La directora de la distrital Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) Santa Cruz, Lesly Lanza, dijo este lunes que la entidad atiende, en ese departamento, una sobredemanda de 50.000 garrafas de GLP (gas licuado de petróleo) por día.

Asimismo, aclaró que las tiendas de barrio no están autorizadas para vender este combustible, ya que no cuentan con medidas de seguridad.

“Hay una coordinación con cada una de las distribuidoras, así también con YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos) para producir 50.000 garrafas día; las cuales estuvieran cubriendo la sobredemanda que se presenta”, explicó en conferencia de prensa.

Además, remarcó que no existe desabastecimiento de ese combustible en el país y exhortó a la población a no dejarse llevar por la especulación; y aquellas aseveraciones que circulan mediante redes sociales de que no existirían garrafas de GLP en las tiendas de barrio.

Explicó que existe un acuerdo con las distribuidoras y camiones repartidores de que las tiendas de barrio no son lugares autorizados para la venta de ningún tipo de combustible; ya que no cuentan con las medidas de seguridad.

Recordó que la ANH cuenta con dos líneas habilitadas las 24 horas, a través de las cuales los consumidores pueden hacer su solicitud de garrafas de GLP e inmediatamente el camión irá a la zona donde estuviera faltando ese carburante.

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GLP

Respecto a la venta por persona, dijo que las distribuidoras entregan, por seguridad, sólo dos garrafas de GLP por persona; ya que se trata de un producto altamente inflamable. Sin embargo, en caso de que el consumidor sea de una panadería, restaurante, entre otros negocios, y requieran de mayor cantidad, deben contar con el registro de la ANH.

“Aclarar a toda la ciudadanía de Santa Cruz que no hay un desabastecimiento en lo que respecta a GLP; es más, se están incrementando los volúmenes actualmente para apalear lo que se está generando una sobredemanda”, remarcó Lanza.

La ANH, YPFB y representantes de la Cámara de Distribuidoras de GLP se reunieron este lunes en Santa Cruz por el comportamiento en el mercado y la sobredemanda generada respecto a las garrafas.

En varias ciudades, la gente reclamó por un supuesto desabastecimiento de GLP; incluso hubo algunos bloqueos esporádicos de vías.

El sábado, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó que despacha diariamente 1.375 toneladas de GLP a nivel nacional, cifra que cubre la demanda proyectada y garantiza el suministro sin interrupciones.

La Cámara Nacional de Industrias (CNI) saludó la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que admitió una acción de inconstitucionalidad contra la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado y dijo que es “acto de defensa y respeto a la propiedad privada”.

“La disposición adicional séptima genera un clima de alta inseguridad jurídica para la inversión privada y la decisión del TCP es un acto de defensa; y respeto de los derechos a la actividad económica y propiedad privada consagrados en la CPE”, dijo Pablo Camacho, presidente de la CNI. 

Asimismo, destacó que la decisión del TCP es resultado de las intensas gestiones realizadas por la CNI; y otras entidades gremiales a nivel nacional frente a una norma considerada confiscatoria por varios sectores de Bolivia.

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CNI

Camacho señaló que la CNI fue la primera entidad gremial en rechazar y solicitar la anulación de la disposición adicional séptima por considerarla confiscatoria; y transgredir el derecho a la propiedad privada consagrada en la Constitución Política del Estado. “Los industriales iniciamos un conjunto de acciones intensas en coordinación con varios sectores empresariales; para lograr que esta norma sea anulada”, indicó.

La decisión del TCP deja en suspenso la aplicación de la ley hasta que se pronuncie con una sentencia; y también prohíbe el tratamiento de cualquier otra normativa vinculada a la citada norma; hasta que se dicte la respectiva sentencia constitucional plurinacional.

Además, remarcó que la CNI continuará en permanente vigilia y se seguirá adoptando acciones y pronunciamientos para que esta disposición confiscatoria sea totalmente anulada. 

Este lunes, el TCP suspendió provisionalmente la aplicación de la polémica disposición adicional séptima de la Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, denominada como la “norma confiscatoria”.

La disposición había generado el rechazo de varios sectores. Incluso se conformó un Comité Multisectorial integrado por gremiales, transportistas; productores y otros que se movilizaron en contra de esta normativa. El Gobierno argumenta que es para luchar contra el contrabando.

El Comité Multisectorial concluyó el octavo encuentro nacional en el que exigió al Gobierno cumplir con su obligación constitucional de garantizar el 100% del abastecimiento diario de carburantes y advirtió que, de no actuar de inmediato, será responsable de la mayor debacle económica del país.

El comunicado critica la reciente admisión del Gobierno, que reconoció su incapacidad para resolver el problema de abastecimiento, y exige la liberación absoluta e irrestricta de la importación y comercialización interna de diésel y gasolina, sin que estas sustancias sean consideradas como controladas.

Por ello, como parte de sus iniciativas, y atendiendo a la solicitud de los sectores gremiales y productivos “de la joven y pujante ciudad de El Alto”, se convocó a un noveno ampliado multisectorial que se celebrará el viernes en esa ciudad.

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Comité

Durante este encuentro se ultimarán los detalles concernientes a la denominada “Marcha Multisectorial por la Producción, el Trabajo Honesto y el Desarrollo”, que busca presionar a las autoridades para que liberen los créditos necesarios y se implementen soluciones inmediatas al déficit de carburantes.

Ante la crítica situación económica y a la baja oferta de combustible que casi paraliza la actividad nacional, el comunicado anuncia que se realizará una marcha hacia la ciudad de La Paz, partiendo desde Apacheta el lunes 24 de marzo.

Estos hechos significan varios cambios en el grupo, pues originalmente la marcha debía partir el martes desde Patacamaya a La Paz. Asimismo, el objetivo inicial del comité era la eliminación de la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE), que autoriza decomiso de productos y alimentos, pero ahora parece ser la provisión de combustible.

Al mismo tiempo que se realizaba el encuentro, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) informaba que aceptó un recurso de inconstitucionalidad contra la disposición debido a que otorga facultades extraconstitucionales a las autoridades para realizar el control y decomiso de alimentos y productos.

Al concluir la reunión, el secretario ejecutivo nacional de la Confederación de Gremiales, César Gonzáles, dijo desconocer esta información, que no se mencionó en todo el ampliado, pero indicó que se aguardará una postura oficial y ratificó que en estos momentos el tema del combustible es la prioridad para el Comité Multisectorial.

Luego de que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) aceptara un recurso de inconstitucionalidad contra la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE), la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), saludó la decisión y señaló que es un paso hacia la seguridad jurídica.

“Con la admisión del recurso de inconstitucionalidad abstracta sobre la Disposición Séptima del PGE se da un esperanzador primer paso hacia la protección y seguridad jurídica de nuestros productores en defensa del trabajo y el futuro del país”, afirmó Jean Pierre Antelo, presidente de la organización, en sus redes sociales.

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Cainco

La cuestionada norma autorizaba a las autoridades competentes realizar el decomiso y confiscación de productos que sean almacenados con el objetivo de venderse a precios más elevados en un futuro cercano.

Sin embargo, el sector productor, como Cainco, consideró a la medida “ambigua” y afirmó que se podía utilizar de manera arbitraria, sin respetar el derecho a la propiedad privada.

“El PGE 2025 es una firme intención de perpetuar las deficiencias estructurales de la economía boliviana, poniendo en riesgo la estabilidad del sector productivo, y acentuando los desafíos ya existentes”, protestó la institución a principios de año.

No obstante, este lunes el presidente del TCP, Gonzalo Hurtado, informó que la disposición queda suspendida provisionalmente. 

El TCP ordenó notificar al vicepresidente David Choquehuanca, en su rol de presidente nato de la Asamblea Legislativa, para que el Órgano Ejecutivo presente sus argumentos en un plazo de 15 días.

En conferencia de prensa, la máxima autoridad del Tribunal Constitucional indicó que la medida impulsada por el Gobierno vulnera los principios y derechos de los bolivianos.

“Vivimos en un Estado de derecho, por lo que no puede pasar que se vulneren los principios que guían la convivencia y están escritos en la Constitución Política”, leyó Hurtado.

Pese a este anuncio, el denominado Comité Multisectorial, que se conformó originalmente para eliminar la disposición, anunció que continuará con las medidas de presión y anunciaron una marcha desde Apacheta hasta La Paz el próximo lunes.

La Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype) se declaró en emergencia y alertó que está dejando de exportar debido al incremento de precios de los insumos y la falta de dólares. El sector se reunirá en un ampliado para asumir medidas.

Helen Rivero, ejecutiva del sector, lamentó que el Gobierno no dé soluciones estructurales a la crisis económica y alertó que los pequeños empresarios están siendo “asfixiados”.

“El dólar sigue subiendo, ayer estaba a Bs 11, hoy me dijeron que ya subió y no hay quién controle eso. Nos preocupa porque si nosotros vendemos a un precio hoy, al día siguiente ya es otro y no ganamos nada”, dijo Rivero en radio Fides.

Asimismo, explicó que por la falta de divisas no pueden producir y exportar con normalidad, por lo que de a poco muchas pequeñas empresas están dejando de vender al exterior. “Somos independientes y deberían darnos más apoyo porque también damos empleo”, complementó.

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Dólares

Rivero dijo que están cansados de las mentiras del Gobierno y pidió a las autoridades que se sinceren, sobre todo respecto al abastecimiento de hidrocarburos.

Conamype también está siendo afectada por la falta de diésel y gasolina.

“No estamos de acuerdo con las 10 medidas, basta de tanta mentira, hasta cuándo van a pedir créditos, si quieren ahorrar debe haber austeridad. Necesitamos diésel, gasolina, no hay dólares, estamos cansados”, remarcó.

Anunció que en las siguientes horas se reunirán en un ampliado nacional para determinar qué medidas asumirán para hacer conocer sus demandas.

Conamype no es el único sector que protesta por la coyuntura económica del país, particularmente la escasez de dólares y combustible.

El transporte y los productores son los que más han reclamado por el desabastecimiento e incluso alertaron que está en peligro la cosecha y la seguridad alimentaria.