Este viernes, la Central de Trabajadores de Bolivia (CTB) advirtió con retomar las movilizaciones a nivel nacional a partir del próximo lunes si, en el transcurso, no se deroga la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE), que autoriza el decomiso y la confiscación de productos y alimentos.

“Queremos la derogación del artículo siete. Ya han dicho todos, los empresarios, gremiales, conamypes (micro y pequeños empresarios), que queremos el retiro definitivamente. A nivel nacional ya estamos coordinando con los nueve departamentos, si hasta el día lunes no se retira, vamos a salir a las calles”, protestó el secretario ejecutivo de la federación, Toño Siñani.

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Disposición

El sector también se movilizó a inicios de esta semana con el mismo pedido, sin embargo, el Gobierno insiste en mantener la disposición, pese al rechazo multisectorial contra la misma.

Las autoridades explicaron que la norma no afectará a los productores que operen de acuerdo a la ley, sino solo a aquellos que se dediquen a la especulación, agio y contrabando.

A pesar de las aclaraciones, el sector empresarial y productor ratificó que la disposición genera zozobra y preocupación y que no se puede llegar a ningún acuerdo, salvo su derogación.

Siñani lamentó la situación que atraviesa el país y pidió al Gobierno dar soluciones de carácter inmediato para poder atender la crisis.

“En este Bicentenario, en vez de estar gozando por nuestra rojo amarillo y verde, vamos a estar flameando en las calles pidiendo la renuncia del presidente Luis Arce”, advirtió el dirigente.

En su criterio, el Gobierno miente en relación a aspectos que son de interés y afectan a toda la población, como la falta de dólares y la escasez de combustibles.

Por ello, señaló que las medidas de presión comenzarán a radicalizarse a partir de la próxima semana.

El sector de la minería continúa consolidándose como un pilar clave de la economía nacional. Según el viceministro de Política Minera, Regulación y Fiscalización, Marcelo Ballesteros, la producción de minerales tradicionales creció un 26% en el tercer trimestre de 2024, en comparación con el mismo periodo del año anterior. 

Los principales minerales responsables de este crecimiento son el zinc, estaño, plata, antimonio, plomo, wólfram, cobre, ulexita, bismuto y hierro, cuyos volúmenes de producción experimentaron un notable repunte. 

“El crecimiento de la producción minera refleja no solo el dinamismo del sector, sino también la efectividad de las políticas implementadas por el Gobierno”, destacó Ballesteros. 

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Minería

En términos económicos, este avance se tradujo en un incremento del 16% en el valor de la producción, lo que significa ingresos adicionales por $us 391,72 millones de respecto al mismo trimestre de 2023.

De acuerdo con el viceministro, este resultado ha sido impulsado, en parte, por la recuperación de los precios de ciertos metales en el mercado internacional. 

Sin embargo, no todos los indicadores del sector fueron positivos. La producción de oro registró una caída del 44%, atribuida a condiciones adversas para la minería y a la volatilidad en la comercialización del metal.

Esto impactó directamente en el valor económico generado por el oro, que disminuyó en un 34%. 

Ballesteros indicó que, aunque la caída del oro afectó el desempeño global, se espera que esta tendencia negativa se modere al evaluar los resultados acumulados al cierre de 2024. 

El viceministro también resaltó el liderazgo de los departamentos de Potosí, La Paz y Oruro, que concentran el 87,6% del valor total de la producción minera del país, consolidando su posición como los principales motores del sector. 

Según Ballesteros, este balance positivo reafirma el rol estratégico de la minería como generador de divisas y desarrollo económico, pese a los desafíos que enfrenta el rubro aurífero. 

Pasada la primera quincena de enero, el Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando informó que en ese periodo los operativos realizados afectaron a esa actividad ilícita por un monto que supera los Bs 2 millones.

“Desde el 1 de enero hasta la fecha hemos realizado una afectación al contrabando en más de 2 millones de bolivianos, especialmente en el decomiso de maíz”, informó el titular de esa cartera de Estado, Luis Velásquez, en entrevista con Bolivia Tv.

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Contrabando

Hasta finales de diciembre de 2024, la afectación al contrabando había sido de Bs 416 millones, siendo uno de los años en los que más mercancía, productos y alimentos ingresaron y salieron de manera ilegal del país.

A raíz de ello, el Gobierno tomó acciones para frenar esta actividad, por lo que desde septiembre de la gestión pasada las zonas fronterizas se encuentran militarizadas para eliminar el contrabando.

De acuerdo con Velásquez, en 2024 se logró la detención de seis personas por el delito de contrabando a la inversa, cuando los productos nacionales son llevados a los países vecinos. Sin embargo, el dato es bastante reducido, considerando la cantidad de actividad irregular y el daño a la economía.

Por ello, el viceministro señaló que este año se busca mejorar las estrategias para combatir la salida ilegal de los productos.

“En la presente gestión estamos buscando estrategias para detener y entregar al Ministerio Público para que sean procesados como corresponde”, indicó.

Asimismo, Velásquez no destacó que en las próximas semanas se observe una mayor presencia del Comando Estratégico Operacional de Lucha Contra el Contrabando.

Debido a las características del país, en el centro del continente, la línea fronteriza es bastante amplía, por lo que el contrabando se presenta en bastantes zonas y se incrementa por la presencia de pasajes clandestinos.

La reunión entre el Gobierno y la Federación de Gremiales del Sur de El Alto concluyó este jueves sin ningún acuerdo sobre la disposición séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 sobre decomisos.

El sector se mantiene en emergencia y anuncia un nuevo encuentro la próxima semana.

“No hemos quedado en nada, no se ha firmado ningún documento, nosotros también vamos a llevar a las bases para hacer conocer esta situación en un ampliado; seguimos en estado de emergencia”, declaró el dirigente Luis Paco en una improvisada conferencia de prensa.

Asimismo, explicó que el sector pide que se elimine a los gremiales de esa disposición, pues “hay que separar las cosas entre la familia gremial y las otras personas que puedan estar metidos en el ilícito” por acopio o desvío de productos.

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Gremiales

Indicó que se determinó que volverán a reunirse el 23 de enero con el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, y otras autoridades. En el encuentro de este jueves participaron los ministros de Justicia y de Desarrollo Productivo.

Los gremiales, al igual que otros sectores, piden la eliminación de la disposición séptima del PGE 2025 pues consideran que les decomisarán sus productos.

“Seguimos en estado de emergencia tenemos que hacer conocer a nuestros secretarios generales, se ha quedado en cuarto intermedio. Ellos (las autoridades) ya conocían nuestro pliego; pero lo están dilatando”, añadió.

La disposición adicional séptima de la Ley del PGE 2025 establece que, “con la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales, se faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización; confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos; que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.

Esta semana, un ampliado nacional de los gremiales, realizado en los departamentos capitales del país, decidió otorgar un plazo al Gobierno hasta el 31 de enero para derogar la disposición adicional séptima del PGE.

El gerente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), Marcelo Olguín, sugirió este jueves al Gobierno trabajar para trazar la ruta de la producción nacional para evitar la salida de productos de contrabando.

“El esfuerzo está más por el lado de generar un adecuado nivel de trazabilidad para ver cómo; quiénes compran volúmenes grandes y no los llevan al mercado local para su expendio; probablemente están desviando parte de estos productos al contrabando. Entonces es una alternativa”, sostuvo el ejecutivo en Unitel.

La sugerencia se da en medio de la polémica por la disposición séptima del Presupuesto General de la Nacional (PGE) 2025, que autoriza el decomiso de productos.

Asimismo, Olguín dijo que las empresas productoras, exportadores y formales entregan información al Gobierno sobre sus ventas mediante un reporte de libro de ventas; y recién se realizó la trazabilidad para el abastecimiento de aceite, producto que incrementó su costo y “desapareció” de los mercados y se verificó que era sacado del país ilegalmente.

El ejecutivo dijo que ese procedimiento se puede extender a otros productos que salen ilegalmente por las fronteras.

“Ahora con el tema del tipo de cambio paralelo y con el debilitamiento del poder adquisitivo del boliviano, el producto boliviano se ha hecho mucho más barato para nuestros países vecinos”, agregó.

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Contrabando

Respecto a la disposición séptima, indicó que genera intranquilidad en el sector productivo por lo que exhortó al Gobierno a revisarla.

Varios sectores, gremiales, empresarios y productores, observan la disposición y argumentan que puede provocar la interrupción del aparato productivo.

La disposición adicional séptima de la Ley del PGE 2025 establece que, “con la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales, se faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización; confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos; que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.