El jueves, el Gobierno aprobó otro decreto para diferir por tres meses más el pago de los créditos para los prestatarios con deudas menores a Bs 1 millón, sin embargo, el beneficio no alcanzará a los asalariados.
Así lo ha confirmado este viernes el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Oscar Ortiz, luego de argumentar que la “inmensa mayoría de los prestatarios prestan servicios”, entre ellos el transportes público.
“Los asalariados no han tenido reducción en sus ingresos; obviamente, tienen la posibilidad”, dijo la autoridad en una entrevista en la red Unitel.
Sin embargo, los catalogados en este grupo pueden acceder también al beneficio siempre y cuando hayan perdido su trabajo o sus ingresos se vieran reducidos.
“Al mismo tiempo, se establece que quienes hubieran perdido sus trabajos o quienes hubieran tenido una disminución en sus remuneraciones van a tener la posibilidad de acogerse también a este diferimiento para darles un tiempo adicional a fin de regularizar su situación económica, estabilizarse y poder seguir afrontando el pago de sus cuotas”, sostuvo Ortiz.
Norma
El primer parágrafo del artículo 3 del Decreto Supremo 4248
que norma este nuevo diferimiento establece precisamente que:
“Los prestatarios que cuentan con un ingreso fijo proveniente del pago de salarios tanto del sector público como privado, no se encuentran alcanzados por lo establecido en el Parágrafo I del Artículo 2 del presente Decreto Supremo”.
No obstante, en el segundo acápite establece:
“Las personas asalariadas que hayan sido afectadas, por despidos o reducción de su salario o ingresos, deben demostrar su situación a la entidad de intermediación financiera para que aplique lo dispuesto en el Parágrafo I del Artículo 2 del presente Decreto Supremo”. (29/05/2020)
Pablo Camacho, presidente de la CNI, remarca a La Razón que el contrabando es una competencia desigual y desleal con la industria formalmente establecida
Militares controlan en Desaguadero el ingreso de mercancía de contrabando. Foto: VLCC
El viceministro de Defensa del Usuario, Jorge Silva cuestiona a los industriales, empresarios, ganaderos y productores que —en su criterio— no dicen la verdad y, “amparados bajo el paraguas de la libre y la demanda, esperan al mejor postor. Antes, ellos eran los más afectados por el contrabando, ahora son los beneficiados por el contrabando a la inversa”.
Lamenta que la mejor oferta de precios no la tenga el comerciante formal, el minorista o el que compra para abastecerse y vender, sino el contrabandista.
Sin embargo, la Cámara Nacional de Industria (CNI) atribuye al contrabando y a la falta de control de parte del Gobierno el alza de precios en la canasta familiar y la escasez de productos.
Pablo Camacho, presidente de la CNI, remarca a La Razón que el contrabando es una competencia desigual y desleal con la industria formalmente establecida. Indica que el contrabando en el país supera los $us 3.300 millones por año; y genera una evasión impositiva mayor a $us 930 millones.
“El contrabando a la inversa, producto de la devaluación del tipo de cambio, está impulsando actividades productivas informales. El efecto es promover la desindustrialización”, dice.
Remarca que hay más de 40.000 industrias afectadas; y más de 600.000 fuentes de trabajo en riesgo.
Informa que, si bien existe un convenio de coordinación con el Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando, con la Aduana, el Viceministerio de Defensa del Consumidor y otras instituciones estatales; “aún resta por profundizar las actividades público-privado para un trabajo estatal efectivo”.
“La industria participa con el 16% del Producto Interno Bruto (PIB), genera el 11% del empleo formal, absorbe el 17% del crédito en el sistema financiero; contribuye con 50% de las exportaciones y aporta con 17% de las recaudaciones”.
El viceministro de Defensa del Usuario y el Consumidor, Jorge Silva, dice que otro de los problemas que ahonda la proliferación del contrabando es la falta de acompañamiento judicial para encarcelar a los contrabandistas.
“No tenemos el acompañamiento de las autoridades jurisdiccionales para procesar y sancionar a las personas dedicadas al contrabando porque hay mucho dinero; son millones de bolivianos que están de por medio”.
Silva explica que tardan más en armar un operativo contra el contrabando, hasta una semana, preparando la logística y los efectos para la incautación de productos, que en la liberación de los aprehendidos por el ilícito.
“Se pone a disposición de las autoridades a las personas y en menos de ocho horas salen; y nuevamente están delinquiendo. Hay falta de autoridad, de presencia, de acompañamiento”.
El viceministro de Lucha contra el Contrabando, Amílcar Velásquez, reconoce que hasta la fecha no hay ninguna persona sentenciada por favorecimiento al contrabando. Informa que existen al menos cinco procesados por el ilícito, incluso con muerte de militares de por medio; sin embargo, aún no hay sentencias. La pena por ese delito —dice— puede alcanzar hasta 15 años de cárcel.
La lucha contra este ilícito se ha cobrado la vida ya de 17 militares; muchos de los cuales fueron atropellados y recibieron disparos de los contrabandistas.
En toda la línea fronteriza de Bolivia hay desplegados más de 8.000 militares en el marco del Plan Soberanía.
El viceministro Silva remarca que, mientras Bolivia asuma de forma individual esta lucha, es insuficiente; y urge acuerdos bilaterales para que los países vecinos se sumen a esta batalla.
Según cifras del Viceministerio de Lucha contra el Contrabando, entre julio y diciembre de 2024, desde que asumió el cargo el cargo el coronel Luis Amílcar Velásquez; los decomisos de alimentos y combustibles sacados ilegalmente suman Bs 11.029.879.
Desde 2024, el contrabando a la inversa crece en Bolivia y mueve una economía criminal imparable. Las autoridades suman decomisos y reportan una afectación de más de Bs 11 millones en un semestre, pero reconocen que la lucha es “insuficiente”.
El contrabando a la inversa es la salida ilegal de productos nacionales, especialmente alimentos, a países vecinos como Chile, Perú, Brasil y Argentina; donde los precios más altos son una tentación para ofertarlos al mejor postor.
Según cifras del Viceministerio de Lucha contra el Contrabando, entre julio y diciembre de 2024, desde que asumió el cargo el cargo el coronel Luis Amílcar Velásquez, los decomisos de alimentos y combustibles sacados ilegalmente suman Bs 11.029.879.
Velásquez considera la cifra como importante y resalta la gestión 2024 como exitosa; pues entre los decomisos del contrabando de exportación (productores que salen ilegalmente) y el de importación (que ingresan) se logró una afectación de Bs 423.266.801.
En 2024, uno de los mayores decomisos se hizo en la población de Sacabaya, el departamento de Oruro; donde se identificó aproximadamente 100 viviendas dedicadas a almacenar línea blanca, línea negra; ropa nueva y usada de contrabando. Solo ese operativo sumó Bs 352.120.000 de afectación al contrabando.
“Se ha reestructurado la lucha contra el contrabando. Se hizo un nuevo concepto estratégico basado en tres líneas de interdicción; una primera que cubre toda la zona fronteriza; otra identificada especialmente en los caminos principales y troncales de todo el territorio nacional; y la tercera está en los mercados donde se hace un control de productos de contrabando”, explica a La Razón.
El viceministro reconoce que, en 2024, el contrabando a la inversa comenzó a ganar fuerza y se convirtió en un problema “a gran escala”. Explica que los principales productos que salen del país para ser comercializados a precios más altos son los alimentos como el arroz, el azúcar; las carnes de res, cerdo y pollo; la quinua y los combustibles: diésel, gasolina y garrafas de gas. En los últimos meses también se identificó la salida ilegal de ganado vivo; que se oferta en ferias en comunidades fronterizas y una vez comprado ingresa caminando por la frontera.
Todos esos alimentos y combustibles se venden a precios más altos en Chile, Perú, Brasil y Argentina; convertidos en destino del contrabando a la inversa.
Bolivia atraviesa actualmente por una seria crisis de escasez de combustibles y, a la par, hay gente inescrupulosa que continúa operando; contrabandeando el diésel hacia los países vecinos debido a la diferencia de precios; ya que el combustible aquí es más barato.
Entre julio y diciembre de 2024, el Viceministerio de Lucha contra el Contrabando decomisó 318.890 litros de diésel y 124.700 litros de gasolina; que eran sacados ilegalmente del país.
El viceministro de Defensa del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, reconoce el esfuerzo que se hace desde el Gobierno para luchar contra este ilícito; sin embargo, admite que aún es “insuficiente” y falta una normativa.
“La lucha contra el contrabando es parte de una protección a la industria nacional; y en los últimos meses de 2024 ha virado hacia otro escenario, como es el contrabando a la inversa. Frente a este nuevo contexto, nos encontramos que no tenemos normativa, institucionalidad para lograr mejores resultados; y esta lucha es insuficiente”, dice a La Razón.
Explica, por ejemplo, que falta institucionalidad para enfrentar el problema, pues la Aduana Nacional no tiene tuición para luchar contra el contrabando a la inversa y el viceministerio del área no cuenta con una norma que lo respalde; que disponga destino de la mercadería decomisada.
Infografía: Lizeth Machaca
Crecimiento
Al respecto, el viceministro Velásquez dice que la mercadería decomisada del contrabando a la inversa en entregada a la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) para que se venda a precio justo o es destruida, si corresponde.
¿Por qué crece el contrabando a la inversa? Silva considera que, debido a la crisis alimentaria, las guerras, los cambios en la política económica de países vecinos que impactaron en los precios de sus productos, surgió la inflación importada. “Ese incremento de precios en productos y servicios en países vecinos, generó un desincentivo al contrabando de ingreso e incentivo el contrabando a la inversa. Ahora esa lucha se basa en combatir a aquellas personas y contrabandistas que sacan productos a los países vecinos”.
Silva remarca que el contrabando a la inversa crece día a día debido al precio que ofrecen los países vecinos para adquirir los productos bolivianos; lo que permite que muchos productores, intermediarios y comerciantes busquen el mejor postor para vender su producción.
La lucha contra el contrabando usa rutas clandestinas; y, según el viceministro Velásquez, se han identificado al menos 200 pasos ilegales en la línea fronteriza.
El funcionario dice que el Desaguadero es una de las zonas más conflictivas para controlar el contrabando; que es manejado, generalmente, por “clanes familiares”; y que algunos pobladores son utilizados por estos contrabandistas para cometer este ilícito.
“Hay algunas comunidades que colaboran en la lucha contra el contrabando, que realizan la destrucción de las vías clandestinas y participan como informantes;; como también hay otras y malos ciudadanos que son afines al contrabando. Estos comunarios se mimetizan y en la multitud actúan para convulsionar a la comunidad”, explica Velásquez.
Y recuerda que el año pasado, los militares fueron desalojados dos veces del Desaguadero debido al estricto control que realizaban al contrabando. Sin embargo, lograron retornar gracias a la predisposición de dirigentes y comunarios que no apoyan el ilícito.
La lucha contra este ilícito se ha cobrado la vida ya de 17 militares y sigue moviendo una economía criminal en Bolivia.
La estación de cobro de peaje en Ivirgarzama queda precintada
El director departamental de la Policía de Cochabamba dijo que las investigaciones continúan para dar con los responsables de la destrucción del lugar.
Así quedó la estación de cobro de peajes en Ivirgarzama. Foto: ABI
La estación de cobro de peaje de Ivirgarzama, en Cochabamba, permanece precintada por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) mientras se investiga la destrucción de la infraestructura.
“Se ha dispuesto la conformación de una comisión para realizar el trabajo técnico en el lugar donde funcionaban las casetas de Vías de Bolivia; en ese sentido, que el día de hoy (sábado) se ha citado a las partes (…). Estamos realizando el levantamiento de todas aquellas evidencias, ya hemos pedido que se nos entregue un inventario”, informó el director departamental de la FELCC Cochabamba, Freddy Medinaceli.
El pasado martes 18 de marzo, un grupo de personas destrozó la estación de cobro de peajes de Vías Bolivia, ubicada en la localidad de Ivirgarzama, en el Trópico de Cochabamba. Derribaron paredes, rompieron ventanas, bloques de división de carriles y mobiliario, entre otros en una protesta por la falta de combustible.
El lugar quedó con daños materiales de consideración y Vías Bolivia activó un proceso penal contra los autores por el delito de destrucción o deterioro de bienes del Estado; asociación delictuosa y por instigación pública a delinquir.
De acuerdo con Vías Bolivia Cochabamba, la estación fue destrozada tras una marcha en la que participaron transportistas y otros sectores. Se pide la máxima sanción, que es de seis años de privación de libertad, para los responsables de los destrozos.
El miércoles, Vías Bolivia informó que la destrucción de la estación de pesaje y cobro de peajes de Ivirgarzama dejó pérdidas por un total de Bs 634.890 en infraestructura y equipamiento; y la entidad deja de percibir aproximadamente Bs 12.000 al día en peajes.
El director de Vías Bolivia, Germán Véliz Guzmán se trató de un ataque intencionado, pues los transportistas se dirigieron directamente a destruir la estación, por lo que anunció que Vías Bolivia presentó una querella contra los responsables; que ya están identificados.
La ATT capacita a choferes sobre manejo defensivo para mejorar la seguridad vial
Gabriel Castillo, responsable de la Unidad de Servicios de Transportes de la ATT informó que en la segunda semana de marzo se capacitó a más de 100 choferes en El Alto, Oruro, Potosí y Uyuni.
Choferes reciben capacitación de la ATT y Tránsito- Foto: ATT
En un esfuerzo por mejorar la seguridad vial y reducir los accidentes de tránsito, la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), en coordinación con el Organismo Operativo de Tránsito, masifica los cursos de manejo defensivo dirigidos a los choferes de operadores de transporte terrestre a nivel nacional.
Estas capacitaciones buscan concientizar a los conductores sobre la importancia de realizar un manejo seguro y responsable; aplicando técnicas de prevención para evitar accidentes en las carreteras del país.
En la segunda semana de marzo, más de 100 choferes fueron capacitados en las terminales departamentales de las ciudades de El Alto, Oruro, Potosí y Uyuni.
La iniciativa, que continuará en todo el país, tiene como objetivo fortalecer la cultura vial en la totalidad de los choferes del servicio de transporte terrestre interdepartamental e internacional; para promover la adopción de medidas preventivas y garantizar viajes más seguros; tanto para los chóferes como para los pasajeros.
Además del manejo defensivo, hay capacitaciones a operadores y boleteros en los centros de Capacitación de las terminales de El Alto y Santa Cruz, sobre distintas temáticas; como atención al cliente, tipos de infracción y acciones en situaciones de alertas de desastre.
Gabriel Castillo, responsable de la Unidad de Servicios de Transportes de la ATT, destacó el trabajo para mejorar la calidad del servicio; y garantizar la seguridad de los pasajeros en todo momento.
«Nuestro compromiso es no solo con la regulación; sino también con la capacitación continua de los chóferes y los operadores de servicio, para que sean conscientes de la responsabilidad que implica estar al volante; y contribuir al bienestar de todos en las rutas», explicó.
A su vez, en el marco de la normativa, la ATT ha solicitado formalmente a la Policía Nacional la revocatoria definitiva de la licencia de los chóferes; que fueron sorprendidos conduciendo en estado de ebriedad.
Las próximas capacitaciones ya están programadas entre el 25 y 27 de marzo, en Tarija; Cochabamba y Santa Cruz.
