Economía

Tuesday 11 Feb 2025 | Actualizado a 12:13 PM

El Gobierno refuerza plan para ‘insertar’ 11.000 empleos con salario subvencionado

El plan es generar "inserciones laborales" en el sector formal de la economía a través del Servicio Público de Empleo (SPE) y el Programa de Apoyo al Empleo (PAE II)

/ 1 de julio de 2020 / 15:18

De cara a la crisis, el Gobierno reforzó los programas estatales para preservar y generar al menos 11.000 empleos formales a escala nacional con la subvención de salarios de hasta Bs 3.000 durante el segundo semestre de este año.

Así lo anunció este miércoles el ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social, Óscar Mercado, en el marco del plan gubernamental de reactivación económica.

“Queremos anunciar que se tiene alrededor de 11 millones de dólares disponibles para que podamos generar inserciones laborales en el sector formal de la economía a partir de inserciones que las va a realizar a realizar el Servicio Público de Empleo (SPE) y el Programa de Apoyo al Empleo (PAE II)”, dijo.

Mediador

El Gobierno asumirá el papel de un intermediador entre el futuro empleado y el empleador.

Para ese fin, se reforzaron los servicios de atención denominados “puntos de empleo” para que los interesados, entre ellos profesionales, se afilien “sin burocracia” a una nómina que luego será evaluada en función a los requerimientos de la firmas.

Mercado explicó que su despacho hizo gestiones para que los recursos programados a largo plazo en el SPE y el PAE sean canalizados en esta gestión para afrontar premisamente la crisis generada por el nuevo coronavirus.

Objetivo

“El objetivo que nos hemos trazado como ministerio es generar al menos 11.000 inserciones laborales entre los próximos tres a seis meses”, dijo. El Gobierno espera alcanzar el 45% de esa cifra en los primeros dos meses.

De manera inicial se beneficiará a las medianas, pequeñas y micro empresas, pero no se descartan otros sectores como el agropecuario y el de la tecnología.

“Vamos a asumir los primeros meses de sueldo, entre tres a seis meses, dependiendo de las circunstancias, va a ser el Ministerio de Trabajo a través del PAE que ha de subvencionar estos salarios que han de ser promedios entre un salario básico establecido hasta 3.000 bolivianos”, dijo.

El fin —dijo Mercado— es frenar la ola de despidos que se han denunciado en varios puntos del país. (01/07/2020)

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Gobierno y CEPB acuerdan que la disposición confiscatoria no se aplique sin consenso

El presidente del empresariado, Giovanni Ortuño, dijo que respeta la posición de los sectores productivos cruceños, pero la CEPB no acatará ningún paro ni medida de presión.

La reunión entre autoridades de Estado y representantes de la CEPB.

Por Daniel Zenteno

/ 11 de febrero de 2025 / 11:59

Tras una reunión entre autoridades del Gobierno y la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), se acordó que la disposición séptima de la Ley Financial que autoriza el decomiso y confiscación de productos no se aplicará sin un consenso previo con el sector privado.

“Hemos acordado que la disposición séptima no se va a aplicar en tanto el sector privado y el Gobierno no se pongan de acuerdo en metodologías, normas o cualquier otra forma de solución al tema de especulación, contrabando ilegal, exportaciones ilegales, seguridad jurídica y respeto a la propiedad privada”, informó al salir del Ministerio de Justicia.

Puede leer: En medio de controversia, YLB convoca socialización en Potosí sobre contrato de litio

Disposición

La reunión se realizó este martes, debido a la susceptibilidad de que el Gobierno comience a aplicar la norma, tras la autorización de los gremiales, quienes propusieron la elaboración de un decreto supremo que establezca textualmente que la disposición no alcanza al comercio minorista.

La criticada norma del Presupuesto General del Estado (PGE) autoriza a las autoridades competentes a decomisar los productos y alimentos que se almacenen con el fin de venderse a precios más elevados. Sin embargo, diversos sectores denuncian que esta medida viola el derecho a la propiedad privada.

Por ello, el lunes se realizó un paro multisectorial nacional en rechazo a la disposición, aunque no recibió mucho apoyo, según el Gobierno.

CEPB

Al respecto, Ortuño señaló que la CEPB no se sumará a ninguna medida de presión, aunque manifestó su respeto por las decisiones de estos sectores.

“Respetamos cualquier tipo de actitud y medida de los sectores productivos de Santa Cruz, las diversas instituciones y sus estrategias para lograr sus objetivos (…); la CEPB, sin embargo, no propicia paros y no puede estar de acuerdo”, afirmó.

En los próximos días, el empresariado y el Gobierno continuarán con las reuniones para esclarecer todos los puntos necesarios sobre la disposición.

“Vamos a constituir fuerzas de trabajo para apuntar hacia soluciones concretas. No nos hemos puesto plazos, pero ya en esta semana vamos a intentar poner un cronograma”, explicó Ortuño.

Además, el presidente de la CEPB coincidió con el Gobierno en que no se puede pedir al Órgano Ejecutivo la derogación de la disposición, pues esa competencia le corresponde a la Asamblea Legislativa.

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Analista y Gobierno coinciden: marcha contra disposición séptima fue ‘esporádica’

La marcha se concretó, principalmente, en la ciudad de Santa Cruz. Sin embargo, la medida no se sintió en La Paz.

Marcha de gremiales y otros sectores contra la disposición séptima del PGE FOTO/STR @APGNoticiasBo

/ 11 de febrero de 2025 / 11:09

El pasado lunes 10 de febrero diversos sectores realizaron una marcha contra la disposición séptima sobre confiscaciones y decomisos. Para el analista político Reymi Ferreira y el viceministro de Políticas de Industrialización, Luis Siles, la medida fue “esporádica”.

“No había bloqueo, si ha habido, han sido esporádicos. Relativamente, ha pasado desapercibida, no ha tenido la fuerza ni la contundencia”, dijo Ferreira en entrevista con La Razón Radio.

Mientras que, Siles destacó que a nivel nacional se registraron marchas. Sin embargo “esporádicas más bien, que no han perjudicado el continuo trabajo.” 

Ferreira dijo que le sorprendió la normalidad con la que trabajaron los transportistas y los gremiales “que son uno de los sectores más afectados”. Además, que la banca, empresarios y que prácticamente todas las actividades privadas “estuvieron también abiertas”.

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Marcha

Para el pasado lunes, un sector de gremiales y empresarios convocaron a una marcha contra la disposición séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) sobre decomisos. La medida, según el Gobierno, pretende luchar contra el agio y la especulación. Mientras que, el sector productor, empresarial, industrial y gremial considera que la norma atenta contra la propiedad privada; y se puede aplicar de manera arbitraria.

La movilización se concretó, principalmente, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. En Oruro, Tarija, Sucre y Cochabamba hubo algunas marchas. Sin embargo, la medida no se sintió en La Paz.

En criterio de Ferreira, la poca contundencia en la medida se debe a la falta de “claridad” de la norma en cuanto a la afección a “algún derecho”. “cuando eso no se lo ve, la gente no lo siente como una amenaza”.

Mientras tanto, Siles, remarcó que la medida no atinge al aparato industrial, ni a los gremiales minoristas.

“Estamos apuntando hacia los mayoristas, donde hemos detectado que existe desviación, donde hemos detectado que hay ocultamiento e incluso ventas masivas hacia el exterior del país”, añadió.

Este martes, desde las 09:30, el Gobierno se reúne con la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) para “llegar a acuerdos” y busca dialogar con otros sectores.

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En medio de controversia, YLB convoca socialización en Potosí sobre contrato de litio

El encuentro en la Cámara de Minería busca explicar la Ley de Litio y el acuerdo con Hong Kong CBC, en un contexto de protestas de instituciones locales.

Trabajos de extracción de litio del salar de Uyuni, Potosí.

Por Daniel Zenteno

/ 11 de febrero de 2025 / 10:59

El Ministerio de Hidrocarburos, en conjunto con Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), invitó a la sociedad y a actores del sector a participar en una sesión de socialización sobre la Ley de Litio y el contrato firmado con la empresa china Hong Kong CBC.

El evento se llevará a cabo el miércoles en la Cámara Departamental de Minería de Potosí, a partir de las 11.00.

La sesión pretende esclarecer los términos del contrato, que fue suscrito en noviembre de 2024 para la instalación de dos plantas de producción de carbonato de litio en el salar de Uyuni, utilizando tecnología de Extracción Directa de Litio (EDL) y con capacidades de producción de 10.000 y 25.000 toneladas anuales, respectivamente, con una inversión de $us 1.030 millones.

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Contrato

Además, se recuerda que otro contrato similar, suscrito con la empresa rusa Uranium One Group, también fue remitido a la Asamblea Legislativa para su tratamiento. Según los datos oficiales, Bolivia cuenta con 23 millones de toneladas de litio cuantificadas en sus salares, lo que la posiciona como el mayor reservorio de este recurso estratégico a nivel mundial.

Sin embargo, esta medida generó un clima de controversia y protestas en la región. El Comité Cívico Potosinista (Comcipo) y otras instituciones de Potosí han anunciado movilizaciones en contra de los contratos, argumentando que estos acuerdos podrían perjudicar la economía local y favorecer intereses extranjeros en detrimento de la soberanía nacional.

Dichos sectores sostienen que la transparencia y la rentabilidad de los proyectos aún no quedan suficientemente claras y exigen mayor información y diálogo antes de dar su aprobación definitiva.

En respuesta a estas inquietudes, el Gobierno enfatizó en la importancia de estos proyectos para el desarrollo del sector hidrocarburífero y la atracción de inversiones que generen empleo y fortalezcan la economía del país.

Por ello, la socialización tiene como objetivo ofrecer un espacio para el debate y la presentación de datos técnicos que respalden la viabilidad del contrato, buscando disipar las dudas de la sociedad y de los actores críticos que se oponen a los acuerdos.

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Claure dice que hará ‘todo lo posible’ para ayudar al país ‘a salir de su peor crisis financiera’

El empresario boliviano ratificó también su intención de irse del país “si el MAS es reelegido”.

El empresario boliviano Marcelo Claure en una anterior entrevista en el programa por streaming Piedra, Papel y Tinta, de La Razón. (Foto archivo).

Por Miguel Lazcano

/ 11 de febrero de 2025 / 10:55

El empresario boliviano Marcelo Claure expresó su confianza en que Bolivia elegirá a un nuevo líder en las elecciones del 17 de agosto y dijo que hará “todo lo posible” para ayudar al país “a salir de su peor crisis financiera”.

También ratificó su intención de irse del país “si el MAS es reelegido”. “Mi posición es firma: si el MAS es reelegido, me voy de Bolivia y no haré nada más en mi país”, publicó en X.

“No quiero ser parte de un sistema sin libertad ni justicia”, añadió.

El post fue en respuesta a una dura crítica que recibió por parte de un usuario de X.

En una entrevista con la Red Uno, el 3 de febrero, Claure dijo que si el Movimiento Al Socialismo (MAS) gana las elecciones generales, previstas para agosto de este año, retirará sus inversiones en Bolivia y no volverá al país.

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ENCUESTAS

“Si el MAS continúa gobernando a Bolivia, ahí sí, yo Marcelo Claure me retiro de Bolivia y de Bolívar y termino mi vida con Bolivia”, afirmó.

El empresario boliviano ya presentó dos encuestas de intención de voto para “conocer cómo piensa” la población boliviana. Desde que salió la primera, en diciembre del año pasado, lanzó críticas contra el Gobierno, debido al manejo económico del país.

Incluso, conocidos los resultados, Claure afirmó que el gobierno del presidente Luis Arce “es el peor” y que es necesario un “cambio de visión”.

“Bolivia, para ser totalmente claro, estoy en contra del Movimiento Al Socialismo y voy a trabajar para que no vuelvan al poder. ¿Soy claro?”, escribió el 2 de febrero en sus redes sociales.

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CEPB asiste a diálogo con el Gobierno sobre disposición confiscatoria

El Gobierno reiteró que el sector formal no se verá afectado por la norma que autoriza la confiscación de productos y mercancías.

El presidente de la CEPB, Gioavanni Ortuño, antes de la reunión.

Por Daniel Zenteno

/ 11 de febrero de 2025 / 09:58

Este martes, la Cámara de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) se reunirá con autoridades del Gobierno para dialogar sobre la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) que autoriza el decomiso y confiscación de productos y alimentos por parte de las autoridades competentes.

“Estamos viniendo a escuchar (…), hay diferentes interpretaciones a la norma, estamos en un periodo de análisis legal sobre la misma”, señaló Giovanni Ortuño, presidente de la CEPB, antes de entrar a la reunión.

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CEPB

La reunión debía realizarse la semana pasada, pero la CEPB pidió que se postergue para este martes.

El Gobierno extendió su invitación a la institución luego del rechazo de otras cámaras, como la Cámara Nacional de Industrias (CNI), la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb) y la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO).

Esas instituciones acordaron no participar en ninguna reunión con el Gobierno hasta que se logre la derogación de la disposición confiscatoria, debido a que consideran que es una norma que viola varios derechos constitucionales.

Por ello, realizaron un “paro multisectorial” en varios departamentos del territorio nacional. Empero, la CEPB no se sumó a la medida de presión. Asimismo, el Gobierno dijo que se evidenció que la marcha no tuvo convocatoria y no se logró los resultados que los sectores productores esperaban.

En la reunión de este martes, el Gobierno espera tratar la reglamentación de la disposición para que comience a aplicarse lo antes posible. Ya se logró un acuerdo con una parte del sector gremial, debido a que se elaborará un decreto supremo en el que se establece explícitamente que la norma no alcanzará al comercio minorista.

El viceministro de Desarrollo Agropecuario, Álvaro Mollinedo, que participará de la reunión con la CEPB, aseguró que la disposición no afecta al sector privado formal, por lo que no hay nada que preocuparse. Insistió en que se trata de una demanda que exige la población para evitar el agio, la especulación y el contrabando.

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