Luego de una reunión de emergencia, el Comité Multisectorial de la cadena productiva se declaró “sorprendido” por la reunión de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) con el Gobierno y desconoció el acuerdo al que llegaron por la “disposición confiscatoria”.

Este martes, la CEPB y autoridades de Gobierno acordaron que la disposición séptima del Presupuesto General del Estado; que establece confiscaciones y decomisos, entre en pausa hasta que exista consenso con los gremios productivos y de comercio.

El presidente en ejercicio de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, recordó este martes que la CEPB nunca participó de los ampliados o movilizaciones.

Asimismo, dijo que otras instancias privadas como la Cámara Nacional de Industria y la Cámara de Exportadores de Bolivia están junto a los multisectores que piden la derogación de la disposición séptima.

“La cadena productiva y de abastecimiento sigue sumando sectores a nivel nacional. Sabemos que el Gobierno ha tenido una reunión con la Confederación de Empresario de Bolivia; ellos nunca participaron en ningún ampliado de la cadena productiva. (…) Estamos llegando a las 45 instituciones y la confederación nunca participó en ampliados o movilizaciones”, cuestionó en conferencia de prensa.

Lea más: Dirigente gremial ratifica movilizaciones por disposición séptima y descalifica acuerdo de la CEPB

CEPB

Además, preguntó: “¿Cómo se pone una ley en pausa? La única solución es la derogación, es lo que exigimos nosotros”.

Lamentó que el Gobierno señale a los productores como especuladores o que ocasionan agio y recordó que ellos se dedican a “producir, generar empleos y mover la rueda de la economía”.

También remarcó que la disposición séptima es confiscatoria y pone en peligro la propiedad privada; y puso como ejemplo lo que ocurrió a finales de 2024, cuando el Gobierno “se entró a los ingenios arroceros y se llevó el arroz. No lo vamos a permitir, necesitamos seguridad jurídica”.

En la misma línea, el secretario ejecutivo de la Confederación de Trabajadores Gremiales de Bolivia, César González, ratificó las movilizaciones escalonadas de varios gremios en contra de la “disposición confiscatoria”; y descalificó el acuerdo firmado por la CEPB con el Gobierno

El Ministerio de Hidrocarburos instó a la Asamblea Legislativa a cumplir con su mandato constitucional y aprobar los contratos suscritos entre Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y las empresas CBC de China y Uranium One de Rusia.

El viceministro de Exploración y Explotación de Recursos Evaporíticos, Raúl Mayta, recordó que la aprobación del contrato con CBC, ya aprobado en la comisión de Economía Plural de la Cámara de Diputados, está enmarcada dentro de las atribuciones constitucionales de los legisladores y del Plan de Desarrollo Económico y Social vigente.

“Quiero recordar a los asambleístas el numeral 7 del artículo 158 de la Constitución Política del Estado; que establece entre sus atribuciones la aprobación del Plan de Desarrollo Económico Social. Y el numeral 12 también de este artículo que establece que entre sus atribuciones está aprobar los contratos de interés público referidos a recursos naturales y áreas estratégicas, firmados por el Órgano Ejecutivo”, dijo.

Lea más: Potosí cierra filas por el litio y exige que la Asamblea Legislativa paralice los contratos

Litio

El viceministro explicó que ese plan, aprobado en noviembre de 2021, incluye el objetivo de incrementar la producción de recursos evaporíticos implementando nuevas tecnologías. “Estos contratos están en el marco del Plan de Desarrollo Económico Social; el cual fue ampliamente socializado y aprobado por la Asamblea Legislativa”, aseguró.

Asimismo, Mayta también enfatizó que la aprobación de estos contratos es una obligación constitucional de los legisladores. “Las socializaciones previas que se mencionan ahora parecen más bien una excusa para evitar que estos contratos lleguen a la plenaria; y se tome una decisión definitiva”.

El contrato, según explicó la autoridad, debe ser primero aprobado en la plenaria de la Cámara de Diputados y luego en la Cámara de Senadores.

En noviembre de 2024, YLB y la empresa china Hong Kong CBC firmaron un contrato para la instalación de dos plantas de producción de carbonato de litio, en el salar de Uyuni; con tecnología EDL (Extracción Directa de Litio), de 10.000 y 25.000 toneladas (t) anuales de capacidad con una inversión de $us 1.030 millones.

La empresa Distribuidora de Electricidad La Paz S.A. (DELAPAZ) se encuenra en plena construcción de la Subestación Villa Santiago 115/12 kV, ubicada en el Distrito 2 del municipio de El Alto. Esta infraestructura fortalecerá la red de subtransmisión, incrementando su capacidad de 69 kV a 115 kV. Como resultado, se podrá responder al crecimiento demográfico y a la creciente demanda energética en La Paz, El Alto y Viacha.

El proyecto, financiado con una inversión de Bs42.851.455, busca garantizar un suministro eléctrico continuo, confiable y seguro. Además, cumple con la normativa vigente y beneficiará a miles de familias, comercios e industrias de la región.

Características de la nueva subestación

La Subestación Villa Santiago contará con un diseño híbrido e incorporará tecnología de última generación, incluyendo:

• Un equipo compacto aislado en gas SF6 de 145 kV con configuración de barra simple.
• Dos bahías de línea, dos bahías de transformador y una bahía de acople.
• Capacidad para reemplazar a la actual Subestación Tarapacá de 69/6,9 kV, ubicada en el regimiento Ingavi de El Alto.

Ver también: ENDE invierte Bs 6,3 millones para modernizar el sistema eléctrico en Riberalta

Expansión y modernización del sistema eléctrico

Como parte del plan estratégico de mejora del sistema eléctrico, DELAPAZ completó en 2024 la construcción de las líneas subterráneas de 115 kV Kenko – Villa Santiago y Villa Santiago – Alto La Paz. Gracias a estas conexiones, se fortalece la seguridad y estabilidad de la red. De este modo, se asegura una distribución eficiente de energía y se permite atender futuras expansiones urbanas.

Con estos avances, DELAPAZ reafirma su compromiso de ofrecer un servicio eléctrico confiable y eficiente. Asimismo, la empresa impulsa la industrialización de Bolivia en el marco del Bicentenario.

Las movilizaciones en defensa del litio se masifican en Potosí y la población, organizaciones sociales e instituciones cierran filas para defender el recurso natural. Este martes, el turno fue de los vecinos del Distrito 2, que en una multitudinaria marcha exigieron al Gobierno más regalías por la explotación del mineral y la revisión de los contratos.

Los movilizados exigieron a la Asamblea Legislativa la paralización del tratamiento o aprobación de los contratos firmados por Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) con una empresa de China y otra de Rusia.

Mientras tanto, el Gobierno insiste en la necesidad de aprobar los contratos; y exhortó a los diputados y senadores a cumplir su mandato constitucional y aprobar esas leyes pendientes.

Las protestas se organizan por el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) y la Universidad Autónoma Tomás Frías.

“Hoy por hoy, el litio, una riqueza que verdaderamente es de Potosí, están queriendo negociarlo”, señaló el presidente del Distrito 2, Freddy Soto, según el diario El Potosí.

El dirigente vecinal cuestionó que vean a Potosí solo como una fuente de recursos y no le entreguen los beneficios que merece.

No fue la única manifestación de rechazo a los contratos de litio. La nación Lípez emitió un pronunciamiento exigiendo la anulación de los documentos; porque no se hizo una consulta previa con los habitantes de la zona.

Lea la nota: En medio de controversia, YLB convoca socialización en Potosí sobre contrato de litio

Litio

La nota es firmada por representantes de los ayllus de Sur Lípez, de Nor Lípez, de San Agustín y de Daniel Campos, que reclaman porque no fueron consultados para emplazar los proyectos de explotación del litio. Protestan porque el Gobierno, “a título de la declaración de tierras fiscales se atribuyó firmar los contratos con empresas transnacionales”.

El lunes también se movilizaron docentes, administrativos y estudiante de la universidad potosina y los representantes de Comcipo, con la misma demanda, la paralización de los contratos de litio y mayores regalías para el departamento.

En noviembre de 2024, YLB y la empresa china Hong Kong CBC firmaron un contrato para la instalación de dos plantas de producción de carbonato de litio, en el salar de Uyuni; con tecnología EDL (Extracción Directa de Litio), de 10.000 y 25.000 toneladas (t) anuales de capacidad con una inversión de $us 1.030 millones.

Tanto este contrato como el otro suscrito con la empresa rusa Uranium One Group, también el año pasado; fueron remitimos a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para su correspondiente tratamiento.

La semana pasada, la Comisión de Economía Plural de la Cámara de Diputados aprobó en grande y en detalle el contrato con la china CBC; y el pleno tiene previsto analizar el documento esta semana.

El secretario ejecutivo de la Confederación de Trabajadores Gremiales de Bolivia, César González, ratificó este martes las movilizaciones escalonadas de varios gremios en contra de la “disposición confiscatoria” y descalificó el acuerdo firmado por la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) con el Gobierno.

En un video, el dirigente aseguró que no conoce al presidente de la CEPB, Giovanni Ortuño; pues nunca lo vio participar en los ampliados de los sectores; por lo tanto, “no es una voz a la cual reconoce la cadena productiva”.

Indicó que conoce, por lo medios de comunicación, del encuentro y el acuerdo que firmó Ortuño con autoridades de Gobierno para dejar en suspenso la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado.

“No lo conocemos al señor Ortuño, no ha participado de ninguna de las reuniones multisectoriales en ningún departamento, en ese entendido no es una voz la cual reconocemos como cadena productiva; y en ese entendido las movilizaciones escalonadas se activan”, dijo el dirigente.

Lea más: Gobierno y CEPB acuerdan que la disposición confiscatoria no se aplique sin consenso

Disposición

Anunció que, a partir de este miércoles 12 de febrero, se realizarán reuniones de diferentes gremios en los departamentos para trabajar en las movilizaciones escalonadas. Además, el fin de semana realizarán el quinto encuentro multisectorial que será en La Paz, Cochabamba o Potosí.

Gonzáles dijo que las bases, los dirigentes y las 45 organizaciones “que estamos llevando en los hombros este peso que es la derogación de la disposición séptima y otros pedidos, continuarán adelante con sus medidas de presión hasta que se derogue la norma.

El lunes, varios sectores productivos realizaron un paro y movilizaciones contra la “disposición confiscatoria”; sin embargo, la medida solo se sintió en Santa Cruz. Diversos sectores denuncian que esta medida viola el derecho a la propiedad privada.

Este martes, tras una reunión entre autoridades del Gobierno y la CEPB se acordó que la disposición séptima de la Ley Financial; que autoriza el decomiso y confiscación de productos, no se aplicará sin un consenso previo con el sector privado.

La criticada norma del Presupuesto General del Estado (PGE) autoriza a las autoridades competentes a decomisar los productos y alimentos que se almacenen con el fin de venderse a precios más elevados.