Este martes, el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, reiteró su propuesta de realizar una reunión entre autoridades del Órgano Ejecutivo, del Legislativo y representantes de los organismos financiadores, con el fin de agilizar el ingreso de dólares al país a través de créditos de financiamiento externo.

“Reiteramos nuestro pedido de reunión urgente, entre las tres fuerzas de la Asamblea Legislativa, el Órgano Ejecutivo y las fuentes financieras”, afirmó en conferencia de prensa.

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Reunión

De acuerdo con Rodríguez, ante la “falta de voluntad del Ejecutivo”, el lunes se sostuvo una reunión con los representantes de los organismos financiadores para analizar el tema de los créditos.

Sin embargo, debido a que es el Gobierno el que se encarga de promulgar esos proyectos, insistió en que es importante la presencia de los ministros del área económica en ese tipo de encuentros.

Asimismo, el presidente del Senado justificó su ausencia en la denominada Cumbre por la Democracia y la Estabilidad que realizó el Gobierno este martes. Rodríguez indicó que el país, ante la crisis económica, necesita una reunión técnica, no hablar de temas electorales.

“¿Qué han discutido? ¿Qué conclusiones sacaron? ¿Cuántos créditos se aprobaron en esa reunión?”, cuestionó el senador al encuentro que tuvo como fin garantizar la continuidad del presidente Luis Arce ante “amenazas de acortar su mandato”.

Rodríguez insiste en que al país le preocupa las “filas interminables” por combustibles y los precios de los productos de la canasta familiar.

Por ello, considera que los temas electorales, si bien son importantes, pueden esperar, pero el pedido de la población en estos momentos es otro.

De acuerdo con el presidente de la Cámara de Senadores, existe la voluntad de aprobar los tres créditos pendientes en esta instancia legislativa por parte de las tres fuerzas políticas, siempre y cuando el Gobierno transparente los recursos y los organismos financiadores ayuden a agilizar el proceso para resolver la crisis económica.

De igual manera, Rodríguez negó que en el Senado estén pendientes seis proyectos de financiamiento externo y responsabilizó a la Cámara de Diputados por tener más de $us 1.000 millones a la espera de ser tratados.

La Federación de Comunidades Interculturales Productores Agropecuarios de San Julián Norte emitió este martes un ultimátum al Gobierno exigiendo la renuncia inmediata del viceministro de Comercio Interno, Grover Lacoa, y del gerente general de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), Franklin Flores.

Acusan a ambas autoridades de «incapacidad y mentiras recurrentes» que, según el sector, han perjudicado gravemente la producción agrícola.

El documento institucional, difundido tras movilizaciones la semana pasada que incluyeron la toma de silos de Emapa y bloqueos en el este de Santa Cruz, advierte que, de no cumplirse el plazo de 72 horas, se ejecutarán «medidas más drásticas», como la ocupación de instituciones estatales en todo el departamento.

«No permitiremos que sigan dañando al sector productivo», señala la resolución de la federación.

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Productores

Los productores reclaman la reactivación de las exportaciones de soya y el abastecimiento urgente de diésel para maquinaria agrícola, en medio de una crisis de combustibles que ya afecta cosechas.

Además, exigen la liberación total de importaciones de carburantes, la aprobación de una ley que permita el uso de biotecnología en cultivos y garantías de seguridad jurídica para atraer inversiones.

Las protestas de San Julián se suman a un clima de descontento en Santa Cruz, donde el sector agroindustrial enfrenta múltiples desafíos a causa de la escasez de diésel y las restricciones hacia las exportaciones que siguen vigentes.

La falta de respuestas a estas demandas, según los productores, ha llevado a una «parálisis económica» en zonas clave.

El Gobierno, por su parte, garantizó el combustible a este sector y pidió calma, pues la cosecha no se realiza en un día, sino en un periodo de un mes y medio en el que se priorizará el abastecimiento para la agroindustria.

Este martes, tras cinco meses de espera, la Cámara de Senadores aprobó el Proyecto de Ley 562, para el Programa de Riesgos ante Eventos Adversos y Emergencias por Desastres Naturales, que establece un crédito de $us 75 millones por parte de la Corporación Andina de Fomento (CAF).

Ante ello, el Gobierno saludó la decisión de los legisladores, en el complicado momento climático que atraviesan varios municipios del país.

“Hoy ganó Bolivia. Se antepusieron las necesidades de la población sobre cualquier interés personal. La aprobación de este crédito permitirá brindar un mejor apoyo a las familias afectadas por los desastres naturales”, escribió el ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, en sus redes sociales.

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Crédito

El proyecto fue remitido por la Cámara de Diputados al Senado en octubre de la gestión pasada. En ese entonces, se buscaba enfrentar los incendios forestales que azotaban al oriente boliviano.

Sin embargo, los legisladores acusaron un chantaje del Gobierno para lograr el financiamiento externo y el proyecto no fue tratado en el pleno durante cinco meses hasta este martes, donde se logró el voto a favor de la mayoría.

Durante la sesión, los legisladores señalaron las dificultades de varias regiones a causa de la temporada de lluvias, por lo que aprobaron el crédito.

“Es una buena noticia para nuestro país (…), creo que son cuatro años de sequía, la peor fue la del año pasado, con pérdidas significativas en la producción. Lamentablemente ese crédito no fue tratado”, dijo al respecto la ministra de la Presidencia, María Nela Prada.

Los ministros señalaron que una vez que el proyecto sea remitido, el Órgano Ejecutivo lo promulgará inmediatamente para iniciar con el desembolso de los recursos y poder atender a los municipios afectados por las lluvias.

Los senadores, por su parte, advirtieron que pedirán informes para verificar que los recursos se están destinando a emergencias y desastres naturales y no a otros rubros.

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, defendió este martes la Ley 1503 de compra de oro, promulgada en mayo de 2023, al asegurar que permitió movilizar 23,5 toneladas del metal precioso para fortalecer las Reservas Internacionales Netas (RIN) y evitar que Bolivia cayera en default (impago) de su deuda externa.

La declaración se dio durante una sesión en la Cámara de Senadores, donde la norma fue cuestionada por legisladores de oposición y afines al expresidente Evo Morales.

«Gracias a esta ley, el Banco Central pudo comercializar oro en mercados internacionales y generar flujos que nos permitieron pagar el servicio de la deuda externa. Sin esto, hubiéramos entrado en default», afirmó Montenegro, en respuesta al senador Hilarión Mamani, quien preguntó: «¿La Ley del Oro ha servido?».

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Ley

El ministro atribuyó los resultados como limitados debido al retraso en su aprobación. «El proyecto se planteó en mayo de 2021, pero se aprobó en abril de 2023. Si hubiéramos actuado antes, el impacto sería mayor», argumentó.

La Ley 1503 autoriza al Banco Central de Bolivia (BCB) a comprar oro del mercado interno y usarlo en operaciones financieras internacionales para respaldar las RIN, que actualmente se encuentran en mínimos históricos.

Según datos del Ministerio de Economía, en 2022, Bolivia pagó $us 1.810 millones por servicio de deuda externa; en 2023, el monto bajó a $us 1.491 millones y en 2024, ascendió a $us 1.526 millones.

Montenegro argumentó que, sin los ingresos del oro, el país no habría podido cubrir estos pagos ante la disminución de desembolsos de créditos externos.

Los senadores evistas Luis Flores e Hilarión Mamani cuestionaron los resultados de la ley durante la sesión, donde el tema central era un crédito de $us 75 millones para un programa climático.

«¿Dónde están los beneficios concretos para la población?», insistió Mamani, en línea con las críticas de que la norma prioriza el pago de deuda sobre inversión social.

Montenegro insistió en que la ley sirve para evitar el colapso crediticio, mientras los críticos exigen transparencia en el uso del oro y priorizar políticas que reactiven la economía local.

Este martes, el ampliado nacional de la Confederación de Choferes de Bolivia concluyó en exigir al Gobierno regularizar el abastecimiento de combustible en todo el país en un plazo de 72 horas. Caso contrario, advirtieron con medidas de presión y medidas “drásticas” como actitud de protesta.

“No vamos a ser responsables de lo que pueda pasar; un paro general indefinido, un paro de 72 horas, no lo vamos a anunciar por cuestiones de seguridad (…), también no vamos a pagar los peajes (…), seguramente nos vamos a ir a las medidas más drásticas”, anunció el secretario ejecutivo de la federación, Lucio Gómez.

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Choferes

Otras de las conclusiones a las que se llegaron en la reunión son el pedido de renuncia de varias autoridades.

Los choferes piden la renuncia de Armin Dorgathen, presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), quien es visto como el principal responsable de la escasez de combustibles y por traer un “diésel de pésimas condiciones”.

Asimismo, exigen la destitución de Marcel Claure, presidente de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), por descuidar el estado de las rutas que unen al país, afectando y poniendo en riesgo la vida de los conductores, especialmente en temporada de lluvia.

También piden que el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y de Consumidor, Jorge Silva, dé un paso al costado, pues consideran que no ha sido capaz de detener el incremento de precios de los productos de la canasta familiar.

“Que el pueblo nos disculpe, porque si las medidas se dan es por la responsabilidad de las personas que administran este país, particularmente del presidente de YPFB”, protestó Gómez.

El dirigente indicó que el sector está “harto de promesas”, pues en octubre de 2024 las autoridades prometieron un normal abastecimiento de diésel y gasolina, pero el acuerdo no se cumplió.

Por ello, ahora exigen respuestas y propuestas concretas, quieren conocer cuál es el plan de Gobierno para normalizar la provisión de carburantes, realizar mantenimiento de las carreteras y reducir los costos de los alimentos.