Comunarios, representantes de organizaciones sociales y miembros de la Federación de Juntas Vecinales de Ixiamas (Fejuvix) se trasladaron hasta el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz para demandar la intervención preventiva y el retiro definitivo de la estación de servicio Sayhogas, en respuesta a denuncias sobre el desvío de combustible.

“Denunciamos y exigimos que la justicia actúe de manera imparcial, en beneficio de la población de Ixiamas. A través de nuestra organización vecinal, solicitamos la salida de la empresa Sayhogas del municipio, ya que existe una denuncia sobre el desvío de ocho cisternas de combustible y 20.000 litros de diésel, que debían abastecer a nuestra región”, expresó un dirigente de la Fejuvix durante su declaración a los medios.

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Estación

En la conferencia de prensa, realizada en las puertas del TDJ de La Paz, se informó que el caso está en la Sala Segunda Constitucional, bajo la dirección del vocal René Delgado.

Los comunarios exigieron el cumplimiento de la resolución de intervención preventiva de Sayhogas y solicitaron una actuación justa y transparente que sancione a la empresa involucrada en el presunto desvío de combustible.

“Reclamamos que se respete la decisión de intervención y que se haga justicia. Este desvío afecta gravemente a la población y a las empresas de transporte que dependen del suministro de combustible en la zona”, señalaron los manifestantes.

Algunos protestaron que el desvío ocasionó que el litro de diésel se comercialice hasta en Bs 25, cuando el precio oficial es de Bs 3,72 el litro.

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) iniciaron la intervención a la estación de servicio desde diciembre de 2024, luego de que se detectara un presunto desvío de combustible ocurrido entre julio y agosto del mismo año.

El pasado viernes, el alcalde de Ixiamas, Félix Laime, junto con el control social del municipio, expresaron su respaldo a la intervención efectuada por la ANH, la cual determinó que ocho cisternas con combustible no llegaron a la estación de servicio, sino que fueron desviadas hacia la región de los Yungas y posteriormente a la ciudad de El Alto.

El Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 garantiza una inversión pública superior a los $us 4.000 millones, lo que refleja el compromiso del Gobierno con el desarrollo económico y social del país, según el presidente Luis Arce.

“En el PGE 2025 hemos asegurado una inversión pública que supera los $us 4.000 millones, demostrando nuestra firme determinación de impulsar el bienestar de nuestra población”, señaló el mandatario a través de sus redes sociales.

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Inversión

Del total asignado, el 46% se destinará al sector productivo, abarcando sectores clave como la agricultura, energía, hidrocarburos, minería, turismo e industria, con el fin de fortalecer la economía y generar nuevas oportunidades de empleo.

En el área social, se invertirá el 30% del presupuesto, priorizando aspectos fundamentales como la educación, salud, cultura, deportes, vivienda, urbanismo y saneamiento básico, con el objetivo de garantizar un desarrollo equitativo en todo el territorio nacional.

El 21% de los recursos se dirigirán a proyectos de infraestructura, con el fin de mejorar las redes de transporte, comunicaciones y el acceso a recursos hídricos, elementos cruciales para el crecimiento económico del país. Finalmente, el 3% restante será destinado a iniciativas multisectoriales que atiendan las necesidades más urgentes.

“La inversión pública será fundamental para mantener el dinamismo de nuestra economía y generar mejores condiciones de vida para nuestra población”, enfatizó Arce.

El Ministerio de Economía, a través de un comunicado emitido a principios de enero, destacó que el PGE 2025, aprobado mediante la Ley 1613, impulsa diversas políticas destinadas a fortalecer y potenciar el aparato productivo del país.

El presupuesto también proyecta un crecimiento económico del 3,51%, una inflación estimada del 7,5%, un precio promedio del barril de petróleo de $us 75,3 y un déficit fiscal equivalente al -9,2% del Producto Interno Bruto (PIB).

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) remitió este jueves 10 vehículos a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), debido a que se evidenció que realizaban cargas irregulares de combustibles en el departamento de Cochabamba.

“Hay vehículos que están cargando tres, hasta cinco veces al día. Hay algunos que se están cuidando, están haciendo cambio de placas; se ha identificado placas adulteradas. Además, pagan a los mangueristas para que no sean identificados”, denunció la directora distrital de la ANH en Cochabamba, Wendy Villarroel, en entrevista con Bolivia Tv.

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Vehículos

De acuerdo con la funcionaria, tras varios operativos en la carretera a Sacaba, en Quillacollo y en la zona sur de la ciudad capital se observó que algunos motorizados cargaban más de 1.200 litros de gasolina y diésel, por lo que se iniciaron las investigaciones correspondientes.

Además, muchos de estos vehículos, según Villarroel, funcionan a gas, pero cargaban gasolina para revenderla posteriormente en el mercado paralelo a un precio más elevado del subvencionado, aprovechando la especulación y temor que se genera en la población.

Recordó que este es un nuevo modus operandi que se descubrió hace un par de semanas y que se mantiene vigente.

Villarroel atribuyó las filas por combustible a estos hechos irregulares, pues aseguró que los volúmenes son los habituales, inclusive se incrementaron, pero la carga reiterada con fines de contrabando genera una sobredemanda que afecta a la población.

Por ello, reiteró el compromiso de la ANH y de la Policía Boliviana en las estaciones de servicio para evitar otros desvíos de carburantes.

Asimismo, la funcionaria explicó que se iniciarán las investigaciones contra los conductores de los vehículos, pues ninguna persona puede dedicarse al acopio de combustibles, debido a que está penado por ley.

Luego de horas de debate y la explicación del ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, la Cámara de Diputados aprobó el Proyecto de Ley 275/2024-2025, que autoriza al Estado Plurinacional de Bolivia el ‘Préstamo Contingente para Emergencias por Desastres Naturales y Salud Pública’ por $us 250 millones.

“De acuerdo a los resultados obtenidos, queda aprobado el proyecto de ley en su artículo único en grande y en detalle. Habiéndose aprobado en sus dos estaciones, remítase a la Cámara de Senadores para fines constitucionales de revisión”, leyó el presidente de la Cámara Baja, Omar Yujra.

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Diputados

El crédito se aprobó con 58 votos a favor y 33 en contra; aunque los legisladores de oposición denunciaron “fraude”, debido a que el voto se realizó de manera electrónica, pese a su rechazo.

De esta manera, el Estado podrá acceder a un préstamo de $us 250 millones por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), principalmente para atender desastres climáticos.

El presidente de Diputados explicó que este crédito es importante para el país en estos momentos, debido a los desastres climáticos que se observan a causa de las riadas y a otras consecuencias de las lluvias.

Además, el financiamiento permitirá atender otros fenómenos, como los incendios forestales o un potencial terremoto.

Debido a su alto monto, los diputados de oposición se negaron a aprobar el proyecto, ya que consideraban que se trataba de una estrategia del Gobierno para traer divisas al país, pero que se no se destinarían al rubro inicial que estaba planeado.

Por ello, el ministro Cusicanqui explicó que tal situación no se puede presentar, ya que el crédito no se desembolsará de golpe, sino que se utilizará cuando se tenga que atender una emergencia y se lo utilizará estrictamente para desastres naturales o un tema de salud pública.

Ahora, para poder acceder al crédito, el proyecto deberá aprobarse también en la Cámara de Senadores.

Este jueves, la Confederación de Choferes de Bolivia advirtió que nuevamente se observan filas en las estaciones de servicio de todo el territorio nacional por falta de combustibles, por lo que advirtieron con “paralizar el país” si el Gobierno no regula la distribución de la gasolina y del diésel.

“Es un compromiso del Estado para que no falte combustible (…), si están empezando estos problemas, el sector del transporte no tiene otra cosa más que hacer que paralizar el país hasta que ellos nos digan qué es lo que va a pasar”, advirtió el secretario ejecutivo de la Confederación, Lucio Gómez.

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Combustibles

De acuerdo con el dirigente, en algunos departamentos las estaciones de servicio solo reciben combustible dos veces por semana, por lo que nuevamente hay largas filas para poder cargar carburante.

Gómez señaló que, en el municipio de San Julián, en Santa Cruz, un sector de interculturales bloqueó la carretera en demanda de diésel y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) se comprometió a despachar mayores volúmenes.

“Yo creo que necesitan un nuevo problema, que nosotros hagamos esta protesta para que se atienda (…), si hay paro, hay soluciones”, lamentó el dirigente.

Sin embargo, recalcó que su confederación busca el diálogo y no las medidas de presión. Por ello, pidió que se cumplan los acuerdos a los que se llegaron en octubre y noviembre de 2024, cuando el sector de transporte se declaró en emergencia por la falta de combustible y el Gobierno se comprometió a normalizar el abastecimiento.

Además, pidió a las autoridades que “sean sinceros”, porque “teóricamente, en lo numeral” parece que el combustible es normal, debido a que incrementaron los volúmenes y las cantidades. No obstante, eso no se evidencia en la realidad.

Gómez señaló que el tema de la falta de dólares, el incremento de precios de la canasta familiar y ahora la escasez de combustibles provocan que el sector del transporte deba encarecer sus servicios.