La apertura de los archivos relacionados a la época de la dictadura y que se encuentran en las Fuerzas Armadas fue garantizada por el ministro de Defensa, Reymi Ferreira. El objetivo de este trabajo es ayudar a la investigación de la Comisión de la Verdad que este lunes será presentado por el presidente Evo Morales.

La nueva entidad nació en virtud de la Ley 879, de la Comisión de la Verdad, promulgada por Morales el 23 de diciembre de 2016. En la norma se establece que la comisión estará conformada por cinco miembros, quienes serán designados por el mandatario boliviano.

“Nosotros vamos a instruir en todos los archivos que podamos tener en el Ministerio de Defensa pero, igual, están abiertas todas la gavetas y documentos del Ministerio y de la institución militar (de las FFAA)”, afirmó el ministro Ferreira durante una entrevista al programa El Pueblo es Noticia que se emite por los medios estatales.

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Explicó que la Comisión “tiene plenos poderes” de no solamente revisar los archivos sino requerir la cooperación de todos los entes estatales además de la Policía. “La apertura de secretos que pueden estar cubiertos por ley, la cooperación del Órgano Judicial, de la Fiscalía”, señaló.

La Razón informó el sábado que la Comisión de la Verdad estará conformada por la exministra de Salud Nila Heredia, el exdirigente sindical Édgar “Huracán” Ramírez, el abogado Eusebio Gironda, la activista por los derechos humanos Isabel Viscarra y el exdirigente campesino Teodoro Barrientos.

La entidad será posesionada este lunes 21 de agosto cuando se recuerdan 46 años del golpe de Hugo Banzer Suárez. Esta comisión se encargará de investigar los crímenes de las dictaduras entre el 4 de noviembre de 1964 y el 10 de octubre de 1982.

Según Ferreira, el trabajo de la Comisión de la Verdad consistirá en recabar toda la información posible respecto a las dictaduras, determinar la verdad histórica, las responsabilidades y también las posibilidades en la indemnización a los que han sido víctima de aquellos atropellos.

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Durante la dictadura de Luís García Meza, informó el Ministro de Defensa, el exministro del Interior Luis Arce Gómez hizo desaparecer todos los archivos del Departamento II y de Inteligencia, según lo pudo constatar la primera comisión que se encargó de investigar los hechos de la dictadura ordenara en 1984 por el expresidente Hernán Siles Suazo.

En ese entonces, en su calidad de Capitán General de las FFAA, ordenó, a través de una instructiva, abrir todos los archivos para la investigación de esa comisión; sin embargo, de ese periodo no se encontró ni un solo documento.

“Además, habían sustraído también la documentación correspondiente a la dictadura de Banzer, por eso es que las posteriores (comisiones), con orden judicial, comisiones parlamentarias, requerimientos fiscales que se constituyeron en los archivos de las FFAA no han podido encontrar nada”, añadió.

Ferreira adelantó que en el marco del trabajo de la Comisión de la Verdad se tendría que interrogar al coronel Luis Arce Gómez para saber el destino donde puedan estar esos documentos, que los consideró “incriminatorios, sin duda”. (20/08/2017)

El presidente Evo Morales encomendó al nuevo presidente interino de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Óscar Barriga Arteaga, a realizar “inmediatamente” una revisión detallada de todos los procesos de contratación que hizo la estatal petrolera.

El pedido del primer Mandatario surge luego de que la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos haya detectado irregularidades jurídicas, administrativas y técnicas en la compra de tres taladros,  adjudicada a la firma italiana Drillmec, en abril de 2016.

El proceso irregular fue enviado la Fiscalía por el Ministerio de Justicia y actualmente hay siete personas que guardan detención preventiva en diferentes cárceles del país por los delitos de uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes.

“Con estas experiencias, yo quiero pedir al hermano nuevo presidente de YPFB que nuestra empresa tiene que realizar inmediatamente una revisión detallada de todos los procesos de contratación”, pidió Morales a Barriga luego de su posesión en reemplazo de Guillermo Achá.

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El trabajo de revisión de los procesos que estableció YPFB, dijo Morales, debe ser acompañado por la Unidad de Transparencia junto al ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez.

“No tenemos nada que ocultar o esconder, la mejor forma de una gestión pública es honestidad y transparencia, informar la verdad”, afirmó y reiteró que la investigación al caso Taladros fue detectado gracias al Gobierno mediante la Unidad de Transparencia.

“Oportunamente detectamos (el proceso irregular), gracias a la Unidad de Transparencia y bien, ahora se ha anulado el contrato, por tanto, no hay ninguna pérdida económica por la compra de taladros. Si bien dentro del proceso, alguna gente estaba insinuando o rumbo a la corrupción que se defienda en la justicia, pero es una investigación del Gobierno nacional”, insistió. (15/06/2017)

La directora Jurídica de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Cynthia N. se ocultaba en su domicilio por lo que se tramitó una orden de allanamiento para aprehenderla y llevarla a declarar por el caso Taladros, informó el fiscal General, Ramiro Guerrero.

Guerrero explicó que desde hace algunos días se la buscada sin resultados a la acusada para citarla a declarar, pero no se la encontró porque se “ocultaba” en su domicilio.

Una vez aprehendida fue trasladada hasta al Ministerio Público, donde presta declaraciones por la contratación de la firma Drillmec para la compra de taladros para la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB.

Además de Cynthia N. están otros implicados en el caso.

“(La investigación) se ha ampliado contra otras cuatro personas más, una de ellas, la señora (aprehendida). En ese trámite o transe de la investigación que realiza la comisión de fiscales seguramente se va a convocar a otras personas más”, explicó.

La investigación preliminar detectó indicios de favorecimiento “directo” a la empresa Drillmec en el proceso de contratación de compra de tres equipos de perforación para YPFB por un valor aproximado de $us 148 millones.

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“Ella (Cynthia N.) era directora jurídica y muchos de esos cambios y esas enmiendas que se han hecho (al contrato) han pasado por la dirección jurídica”, afirmó Guerrero, quien informó que todo el trabajo que se vino desarrollando hasta el momento fue sobre la base de documentos, declaración de testigos y las personas que fueron denunciadas.

De las tres personas nuevas investigadas, dos de ellas trabajan en la estatal petrolera en Santa Cruz y participaron “directamente en este proceso” de contratación y una última sería nexo entre la empresa Drillmec y YPFB. “Es una persona que ha estado en las reuniones de las comisiones representando a la empresa. Hay un flujo de llamadas, hay mensajes, cartas relativos a la participación de esta persona”, afirmó.

“Estamos buscando a estas tres personas, hemos ubicado ya los domicilios pero cerca de una semana que no van a su fuente de trabajo, entonces, eso nos está generando una cierta dificultad”, señaló Guerrero y ratificó que contra esas personas pesa mandamientos de apremio.

Añadió que se hizo nuevos requerimientos a la Embajada de Italia para aclarar la legalidad de la acreditación de Drillmec y el cumplimiento de todos los procedimientos para la suscripción del contrato con YPFB.

“Se ha hecho un requerimiento, el pedido a través de requerimientos para que certifique si evidentemente esos documentos tenían valor legal en Italia, si esos documentos existían en ese país. Hay muchas contradicciones que han surgido de la misma investigación que ha hecho la unidad de transparencia del Ministerio de Hidrocarburos”, indicó.

• Juez dispone detención preventiva para cinco imputados en el caso Taladros
  

En este mismo caso, el 2 de junio, la juez Cuarto Anticorrupción en lo Penal, Melina Lima, determinó la detención preventiva de cinco imputados en el caso Taladros. La medida extrema fue tomada ante riesgos de fuga y obstaculización.

Bigmarck S. P., David P. A., Félix B. M. y Gizel S. R. fueron enviados a la cárcel de Palmasola en la ciudad de Santa Cruz y Julio C. N. deberá permanecer en el recinto de San Pedro en La Paz. Todos fueron imputados por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias.

Guerrero añadió que mientras avance la investigación “en cualquier momento” se podrá determinar la convocatoria al presidente de YPFB, Guillermo Achá, para que pueda declarar en el caso. (07/06/2017)

La Fiscalía detectó indicios de favorecimiento “directo” a la empresa Drillmec en el proceso de contratación de compra de tres equipos de perforación para Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Aademás anunció convocar al representante de la firma italiana.

El fiscal del caso Rudy Terrazas informó que los indicios preliminares dan cuenta que “el beneficio ha sido directo para la empresa Drillmec”.

En la víspera, cinco funcionarios suspendidos de la estatal petrolera fueron imputados por la Fiscalía por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias por este caso.

El fiscal Departamental de La Paz, Edwin Blanco, informó ayer que entre los indicios encontrados están las “contradicciones en las declaraciones” y «serie de irregularidades» en la documentación de licitación para la compra de los taladros.

“Tenemos la auditoría especial (de YPFB), los informes que nos ha proporcionado la empresa YPFB y entre otros el sumario respectivo que ha sido ya un auto final (para) los denunciados”, añadió Terrazas.

El caso fue destapado a mediados de marzo por la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos tras detectarse irregularidades jurídicas, administrativas y técnicas en el proceso de contratación de compra de los tres taladros por aproximadamente $us 148 millones.

Con la investigación en curso, la Fiscalía anunció convocar a los ejecutivos de la empresa italiana Drillmec.   

“De convocar, se los va a convocar y vamos a ver la mejor manera de que el representante de Drillmec (acuda). Es una persona extranjera, entonces, vamos a ver la forma de hacer un exhorto suplicatorio o los medios que correspondan para que se lo cite”, señaló Terrazas.

En reiteradas oportunidades el presidente de YPFB, Guillermo Achá, aseguró que se obró con transparencia en todo el proceso y dijo estar predispuesto a prestar su declaración ante la Fiscalía para aclarar su situación.

“Hay indicios de que la adjudicación habría sido irregular e ilegal”, aseguró el representante del Ministerio Público.

Terrazas señaló que los informes de Transparencia de Hidrocarburos y de la auditoría interna mostraron observaciones como en la documentación legal y el trámite técnico.

“Pese a ello se lo adjudican y pasa a una fase de concertación y posteriormente pasa a una fase de elaboración del contrato y consiguiente la fase de firma del contrato”, señaló.

El Estado no desembolsó el pago a la firma italiana. “El proceso de contratación es adjudicado por $us 148 millones, no se ha pagado esa cifra, entonces, preliminarmente no podemos hablar de un daño económico salvo que la empresa Drillmec o la empresa YPFB entren a un proceso de arbitraje y se dañe los intereses del Estado boliviano”, indicó. (1/06/2017)

El paro de funcionarios aduaneros en Chile lleva seis días y el Gobierno evalúa como un nuevo frentre de acción enviar una queja ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) por el perjuicio al comercio exterior boliviano.

El ministro de la Presidencia, René Martínez, recordó que son recurrentes las protestas que impiden el normal flujo del comercio de exportación e importación con millonarios perjudicios para la economía.

La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) pidió al Gobierno acudir a esta instancia internacional y reveló que los perjuicios económicos ascienden a $us 11 millones diarios.

“Seguramente si se prosigue con este paro vamos a seguir siendo perjudicados como país, y esto nos abre la posibilidad de que podamos denunciar ante entidades internacionales porque no son hechos recientes, son recurrentes, son reiterados”, afirmó.

El Gobierno llevó ayuda a los choferes parados en la frontera ante la prohibición de Carabineros de vender alimento a los transportistas.

Los empresarios privados demandaron al Ejecutivo activar formalmente una denuncia ante instancias internacionales en vista a “las constantes actitudes de hostilidad, maltrato y discriminación de funcionarios de Aduanas, carabineros y personal de los puertos chilenos, contra los exportadores, importadores y transportistas bolivianos”.

Este lunes, el viceministro de Transportes, Galo Bonifaz, anunció el envío de una solicitud a la Cancillería para pedir que la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi) se reúna de emergencia para tratar este asunto por sus efectos en el comercio internacional.

También se pidió al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, conocer y velar por la situación de los derechos humanos de los transportistas bolivianos detenidos en frontera por el apro aduanero. (29/05/2017)