Los ingenios arroceros del Norte Integrado de Santa Cruz anunciaron una feria del arroz para este viernes en la cancha del Parque Industrial de Montero, con el objetivo de desmentir las acusaciones del Gobierno sobre presunto agio y especulación en el precio de este producto de la canasta familiar.

Según Jimmy Guillermo Prado, presidente de la Asociación de Ingenios Arroceros del Norte (Ingenor), se pondrá a la venta arroz económico y de calidad, con precios por debajo de los Bs 400 por quintal.

“Queremos demostrarle al Gobierno que nosotros, en ningún momento, estamos cometiendo especulación o agio. Nuestros ingenios están abiertos todos los días y atendemos al público en general”, afirmó Prado.

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Arroceros

El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, afirmó que los arroceros son claros especuladores debido a que, según dijo, en una inspección verificaron cinco ingenios con grandes reservas de arroz.

De acuerdo con la autoridad, el sector había afirmado que ya no tenía el producto y que inclusive presionó al Gobierno para que importe arroz. Sin embargo, en la revisión que se realizó de sorpresa, se evidenció que realizan un almacenaje irregular.

Prado explicó que el arroz almacenado no se usa para especular con el precio con el producto, sino que todo lo producido no puede llevarse a las ciudades, por lo que se mantiene en los ingenios.

La feria comenzará a las 09.00 y se extenderá hasta las 17.00. Habrá venta de arroz al por mayor y al detalle, para facilitar el acceso a la población.

Los productores hicieron un llamado a la ciudadanía a asistir a esta actividad, que busca transparentar la comercialización del grano y respaldar al sector arrocero.

Los arroceros aseguran que sus operaciones se desarrollan con normalidad y que las puertas de los ingenios están abiertas para cualquier verificación.

El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, anunció la aprobación de una minuta de comunicación que recomienda a la ministra de la Presidencia y al ministro de Economía ejecutar únicamente el gasto público del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025.

“Aprobamos una minuta de comunicación que recomienda ejecutar solo lo relacionado al gasto público, dada la naturaleza de la ley presupuestaria”, escribió este jueves en sus redes sociales.

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Minuta

La medida fue aprobada en medio de plazos cada vez más limitados para que la Asamblea Legislativa sanciones el PGE para la próxima gestión.

El domingo, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, recordó que la Constitución Política del Estado establece que, si el presupuesto no se aprueba en los plazos establecidos, entonces éste entrará en vigencia de manera automática a partir del 1 de enero de 2025.

La autoridad señaló que esta medida se estableció como previsión para que ninguno de los niveles del Estado se quede sin presupuesto y puedan realizar sus actividades con normalidad apenas comience la próxima gestión.

El titular del Senado, por su parte, explicó que la minuta de comunicación responde a la naturaleza de la ley presupuestaria, sugiere que se prioricen los gastos esenciales, como sueldos, salud, educación y otros necesarios para el funcionamiento del Estado; pero que se puedan tratar otros temas como la inflación, los préstamos, los gastos, etc.

PGE

Rodríguez señaló previamente que la aprobación del PGE debe enmarcarse en debates políticos y técnicos, debido a todo lo que implica el proyecto de ley. Sin embargo, a menos de 20 días de que se cumpla el plazo del Órgano Legislativo, el Presupuesto está estancado en la Cámara de Diputados.

Por ello, criticó a sus colegas de la Cámara Baja, pues, en su criterio, no “priorizan” el tratamiento del Proyecto de Ley del PGE.

La minuta que propone el Senado evitaría la paralización de las operaciones estatales y garantizaría la continuidad de los servicios públicos mientras se resuelven posibles discrepancias sobre el contenido completo del PGE.

El Servicio Plurinacional de Registro de Comercio (Seprec) informó que, hasta noviembre de 2024, se registraron 9.094 unidades económicas dedicadas a la explotación de minas y canteras en Bolivia, que representan un sector clave en la economía nacional.

Esta cifra forma parte de las 386.973 unidades económicas activas en el país, que subrayan la importancia de la minería para la generación de empleo, el aporte al Producto Interno Bruto (PIB) y el desarrollo regional.

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Unidades

La región de La Paz lidera la actividad minera; concentra el 45,3% del total de unidades económicas del sector, seguida de Potosí (24,3%) y Santa Cruz (12,7%). Estas tres regiones se consolidan como los principales polos de la minería en Bolivia, motor económico en varias áreas del país.

En cuanto a la tipología empresarial, la mayoría de las unidades se organiza como sociedades de responsabilidad limitada (54,7%), seguidas de empresas unipersonales (39,3%) y sociedades anónimas (4,5%), lo que refleja la diversidad y dinamismo del sector minero.

Además, de enero a noviembre de 2024, el Seprec registró 13.896 nuevas unidades económicas en todo el país, de las cuales 552 están dedicadas a la minería y canteras. La Paz se mantuvo a la cabeza con 221 nuevas unidades mineras (40%), seguida de Potosí (25,9%) y Oruro (15,8%).

Otras regiones que reportaron nuevas unidades mineras fueron Santa Cruz (9,2%), Cochabamba (3,8%), Chuquisaca (3,3%), Beni (0,9%), Tarija (0,7%) y Pando (0,4%).

El Seprec destacó la importancia de esta dinámica empresarial y su compromiso con la formalización y transparencia de las empresas en Bolivia.

Según la institución, la minería continúa siendo un pilar fundamental de la economía boliviana, no solo por su impacto en el comercio exterior, sino también por su papel en la sostenibilidad económica y la generación de empleo en las regiones mineras.

En el «triángulo del litio», en Sudamérica, avanza la carrera estratégica por el mercado global de este metal clave en la transición energética. Pero Bolivia se está quedando atrás de Argentina y Chile en la competencia para explotar el llamado «oro blanco».

El litio es codiciado por industrias como la automotriz para sus baterías destinadas a autos eléctricos. 

El «triángulo del litio» alberga el 60% de los recursos mundiales del metal, según el Servicio Geólogico de Estados Unidos. De esos recursos derivan las reservas disponibles para extracción.

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Mercado global del Litio

Pero hasta ahora Bolivia, cuyo gobierno asegura tener el mayor depósito de litio del planeta, solo ha emprendido cuatro proyectos piloto y opera una planta a baja capacidad.

«El siguiente paso era empezar a nivel industrial. Y eso es algo que no se ha logrado hasta ahora», asegura Gonzalo Mondaca, investigador del Centro de Documentación e Investigación de Bolivia (Cedib).

En 2023 Bolivia solo produjo 948 toneladas de carbonato de litio, de acuerdo con el Ministerio de Minería.

Comparado con estimados del gobierno estadounidense, se trata de la décima parte de lo que extrajo Argentina y 46 veces menos que Chile, el segundo productor mundial después de Australia.

«La figura del ‘triángulo del litio’ confunde, porque da la sensación de que hablamos de una región homogénea. (…) Y sin embargo difiere mucho entre países y regiones», explica Martín Obaya, investigador de la Universidad Nacional de San Martín de Argentina. 

¿Ventana de oportunidad?

En Sudamérica el mineral se encuentra en los salares. La manera más económica de extraerlo es bombeando el agua salada subterránea, llevarla a piscinas en la superficie, donde se evapora y queda el carbonato de litio del que luego se extraerá el metal. 

En Chile, los yacimientos en el desierto de Atacama permiten perforar decenas de metros bajo la salmuera. 

Pero no ocurre así en el salar boliviano de Uyuni, a 3.600 metros de altitud. Sus condiciones de permeabilidad impiden excavar más allá de los 11 metros de profundidad. Luego el suelo se compacta y no es posible la succión, señala Mondaca. 

Las condiciones climáticas, como las lluvias, tampoco ayudan en la evaporación. 

En diciembre de 2023, el gobierno inauguró en la zona un complejo industrial estatal que esperaba producir hasta 15.000 toneladas anuales de carbonato de litio con la tecnología evaporítica, pero no funcionó. La planta trabaja hoy a un 20% de su capacidad.

«Siempre habrá una discusión sobre si estamos frente a una ventana de oportunidad que se está por cerrar. Es difícil de saber. Pero el desempeño del proyecto es frustrante con relación a las expectativas», dice Obaya. 

En los últimos meses Bolivia volvió a levantar las expectativas con la firma de dos contratos para la construcción de plantas industriales con tecnología de «extracción directa de litio» (EDL), que recurre a procesos electroquímicos para extraer el metal.

Aunque requiere menos agua, implica una mayor inversión. 

Trabas políticas

Según la estatal boliviana del litio, YLB, el costo de producir una tonelada en Uyuni oscilará entre 4.000 y 8.000 dólares. En Chile ese valor está entre 2.500 y 4.000 dólares.

Bolivia firmó este año un contrato con la rusa Uranium One para construir una planta con capacidad de extraer 14.000 toneladas anuales.

También suscribió un acuerdo con una subsidiaria de la china CATL -la mayor productora mundial de baterías- para montar dos puntos de producción que suman 35.000 toneladas. 

Ambos contratos dependen de la aprobación de la Asamblea Legislativa, donde la mayoría oficialista está dividida entre los seguidores del presidente Luis Arce y los de Evo Morales, hoy convertidos en rivales irreconciliables.

«El país no está preparado (…) a nivel técnico, normativo y en capacidad institucional», anota Mondaca.

Dato

Para Gustavo Lagos, profesor de la Universidad Católica de Chile, en dos o tres décadas «eventualmente Bolivia podría producir mucho litio». «Pero no estamos ahí todavía. Tienen que probar su tecnología económicamente», señaló.

El gobierno asegura que el país tiene los mayores «recursos» de litio en el mundo, con 23 millones de toneladas descubiertas. Pero la cantidad de «reservas» extraíbles no ha sido anunciada de manera oficial.

«Si el gobierno de Bolivia ha tenido éxito en algún sentido, ha sido en la propaganda. Ha mantenido la expectativa por más de 15 años», comenta Mondaca. 

Su organización, asegura, ha tenido acceso a los documentos anexos al contrato firmado con Uranium One, en los que el Estado confirma la viabilidad de extracción de solo el 10% de los recursos del salar de Uyuni.

La Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) se pronunció respecto al encarecimiento y desabastecimiento de aceite y arroz y afirmó que el sector privado no es el problema, como, en su criterio, intenta hacer parecer el Gobierno.

“Ratificamos que el sector privado no es el problema. Hay que mirar el contrabando que está saliendo y el Estado tiene que hacer todos sus esfuerzos para evitar que los productos, como antes entraban, ahora se estén saliendo”, afirmó Jean Pierre Antelo, presidente de la organización.

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Cainco

De acuerdo con Antelo, el hecho de que varios productos alimenticios tengan un precio fijo impulsa a que contrabandistas de otros países (o los propios bolivianos) se vean tentados de comprar el producto en el territorio nacional para llevarlo al mercado externo, donde los precios son más elevados.

Además, el presidente de la Cainco pidió al Gobierno “hacer un análisis real de la situación económica, hablarle con sinceridad al país”.

Sin embargo, desde el Gobierno, las autoridades responsabilizan al sector productivo por el alza de precios de algunos productos.

Por ejemplo, este jueves, el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, afirmó que las empresas aceiteras quedaron en evidencia ante la población debido a que en las últimas semanas no abastecieron el producto.

De igual manera, el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, señaló que los arroceros de Santa Cruz cometen agio y especulación, luego del allanamiento de algunos ingenios en el municipio de Montero.

Antelo rechazó el accionar del Gobierno y lo comparó con el avasallamiento de tierras, debido a que, en su criterio, genera mayor incertidumbre y desincentiva la producción.

Lejos de las acusaciones entre ambos sectores, Antelo consideró que un acuerdo público-privado es la solución para que la población tenga acceso a los productos a precios accesibles y se pueda garantizar el abastecimiento.