación sobre Importación Directa de Combustibles para Consumo Propio y Comercialización 2025.

El evento, organizado por el Ministerio de Hidrocarburos y Energías, se desarrolló de manera virtual y presencial en la ciudad de La Paz. Al encuentro asistieron ejecutivos de compañías asociadas a la Cámara Nacional de Exportadores.

En el taller se brindó información detallada sobre los requisitos y normativas vigentes para la importación de combustibles; y se abordó aspectos tanto para consumo propio como para comercialización.

Las exposiciones estuvieron a cargo del Ministerio de Hidrocarburos y Energías; junto con entidades bajo su tuición y otras instituciones relacionadas con el proceso de importación.

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Combustibles

Asimismo, durante el encuentro, los representantes de distintas instancias del sector público realizaron presentaciones sobre los requisitos específicos para cada tipo de operación.

Por ejemplo, en consumo propio, las exposiciones estuvieron a cargo del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH); la Dirección General de Sustancias Controladas (DGSC) y la Aduana Nacional (AN).

En comercialización las presentaciones desarrolladas por las mismas instituciones, con énfasis en los requisitos y regulaciones aplicables a esta actividad. Sobre la importación para usuarios intervino la DGSC con información detallada a los participantes interesados en esta modalidad.

Este taller representa una oportunidad para empresas y actores del sector energético que buscan optimizar sus operaciones dentro del marco normativo vigente; lo que incluye al fortalecimiento del mercado de combustibles en el país.